Seguridad 🚨
Crimen del country: el móvil podría ser financiero
Investigadores creen en la posibilidad de que la víctima, Roberto Wolfenson Band (71), conociera a su asesino, del cual -por el momento- nada se sabe.
La investigación por el crimen en el country La Delfina de Pilar se perfila hacia el móvil económico y la posibilidad de que la víctima, Roberto Wolfenson Band (71), conociera a su asesino, del cual -por el momento- nada se sabe.
Germán Camafreita, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Pilar y a cargo del caso, pidió este miércoles una pericia sobre las cuentas bancarias que el ingeniero asesinado tenía tanto en la Argentina como en el exterior. A su vez, la Fiscalía de Ciberdelitos analiza las dos computadoras incautadas en la casa, mientras que sigue sin aparecer el teléfono celular de la víctima.
“Se solicitó el detalle de todos los movimientos, tanto de la víctima como de sus familiares, desde principios de año. Queremos saber si había cuentas en Estados Unidos, Uruguay y Brasil, y cuál fue la actividad en cada una”, confió una fuente de la investigación. El Juzgado de Garantías N°6 de Pilar, a cargo del magistrado Nicolás Ceballos, debe responder al pedido.
Hasta ahora el ataque no tiene sospechosos, aunque la fiscalía sostiene que Wolfenson y su asesino mantenían una relación desde antes. Ningún acceso a la casa situada en el lote 397 se encontraba falseado, y la escena difiere de la generalidad de los homicidios en ocasión de robo: el ataque se concentró en un espacio de apenas 1.80×0.90 metros, lo cual refuerza la hipótesis de que la víctima pudo haberse acercado voluntariamente hacia ese lugar y fue sorprendida de atrás. Además, lo único que se llevó el asesino fue el teléfono del ingeniero.
“El asesino está dentro del country y creemos que la víctima le abrió la puerta”, afirmó el investigador, y amplió: “El cuerpo tenía hematomas en manos y brazos. Tenía heridas cortantes en toda la cara y un corte bastante más grande en la cervical. Todas las lesiones se produjeron en el mismo momento, y la persona que las provocó hizo muchísima fuerza”.
Silvina Aguirre, médica forense que intervino en el hecho, descartó la utilización de armas blancas. “El mismo lazo, soga o tanza con el que el asesino estranguló a la víctima produjo el resto de las lesiones. Y el cuerpo no fue movido”, mencionó la fuente, y reconoció que la declaración de la médica complicó al legista Marcelo Rodrigué, que fue el primero en examinar el cadáver y concluyó que Wolfenson había muerto como consecuencia de un ataque cardíaco.
“A la forense le alcanzó solamente con ver el cuerpo para darse cuenta de que tenía signos de defensa y que se trataba de un homicidio”, remarcó la fuente.
El accionar de Rodrigué, profesional con más de 30 años en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, hizo que la escena del crimen no fuera preservada y muchas pruebas se vieran adulteradas. El legista enfrenta ahora una causa penal impulsada por la Fiscalía N°4 y, en paralelo, Asuntos Internos de la Policía de PBA abrió un sumario.
El crimen fue descubierto minutos antes de las 17 del viernes 23 de febrero por el profesor de piano de Wolfenson, que llegó a la casa para dar una clase y notó que el ingeniero no respondía a la puerta, ni tampoco mensajes o llamados. Según el informe forense, el crimen ocurrió ese mismo día desde las 13.
En las próximas horas, el fiscal Camafreita tomará declaración a nuevos testigos, como ser dos amigos que eran parte del círculo íntimo de la víctima. Además, la investigación intenta obtener detalles en las pruebas de laboratorio realizadas a los restos de pelo hallados en la escena del crimen, y en el análisis de las cámaras de seguridad.
Judiciales ⚖️
Mendoza: detienen a la madre que mandó a su hijo al colegio con una réplica de arma
La mujer, que ya había sido imputada sin arresto el viernes 17 de abril por instigación a la intimidación pública, vio agravada su situación procesal tras un nuevo pedido fiscal que amplió el encuadre legal al artículo 211 del Código Penal.
Mendoza: detienen a la madre que mandó a su hijo al colegio con una réplica de arma
★ La Justicia de Mendoza ordenó la detención preventiva de la madre de un adolescente de 17 años que ingresó a una escuela del Gran Mendoza con una réplica de arma de fuego. La mujer, que ya había sido imputada sin arresto el viernes 17 de abril por instigación a la intimidación pública, vio agravada su situación procesal tras un nuevo pedido fiscal que amplió el encuadre legal al artículo 211 del Código Penal, agravado por la participación de un menor según el artículo 41 quater del mismo cuerpo normativo. La pena prevista oscila entre tres y ocho años de prisión.
El argumento que la llevó presa
Según el escrito del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, la mujer reconoció haberle recomendado a su hijo que llevara la réplica «para amedrentar a los compañeros en caso que alguno se vea loco», de acuerdo a fuentes judiciales. El fiscal a cargo de la investigación, Juan Manuel Sánchez, ordenó la detención preventiva y el traslado de la imputada a la Penitenciaría Provincial.
El escrito fiscal subrayó que al momento del hecho «ya era de público y notorio conocimiento, no solo en las comunidades educativas sino también en la sociedad en general, el temor y el alerta que se venía generando», en referencia a la ola de amenazas de tiroteos que sacude al sistema educativo argentino desde el crimen de Ian Cabrera en la Escuela Nº40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, ocurrido el 30 de marzo de 2026, caso que este medio cubrió desde su inicio.
Para los fiscales, la condición de progenitora agrava la responsabilidad: instó directamente a un menor bajo su cuidado a cometer un hecho intimidatorio en el marco de un contexto de pánico social que ella misma contribuyó a alimentar. Ese razonamiento fue determinante para elevar la calificación del delito y fundamentar el encierro preventivo.
50 denuncias en días en Mendoza
El caso de esta madre y su hijo no es un hecho aislado dentro de la provincia. El Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó que, entre el miércoles 16 y el viernes 18 de abril, se recepcionaron más de 50 denuncias vinculadas a amenazas de tiroteos en distintos establecimientos educativos mendocinos. Las intimidaciones se manifestaron a través de carteles pegados en los baños, inscripciones sobre las paredes y publicaciones en redes sociales que anunciaban fechas específicas para supuestos ataques.
El mismo viernes en que se ordenó la detención de la madre, el fiscal de la Fiscalía Penal Juvenil, Gustavo Farmache, ya había imputado a un adolescente de 16 años por publicar en redes sociales la fotografía de una réplica de arma acompañada de un mensaje intimidante. Otros tres menores no imputables, todos menores de 16 años, prestaron declaración informativa, y un adolescente de 15 años fue notificado por portar un objeto similar en su escuela. Vale destacar que la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, aún no está en vigencia (su artículo 52 establece un período de implementación de 180 días desde su promulgación), por lo que los menores de 16 años continúan siendo inimputables.
Un fenómeno que se expande por el país
La ola de amenazas no se circunscribe a Mendoza. Como informó este medio en su cobertura del 18 de abril, el fenómeno se extendió a al menos cinco provincias en el marco de lo que las autoridades educativas sospechan que comenzó como un reto viral en plataformas digitales.
En Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil acumula ocho adolescentes imputados por «amenaza agravada por anonimato» e investiga más de 100 episodios en la capital provincial, con actuaciones adicionales en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.
En Santa Fe, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un adolescente de 16 años en el departamento Rosario tras una serie de amenazas, con allanamiento y secuestro de elementos incluidos.
En Santiago del Estero, una pintada en la Escuela Normal Manuel Belgrano amenazó: «20/04 tiroteo, nadie se salva. Van a morir todos».
En Buenos Aires, un adolescente de 16 años fue identificado en San Miguel tras publicar en redes un mensaje donde anunciaba una «masacre» en su colegio.
Ante la proliferación de casos, la secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, Virginia Coudannes, fue tajante: realizar este tipo de amenazas «no es una broma, es un delito de intimidación que tiene consecuencias», según declaró a medios provinciales.
El Estado ausente, otra vez
Lo que estos hechos vuelven a exponer es la ausencia de una respuesta estructural del Estado nacional ante una crisis que desbordó a las jurisdicciones provinciales. El gobierno de Javier Milei no articuló hasta el momento ninguna política educativa de emergencia frente a la proliferación de amenazas que mantiene en vilo a miles de familias. La respuesta se limitó a reuniones interministeriales y declaraciones aisladas, mientras los fiscales provinciales debían procesar una avalancha de denuncias sin recursos adicionales.
La imputación y detención de una madre que mandó a su hijo al colegio con un arma de réplica por miedo a que le pasara algo es, también, el síntoma de un sistema educativo y de contención social que no está dando respuestas. El pánico que la llevó a tomar esa decisión equivocada fue, en parte, el mismo pánico que el Estado no supo desactivar.
Puntos clave:
- La madre de un adolescente de 17 años fue detenida preventivamente y trasladada a la Penitenciaría Provincial de Mendoza por orden del fiscal Juan Manuel Sánchez
- La imputación se encuadra en el artículo 211 del Código Penal (intimidación pública) agravado por participación de menor (artículo 41 quater), con una escala penal de tres a ocho años
- La mujer había recomendado a su hijo llevar una réplica de arma al colegio «para amedrentar a los compañeros» en el contexto de la ola de amenazas de tiroteos
- El Ministerio Público Fiscal de Mendoza registró más de 50 denuncias por amenazas escolares entre el miércoles y el viernes de la semana pasada
- El fenómeno se extendió a Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Buenos Aires, con imputados y detenidos en múltiples jurisdicciones
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