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Deuda para pagar deuda: la maniobra de Caputo y Bessent que salvó a Milei de perder votos pero hundió las reservas
El Banco Central activó una línea de crédito con el Tesoro de Estados Unidos para devolver una intervención previa de la misma entidad. La operación, que buscó contener el tipo de cambio antes de las elecciones, aleja al país de las metas con el FMI.
Cómo funcionó el swap con Bessent que salvó a Milei de perder las elecciones
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ejecutó en las últimas dos semanas una operación financiera que desnuda la precariedad de las reservas del gobierno de Javier Milei: activó el swap de monedas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para devolverle al propio Tesoro estadounidense los dólares que había utilizado para intervenir en el mercado cambiario argentino antes de las elecciones legislativas de octubre.
La maniobra, confirmada a Infobae por fuentes con conocimiento directo de la operatoria, involucró casi 3.000 millones de dólares dentro del límite máximo de 20.000 millones establecido a finales de octubre en el acuerdo de estabilización cambiaria. En términos concretos, el gobierno argentino pidió plata prestada para devolverle al mismo acreedor que le había prestado semanas atrás, y de paso saldar un compromiso con el Fondo Monetario Internacional.
La operación en dos actos
Para entender la secuencia es necesario retroceder a las semanas previas a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, hizo oficial la compra de pesos en el mercado local con un objetivo explícito: contener la volatilidad del tipo de cambio en plena campaña electoral. El volumen exacto nunca se precisó, pero su impacto fue visible en la relativa calma cambiaria que exhibió el mercado antes de los comicios.
Según información publicada por Infobae, esos pesos adquiridos por el Tesoro estadounidense se convirtieron en una letra emitida por el BCRA. La autoridad monetaria que lidera Santiago Bausili no informó si esa letra generaba intereses, si su rendimiento estaba vinculado al tipo de cambio o si poseía características duales. Tampoco se aclaró en qué plazo debía devolverse esa intervención.
Lo que ocurrió después completa el círculo: una vez pasadas las elecciones, el BCRA activó el swap con el Tesoro de Estados Unidos —la línea de crédito acordada— para obtener los dólares necesarios y cancelar aquella letra en pesos. Es decir, cambió un pasivo por otro: en lugar de deber pesos convertibles a dólares, ahora debe dólares que deberá devolver en plazos y condiciones que tampoco fueron informados oficialmente.
Los números que confirman la operación
El balance que publicó el BCRA el miércoles permite reconstruir la operatoria. Las letras emitidas en moneda local cayeron en un equivalente a 1.900 millones de dólares al 31 de octubre, según datos relevados por la consultora Eco Go. Esa cifra coincide aproximadamente con los fondos que Bessent había utilizado en su intervención pre-electoral.
Simultáneamente, el apartado «otros pasivos» que registra las operaciones de swap mostró un alza de 2.800 millones de dólares. La diferencia entre ambas cifras se explica, según Eco Go, por el pago de intereses de fin de año al FMI. El BCRA confirmó el miércoles un desembolso de 796 millones de dólares al organismo multilateral.
Los registros internacionales refuerzan esta lectura: Argentina tenía 670 millones en Derechos Especiales de Giro (DEGs), equivalentes a 910 millones de dólares, al 31 de octubre. Esto contrasta abruptamente con las tenencias de apenas 29,6 millones de DEGs nacionales a fines de septiembre.
Ni el Ministerio de Economía, ni el BCRA, ni el Tesoro estadounidense respondieron a las consultas sobre la tasa de interés del swap o los plazos de devolución. El hermetismo oficial contrasta con la magnitud de la operación y sus implicancias para las cuentas públicas.
El costo político de la falta de reservas
Esta secuencia de operaciones confirma lo que diversos economistas vienen advirtiendo: Argentina no cuenta con reservas propias para sostener el tipo de cambio ni para cumplir con sus compromisos externos. La intervención de Bessent antes de las elecciones fue, en los hechos, un préstamo de emergencia para evitar una corrida cambiaria que hubiera impactado en las urnas.
Para el gobierno de Milei, el beneficio fue evidente en lo electoral: logró atravesar las legislativas sin sobresaltos cambiarios y exhibir cierta «estabilidad» ante el electorado. Políticamente, además, pudo mostrar el respaldo del Tesoro estadounidense como una señal de confianza internacional en su gestión.
Pero en términos financieros concretos, la operación no hizo más que postergar el problema y profundizarlo. El gobierno cambió un pasivo en pesos de plazo incierto por un pasivo en dólares que deberá honrar en el futuro. Y lo hizo sin acumular reservas genuinas, es decir, sin mejorar la solvencia de fondo del Banco Central.
Cada vez más lejos del FMI
Las consecuencias de esta estrategia quedan expuestas en las cifras de cumplimiento de metas con el Fondo Monetario Internacional. Según datos de Eco Go, el nuevo pasivo de corto plazo resultado de la activación del swap aleja significativamente la meta de reservas acordada con el organismo. La distancia de cumplimiento alcanza ahora los 10.200 millones de dólares, una cifra notablemente superior a los 6.100 millones de hace apenas un mes.
Este deterioro plantea interrogantes sobre la viabilidad del programa económico en el mediano plazo. El BCRA informó a los inversores su expectativa de retomar la compra de reservas durante 2026, dependiendo de una recuperación de la demanda de dinero en el mercado local. La estrategia oficial apunta a sostener al dólar dentro de las bandas establecidas y permitir la apreciación del peso.
Sin embargo, la necesidad de devolver los dólares del swap en un plazo no especificado, sumada al alejamiento de las metas con el FMI, pone en duda la capacidad del gobierno para acumular reservas genuinas sin nuevos endeudamientos o intervenciones externas.
¿Quién ganó con el swap?
Bessent se limitó a declarar que «el puente económico argentino genera ganancias para el pueblo estadounidense», sin aclarar si esto implica un beneficio monetario directo —es decir, si el swap tiene una tasa de interés favorable para Estados Unidos— o si simplemente alude al programa M.A.G.A (Make America Great Again) de la administración Trump y su intención de fortalecer alianzas con gobiernos afines en la región.
Para el Tesoro estadounidense, la operación permitió recuperar los fondos anticipados antes de las elecciones y, eventualmente, obtener un rédito financiero si el swap contempla intereses. También afianzó la relación con el gobierno de Milei, algo que evidentemente forma parte de la estrategia geopolítica de Washington en América Latina.
Para Argentina, en cambio, el saldo es más complejo: un alivio electoral y político de corto plazo a cambio de una mayor fragilidad financiera de mediano plazo. La pregunta que queda en el aire es cómo hará el gobierno para devolver esos dólares sin reservas propias, en un contexto donde cada vez está más lejos de cumplir con las metas del FMI y sin margen fiscal para nuevas maniobras.
El silencio oficial sobre los términos del swap —plazos, tasas, garantías— no hace más que reforzar las dudas sobre la sostenibilidad de una estrategia que, hasta ahora, parece consistir en pedir prestado para pagar deudas, sin acumular reservas genuinas ni mejorar la solvencia estructural del Banco Central.
Puntos clave:
• El BCRA activó el swap con EEUU para devolver los 3.000 millones que Bessent había usado para planchar el dólar antes de las elecciones, cambiando un pasivo por otro
• La intervención pre-electoral permitió al gobierno de Milei evitar una corrida cambiaria que hubiera impactado en las legislativas, pero no resolvió el problema de fondo de la falta de reservas
• El apartado «otros pasivos» del balance del BCRA aumentó 2.800 millones de dólares, incluyendo 796 millones pagados al FMI en intereses
• La distancia con la meta de reservas del FMI se amplió de 6.100 a 10.200 millones de dólares en un mes, exponiendo el deterioro de la posición financiera
• El gobierno no informó los plazos ni las tasas del swap, mientras proyecta retomar la compra de reservas recién en 2026
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El Gobierno amenaza con despedir empleados del Banco Nación que pongan trabas al depósito de dólares no declarados
Adorni advirtió con echar a trabajadores del Banco Nación que soliciten documentación «de más», aunque la Ley de Inocencia Fiscal aún no está reglamentada. Especialistas alertan que la norma facilita el blanqueo de capitales del narcotráfico y el crimen organizado bajo un eufemismo.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El Gobierno nacional profundizó su estrategia de presión sobre trabajadores bancarios con una amenaza directa: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, advirtió que serán despedidos los empleados del Banco Nación que soliciten documentación adicional al momento de recibir depósitos en dólares, esto en el marco de una ley que todavía no fue promulgada ni reglamentada.
«Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido», declaró Adorni desde Casa Rosada, en una conferencia que generó alarma en el sector bancario. La advertencia resulta particularmente controversial: el Ejecutivo exige a los trabajadores aplicar con «estricto rigor» una normativa que carece del andamiaje operativo básico y que ni siquiera pasó por los organismos de control correspondientes.
Exigir cumplir lo que no existe: el limbo normativo como política
La contradicción es evidente. La Ley de Inocencia Fiscal fue aprobada por el Congreso, pero aún no fue promulgada ni reglamentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ni por la Unidad de Información Financiera (UIF). Es decir, el Gobierno amenaza con despedir trabajadores por no aplicar procedimientos que todavía no fueron definidos oficialmente.
Fuentes del sector bancario consultadas por este medio señalaron que las entidades «están en una nebulosa total» y que los empleados se encuentran «en una situación de absoluta indefensión». Los bancos plantearon sus inquietudes al Banco Central, pero hasta el momento no recibieron respuestas concretas sobre cómo proceder ante depósitos que podrían involucrar fondos de origen cuestionable.
El propio Gobierno reconoce que los cambios en la Ley Penal «no son tan sencillos» de implementar. Sin embargo, esto no impide que el ministro de Economía, Luis Caputo, presione públicamente: «Si en sus bancos les piden cosas de más, no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación», escribió en redes sociales, trasladando la responsabilidad a trabajadores que simplemente intentan cumplir con protocolos de prevención de lavado de dinero.
Inocencia Fiscal: un eufemismo para el blanqueo sin control
Detrás de la retórica oficial sobre «dejar de perseguir inocentes», la Ley de Inocencia Fiscal habilita un mecanismo de blanqueo de capitales con mínimos controles. La normativa permite depositar hasta $10 millones sin que exista presunción de delito de evasión tributaria, con la sola condición de adherirse a un régimen simplificado de Ganancias.
Especialistas en prevención de lavado de dinero consultados expresaron su preocupación por los riesgos que implica esta flexibilización. «Es una puerta abierta para el narcotráfico y el crimen organizado», advirtió una fuente del ámbito judicial que prefirió mantener reserva de identidad. «Se está facilitando que fondos de origen ilícito ingresen al sistema financiero formal sin los controles mínimos indispensables», agregó.
La ley establece que ARCA no controlará gastos ni bienes, sino únicamente ingresos facturados y deducciones. Si el contribuyente paga lo estipulado, queda liberado de cualquier otro reclamo. Además, bancos, concesionarias, escribanías y tarjetas dejarán de estar obligados a reportar operaciones, eliminando uno de los mecanismos centrales de trazabilidad financiera.
El argumento del FMI: inclusión financiera o lavandería legal
Juan Pazo, extitular de ARCA, defendió la medida argumentando que está en línea con «observaciones del FMI» y que los depósitos en dólares deben considerarse «un principio de inclusión financiera». Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y especialistas en delitos económicos cuestionan que se utilice el argumento de la «inclusión» para justificar la eliminación de controles antilavado.
«Es mucho más importante que los fondos estén dentro del sistema», afirmó Pazo, minimizando los riesgos de que esos fondos provengan de actividades criminales. El exfuncionario reconoció que los bancos están siendo «todavía más precavidos» que lo que recomienda el organismo internacional, algo que el Gobierno interpreta como una traba y no como una responsabilidad.
Trabajadores bancarios: entre la espada y la pared
La situación coloca a los empleados bancarios en una encrucijada: por un lado, enfrentan la amenaza de despido si solicitan documentación que consideran necesaria; por otro, podrían quedar expuestos a responsabilidades penales si procesan operaciones de origen ilícito sin los recaudos correspondientes.
Adorni intentó simplificar el procedimiento sosteniendo que bastará con «acreditar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias» para depositar dólares que luego podrán usarse «para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos». Pero esta simplificación ignora deliberadamente que los protocolos de prevención de lavado de dinero existen precisamente para detectar operaciones sospechosas, independientemente de que quien las realice esté inscripto en algún régimen impositivo.
Una norma diseñada para la impunidad fiscal
La Ley de Inocencia Fiscal va más allá del simple depósito de ahorros. El proyecto actualiza los montos de los delitos tributarios, eleva los pisos de evasión simple y agravada, y habilita mecanismos para extinguir la acción penal mediante el pago. Además, acorta drásticamente los plazos para revisar y reclamar impuestos, con esquemas de tres, cinco o diez años según el nivel de cumplimiento.
En la práctica, se trata de un esquema pensado para favorecer a grandes contribuyentes —aquellos con ingresos anuales menores a $1000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones— y que elimina los controles sobre el origen y destino de los fondos. Quienes adhieran podrán realizar operaciones millonarias sin quedar bajo la lupa de ARCA, en un país donde históricamente la fuga de capitales y el lavado de dinero han sido problemas estructurales.
Según Adorni, con este esquema «Argentina dejó de vivir en el reino del revés». Para sectores críticos de la medida, en cambio, el reino del revés es precisamente aquel donde se amenaza a trabajadores por cumplir su función, se exige aplicar leyes inexistentes y se abre la puerta al blanqueo de capitales ilícitos bajo el eufemismo de la «inocencia fiscal».
Puntos clave:
• El Gobierno amenaza con despedir empleados que soliciten documentación, aunque la ley no está reglamentada
• Especialistas alertan que la norma facilita el blanqueo de capitales del narcotráfico y el crimen organizado
• Se eliminan controles clave de prevención de lavado de dinero en el sistema financiero
• Trabajadores bancarios quedan en situación de indefensión jurídica ante posibles operaciones ilícitas
• La ley permite depositar hasta $10 millones sin controles sobre el origen de los fondos
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