Denuncia
Tailhade negó vínculo con el hackeo a D’Alessandro y pidió investigar al ministro porteño
El ministro de Seguridad de la Ciudad acusó al diputado nacional de ser el responsable del hackeo de su celular y de la filtración de mensajes que lo incriminan en hechos de corrupción y coimas.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) negó hoy cualquier vinculación con un presunto hackeo del teléfono celular del ministro porteño de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro y reclamó ante la justicia que el funcionario en uso de licencia sea investigado por una veintena de posibles hechos delictivos que se desprenden de los diálogos por Telegram que trascendieron en los últimos días.
Tailhade asistió al edificio de los tribunales federales porteños, en la avenida Comodoro Py 2002, donde formalizó una presentación con la que respondió a la denuncia judicial en su contra radicada por D’Alessandro, quien lo acusa de ser el responsable de la filtración de mensajes por medio de un hackeo que se practicó en el celular del ministro.
«No tuve participación y no tengo la más remota idea de cómo se obtuvieron esos chats», afirmó Tailhade en la presentación ante el juzgado federal número 3 de Daniel Rafecas, quien fue subrogado la semana pasada por la magistrada María Eugenia Capuchetti y ahora lo será por su colega Sebastián Ramos.
El fiscal que debe intervenir en esta denuncia es Eduardo Taiano, pero por el receso judicial, quien debía subrogarlo era Carlos Rívolo, quien a su vez se excusó de intervenir porque aparece nombrado en los chats; en ese contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal que impulsó la investigación fue Carlos Stornelli.
«No tuve ninguna participación en esos hechos, ni tengo la más remota idea de cómo se obtuvieron esos chats. Lo único que puedo decir al respecto es que el jueves 29 de diciembre, después del mediodía, recibí un mensaje en mi celular de un periodista conocido que me preguntaba si tenía conocimiento del sitio en cuestión», sostuvo Tailhade en la presentación a la que accedió Télam.
«De inmediato le dije que no sabía nada y por supuesto procedí a ingresar al sitio y a leer con detenimiento las conversaciones. A las 13.30 horas, en mi columna habitual de los martes y jueves en el programa de radio ‘Cuánto Cuento’, que se emite por AM 530, difundí públicamente estas novedades, y me focalicé específicamente en una de las charlas, la de D’Alessandro con Silvio Robles, director general de la vocalía del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti», detalló el diputado del Frente de todos.
«Probablemente el denunciante haya dirigido su ridícula acusación contra mí porque fui la primera persona que habló de esta filtración en los medios de comunicación. Hasta el momento de mi columna, ningún periodista había hablado del tema. No obstante, conozco varios periodistas que ya sabían que el sitio estaba activo al mediodía del miércoles 28», continuó.
El diputado nacional citó luego un artículo del portal El Disenso, en el que se publicó una cronología en la que se detalla cuándo los supuestos chats de D’Alessandro fueron subidos a un sitio web y como luego comenzaron a trascender por redes sociales desde el 28 de diciembre.
«Es dudoso aún que esto se trate de un hackeo, y no de alguien con acceso a su celular que lo filtró voluntariamente. El 5 de noviembre se conoció la noticia de que (Diego) Santilli y D’Alessandro denunciaron en la justicia que sus celulares habían sido hackeados. El último de D’Alessandro con (Silvio) Robles es del 1 de diciembre. Es decir que tenemos que creer que denunció el hackeo de su celular, y no generó ningún mecanismo para protegerse», sostuvo Tailhade.
«D’Alessandro no hizo lo que cualquiera haría después de denunciar el hackeo de su celular: cambiar el aparato, cambiar las contraseñas, o como mínimo desinstalar Telegram y volver a instalarlo. Y esto lo puede comprobar cualquier persona que tenga a D’Alessandro entre sus contactos: el 5 de diciembre les apareció el mensaje ‘Marcelo D’Alessandro se unió a Telegram’, el mensaje que envía la App cuando un contacto vuelve a instalarla», añadió.
En el escrito al que tuvo acceso esta agencia, solicitó que «se ordene la extracción de testimonios y la remisión para su sorteo y la posterior investigación» de 26 hechos que detalla.
Allí figuran «Acciones de inteligencia ilegal» referidas a probables infiltraciones de agentes «en 2018» en movilizaciones de movimientos sociales; y el «direccionamiento de una licitación» para la destrucción de chalecos.
Además, el legislador refiere al «arreglo de sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación» en virtud de que «el 9-11-2022 Robles, director general de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, y contacto frecuente en el Telegram de D’Alessandro le envía al funcionario un link a una noticia de la agencia Noticias Argentinas, titulada ‘El juez Rosatti seguirá al frente del reclamo de CABA contra Nación por la coparticipación’, y le dice: «Espero que hagas sacar el ‘fallo Robles». D’Alessandro responde: ‘Obvio'».
En este punto, remarca que «hablaban de un expediente que se encuentra en la Corte en el que las partes son el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que se discute la coparticipación que debe recibir la CABA».
Tailhade también pidió investigar «el arreglo de otro fallo de la Corte y de una estrategia judicial» en referencia a que el 15 de noviembre «Robles le pasa a D’Alessandro ´letra para que vos lo muevas´».
Y en su escrito, el diputado señala que «basta repasar las noticias sobre el tema Consejo de la Magistratura para comprobar que JxC siguió al pie de la letra las indicaciones de Robles / Rosatti» frente a lo cual el diputado del FDT pide «que por estos hechos se le de intervención a la oficina de sorteos de la Cámara Federal».
En otro tramo de la presentación, Tailhade se refiere a las «gestiones para evitar una probation» de «Marcelo Violante, empresario dueño de varias firmas, entre ellas Dakota», que estuvo a cargo del servicio de acarreo de la Ciudad de Buenos Aires.
Violante le pide a D’Alessandro «que el fiscal no le aplique la probation al presidente de su empresa Brewda Construcciones SA, Rubén Hugo Laghezza, por la violación de una clausura».
En otro punto, el diputado cita la «propuesta de ´negocios´ para Rodríguez Larreta: «el 12-9-2019 D’Alessandro le pregunta ´Hoy podes pasar?´. Violante pregunta: ´Te da para proponer negocios a Horacio (presuntamente Rodríguez Larreta)?. D’Alessandro responde afirmativamente», remarca Tailhade, quien considera que en función de este diálogo podría investigarse el delito de «negociaciones incompatibles, cohecho y algunos más».
Denuncia
Kicillof exigió investigar a los autores intelectuales del atentado contra Cristina: “La causa no arrojó ningún resultado”
El gobernador bonaerense cuestionó desde sus redes sociales la falta de avances judiciales en la causa por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner y reclamó que se investigue a los responsables ideológicos. Mientras los autores materiales cumplen condena, la pregunta sobre quién ordenó el ataque permanece sin respuesta judicial a cuatro años del hecho.
Al cumplirse cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó de «realmente grave» que la investigación judicial no haya determinado quiénes fueron los autores intelectuales del ataque. A través de una publicación en la red social X, el mandatario bonaerense vinculó la impunidad del atentado con la actual situación de la expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución por su condena en la causa Vialidad.
«Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales. Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo«, sostuvo Kicillof en su publicación.
Un atentado con condenas parciales y una causa trunca
El 1° de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel apuntó una pistola Bersa calibre .32 a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, entonces vicepresidenta de la Nación, y accionó el gatillo frente a su domicilio en el barrio de Recoleta. El disparo no se produjo por una falla en la munición; el arma estaba apta para el disparo, según confirmó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Sabag Montiel fue reducido por civiles presentes en la concentración.
En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Ignacio Fornari y Sabrina Namer, condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de homicidio; pena que, unificada con condenas previas, ascendió a 14 años. Su entonces pareja, Brenda Uliarte, recibió 8 años como partícipe necesaria, elevados a 8 años y 2 meses por unificación. Un tercer acusado, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto. Las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta recurrieron la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, reclamando penas de 15 y 14 años respectivamente, y solicitando la aplicación de la agravante de femicidio, que ese tribunal deberá definir.
Lo que el juicio oral no resolvió, sin embargo, es lo que la política sigue reclamando: quiénes pudieron haber instigado el ataque, si existió financiamiento externo y cuál fue el entramado que hizo posible que un arma cargada llegara a 20 centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta. Una de las líneas que mayor repercusión alcanzó durante la investigación fue la denominada «pista Milman», vinculada al exdiputado Gerardo Milman; pero esa hipótesis quedó fuera del debate oral y no fue acreditada judicialmente en las condenas dictadas.
«Dos caras de una misma moneda»
La lectura política de Kicillof anuda dos situaciones que considera parte de un mismo proceso: el atentado y la condena judicial de Fernández de Kirchner. La expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución, por la sentencia a seis años e inhabilitación perpetua dictada en la causa Vialidad, una condena que el kirchnerismo y amplios sectores del campo popular califican como resultado del lawfare, es decir, la utilización del sistema judicial como herramienta de persecución política.
Kicillof no participó del acto de conmemoración organizado frente al domicilio de la expresidenta, donde el principal orador fue Máximo Kirchner, en el marco de una jornada en la que más de veinte fuerzas políticas firmaron un documento conjunto titulado «La democracia no admite la eliminación del adversario». Su adhesión al aniversario se circunscribió al mensaje publicado en sus redes sociales, en el que concluyó: «Seguimos exigiendo que se haga justicia».
La pregunta que la Justicia no responde
El planteo de Kicillof apunta al corazón de una causa que, cuatro años después, sigue abierta en su tramo más sensible. Los responsables materiales fueron juzgados y condenados; la existencia de una estructura política o económica detrás del ataque no quedó acreditada judicialmente, aunque tampoco fue descartada de manera concluyente por la instrucción. La investigación sobre eventuales instigadores o financistas del atentado permanece sin avances concretos y sin imputados en ese tramo de la causa.
En ese contexto, el reclamo que confluye desde el campo popular en este cuarto aniversario no es solo por el esclarecimiento de un hecho del pasado: es también una advertencia sobre la impunidad como señal política, sobre qué mensaje envía una democracia que condena al ejecutor pero no investiga con la misma energía a quienes pudieron haberlo enviado.
Puntos clave
- El 1° de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel apuntó y accionó el gatillo de una pistola Bersa calibre .32 a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner; el disparo no se produjo por una falla en la munición.
- El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó en octubre de 2025 a Sabag Montiel a 14 años de prisión (unificados) y a Brenda Uliarte a 8 años y 2 meses; Carrizo fue absuelto.
- Kicillof calificó de «realmente grave» que cuatro años después la causa no haya determinado quiénes fueron los autores intelectuales del ataque.
- La Cámara Federal de Casación Penal debe resolver el recurso de la fiscalía, que pide elevar las penas y aplicar la agravante de femicidio.
- La investigación sobre eventuales instigadores o financistas del atentado permanece abierta y sin imputados concretos en ese tramo.
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