Investigación 🔎
Identifican a siete presos que extorsionaban al soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos
La ministra de Seguridad detalló que los detenidos operaban desde la Unidad N°36 de Magdalena y se contactaron con Rodrigo Gómez mediante un perfil falso en una aplicación de citas. La jueza Sandra Arroyo Salgado investiga la causa.
★ La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este domingo la identificación de siete personas privadas de libertad que habrían extorsionado al soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se suicidó el pasado 16 de diciembre en la Quinta de Olivos. El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en la que también participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Según informó la funcionaria, los implicados se contactaron con la víctima a través de una aplicación de citas utilizando un perfil falso denominado «Julieta Ayelén Cardozo». La maniobra habría formado parte de un esquema de extorsión que derivó en el trágico desenlace.
La organización desde la cárcel
La magistrada a cargo de la investigación, Sandra Arroyo Salgado, explicó que los siete reclusos operaban la organización desde la Unidad N°36 de Magdalena. Durante la conferencia, la jueza repasó otros casos similares que forman parte de la pesquisa judicial.
El caso revela la utilización de perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de citas como metodología para contactar a las víctimas y posteriormente extorsionarlas. La modalidad, que ya había sido advertida en otros episodios, se ejecutaba desde el interior de establecimientos penitenciarios.
Las circunstancias del suicidio
El soldado Gómez cumplía funciones de seguridad en uno de los puestos internos de la residencia presidencial cuando se quitó la vida el 16 de diciembre pasado. El hallazgo del cuerpo activó los protocolos de emergencia y dio inicio a la investigación judicial que ahora derivó en estas detenciones.
La causa, que inicialmente se centró en las circunstancias del fallecimiento, avanzó hacia la identificación de una presunta red de extorsión que habría tenido como víctima al joven militar. Las pericias y el análisis de las comunicaciones del soldado permitieron establecer el vínculo con los reclusos ahora detenidos.
Interrogantes sobre los controles penitenciarios
El caso vuelve a poner en evidencia las fallas en los controles de los establecimientos penitenciarios, donde personas privadas de libertad logran acceder a tecnología y redes sociales para cometer delitos desde el interior de las unidades carcelarias.
La investigación continúa para determinar si existen más víctimas de esta organización y si hay otros implicados en la maniobra. La jueza Arroyo Salgado mantiene bajo análisis las comunicaciones y el material secuestrado durante los allanamientos.
Puntos clave:
• Detuvieron a siete reclusos de la Unidad N°36 de Magdalena por extorsionar a Rodrigo Gómez
• Los implicados usaron un perfil falso llamado «Julieta Ayelén Cardozo» en una aplicación de citas
• El soldado de 21 años se suicidó el 16 de diciembre en la Quinta de Olivos
• La jueza Sandra Arroyo Salgado investiga la causa y reveló que existen casos similares
• El caso expone fallas en los controles penitenciarios sobre acceso a tecnología ★
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Campana ya no es refugio: el fallo de la Corte rompe la estrategia de la AFA
Durante casi un año, las defensas de la conducción de la AFA empujaron para concentrar sus causas en el juzgado federal de Campana. La Corte habló de una «grosera» violación de las reglas de competencia y devolvió a Rafecas la causa de la mansión de Pilar, aunque el juez podría irse pronto a Casación.
La Corte Suprema no solo cambió de juez la causa por la mansión de Pilar: le puso nombre a lo que pasó durante casi un año. Los supremos dijeron que el traslado del expediente a Campana afectó «de manera severa e inequívoca» la garantía del juez natural y lo calificaron como una «grosera» violación de las reglas de competencia. Con esa frase se cayó la pieza central de una estrategia que la conducción de la AFA venía empujando desde fines de 2025: reunir sus causas en un solo juzgado, lejos de los tribunales porteños especializados en delitos económicos.
El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a la queja del fiscal ante Casación Mario Villar y dejó sin efecto la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que en agosto había enviado la investigación al juzgado de Adrián González Charvay con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y la disidencia de Alejandro Slokar. La Corte les reprochó, además, no haber analizado los argumentos de Villar. El expediente vuelve al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, de Daniel Rafecas.
El juzgado que querían los acusados
La pelea por la competencia nunca fue un tecnicismo. El 30 de diciembre de 2025, último día hábil del año, González Charvay pidió quedarse con la causa que tramitaba el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que ya venía avanzando con medidas de prueba, y lo hizo pese a la opinión contraria de un fiscal. Con ese movimiento, la instancia de revisión pasaba a ser la Cámara Federal de San Martín. Según reconstruyó el diario La Nación, el juez de Campana tuvo después el expediente de la mansión durante seis meses sin avanzar sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
En paralelo, Campana fue absorbiendo otras causas sensibles para la entidad: la que había abierto el juez federal Luis Armella, que allanó a la empresa de Javier Faroni y las sedes de la AFA, y la de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había pedido la detención de Tapia y Toviggino. En esta última, en octubre, González Charvay sobreseyó a familiares y socios del tesorero porque no quedaba ningún fiscal impulsando la acusación, sin analizar la prueba reunida. La unificación en Campana era la estrategia de las defensas, resistida una y otra vez por fiscales y querellantes.
El propio juez la defendió en público: sostuvo que no pueden existir tres o cuatro magistrados investigando los mismos hechos. Pero no todos le dieron la razón. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que procesó a Tapia y a Toviggino por la retención de aportes, rechazó un pedido de González Charvay para quedarse con otra causa por lavado y consideró «prematura» esa unificación.
Por qué la causa es porteña
El argumento para llevar todo a Campana era que la quinta está en Villa Rosa, partido de Pilar. La Corte lo desarmó: sostuvo que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos a través de sociedades, cambios societarios y operaciones con bienes, no solo la compra de un inmueble, y que Pilar «no era en modo alguno el centro de dirección» de esa actividad. Varias de las sociedades tenían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde también está la sede de la AFA, sobre la calle Viamonte. El tribunal mencionó además una presunta red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025.
La causa se inició con una denuncia de la Coalición Cívica en diciembre de 2025 y busca determinar si fondos de la AFA se desviaron para comprar la quinta, atribuida a Toviggino, y si Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares registrales a través de Real Central SRL, actuaron como testaferros. En el allanamiento del 12 de diciembre de 2025 se secuestraron 54 vehículos de alta gama y de colección. La tasación judicial valuó la propiedad, de unos 105.000 metros cuadrados, en US$ 16.954.000 y los autos en US$ 3.861.100.
Un regreso con fecha de vencimiento
Rafecas, el juez que ordenó aquel allanamiento, retoma ahora la investigación sobre el origen de los fondos y la titularidad real de los bienes. Pero su permanencia no está garantizada: el presidente Javier Milei envió al Senado su pliego para un cargo en la Cámara Nacional de Casación Penal y, si lo aprueban, la causa quedará en manos de un juez subrogante. Después de casi un año de idas y vueltas, el expediente vuelve al punto de partida con el riesgo de cambiar de manos otra vez.
Lo que tenés que saber
- La Corte anuló el fallo de la Sala I de Casación (Borinsky y Barroetaveña, con disidencia de Slokar) que había enviado la causa a Campana.
- Calificó el traslado como una «grosera» violación de las reglas de competencia que afectó la garantía del juez natural.
- El juzgado de Campana había absorbido otras causas de la AFA, como la de Santiago del Estero y la que allanó a Faroni.
- La tasación judicial valuó la quinta en US$ 16.954.000 y los 54 autos secuestrados en US$ 3.861.100.
- Rafecas retoma la causa, pero Milei lo propuso para la Casación Nacional y podría dejar el juzgado.
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