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Investigación 🔎

Ciberataque a Perfil: el hacker “@gov.eth” vulneró la web del diario y expuso el DNI de Milei

El hacker utilizó la portada del diario Perfil para difundir información personal del jefe de Estado. El mismo atacante ya había intervenido la web del Gobierno en diciembre pasado.

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El sitio web del diario Perfil fue intervenido en las últimas horas por un ciberataque que dejó al descubierto serias vulnerabilidades en la seguridad digital de medios y organismos en Argentina. Entre las alteraciones realizadas por el atacante, identificado como “@gov.eth”, se difundió una imagen del Documento Nacional de Identidad (DNI) del presidente Javier Milei, junto con un mensaje que promocionaba un canal de Telegram bajo el alias “el hacker más famoso”.

El ataque, que generó un fuerte impacto mediático, no es el primero atribuido a este hacker. Según fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, “@gov.eth” ya había vulnerado la web oficial del Gobierno argentino el 25 de diciembre de 2024, dejando un mensaje similar en la portada del sitio. En ambos casos, el atacante utilizó su seudónimo y referencias a plataformas descentralizadas para amplificar su alcance.

¿Quién es “@gov.eth”?

Aunque su identidad sigue siendo desconocida, “@gov.eth” se ha convertido en una figura reconocida en el mundo de la ciberseguridad por sus intervenciones de alto impacto simbólico. Su alias, que hace referencia al dominio “.eth” utilizado en la red blockchain Ethereum, sugiere un vínculo con tecnologías descentralizadas y criptográficas.

En sus ataques, el hacker no solo busca exponer vulnerabilidades técnicas, sino también generar un impacto mediático que pone en jaque la confianza en las instituciones. En el caso del ciberataque a Perfil, la publicación del DNI de Javier Milei no solo representa una violación a la privacidad del presidente, sino también un mensaje sobre la fragilidad de los sistemas de seguridad en el país.

Reacciones y medidas

Desde Perfil informaron que su equipo técnico trabaja para recuperar el control completo del portal y remover los contenidos comprometidos. Sin embargo, el ataque reavivó el debate sobre la seguridad digital en Argentina, un tema que ya había cobrado relevancia tras el ataque a la web del Gobierno en diciembre pasado.

El incidente también plantea interrogantes sobre la capacidad de los medios y organismos públicos para proteger información sensible en un contexto de creciente sofisticación de los ciberataques. Según un informe de la consultora Deloitte, los ciberataques en América Latina aumentaron un 38% en 2024, con Argentina entre los países más afectados.

Un problema estructural

El ataque a Perfil no es un hecho aislado, sino parte de un problema estructural que afecta tanto al sector público como al privado. En los últimos años, Argentina ha sido blanco de múltiples ciberataques que han comprometido datos sensibles de ciudadanos, empresas y organismos gubernamentales.

En 2020, un ataque al sistema de migraciones dejó expuesta información de miles de personas, mientras que en 2022, un grupo de hackers filtró datos de la Dirección Nacional de Migraciones y exigió un rescate en bitcoins. Estos incidentes evidencian la necesidad de fortalecer las políticas de ciberseguridad en el país, que aún carece de un marco normativo robusto y de recursos suficientes para enfrentar estas amenazas.

El impacto político y social

La publicación del DNI de Javier Milei no solo expone una falla técnica, sino que también tiene implicancias políticas y sociales. En un contexto de polarización y desconfianza hacia las instituciones, este tipo de ataques pueden ser utilizados para generar incertidumbre.

Además, el hecho de que el ataque haya sido dirigido contra un medio de comunicación como Perfil pone en evidencia la vulnerabilidad de los espacios que deberían garantizar el acceso a información confiable y segura.

El caso de “@gov.eth” sigue siendo un recordatorio de que, en el mundo digital, la seguridad absoluta no existe, y que la protección de la información sensible debe ser una prioridad constante.

Investigación 🔎

Escribanos sobre el caso Adorni: “Generalmente pedimos la destitución antes que la Justicia”

La presidenta del Colegio de Escribanos de CABA, Magdalena Tato, ratificó la obligación de reportar operaciones de funcionarios ante la Unidad de Información Financiera, en un contexto marcado por las sospechas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete.

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Escribanos, bajo la lupa tras el caso Adorni

★ En medio de la creciente presión judicial sobre las finanzas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la titular del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, intentó deslindar responsabilidades sobre el rol notarial en las operaciones de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Durante una entrevista en Radio Rivadavia este viernes, la dirigente aseguró que los escribanos tienen el deber legal de informar de manera sistemática cualquier transacción realizada por funcionarios públicos ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

El reporte ante la UIF como única respuesta

Tato enfatizó que el control sobre los activos de los funcionarios no es discrecional, sino un requisito técnico automatizado. “Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”, sostuvo al referirse al procedimiento mensual de reporte. Ante las dudas sobre el origen de los fondos en las operaciones inmobiliarias del funcionario libertario, la escribana desestimó la frecuencia del Reporte de Operación Sospechosa (ROS), argumentando que, usualmente, las operaciones se frustran antes de que el profesional deba tomar una decisión de denuncia si comienza a solicitar documentación probatoria sobre el origen del dinero.

“Es muy raro que los escribanos hagamos ROS porque no llegás a autorizar el acto generalmente; cuando empezás a pedir cosas, se caen las operaciones”, explicó la presidenta de la institución. Sin embargo, aclaró que la obligación de reportar persiste si el escribano mantiene dudas tras la concreción de la operación.

Silencio institucional y control disciplinario

Sobre el caso específico de la escribana Adriana Nechevenko, cuya actuación es objeto de investigación judicial por las hipotecas sin interés pactadas en las propiedades de Adorni, Tato evitó realizar una defensa corporativa explícita. Confirmó que el Colegio de Escribanos sigue el expediente judicial y actúa como auxiliar de la Justicia, remitiendo la documentación requerida por los magistrados.

La dirigente hizo hincapié en el poder sancionatorio del ente que preside, mencionando que la entidad cuenta con facultades para iniciar expedientes disciplinarios que podrían derivar en la destitución del matriculado incluso antes de que la Justicia penal dicte sentencia. “Generalmente nosotros terminamos pidiendo la destitución del matriculado antes que llegue la justicia”, declaró ante los micrófonos.

La lupa sobre el origen de los fondos

A pesar de la defensa sobre el sistema de control, las palabras de la funcionaria notarial contrastan con la realidad del caso que involucra al jefe de Gabinete, cuya compra de un departamento por 230.000 dólares con préstamos de particulares sin interés mantiene en alerta a la fiscalía de Gerardo Pollicita. La exigencia de justificar ingresos, mencionada por Tato como una norma aplicable a todo cliente, se encuentra bajo revisión en los tribunales de Comodoro Py, donde se investiga si existieron omisiones o irregularidades en la declaración jurada y en los documentos notariales presentados.

Puntos clave:

  • Magdalena Tato, titular del Colegio de Escribanos, afirmó que informar operaciones de PEP a la UIF es un trámite obligatorio y automático.
  • La dirigente admitió que realizar un Reporte de Operación Sospechosa es inusual porque las operaciones suelen desistirse cuando se solicita el origen de fondos.
  • El Colegio de Escribanos confirmó que sigue el expediente judicial por el caso Adorni y colabora con la entrega de documentación.
  • La institución cuenta con facultades disciplinarias para destituir a matriculados ante faltas graves.

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