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La Legislatura de Larreta vota la «reforma laboral encubierta» contra docentes
Será este jueves. Votarán la reforma al estatuto docente porteño y habrá movilizaciones a la Legislatura.
La Legislatura porteña votará el jueves próximo una serie de modificaciones al estatuto docente que fueron propuestas por Juntos por el Cambio (JxC) para «crear nuevas oportunidades en la carrera» de los maestros, aunque la izquierda dice que es una «reforma laboral encubierta», el Frente de Todos (FdT) la define como «modificaciones insuficientes» y los gremios reclaman una ley que «incluya a todos» los trabajadores de la educación.
Ese jueves, mientras en el recinto se debatirá el proyecto de ley, en las puertas de la Legislatura se manifestarán varios gremios docentes, entre ellos la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) y la Asociación Docente Ademys (CTA).
Las diferentes opiniones sobre la reforma al estatuto fueron manifestadas por legisladores y gremialistas a lo largo de los últimos dos meses, ya que el proyecto de «fortalecimiento de la carrera docente» fue presentado en la Legislatura por la diputada radical Manuela Thourte a principios de marzo y, desde entonces, se realizaron varias reuniones conjuntas de las comisiones de Educación, Presupuesto y Legislación del Trabajo.
«Buscamos promover alternativas para la carrera profesional docente; por supuesto que no estamos solucionando todos los problemas de la educación, pero afrontando uno de ellos, que tiene que ver con la calidad de los aprendizajes«, dijo Thourte en la última de estas reuniones, donde JxC firmó un dictamen de mayoría para que el proyecto quede en condiciones de ser votado en el recinto.
La legisladora señaló que con esta reforma «se está cumpliendo con el artículo 69 de la Ley Nacional de Educación», según el cual la carrera docente «admite al menos dos opciones: desempeño en el aula y desempeño de la función directiva y de supervisión», y agregó que «la formación continua será una de las dimensiones básicas para el ascenso».
En este sentido, Thourte explicó que la nueva ley creará tres cargos para ascender sin abandonar el aula: maestro especialista, coordinador de trayectorias y preceptor tutor.
Otro aspecto importante de la ley es que establece la titularización, de manera «excepcional», de los docentes del nivel de educación media que al 31 de marzo de 2020 se encontraban desempeñando sus cargos como interinos.
Al respecto, la secretaria general de UTE, Angélica Graciano, dijo que «diez mil docentes quedan afuera de esta ley», y agregó: «Queremos la titularización porque tienen una deuda histórica con un vasto sector de los trabajadores y trabajadoras».
Sobre ese punto, mencionó, entre otros, a los docentes de los niveles de educación inicial, primaria y profesorados.
Luego, reclamó «una ley que nos incluya a todos y todas» y definió el debate legislativo sobre el proyecto como «ficcional».
«Vinimos a las audiencias y no se cambió una sola coma del proyecto original. Estamos discutiendo en la Legislatura algo que tendríamos que estar discutiendo con la patronal: nuestras condiciones de trabajo», dijo Graciano el martes último, ante el plenario de comisiones.
Desde el FdT, el diputado Alejandro Amor se manifestó en un sentido similar: «El 90 por ciento de las cuestiones en discusión son de carácter laboral», dijo, y consideró que no son los legisladores quienes deben modificar las condiciones de trabajo de ningún sector, ya que esas son «facultades de las asociaciones sindicales».
A lo largo de las jornadas de debate, varios docentes reclamaron que se elabore para la ciudad de Buenos Aires una ley de paritaria docente.
Desde el FdT, también se manifestó la legisladora Claudia Neira, quien definió la reforma como «modificaciones insuficientes», mientras su compañero de bancada Matías Barroetaveña dijo que se crearán «unos pocos puestos de trabajo e incentivos salariales», mientras el Gobierno porteño «continúa con su intención de vaciar los profesorados no titularizando a sus docentes».
Por el Frente de Izquierda, la legisladora Amanda Martín consideró que el proyecto es una «reforma laboral encubierta» para «flexibilizar aún más las condiciones laborales», y también lamentó que los profesores de los institutos de formación docente hayan sido excluidos de la posibilidad de acceder a cargos titulares.
Para Martín, la razón por la cual no se incluyó a la educación superior en la titularización es que el Gobierno porteño «quiere avanzar con la Unicaba» y «vaciar» los 29 profesorados de la ciudad.
La reforma al estatuto docente porteño se votará el jueves próximo en una sesión que comenzará al mediodía, y Ademys ya anunció que ese día hará un paro y movilización a la Legislatura para rechazar la reforma y exigir la titularización masiva de los maestros de nivel medio y superior, así como del área socioeducativa.
UTE, por su parte, informó que marchará a la Legislatura, ubicada en Perú 160, pero agregó que un plenario de delegados decidirá este martes las «precisiones» sobre la movilización.
Desregulación
El Código Aduanero en la mira del desguace libertario: otro golpe a la soberanía
El Gobierno de Javier Milei avanza con modificaciones que flexibilizan el control sobre el comercio exterior y amenazan con desarticular el rol estratégico del Estado en las fronteras del país.
El Gobierno quiere modificar el Código Aduanero, pero la reforma facilita la fuga de capitales
★ El Gobierno libertario oficializó su intención de implementar reformas profundas en el Código Aduanero, una medida que generó alarma inmediata en sectores gremiales, industriales y políticos. Según fuentes del ámbito legislativo consultadas por este medio, el proyecto busca reducir la intervención estatal en los procesos de exportación e importación, lo cual facilitaría el ingreso de mercaderías sin los controles exhaustivos que rigen actualmente.
Este movimiento se inscribe en una lógica de desregulación absoluta que, bajo la promesa de modernización, esconde un retroceso en las capacidades de fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La desarticulación del control estatal
Las modificaciones propuestas apuntan directamente al corazón de la soberanía económica. Al habilitar mecanismos de autodeclaración laxa y reducir los canales de inspección física, el Estado pierde la capacidad de combatir de forma eficiente el contrabando, la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones; maniobras históricas utilizadas para la fuga de capitales. De acuerdo a especialistas en comercio exterior de universidades nacionales, estas reformas podrían dejar las fronteras argentinas en una situación de vulnerabilidad extrema frente al crimen organizado y los grandes grupos económicos.
El antecedente inmediato de estas medidas se encuentra en la reciente reestructuración de los organismos de control. Fuentes gremiales de la aduana indicaron que existe una preocupación creciente por la estabilidad laboral y por el vaciamiento de áreas técnicas críticas. La intención del Ejecutivo, según revelaron trabajadores del sector que prefirieron mantener anonimato, es delegar funciones que hoy son exclusivas del servicio público en entidades privadas, lo que representaría una privatización de hecho de las funciones de policía aduanera.
Impacto en la industria y el trabajo
Desde los sectores vinculados a la producción nacional advirtieron que la flexibilización de las normas de importación será el golpe final para las pequeñas y medianas empresas. Al eliminar las barreras de protección que establece el actual Código Aduanero, el mercado local se verá inundado por productos extranjeros que compiten en condiciones de desigualdad; lo cual acelerará el proceso de desindustrialización que ya muestran los indicadores del INDEC.
La entrega de los recursos estratégicos y el debilitamiento de la soberanía alimentaria y energética también forman parte del trasfondo de esta reforma. Al facilitar la salida de materias primas sin controles rigurosos, el país resigna la posibilidad de agregar valor en origen y de garantizar el abastecimiento interno. La política del «Estado ausente» que pregona el Gobierno libertario se traduce en una transferencia directa de recursos hacia los sectores agroexportadores y las multinacionales, profundizando la dependencia con los organismos internacionales de crédito.
El rol de la justicia y el «Partido Judicial»
Mientras el Ejecutivo avanza con decretos y proyectos de ley para desguazar el control aduanero, la mirada se posa sobre la Justicia Argentina. Existen sospechas fundadas en sectores del arco político opositor de que estas reformas cuentan con el aval implícito de sectores de Comodoro Py, que actuarían como blindaje jurídico ante posibles presentaciones judiciales contra la constitucionalidad de los cambios. La falta de un control judicial independiente frente a los atropellos contra el patrimonio público es una de las mayores preocupaciones para la salud democrática de la Argentina.
Puntos clave:
- El proyecto oficial busca flexibilizar los controles de la AFIP sobre el comercio exterior.
- Sectores gremiales denuncian un posible vaciamiento y privatización de funciones aduaneras.
- La industria nacional alerta sobre una apertura indiscriminada de importaciones.
- Las reformas facilitan maniobras de fuga de capitales mediante subfacturación y sobrefacturación.
- El debilitamiento aduanero pone en riesgo la soberanía económica y los recursos estratégicos del país.
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