Santa Fe
Rosario: jefe policial condenado por arrestar inocentes para encubrir banda narco
El excomisario fue encontrado responsable de los delitos de abuso de autoridad, privación abusiva de la libertad agravada por extenderse más de un mes y falsedad ideológica.
El exjefe de la seccional 10ma. de la ciudad santafesina de Rosario, comisario Gerardo Malpassi, fue condenado a 3 años de prisión efectiva y 6 de inhabilitación por detener a personas inocentes mediante testimonios falsos con el fin de encubrir a una banda narcocriminal, cuyo líder se trató del único condenado por el atentado a la vivienda particular del exgobernador santafesino Antonio Bonfatti en 2013.
Malpassi fue sentenciado mediante un juicio abreviado acordado entre su defensa y el fiscal José Luis Caterina, y homologado por la jueza María Trinidad Chiabrera, informó hoy el Ministerio Público de la Acusación (MPA).El excomisario fue encontrado responsable de los delitos de abuso de autoridad, privación abusiva de la libertad agravada por extenderse más de un mes y falsedad ideológica.
La condena al exjefe de la comisaría 10ma. de Rosario también incluye la inhabilitación por 6 años para ocupar cargos policiales, añadieron los informantes.Además de Malpassi, otros cinco funcionarios policiales que en 2021 prestaban servicios en la misma seccional están imputados en la causa, que aún no llegó a juicio oral, explicaron las fuentes.
El caso se inició el 21 de junio de 2021, cuando dos policías de civil salieron de la seccional en un automóvil particular, un Fiat Palio, a recorrer la zona norte de Rosario.Según la investigación, en el camino subieron al auto a un conocido de uno de ellos, quien más adelante les señaló a un grupo de cuatro jóvenes, que fue detenido.
Paralelamente, dos chicas fueron llevadas en un patrullero a la comisaría para que declararan que los arrestados habían sido quienes balearon una vivienda unos meses antes.
Una de las mujeres había sido víctima de esa balacera, en abril, que tuvo como objetivo un “bunker” de venta de drogas administrado por allegados a Emanuel “Pimpi” Sandoval, un joven que había sido condenado por el atentado al domicilio particular de Bonfatti en octubre de 2013, cuando era gobernador.
“Ema Pimpi” Sandoval fue asesinado en octubre de 2019 en una lujosa vivienda alquilada en la que cumplía prisión domiciliaria por otros hechos. De acuerdo a la investigación del fiscal Caterina, con los testimonios falsos de las dos mujeres una fiscal imputó por la balacera a dos de los cuatros jóvenes, que pasaron casi 90 días en prisión.
Pero las chicas terminaron por declarar más tarde, ante la fiscal, que sus testimonios habían sido dictados en la seccional 10ma. por los propios policías, operativo conducido por el comisario Malpassi.
A partir de esas confesiones, el fiscal Caterina descubrió que “el acta presenta al procedimiento como absolutamente casual, afirmando que se encontraban realizando un patrullaje preventivo, se acerca una femenina y les señala a los cuatro aprehendidos como autores de un delito”.A la vez, “se indica que cuando arribó el personal policial a la seccional, aguardaban en la guardia dos mujeres, pero dicha presencia en ese momento no figura consignada en el Libro de Guardias” de la comisaría 10ma.
«En cambio, se confirma que en el transcurso del día, dos masculinos, que responderían a una banda criminal junto a otra persona y que se presentaba como jefe de la Policía de Investigaciones fue hasta la casa de una de estas femeninas a que vaya a la seccional décima porque habían detenido a los autores de la balacera que la tenía como víctima”, informó el MPA.
Al descubrirse las irregularidades, el comisario Malpassi y cinco de sus subordinados fueron imputados por la maniobra, que tenían por objetivo encubrir a la banda de Sandoval, un “transero” que durante años dominó el comercio de drogas al menudeo en algunos barrios del noroeste rosarino.Cuando la fiscalía ordenó el allanamiento del domicilio del jefe de la seccional 10ma. se encontró con 300 mil pesos en efectivo, recordaron voceros del caso.
Santa Fe
El Gobierno recurre al FBI para encuadrar la violencia juvenil como un fenómeno tecnológico
Tras el crimen escolar en Santa Fe, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva descartó el factor del bullying y apuntó a la existencia de grupos juveniles misantrópicos. Con el respaldo del FBI, el oficialismo busca encuadrar la tragedia en un fenómeno de criminalidad digital mientras se debate la baja de la edad de imputabilidad.
San Cristóbal: el Gobierno agita el fantasma de las culturas subdigitales
★ En una conferencia de prensa brindada este miércoles en Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que la investigación sobre el tiroteo en una escuela de San Cristóbal permitió detectar la presencia de culturas subdigitales ligadas a conductas violentas en Argentina. La funcionaria, acompañada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que estos grupos no responden a dinámicas de acoso escolar tradicional sino a pautas de admiración por asesinatos y tiroteos masivos, con un fuerte componente de misantropía y voluntad de ejecución de actos violentos.
El diagnóstico oficial y la sombra del FBI
Según los datos aportados por la ministra, el análisis exhaustivo realizado por la Policía Federal en conjunto con el FBI permitió identificar 15 casos similares en los últimos dos años, sumados a otros cuatro que actualmente se encuentran bajo estudio. El Gobierno sostiene que estos jóvenes integran comunidades virtuales donde se analizan masacres previas y se fomenta el odio generalizado hacia la sociedad.
Esta caracterización técnica ocurre apenas días después de que la justicia santafesina confirmara la detención de un segundo adolescente por el encubrimiento del tiroteo. Como ya se informó en este medio, la causa se expandió rápidamente a otras ciudades a medida que las pericias sobre los dispositivos electrónicos revelaron conexiones más allá de los límites de la provincia de Santa Fe.
La inimputabilidad y el vacío de políticas públicas
El foco puesto en la tecnología por parte de la cartera de Seguridad parece eludir un debate que el Ministro de Justicia santafesino ya puso sobre la mesa (el adolescente responsable del ataque no es punible bajo el régimen legal vigente). Al catalogar el hecho como un fenómeno de cultura subdigital, el discurso oficial tiende a desplazar la responsabilidad del entorno social y las carencias del sistema educativo para detectar señales de alerta temprana.
Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que, si bien el uso de plataformas como Discord facilitó la coordinación o el intercambio de material violento, el problema de fondo sigue siendo la ausencia de un Estado eficiente que garantice la contención de menores en situación de vulnerabilidad psicológica. La insistencia del Gobierno en resaltar la cooperación con organismos extranjeros como el FBI refuerza una narrativa de seguridad nacional sobre un hecho que, para diversos especialistas en niñez, requiere un abordaje integral de derechos sociales y laborales.
Antecedentes y derivaciones de la causa
El caso de San Cristóbal se suma a una serie de incidentes que el Ministerio de Seguridad intenta agrupar bajo una misma lógica criminalística. Sin embargo, el análisis crítico de estos hechos revela que la focalización en la violencia digital suele ser utilizada para justificar medidas de vigilancia más estrictas sobre la juventud, omitiendo el impacto de la crisis económica y el sobreendeudamiento de las familias en la salud mental de los adolescentes.
Mientras la investigación avanza, queda claro que la etiqueta de cultura subdigital será el eje de la estrategia oficial para pedir reformas en el código penal, alejando el foco de la soberanía educativa y la inversión en políticas de prevención que el sector libertario ha desmantelado sistemáticamente bajo la premisa del ajuste fiscal.
Puntos clave:
- La ministra Alejandra Monteoliva descartó que el caso de San Cristóbal sea un episodio de bullying.
- Se detectaron 15 casos de conductas violentas ligadas a grupos digitales en los últimos dos años.
- La Policía Federal y el FBI colaboran en el análisis de las redes de los adolescentes implicados.
- El Gobierno utiliza el concepto de culturas subdigitales para explicar la admiración por tiroteos masivos.
- La justicia santafesina mantiene el debate sobre la no punibilidad de los involucrados debido a su edad.
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