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La democracia se defiende con el voto y en las calles: son 30.000

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Cristina y los 12 de Santa Cruz

Por Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz (*)

La democracia se defiende con el voto y en las calles. A 40 años de la recuperación de la democracia, es necesario reafirmar que NINGÚN GOLPE DE ESTADO a gobiernos constitucionales es legítimo.

Todo su accionar desde el primer día es ILEGAL, como lo fue desde el 24 de marzo de 1976 la última dictadura genocida, por más apoyo que la misma haya tenido de los sectores dominantes de la economía y algunos sectores de la política, la población y hasta de parte de la cúpula eclesiástica y de otras religiones.

En este sentido, asombra y estremece que un candidato a presidente de nuestro país y su candidata a vice presidenta, como Javier Milei y Victoria Villarruel, reivindiquen ese golpe de estado. La justicia argentina ya ha condenado a más de 1000 responsables del terrorismo de estado genocida. Terrorismo de estado que tuvo entre sus víctimas a 30.000 personas detenidas desaparecidas; que robó más de 500 bebés de los cuales a la mayoría se los sigue buscando; mantuvo 10.000 presos y presas políticas y forzó el exilio de miles de personas.

Todo demostrado ante la justicia con testimonios de sobrevivientes y familiares de desaparecidos y desaparecidas, como también con la existencia de pruebas materiales como son los más de 700 Centros Clandestinos de detención, tortura y exterminio, los aviones utilizados por parte de los represores en los “Vuelos de la muerte”, que hoy están expuestos en Campo de Mayo y la Ex Esma; este último, ex Centro Clandestino que ha sido recientemente declarado por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad; como así también la prueba contundente dada por la realidad tangible de la recuperación de 133 nietos robados, quienes de este modo han recuperado su identidad.

Las palabras del candidato a presidente de la nación por La Libertad Avanza, Javier Milei, refiriéndose al accionar de la última dictadura, son las mismas con las que justificaban sus crímenes los genocidas y no solo ofenden la memoria de nuestros familiares, compañeros y compañeras, sino también degrada su propia condición como persona, al ponerse a la par de los genocidas, responsables de ese Terrorismo de Estado.

Al igual que Mauricio Macri, cuya familia se enriqueció con la última dictadura militar, Javier Milei vuelve a hablar del “curro de los derechos humanos”, solo y como ejemplo de lo devastador que fue el accionar represivo podemos mostrar, una vez más, la historia de lo que se conoce como Grupo de los 12 de la Santa Cruz donde Madres, religiosas, familiares y militantes populares permanecieron secuestrados y torturados en la Escuela de Mecánica de la Armada y arrojados vivos al mar.

Advertimos que quienes defienden tan abiertamente la represión ilegal y el genocidio, volverían a cometer las mismas aberraciones en pos de llevar adelante un plan económico de hambre, miseria y concentración de la riqueza, como el llevado a cabo por la última dictadura cívico militar que asoló nuestra nación entre 1976 y 1983.

No fue una guerra. Fue terrorismo de estado. Constituyeron delitos de Lesa Humanidad. Son 30.000. Nunca Más.

(*) Detenidos desaparecidos entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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