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Judiciales ⚖️

Caso Báez Sosa: las impactantes declaraciones del forense y la médica

«Nunca vi nada semejante», dijo el profesional que le realizó la autopsia al cuerpo de Fernando tras su asesinato. Mientras que la doctora de la ambulancia sostuvo que por los brutales golpes el joven “no tenía posibilidad de sobrevida”.

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La médica ambulancista que asistió a Fernando Báez Sosa tras ser atacado fuera del boliche «Le Brique» de Villa Gesell declaró hoy en el juicio a los ocho rugbiers imputados que el joven «no tenía posibilidad de sobrevida» debido a las lesiones sufridas, mientras que el forense que realizó la autopsia al cuerpo dijo que las «más importantes» estaban en el cerebro, confirmó que tenía la marca de una zapatilla en la cara y aseguró que «nunca» había visto «nada semejante».

Carolina Giribaldi Larrosa, integrante del equipo de emergencias que asistió a la víctima en la madrugada del 18 de enero de 2020, explicó ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1) de Dolores, que «no tenía signos vitales» cuando llegaron al lugar del ataque, y que tenía «pupilas midriáticas (dilatadas), no tenía reflejos, ni movimientos respiratorios, y no tenía pulso»

La médica, que fue la primera testigo en declarar en la sexta jornada del juicio, precisó que «lamentablemente no hubo ninguna respuesta» de Báez Sosa ante la asistencia recibida, y aseguró que en sus 18 años como emergentóloga nunca vio «el deceso de una persona como consecuencia de las maniobras de compresión de RCP» como las que le realizaron.

La testigo sostuvo ante los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari que Fernando «no tenía posibilidad de sobrevida» con esas lesiones sufridas y que su cuerpo presentaba «hematomas» en áreas vitales como «cara y cuello».

Relató además que, tras encontrarlo sin signos vitales frente al local bailable minutos después de las 5, fue trasladado al Hospital de Villa Gesell, asistido con oxígeno y mientras continuaba recibiendo masaje cardíaco.

Al dejar los tribunales, la médica explicó además que el joven asesinado tenía «una marca rara en la zona de la mandíbula», a la que describió como un hematoma «atípico», con «forma de zigzag».

En línea con su declaración testimonial, dijo además que «lamentablemente» Fernando «falleció de un derrame cerebral masivo producto de traumatismos y no por un RCP mal hecho».

El médico de Policía Científica Diego Duarte, quien realizó la autopsia al cuerpo del joven estudiante de abogacía en el Hospital de Pinamar, declaró por su parte que presentaba «múltiples lesiones en la zona del maxilar derecho», «hemorragia en el cerebro y cerebelo» y «hemorragias y hematomas».

«Nunca vi nada semejante», agregó más tarde, visiblemente conmovido, ante los periodistas que lo esperaban en la puerta de los tribunales cuando salió tras testimoniar.

Antes de que iniciara su declaración en el primer piso de los tribunales, los padres de Fernando (18), Graciela Sosa y Silvino Báez, se retiraron de la sala para no tener que escuchar su testimonio y evitar observar las imágenes que pudieran exhibirse.

Según detalló Duarte a los jueces, la víctima presentaba una «lesión cerebral aguda», que produjo la «muerte instantánea en el paciente».

«Las lesiones más importantes están en el cerebro y la cara», explicó, y aseguró que además tenía un «desgarro hepático» y que un informe complementario determinó que existían además otras lesiones en un pulmón.

Agregó que «las partes más afectadas» en el tronco cerebral «son las que albergan las funciones vitales del organismo», y que sufrió «golpes multidireccionales» y «suficientes» como para «dañar el cerebro contra la pared ósea».

Respecto de la impronta que la víctima presentaba en la cara, en su zona maxilar, precisó que se correspondía con un «golpe directo con muy alta energía», compatible con «una zapatilla».

A pedido de la defensa de los rugbiers, a cargo de Hugo Tomei, el TOC 1 se opuso a la exhibición de fotografías del cuerpo de Fernando tomadas por Duarte en el hospital al que fue llevado previo a la autopsia, por lo que solo se mostraron este mediodía las correspondientes al estudio forense.

Tras su declaración, el forense dijo a los medios presentes fuera del tribunal que Fernando presentaba «lesiones incompatibles con la vida».

Además, expresó con la voz quebrada: «El paciente sufrió daño en todo el sistema nervioso central, tanto cerebro, cerebelo, tronco cerebral, no hay una lesión única, son mùltiples…la verdad que es muy fuerte siendo padre…».

Al terminar ambos testimonios, el abogado de la familia de la Fernando, Fernando Burlando, señaló que el joven «fue asesinado en el lugar y no le dieron oportunidad». «Yo especulo que le han pegado incluso estando muerto. No tenía ninguna oportunidad de seguir con vida», afirmó.

Tras un cuarto intermedio de cerca de una hora, el juicio continuó después de las 14.15 con los testimonios de las médicas forenses Patricia Gómez y Silvana de Piero, y de los efectivos policiales Ramón Rueda, Javier Collava.

Tal como ocurrió durante la primera semana del juicio, las declaraciones eran presenciadas por los ocho imputados, Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23), quien por primera vez desde el inicio del debate oral cambiaron sus ubicaciones en los dos bancos que ocupan dentro de la sala de audiencias.

DDHH

20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas

La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.

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Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.

Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.

El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.

La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.

La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora

Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.

A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.

La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital

En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.

Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»

La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.

El gobierno que desfinancia y deroga

El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.

En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.

El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.

La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias

Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.

Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI

  • La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
  • Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
  • La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
  • El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
  • El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.

Foto: Redes @LLUVIADIBUJA

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