Investigación 🔎
La jueza Servini ordenó reconstruir el brutal ataque a Pablo Grillo durante una represión a jubilados
La magistrada, que investiga el caso del fotógrafo baleado en una de las marchas de jubilados más violentadas por las fuerzas de seguridad, dispuso las pericias para el próximo lunes. Mientras que el gendarme Héctor Guerrero será indagado el 2 de septiembre.
La jueza federal María Servini, titular del Juzgado Federal N° 1 de Buenos Aires, ordenó la reconstrucción del disparo que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Las tareas se realizarán el próximo lunes, en el lugar donde ocurrió el hecho, y serán llevadas a cabo por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión judicial busca esclarecer las circunstancias del brutal ataque que sufrió el fotógrafo el pasado 12 de marzo, durante la cobertura de una protesta de jubilados frente al Congreso Nacional. Pablo Grillo (35), reportero gráfico, resultó gravemente herido tras recibir un golpe en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno cerca de las 17.20, lo que le provocó el desvanecimiento inmediato.
Avances en la investigación judicial
Según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los agentes de la Policía de la Ciudad concurrieron a la zona donde el reportero gráfico recibió el disparo «para tomar medidas y fotos en vistas a la reconstrucción» de lo sucedido en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
La magistrada también dispuso otras medidas clave en el expediente. La jueza María Servini citó a indagatoria para el 2 de septiembre al cabo Héctor Guerrero, acusado de disparar contra el reportero gráfico. Tras la reconstrucción que se hizo con el registro de medios se pudo identificar que el gendarme que habría disparado el gas lacrimógeno fue Héctor Jesús Guerrero, integrante del Departamento Móvil 6 de Gendarmería Nacional.
Las pericias que complican a Gendarmería
Una reconstrucción técnica ya presentada por los acusadores particulares arroja conclusiones demoledoras para la fuerza de seguridad. El estudio realizado por los peritos científicos Rodolfo Guillermo Pregliasco y Martín Onetto, junto al cineasta Alejo Fraile, concluyó que el disparo de la granada que impactó en la cabeza de Grillo fue «realizado» de manera directa contra el fotógrafo.
Gendarmería reconoció en el expediente que disparar armas lanzagases directo a personas podría «producir lesiones graves e, incluso, la muerte», lo que agrava la situación del cabo Guerrero.
Denuncias de encubrimiento
La familia denunció encubrimiento por parte de Gendarmería y advirtió sobre las graves secuelas neurológicas que sufre el fotógrafo. A casi cuatro meses de que una cápsula de gas lacrimógeno disparada por el Cabo Primero Héctor Guerrero hiriera de gravedad al reportero gráfico que cubría la marcha de los jubilados, la fuerza lo deslindó responsabilidades.
La periodista Irina Hauser y el padre de la víctima advierten sobre una estrategia para encubrir a los responsables, después de que Gendarmería cerrara su investigación interna en tiempo récord.
El estado de salud del fotógrafo
Pablo Grillo fue operado exitosamente en abril. La intervención fue endoscópica, a través de las vías nasales, y permitió detectar y sellar la pérdida que generaba presión intracraneal.
Según declaraciones radiales del padre de Pablo, Fabián Grillo, en algunos días su hijo volverá al hospital Ramos Mejía para colocarse una prótesis «que le mejoraría su calidad de vida».
El hombre de 35 años, oriundo de Lanús, se reconoce como documentalista y militante de «Néstor y Cristina». Su padre responsabilizó a Milei y a Bullrich por la grave lesión.
Un caso emblemático de la represión
El caso de Pablo Grillo se convirtió en uno de los más representativos del uso excesivo de la fuerza durante las protestas contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.
La reconstrucción del lunes será determinante para establecer las responsabilidades en un hecho que pone en evidencia la escalada represiva contra periodistas y manifestantes durante las primeras marchas de oposición al gobierno libertario.
Puntos clave:
- La jueza Servini ordenó reconstruir el disparo que hirió a Pablo Grillo el próximo lunes
- El gendarme Héctor Guerrero será indagado el 2 de septiembre como presunto responsable
- Las pericias técnicas confirman que el disparo fue directo contra el fotógrafo
- La familia denuncia encubrimiento por parte de Gendarmería
- Grillo continúa recuperándose y necesitará una prótesis para mejorar su calidad de vida
Investigación 🔎
“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA
La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.
Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones
★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.
«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.
«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.
«Pipo» y los nexos en el interior del sistema
Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.
En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.
El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.
La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
- Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
- El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
- Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
- Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.
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