Un fiscal nacional del fuero Criminal y Correccional dictaminó este lunes que la denuncia presentada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, contra el titular de la cartera de Seguridad y Justicia porteña, Marcelo D’Alessandro, por supuestos delitos de corrupción debe ser investigada por el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia había sido presentada el viernes para que se investigue si el funcionario porteño cometió delitos en el ejercicio de su función, vinculados con el acarreo de automóviles en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y con un intento de favorecer a una empresa que pretendía quedarse con una licitación para ocuparse de destruir una tanda de chalecos antibalas.

El dictamen lleva la firma del responsable a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, Marcelo Solimine, quien invocó la Ley 26.702 para señalar que los delitos denunciados forman parte de aquellos cuya competencia le fue transferida a la justicia porteña, según informó el portal Fiscales, que depende del Ministerio Público Fiscal.

El escrito fue presentado ante el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, interinamente a cargo de Martín Peluso, a quien el fiscal le requirió «que se declare incompetente en razón de la materia y remita las actuaciones para que prosigan su sustanciación ante el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires».

En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que el Fuero Criminal y Correccional «sí era competente antes, cuando Buenos Aires era la Capital Federal» pero, a partir de 2003, se inició «un proceso de transferencia de competencias a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que hoy se encuentran comprendidos todos los tipos penales en los que cabe encuadrar cada uno de los hechos que han sido denunciados y que quedaron reseñados precedentemente».

El viernes pasado, el ministro Soria, por expresas instrucciones del Presidente de la Nación Alberto Fernández, había presentado la denuncia contra D’Alessandro «por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho (art. 256 CP), enriquecimiento ilícito (art. 268 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265 CP), peculado (art. 260/261 CP) y exacciones ilegales (art. 266 CP)».

La denuncia fue realizada sobre la base de que diversas publicaciones periodísticas dieron cuenta de la supuesta intervención del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la «concesión del servicio de grúas, las licitaciones para la destrucción de chalecos antibalas de la Policía de la Ciudad y otros posibles hechos de corrupción».

Al formalizar la denuncia, el ministro Soria explicó a través de un comunicado y de sus redes sociales que «los hechos a ser investigados involucran al mencionado funcionario (D’Alessandro), empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fiscales nacionales» y «la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani».

Al presentar la denuncia, Soria reclamó que D’Alessandro entregue su teléfono celular, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación, dado que la información publicada en distintos medios daba cuenta de que los posibles delitos habrían quedado expuestos a partir de una filtración de información extraída supuestamente del teléfono del ministro porteño.

«La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas», afirmó el ministro Soria cuando presentó la denuncia.

El escrito presentado por el representante del Gobierno Nacional ante la Justicia plantea que, en caso de confirmarse las revelaciones periodísticas, se demostraría «una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos» y esto sería «incompatible con un Estado de Derecho».