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La intempestiva decisión del abogado de los rugbiers

Por «respeto al dolor por la pérdida de la vida humana», Hugo Tomei se distanció del accionar de Fernando Burlando quien patrocina a la familia de Fernando Báez Sosa.

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El abogado defensor de los ocho rugbiers juzgados por el crimen de Fernando Báez Sosa dijo hoy que prefiere no analizar lo que ocurre fuera de la sala de audiencias por lo que se distancia de la prensa apostada en las inmediaciones del Tribunal Criminal de Dolores.

Hugo Tomei aseguró que no hablará con los periodistas del caso por respeto «al tribunal, para que pueda decidir, y evaluar la mejor sentencia» y por «el dolor de las personas que sufren la pérdida de una vida humana joven«, en referencia a los padres y allegados al joven estudiante de abogacía

«Mi silencio es en respeto al tribunal para que pueda decidir y evaluar la mejor de las sentencias que esperamos y por el dolor de las personas que sufren, de la pérdida de una vida humana joven«, aseguró el letrado.

«Creo que el silencio me va a llevar hacia ese lugar de respeto, respeto en serio y verdadero», sentenció.

Tomei dijo entender el trabajo del periodismo, aunque consideró que «hay algo más fuerte que es la dignidad y el respeto humano».

Santa Fe

El derecho a la educación desde el encierro: Gino C. no regresará a las aulas en San Cristóbal

El ministro de Educación santafesino, José Goity, confirmó que el adolescente acusado por el crimen de Ian Cabrera tendrá una escolaridad virtual desde su lugar de detención. La medida responde a la presión de las familias y expone la incapacidad estatal para gestionar la reinserción en un contexto de violencia extrema.

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Gino C. no vuelve a las aulas: tres el crimen de Ian Cabrera, su atacante accederá a la educación pero aislado

★ Este miércoles, el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity, aseguró que Gino C., el adolescente de 15 años que el pasado 30 de marzo asesinó a su compañero Ian Cabrera en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno», no asistirá a clases presenciales en dicha institución. El funcionario realizó estas declaraciones durante un acto oficial en el Museo de la Constitución, buscando calmar el clima de temor e incertidumbre que manifestaron las familias de la comunidad educativa ante las versiones de un posible retorno del joven al establecimiento de San Cristóbal.

La virtualidad como respuesta al conflicto

“No hay condiciones para que este joven esté en un establecimiento educativo, y eso no va a pasar”, sentenció Goity, quien diferenció el derecho a la educación de la obligatoriedad de la presencialidad física en los edificios escolares. Según precisó el funcionario, el joven, que permanece alojado en un centro juvenil tras haber sido declarado no punible por su edad bajo la legislación vigente al momento del hecho, recibirá educación de forma virtual desde su lugar de alojamiento.

Esta modalidad busca dar cumplimiento formal a las garantías educativas sin alterar el frágil clima social en San Cristóbal. El ministro subrayó que el sistema debe garantizar la formación de todos los jóvenes de la provincia, pero aclaró que “tenemos chicos y chicas que no están en condiciones de ser escolarizados” en el sentido tradicional, sugiriendo que la seguridad comunitaria y la situación procesal del menor prevalecen sobre cualquier intento de revinculación presencial inmediata.

Un sistema que llega tarde

El caso de San Cristóbal, calificado por el propio ministro como un hecho que “nos atravesó como sociedad”, puso en evidencia las fallas en las redes de contención estatales. El propio Goity reconoció tras el crimen que el agresor atravesaba una “problemática intrafamiliar importante”, dato que ya figuraba en los registros oficiales pero que no activó ninguna alerta temprana antes de que el adolescente ingresara al colegio con una escopeta oculta en su mochila.

La tragedia, que acabó con la vida de Ian Cabrera (de apenas 13 años) e hirió a otros ocho estudiantes, desató además una ola de amenazas escolares en más de doce provincias argentinas, muchas de ellas vinculadas a la subcultura digital True Crime Community (TCC). Mientras el Gobierno provincial apuesta ahora a la educación remota para el acusado, la discusión de fondo sobre la falta de equipos de salud mental y protocolos de detección de crisis en las escuelas públicas santafesinas permanece en un segundo plano.

El laberinto de la imputabilidad

La situación de Gino C. reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Si bien el Congreso Nacional aprobó la Ley 27.801 (que reduce la edad mínima a 14 años), la norma establece un plazo de 180 días para su entrada en vigencia plena, lo que dejó al agresor fuera del alcance de la justicia penal juvenil al momento del ataque.

Ante la imposibilidad de una condena penal, la exclusión del sistema presencial aparece como la única herramienta de respuesta rápida que el Estado ha podido articular frente a la demanda de justicia de una comunidad que despidió a Ian entre velas y carteles, denunciando que las instituciones fallaron mucho antes del primer disparo.

Puntos clave:

  • El ministro José Goity confirmó que Gino C. no regresará a clases presenciales en la Escuela 40 de San Cristóbal.
  • El adolescente recibirá clases de manera virtual desde el centro juvenil donde se encuentra alojado.
  • Las autoridades educativas distinguieron entre el «derecho a ser educado» y la asistencia física a un establecimiento.
  • El agresor permanece bajo un régimen de no punibilidad debido a que la Ley 27.801 aún no estaba vigente al momento del crimen.
  • El Gobierno santafesino admitió fallas en la detección previa de la problemática familiar del joven acusado.
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