Comunidad 👥
Miles de devotos comenzaron a llegar bajo la lluvia al santuario del Gauchito Gil
Un cuarto de millón de personas ya pasaron por la meca del Gauchito querido a rendirle honores. Santo del pueblo.
Alrededor de 250.000 visitantes ya visitaron durante el fin de semana la ciudad correntina de Mercedes, para rendir honor al Gauchito Gil, de cuya muerte se cumplen mañana 146 años, para lo cual se desplegaron 500 efectivos policiales, y, este año, prohibieron la peregrinación a caballo, debido a medidas sanitarias que tomaron las autoridades para mitigar el impacto de la encefalomielitis equina, se informó hoy.
Autoridades municipales indicaron esta tarde a Télam que alrededor de 250.000 personas visitaron en el transcurso del fin de semana el santuario del Gauchito Gil ubicado en la ciudad de Mercedes, según se desprende de estimaciones de la Gendarmería Nacional.
Con delegaciones en micros de larga distancia llegados desde diversos puntos del país, desde el sábado comenzó a sentirse la devoción popular por el Gauchito Gil en la ciudad donde están enterrados sus restos.
Hoy, las lluvias provocaron algunos contratiempos en el paso de los peregrinos hacia el santuario de la Ruta Nacional 123, aunque fuentes policiales indicaron a Télam que no se reportaron incidentes.
La seguridad cuenta con el despliegue de 500 efectivos de la policía de Corrientes, organizados en una articulación de acciones entre el Gobierno de la provincia, la municipalidad, la Gendarmería y las áreas de salud y Defensa Civil, entre otros.
La mayor particularidad que tendrá este año la fiesta en Mercedes es la prohibición de peregrinar a caballo, debido a medidas sanitarias para mitigar el impacto de la encefalomielitis equina, que no permitirá la realización de la tradicional cabalgata de jinetes de las agrupaciones gauchescas que, cada 8 de enero, van desde la parroquia de Nuestra Señora de la Merced hasta el santuario.
En el marco de la conmemoración al gaucho autonomista, desde el viernes y hasta hoy a las 19 se realiza el triduo a Antonio Gil en el predio de la Santísima Cruz, por Ruta 123, y, esta noche, a partir de las 20 se velará la «Cruz de las Catacumbas» en el Centro de Interpretación ubicado en la intersección de calles Yatay y José María Gómez.
Mañana, a partir de las 5, se trasladará la Cruz al cementerio de «La Merced» para una misa frente a la tumba del gaucho, con lo cual se prevé que a las 6.30 partirá la peregrinación hacia el predio por la Ruta 123.
Para aquellos que arriben a la ciudad de Mercedes y decidan ir en forma particular al santuario, la gestión municipal del intendente Diego Caram estableció tarifas planas de transporte público de 3.500 pesos para taxis y remises, 1.200 por pasajero en combis, y 1.000 el pasaje en colectivo urbano, todo para el trayecto comprendido entre la parada ubicada en calle San Martín y J. Alfredo Ferreyra y el cruce de las Rutas Nacionales N° 123 y N° 119.
Ese sector de las inmediaciones del santuario principal permanecerá con la circulación vehicular restringida en forma total desde las 23.30 hasta las 00.30, medida que también se aplicará este lunes desde las 6.30 hasta las 9.30 para facilitar el despliegue de la procesión desde el cementerio.
Actualmente está vigente la prohibición de estacionamiento de vehículos en la banquina de la Ruta 123, en un tramo de seis kilómetros en torno del santuario, es decir, desde el control Caminero N° 3 hasta el cruce con la Ruta 119, informó la policía de Corrientes a través de un comunicado.
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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