Judiciales ⚖️
Repudio masivo al fallo de Casación que excarcela al genocida Etchecolatz
El fallo fue firmado por un ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal.
La Cámara Federal de Casación Penal concedió la prisión domiciliaria al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, quien tiene varias sentencias a prisión perpetua y que hoy cuenta con 93 años.
La evaluación de la máxima instancia penal es en el marco de la causa por el asesinato de Horacio Alejandro Benavides, un militante de 22 años ejecutado en septiembre de 1976, a manos de un grupo de la Dirección General de Investigaciones.
Al evaluar la solicitud de arresto domiciliario, los jueces consideraron que Etchecolatz tiene 93 años y problemas de salud, ya que padece «antecedentes de HTA, ACV isquémico, Ex TBQ, deterioro cognitivo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa, HPB, diverticulosiscolónica«.
Según adujo su defensa, requiere de un cuidador de adultos mayores las 24 horas del día, para poder realizar cualquier actividad de la vida diaria y ello no puede ser garantizado por ninguna unidad dentro del Servicio Penitenciario Federal.
Si bien los abogados de la querella se opusieron y señalaron que su estado puede ser tratado en la cárcel, los jueces la concedieron.
El fallo fue firmado por los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y el ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal, Carlos Mahiques.
Tras conocerse el fallo, hubo repudio en Twitter. H.I.J.O.S., el ex juez Carlos Rosanzki y otros repudiaron la decisión.
Venimos reclamando hace mucho tiempo por una ley contra el negacionismo» aseguró Rubén López, hijo de Jorge Julio. El albañil desapareció después de declarar en un juicio contra el genocida.
Igualmente, al tener condenas por otras causas de delitos de lesa humanidad, la prisión domiciliaria del represor no se hará efectiva, debido a que tiene que obtener el mismo beneficio en todas aquéllas para que se haga finalmente efectiva.
Judiciales ⚖️
Reforma laboral: el Gobierno acudió a la Corte con un “per saltum” para destrabar la ley
A través de la Procuración del Tesoro, el Ejecutivo busca que el máximo tribunal revierta la suspensión de más de 80 artículos de la nueva norma. Con el argumento de la ‘gravedad institucional’, la administración libertaria intenta saltear las instancias inferiores tras el freno judicial obtenido por la CGT.
El Gobierno nacional presentó este viernes un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que el máximo tribunal intervenga de manera urgente en el conflicto por la reforma laboral. La movida judicial, impulsada por la Procuración del Tesoro que encabeza Rodolfo Barra, busca dejar sin efecto la medida cautelar que mantiene suspendidos más de 80 artículos clave de la Ley 27.802, tras un fallo del fuero laboral que hizo lugar a una demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
La estrategia oficial consiste en saltear las instancias judiciales intermedias para evitar el paso por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tribunal al que el Ejecutivo cuestiona por su supuesta falta de competencia para decidir sobre una ley de alcance nacional. Según la presentación, la vigencia de la cautelar dictada a fines de marzo genera una situación de «gravedad institucional» y una incertidumbre jurídica que afecta la aplicación de una reforma considerada central por la administración de Javier Milei para la reactivación económica.
El choque de poderes en la Justicia
El recurso apunta a que la Corte Suprema declare la plena validez de la norma y unifique criterios ante la dispersión de fallos en distintos juzgados federales. Desde la Secretaría de Trabajo sostienen que la ley fue aprobada democráticamente por el Congreso el pasado 27 de febrero y que el fuero laboral no puede erigirse como un bloqueador de políticas públicas nacionales. Los artículos en disputa afectan desde los períodos de prueba y los cálculos de antigüedad hasta las limitaciones al derecho de huelga y el sistema de aportes sindicales, puntos que la CGT denunció como violatorios de la libertad gremial y de los derechos constitucionales del trabajador.
Con esta jugada, el Gobierno busca acelerar los tiempos en un escenario de creciente presión sindical y conflictividad social. La Corte, que ahora tiene la última palabra, deberá definir si habilita el mecanismo excepcional del per saltum para tratar el fondo de la cuestión o si devuelve el expediente a las instancias previas, lo que prolongaría el freno a una de las reformas más ambiciosas y controvertidas del ciclo libertario.
Puntos clave:
- * El Ejecutivo presentó un «per saltum» ante la Corte Suprema para validar la reforma laboral.
- * La Procuración del Tesoro busca revertir la cautelar que suspendió más de 80 artículos de la ley.
- * El Gobierno argumenta «gravedad institucional» ante el freno judicial obtenido por la CGT.
- * El recurso intenta saltear la Cámara del Trabajo para obtener una resolución inmediata del máximo tribunal.
- * La disputa se centra en cambios sobre indemnizaciones, períodos de prueba y derechos sindicales.
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