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Santa Fe

Asesinan de más de 10 disparos a un motociclista en Santa Fe

La víctima transitaba en el barrio San Lorenzo, cuando fue atacado desde un auto en movimiento que luego huyó con rumbo al oeste.

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Un hombre de 43 años fue asesinado de al menos 10 disparos mientras circulaba en una motocicleta en un barrio del oeste de la ciudad de Santa Fe y los investigadores buscan a al menos dos sospechosos que se desplazaban en un automóvil, informaron hoy voceros policiales.

La víctima fue identificada como Diego García, quien ayer por la tarde transitaba por la esquina de Santiago de Chile y Entre Ríos, en barrio San Lorenzo, cuando fue atacado desde un auto en movimiento que luego huyó con rumbo al oeste.

Las fuentes señalaron que vecinos del lugar escucharon las detonaciones y al salir de sus viviendas hallaron al hombre tirado sobre la calle al costado de una motocicleta, por lo que denunciaron lo sucedido al teléfono policial 911.

Una ambulancia del servicio provincial 107 trasladó a García hasta el hospital José María Cullen, donde murió poco después debido a al menos 10 impactos de arma de fuego.

El fiscal Alejandro Marchi, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ordenó una serie de pericias, entre ellas el secuestro de imágenes obtenidas por las cámaras de videovigilancia de la zona y la realización de la correspondiente autopsia.

Los peritos de la Agencia de Investigación Criminal de la policía de Santa Fe hallaron en el lugar del crimen una decena de vainas servidas que en principio serían de una pistola calibre 9 milímetros.

El de García fue el homicidio número 38 en lo que va del año en jurisdicción del departamento La Capital, cuya cabecera es la ciudad de Santa Fe.

Santa Fe

El derecho a la educación desde el encierro: Gino C. no regresará a las aulas en San Cristóbal

El ministro de Educación santafesino, José Goity, confirmó que el adolescente acusado por el crimen de Ian Cabrera tendrá una escolaridad virtual desde su lugar de detención. La medida responde a la presión de las familias y expone la incapacidad estatal para gestionar la reinserción en un contexto de violencia extrema.

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Gino C. no vuelve a las aulas: tres el crimen de Ian Cabrera, su atacante accederá a la educación pero aislado

★ Este miércoles, el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity, aseguró que Gino C., el adolescente de 15 años que el pasado 30 de marzo asesinó a su compañero Ian Cabrera en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno», no asistirá a clases presenciales en dicha institución. El funcionario realizó estas declaraciones durante un acto oficial en el Museo de la Constitución, buscando calmar el clima de temor e incertidumbre que manifestaron las familias de la comunidad educativa ante las versiones de un posible retorno del joven al establecimiento de San Cristóbal.

La virtualidad como respuesta al conflicto

“No hay condiciones para que este joven esté en un establecimiento educativo, y eso no va a pasar”, sentenció Goity, quien diferenció el derecho a la educación de la obligatoriedad de la presencialidad física en los edificios escolares. Según precisó el funcionario, el joven, que permanece alojado en un centro juvenil tras haber sido declarado no punible por su edad bajo la legislación vigente al momento del hecho, recibirá educación de forma virtual desde su lugar de alojamiento.

Esta modalidad busca dar cumplimiento formal a las garantías educativas sin alterar el frágil clima social en San Cristóbal. El ministro subrayó que el sistema debe garantizar la formación de todos los jóvenes de la provincia, pero aclaró que “tenemos chicos y chicas que no están en condiciones de ser escolarizados” en el sentido tradicional, sugiriendo que la seguridad comunitaria y la situación procesal del menor prevalecen sobre cualquier intento de revinculación presencial inmediata.

Un sistema que llega tarde

El caso de San Cristóbal, calificado por el propio ministro como un hecho que “nos atravesó como sociedad”, puso en evidencia las fallas en las redes de contención estatales. El propio Goity reconoció tras el crimen que el agresor atravesaba una “problemática intrafamiliar importante”, dato que ya figuraba en los registros oficiales pero que no activó ninguna alerta temprana antes de que el adolescente ingresara al colegio con una escopeta oculta en su mochila.

La tragedia, que acabó con la vida de Ian Cabrera (de apenas 13 años) e hirió a otros ocho estudiantes, desató además una ola de amenazas escolares en más de doce provincias argentinas, muchas de ellas vinculadas a la subcultura digital True Crime Community (TCC). Mientras el Gobierno provincial apuesta ahora a la educación remota para el acusado, la discusión de fondo sobre la falta de equipos de salud mental y protocolos de detección de crisis en las escuelas públicas santafesinas permanece en un segundo plano.

El laberinto de la imputabilidad

La situación de Gino C. reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Si bien el Congreso Nacional aprobó la Ley 27.801 (que reduce la edad mínima a 14 años), la norma establece un plazo de 180 días para su entrada en vigencia plena, lo que dejó al agresor fuera del alcance de la justicia penal juvenil al momento del ataque.

Ante la imposibilidad de una condena penal, la exclusión del sistema presencial aparece como la única herramienta de respuesta rápida que el Estado ha podido articular frente a la demanda de justicia de una comunidad que despidió a Ian entre velas y carteles, denunciando que las instituciones fallaron mucho antes del primer disparo.

Puntos clave:

  • El ministro José Goity confirmó que Gino C. no regresará a clases presenciales en la Escuela 40 de San Cristóbal.
  • El adolescente recibirá clases de manera virtual desde el centro juvenil donde se encuentra alojado.
  • Las autoridades educativas distinguieron entre el «derecho a ser educado» y la asistencia física a un establecimiento.
  • El agresor permanece bajo un régimen de no punibilidad debido a que la Ley 27.801 aún no estaba vigente al momento del crimen.
  • El Gobierno santafesino admitió fallas en la detección previa de la problemática familiar del joven acusado.
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