Causa ANDIS: Lijo llamó a indagatoria a 29 imputados, incluido Spagnuolo

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo del juez Ariel Lijo, confirmó este miércoles el llamado a indagatoria de 29 personas investigadas en la causa por presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en línea con lo solicitado por los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Entre los convocados figura el exdirector ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, ya procesado en un tramo anterior de la misma causa.

Las indagatorias comenzarán el 28 de abril con Spagnuolo y el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y se extenderán hasta el 26 de mayo.

Un segundo entramado dentro de la ANDIS

Lo que la Fiscalía describe no es un hecho aislado sino un segundo entramado detectado dentro del mismo organismo, que se suma al ya investigado en la primera etapa de la causa. Según el dictamen del fiscal Picardi, las maniobras se extendieron desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, período en el que funcionarios de la ANDIS habrían direccionado de manera deliberada múltiples compras de insumos médicos de alto costo denominados PACBI (prótesis para amputaciones, implantes cocleares, sillas de ruedas motorizadas, materiales para cirugías complejas), favoreciendo a proveedores vinculados al entramado a cambio de retornos y dádivas de diversa índole.

«La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público», sostuvo el juez Lijo en su resolución, en línea con lo planteado por el Ministerio Público Fiscal.

Las erogaciones documentadas superan los $75.478 millones provenientes del erario estatal, según determinó la investigación del fiscal Picardi.

Un sistema cartelizado que usó el Programa Incluir Salud como plataforma

La investigación determinó que el Programa Incluir Salud, dependiente de la ANDIS y destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas sin cobertura médica específica, fue utilizado como plataforma para implementar un sistema de pagos ilegales permanentes en favor de proveedores afines. Más de 20 empresarios con más de 30 firmas habrían formado parte de este entramado, conducido desde el sector público por Spagnuolo y Garbellini, y desde el sector privado por Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de laboratorios y droguerías, y Pablo Atchabahian.

Los fiscales determinaron que los imputados dieron a personas de las firmas proveedoras las claves de acceso al sistema SIIPFIS para que ingresaran directamente y administraran las prestaciones de manera discrecional, convirtiendo a la ANDIS en lo que la propia acusación definió como una «ventanilla administrada discrecionalmente» al servicio de intereses privados.

La lista de imputados y la inhibición general de bienes

Además de la ampliación de declaraciones de cinco personas ya procesadas, incluidos Spagnuolo, Garbellini y Calvete, la nueva nómina incorpora a Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Gerardo Angarami, Oscar Capello, Guido Capello, Pablo Rivero, Martim Armella, Hernán Rasmussen, Máximo Perdiechizi, Osmar Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Maone, Javier Bernat, Fernando Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta, entre otros.

Como medida cautelar, el juez Lijo ordenó la inhibición general de bienes sobre todas las personas y empresas involucradas. «Las hipótesis delictivas investigadas asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos, y por ende susceptibles de ser recuperados por el Estado», fundamentó el magistrado.

La causa que estalló con audios y no para de crecer

La investigación se originó en agosto de 2025 a partir de la difusión de audios atribuidos al propio Spagnuolo, en los que una voz lo identificaba describiendo el esquema de recaudación ilegal y mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a «Lule» Menem como parte del entorno político que habría operado sobre el organismo. La defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, sostuvo desde el inicio que los audios fueron manipulados con inteligencia artificial y solicitó la nulidad de la causa; planteo que fue rechazado.

En noviembre de 2025, Spagnuolo fue citado por primera vez a indagatoria. En febrero de 2026, el entonces juez de la causa, Sebastián Casanello, lo procesó junto a otros 18 acusados y trabó un embargo de más de $202.000 millones sobre sus bienes.

La Fiscalía cuenta hoy con el apoyo de la PIA, la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico), la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y la SIFRAI (Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos), dado que la investigación también explora posibles maniobras de lavado de activos derivadas del circuito financiero identificado.

Lo que comenzó como una filtración de audios se convirtió, en menos de un año, en la investigación por corrupción más extensa que involucra a funcionarios del gobierno de Javier Milei.

Puntos clave:

• El juez Ariel Lijo llamó a indagatoria a 29 personas en la causa ANDIS, entre ellas el exdirector Diego Spagnuolo, ya procesado.
• Las declaraciones se realizarán entre el 28 de abril y el 26 de mayo de 2026.
• La Fiscalía detectó un segundo entramado de corrupción que habría desviado más de $75.478 millones del erario público.
• El Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad, fue utilizado como plataforma del esquema de pagos ilegales.
• El juez ordenó la inhibición general de bienes sobre todos los implicados para evitar el desprendimiento de activos.