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Pidieron que la quiebra de Sasetru sea investigada como delito de lesa humanidad

En 1981 apresaron a 15 de sus directivos, los forzaron a la venta del principal activo de la empresa que lo constituyó el banco BISA y por eso se realizarán 25 medidas de prueba.

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Por Leonardo Castillo.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad elaboró un dictamen sobre la quiebra y liquidación del grupo económico Sasetru, orquestada durante la última dictadura cívico militar, y solicitó que se lleven a cabo medidas de prueba para determinar si ese hecho debe investigarse como un delito de lesa humanidad perpetrado por funcionarios del Banco Central que respondían al exministro de Economía José Alfredo Martínez De Hoz.

A mediados de la década del ’70, Sasetru era la principal productora de alimentos del país con más de 10 mil empleados, diez establecimientos fabriles y presencia en ciudades de Europa y América que la consolidaron como la primera multinacional argentina.

Pero los funcionarios civiles del terrorismo de Estado la empujaron a una quiebra plagada de irregularidades que constituyó un despojo, según la denuncia que impulsa Jorge Salimei, uno de sus últimos directivos.»Se trató de un genocidio laboral y económico. Lo hicieron porque Sasetru era una empresa que molestaba por su desarrollo. Pagábamos 15 sueldos por año y construíamos viviendas para nuestros trabajadores. Tenían que sacarla del medio para hacer otro modelo de país», indicó Salimei.

A pedido de la Fiscalía Federal número 10 a cargo de Paloma Ochoa, que interviene en la causa, la Procuraduría elaboró un dictamen que indica que se debe investigar si la sesión de las acciones del grupo se realizó «mediante intimidación contra la voluntad» de los directivos de la empresa.En una resolución de más de 85 páginas –emitida en diciembre pasado-, la procuradora de Crímenes contra la Humanidad, la fiscal María Ángeles Ramos, solicita investigar «las detenciones ilegales» que sufrieron los directivos de la empresa y la «venta ilegítima» del Banco Internacional (BISA) –propiedad de Sasetru- al Bank of América por parte de funcionarios de la última dictadura militar.

Sasetru se constituyó en 1949 y su nombre era un acrónimo formado por las primeras letras de los apellidos de sus tres primeros socios, Jorge Salimei (padre), Ángel Seitún y Fermín Trucco Aguinaga.

Con los años expandió sus negocios en la industria del aceite y los alimentos: exportaba el 30 por ciento de las oleaginosas y el 20 por ciento de los cereales del país.

En 1975, en pleno «Rodrigazo», una megadevaluación determinada por el Gobierno de Isabel Perón, Salimei padre muere y su hijo Jorge debe tomar su lugar en la empresa con 20 años junto con sus otros dos socios.

Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la dictadura militar impuso un modelo de valorización financiera ejecutado por la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz, que aumentó de forma exponencial la tasa de interés tuvo un efecto devastador para las empresas que necesitaban financiación.

Para contener el aumento de precios, el equipo de Martínez de Hoz definió un instrumento que se conoció como «La Tablita», para calcular el porcentaje de la devaluación de la moneda argentina.Sin embargo, la inflación aumentó mucho más que la devaluación

La empresa entró en convocatoria, y desde el Banco Central, su vicedirector Alejandro Reynal (quien desde 1991 vive fuera del país) presionó para la creación de un fideicomiso conformado por «un club de bancos» que se haría cargo de la gestión de Sasetru.

Sin embargo, el verdadero objetivo era apropiarse despojar a Sasetru de unos de sus activos más importantes: el Banco Internacional (BISA), que fue obligado a endeudarse y a girar créditos a firmas vinculadas al gobierno que nunca fueron cancelados.

El Banco Central y el Banco Provincia negaron financiación y a principios de 1981, la empresa con una deuda de más de 500 millones de dólares fue a la quiebra y obligada a vender el Internacional al Bank of América, en una operación por la cual Sasetru no percibió nada.

La operación se concretó en marzo de 1981, días antes de que Reynal terminara su gestión en el Banco Central.

El Banco de Sasetru se vendió sin autorización del juez y con una maniobra por la cual no les quedó «ni un peso» a los propietarios del grupo, según cuenta Salimei.

Tras la quiebra, 15 directivos de Sasetru fueron acusados de violar la ley de subversión económica, pero finalmente todos fueron sobreseídos en democracia. No obstante, la empresa cesó sus actividades.

Según se establece en el dictamen, «las detenciones ilegales fueron practicadas contra miembros de Sasetru y del BISA días antes de la venta del mismo por parte del BCRA», lo que pudo constituir «el verdadero móvil de las detenciones», que pasaba por «correrlos del medio».

Además, indica que el dinero de la venta del Banco Internacional, unos 150 millones de dólares, «desapareció íntegramente» y la querella que impulsa Salimei sostiene que el Bank of América «compró gratis» a la entidad financiera de Sasetru.

Esto fue posible por «la creación por parte del Banco Central de la República Argentina de unos bonos de ajuste financiero inyectados en el balance del Banco Internacional como una obligación del Estado a ser cancelada por el futuro comprador del Banco», agrega.

En 2013, Salimei presentó una denuncia para que la quiebra de Sasetru se investigue como un delito de lesa humanidad, y en la actualidad es investigada por el Juzgado Federal Número 6.

Ramos sugiere en su dictamen que se adopten 25 medidas de prueba para determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad, entre las que figuran declaraciones de testigos e información a distintas dependencias del Estado que la fiscal Ochoa deberá ahora evaluar para determinar cómo avanza la investigación.

«Queremos que esa causa avance y que se determine la verdad. Lo de Sasetru fue parte de un delito económico de lesa humanidad cometido para establecer un modelo de país», afirmó Salimei.

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Cristina lleva su condena al mundo: sumó al abogado de Lula y a ex juez de Tribunal Europeo

Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, uno de los defensores de Lula da Silva durante el Lava Jato, y al español Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para cuestionar su condena ante organismos internacionales. La estrategia apunta a denunciar violaciones a garantías fundamentales en la causa Vialidad, cuya sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025.

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El Argentino Diario-Cristina Fernández de Kirchner.
CFK sumó al abogado de Lula y al ex juez del Tribunal Europeo para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizó la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa para la etapa internacional de la causa Vialidad, según confirmaron fuentes cercanas a la expresidenta consultadas por distintos medios. La información fue publicada originalmente por los medios brasileños Folha de São Paulo y CNN Brasil, y luego ratificada por fuentes del entorno de CFK. Valim trabajará junto al jurista español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España.

El propio Valim anticipó los lineamientos de la estrategia al medio brasileño Metrópoles: «En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta». El jurista sostuvo además que está «firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto» que intentarán «revertir en los tribunales».

Una estrategia construida desde antes de la condena firme

El recurso a las instancias internacionales no es una novedad en la hoja de ruta de la defensa de CFK: la estrategia viene siendo elaborada desde mucho antes de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena, en junio de 2025. Durante el juicio oral en la causa Vialidad, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la falta de pruebas directas, la validez del informe técnico de Vialidad Nacional sobre el que se apoyó la acusación, y la aplicación de la figura de «asociación ilícita» al caso. La propia expresidenta calificó al tribunal como un «pelotón de fusilamiento» y acusó a los fiscales de prevaricato.

Ya en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, antes de que la sentencia quedara firme, la defensa advirtió que si el máximo tribunal lo rechazaba recurriría a instancias internacionales, argumentando que durante la investigación, la elevación a juicio y el debate se habían producido graves violaciones a las garantías convencionales, lo que podría comprometer al Estado argentino en el plano externo. Tras la confirmación de la condena, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Corte Penal Internacional una presunta persecución política, judicial y mediática, sosteniendo que existía una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria. En paralelo, se activó una vía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un plazo de seis meses para presentar una petición formal.

Quién es Rafael Valim: el jurista que convirtió el lawfare en doctrina

Valim es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), donde también ejerció como profesor. Fue docente visitante en la Universidad de Manchester (Reino Unido) y en la Université Le Havre Normandie (Francia). Su trayectoria incluye litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y ante organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del europeo.

En 2017, junto a Cristiano Zanin, actual magistrado de la Corte Suprema brasileña, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, cofundó el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare, presentado oficialmente en la SOAS University of London. Los tres conformaron además la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato, con presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Juntos escribieron el libro «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021), una referencia académica de consulta frecuente en los debates sobre persecución judicial a dirigentes políticos en América Latina. Valim es también socio del estudio Warde Advogados y editor en jefe de la editorial Contracorrente.

Borrego: el hombre que conoce los códigos de la justicia europea

El jurista español Javier Borrego completa un equipo de defensa internacional de peso inusual. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera ligada a los organismos europeos de protección de derechos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de España. Su incorporación al equipo de CFK amplía el alcance geográfico y jurídico de la estrategia, proyectándola también hacia el sistema europeo de derechos humanos.

La situación procesal: cuatro frentes y una condena firme

La expresidenta enfrenta actualmente uno de los momentos procesales más complejos de su historia judicial. La causa más avanzada es Vialidad, por la que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema confirmó esa sentencia en junio de 2025, lo que la dejó firme. En las últimas semanas, el máximo tribunal también ratificó la actualización del decomiso ordenado sobre bienes de los condenados, que pasó de 85.000 a 685.000 millones de pesos, alcanzando a 111 propiedades, un monto que la defensa cuestionó judicialmente sin éxito. Por esta causa, Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

A ese expediente se suman otros tres frentes elevados a juicio oral: la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga un presunto lavado de dinero a través del alquiler de propiedades de la familia Kirchner a empresarios contratistas del Estado; la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, que indaga si el acuerdo firmado durante su gobierno buscó garantizar impunidad a ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol por el atentado a la AMIA; y la causa Cuadernos, que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública.

El precedente Lula: cuando la justicia internacional torció el rumbo

La elección de Rafael Valim no es casual ni caprichosa. El mismo equipo que conformó junto a Zanin y Teixeira Zanin Martins logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera una resolución señalando violaciones al debido proceso en el caso Lula, lo que contribuyó al proceso que derivó en la anulación de las condenas contra el dirigente brasileño y en su posterior restitución de derechos políticos. Esa hoja de ruta, aplicada con éxito en Brasil, es ahora el modelo que la defensa de CFK busca replicar en el sistema internacional, denunciando lo que considera el lawfare más feroz de la historia judicial argentina.

Puntos clave

  • Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim y al español Javier Borrego para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales de derechos humanos.
  • Valim integró la defensa de Lula da Silva durante el Lava Jato y es coautor del libro académico «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021).
  • Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
  • La condena de CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025 por la Corte Suprema; la expresidenta cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
  • El equipo internacional anunció que en los próximos días presentará oficialmente en Buenos Aires la estrategia para la nueva fase judicial.
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