DDHH
La democracia se defiende con el voto y en las calles: son 30.000
Por Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz (*)
La democracia se defiende con el voto y en las calles. A 40 años de la recuperación de la democracia, es necesario reafirmar que NINGÚN GOLPE DE ESTADO a gobiernos constitucionales es legítimo.
Todo su accionar desde el primer día es ILEGAL, como lo fue desde el 24 de marzo de 1976 la última dictadura genocida, por más apoyo que la misma haya tenido de los sectores dominantes de la economía y algunos sectores de la política, la población y hasta de parte de la cúpula eclesiástica y de otras religiones.
En este sentido, asombra y estremece que un candidato a presidente de nuestro país y su candidata a vice presidenta, como Javier Milei y Victoria Villarruel, reivindiquen ese golpe de estado. La justicia argentina ya ha condenado a más de 1000 responsables del terrorismo de estado genocida. Terrorismo de estado que tuvo entre sus víctimas a 30.000 personas detenidas desaparecidas; que robó más de 500 bebés de los cuales a la mayoría se los sigue buscando; mantuvo 10.000 presos y presas políticas y forzó el exilio de miles de personas.
Todo demostrado ante la justicia con testimonios de sobrevivientes y familiares de desaparecidos y desaparecidas, como también con la existencia de pruebas materiales como son los más de 700 Centros Clandestinos de detención, tortura y exterminio, los aviones utilizados por parte de los represores en los “Vuelos de la muerte”, que hoy están expuestos en Campo de Mayo y la Ex Esma; este último, ex Centro Clandestino que ha sido recientemente declarado por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad; como así también la prueba contundente dada por la realidad tangible de la recuperación de 133 nietos robados, quienes de este modo han recuperado su identidad.
Las palabras del candidato a presidente de la nación por La Libertad Avanza, Javier Milei, refiriéndose al accionar de la última dictadura, son las mismas con las que justificaban sus crímenes los genocidas y no solo ofenden la memoria de nuestros familiares, compañeros y compañeras, sino también degrada su propia condición como persona, al ponerse a la par de los genocidas, responsables de ese Terrorismo de Estado.
Al igual que Mauricio Macri, cuya familia se enriqueció con la última dictadura militar, Javier Milei vuelve a hablar del “curro de los derechos humanos”, solo y como ejemplo de lo devastador que fue el accionar represivo podemos mostrar, una vez más, la historia de lo que se conoce como Grupo de los 12 de la Santa Cruz donde Madres, religiosas, familiares y militantes populares permanecieron secuestrados y torturados en la Escuela de Mecánica de la Armada y arrojados vivos al mar.
Advertimos que quienes defienden tan abiertamente la represión ilegal y el genocidio, volverían a cometer las mismas aberraciones en pos de llevar adelante un plan económico de hambre, miseria y concentración de la riqueza, como el llevado a cabo por la última dictadura cívico militar que asoló nuestra nación entre 1976 y 1983.
No fue una guerra. Fue terrorismo de estado. Constituyeron delitos de Lesa Humanidad. Son 30.000. Nunca Más.
(*) Detenidos desaparecidos entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977
DDHH
«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump
Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.
Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump
El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.
El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse
Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.
La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.
El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».
Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»
El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.
La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.
El caso argentino que expuso la crisis humanitaria
Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.
La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.
El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.
La lógica del miedo y sus límites
El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.
Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.
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