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Investigación 🔎

Identifican a siete presos que extorsionaban al soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos

La ministra de Seguridad detalló que los detenidos operaban desde la Unidad N°36 de Magdalena y se contactaron con Rodrigo Gómez mediante un perfil falso en una aplicación de citas. La jueza Sandra Arroyo Salgado investiga la causa.

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★ La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este domingo la identificación de siete personas privadas de libertad que habrían extorsionado al soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se suicidó el pasado 16 de diciembre en la Quinta de Olivos. El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en la que también participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Según informó la funcionaria, los implicados se contactaron con la víctima a través de una aplicación de citas utilizando un perfil falso denominado «Julieta Ayelén Cardozo». La maniobra habría formado parte de un esquema de extorsión que derivó en el trágico desenlace.

La organización desde la cárcel

La magistrada a cargo de la investigación, Sandra Arroyo Salgado, explicó que los siete reclusos operaban la organización desde la Unidad N°36 de Magdalena. Durante la conferencia, la jueza repasó otros casos similares que forman parte de la pesquisa judicial.

El caso revela la utilización de perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de citas como metodología para contactar a las víctimas y posteriormente extorsionarlas. La modalidad, que ya había sido advertida en otros episodios, se ejecutaba desde el interior de establecimientos penitenciarios.

Las circunstancias del suicidio

El soldado Gómez cumplía funciones de seguridad en uno de los puestos internos de la residencia presidencial cuando se quitó la vida el 16 de diciembre pasado. El hallazgo del cuerpo activó los protocolos de emergencia y dio inicio a la investigación judicial que ahora derivó en estas detenciones.

La causa, que inicialmente se centró en las circunstancias del fallecimiento, avanzó hacia la identificación de una presunta red de extorsión que habría tenido como víctima al joven militar. Las pericias y el análisis de las comunicaciones del soldado permitieron establecer el vínculo con los reclusos ahora detenidos.

Interrogantes sobre los controles penitenciarios

El caso vuelve a poner en evidencia las fallas en los controles de los establecimientos penitenciarios, donde personas privadas de libertad logran acceder a tecnología y redes sociales para cometer delitos desde el interior de las unidades carcelarias.

La investigación continúa para determinar si existen más víctimas de esta organización y si hay otros implicados en la maniobra. La jueza Arroyo Salgado mantiene bajo análisis las comunicaciones y el material secuestrado durante los allanamientos.

Puntos clave:

• Detuvieron a siete reclusos de la Unidad N°36 de Magdalena por extorsionar a Rodrigo Gómez

• Los implicados usaron un perfil falso llamado «Julieta Ayelén Cardozo» en una aplicación de citas

• El soldado de 21 años se suicidó el 16 de diciembre en la Quinta de Olivos

• La jueza Sandra Arroyo Salgado investiga la causa y reveló que existen casos similares

• El caso expone fallas en los controles penitenciarios sobre acceso a tecnología ★

Investigación 🔎

“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA

La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.

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El Argentino Diario-Elías Piccirillo-Jésica Cirio.
Peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo (ex de Jesica Cirio), dejaron al descubierto el "sistema paralelo".

Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones

★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.

Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.

«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan

La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.

«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.

El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.

«Pipo» y los nexos en el interior del sistema

Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.

En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa

Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.

El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.

La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.

Puntos clave:

  • El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
  • Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
  • El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
  • Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
  • Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.

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