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DDHH

Fuerte rechazo al fallo de la Corte que beneficia a un represor

Abuelas, Madres y otros organismos criticaron el fallo de la Corte que anuló la prisión preventiva del represor Carlos “Indio” Castillo.

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Lo que tenés que saber

  • La Corte Suprema anuló la prórroga de la prisión preventiva de Carlos “Indio” Castillo.
  • Castillo fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
  • Organismos de Derechos Humanos denunciaron un retroceso judicial.
  • Cuestionaron a los jueces Rosatti, Rosenkrantz, Sánchez Torres y Tazza.
  • Vincularon el fallo con la política del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.

Repudio de organismos de Derechos Humanos al fallo de la Corte Suprema

Diversos organismos de derechos humanos repudiaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló la prórroga de la prisión preventiva del represor Carlos “Indio” Castillo. Advirtieron que la resolución constituye “un nuevo retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.

El comunicado fue firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, la Asociación Buena Memoria, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y otras entidades históricas.


Críticas a los jueces del fallo

Los organismos apuntaron contra los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz —a quienes recordaron como “responsables del 2×1 para genocidas”—, además de los conjueces Abel Sánchez Torres y Alejandro Tazza, quienes firmaron el fallo que benefició a Castillo.

«El Poder Judicial tiene el deber de garantizar que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes y que los genocidas no obstaculicen las investigaciones», señalaron.

También advirtieron que los represores “mantienen pactos de silencio que impiden conocer el destino de los desaparecidos y de las víctimas del plan sistemático de robo de bebés”.


Preocupación por los efectos del fallo

En el documento, los organismos recordaron que más de un centenar de represores se fugaron desde la reapertura de los juicios. Subrayaron además que “mientras la Corte limita las prisiones preventivas de los genocidas, casi la mitad de la población carcelaria permanece detenida sin condena firme en condiciones de hacinamiento”.

El comunicado cuestiona el doble estándar judicial y advierte que la medida podría alentar nuevos pedidos de beneficios para condenados por delitos de lesa humanidad.


Vinculación con el Gobierno nacional

Los organismos también asociaron la decisión judicial con la política del gobierno de Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quienes acusaron de impulsar “un plan para otorgar beneficios y poner fin a los juicios por delitos de lesa humanidad”.

Finalmente, el pronunciamiento concluyó con una exigencia: “A casi 50 años de los crímenes del terrorismo de Estado, exigimos un Poder Judicial a la altura de su responsabilidad histórica”.

América Latina

Un periodista asesinado a balazos expone el avance del narco en Costa Rica

Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, fue atacado por dos hombres en moto sobre la ruta 32 y los peritos hallaron entre nueve y diez casquillos. Había denunciado amenazas de muerte y la Fiscalía incluyó sus denuncias entre las líneas de investigación.

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Retrato del periodista costarricense Camilo Rodríguez con un lazo negro

Un periodista que denunciaba en redes sociales a abogados, empresarios y figuras de la política a quienes vinculaba con el narcotráfico fue asesinado a balazos en plena tarde, mientras conducía su camioneta.

El hecho ocurrió el lunes 16 de noviembre, pasadas las 15, sobre la ruta 32, en el distrito de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, unos 10 kilómetros al norte de San José. La víctima, Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, periodista y escritor, fue interceptado por dos hombres en motocicleta que dispararon y huyeron. Los peritos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hallaron entre nueve y diez casquillos en la escena, y el director de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, informó que se busca a los dos atacantes.

Las denuncias y las amenazas

Rodríguez había contado públicamente en abril que recibía amenazas de muerte tras difundir mensajes sobre el avance del narcotráfico y el crimen organizado. Después del homicidio se supo que había sido derivado a un programa de atención y protección para víctimas, pero no llegó a incorporarse.

El fiscal general, Carlo Díaz, anunció una investigación exhaustiva para identificar a los autores materiales e intelectuales, y señaló que las denuncias que formuló el periodista forman parte de las líneas de investigación.

El repudio y un contexto que no es lineal

La presidenta Laura Fernández expresó “indignación y repudio” por el crimen, ordenó a los cuerpos policiales colaborar con la investigación y lo definió como “una mancha contra la libertad de expresión”. El Colegio de Periodistas de Costa Rica exigió una investigación rápida y exhaustiva y pidió máxima prioridad para el caso.

El cuadro tiene matices que la propia crónica local registra: Fernández había denunciado penalmente a Rodríguez en febrero por mencionar supuestos vínculos de ella con el narcotráfico, acusaciones que la mandataria rechazó, y el periodista figuraba como imputado en una causa penal propia, según informó la prensa local. Ninguna de esas circunstancias cambia lo central: un periodista fue ejecutado y el Estado debe esclarecer quién lo mató y por qué.

Un país que dejó de ser la excepción

Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios, el tercer año más violento de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, según el OIJ. En ese escenario, la reforma constitucional de 2025 permitió por primera vez extraditar a ciudadanos costarricenses, y entre los primeros casos figura el de Celso Gamboa, exministro de Seguridad y exmagistrado detenido en junio de 2025 a pedido de la DEA y extraditado a Estados Unidos, donde la fiscalía lo acusa de ayudar a narcotraficantes internacionales a fabricar, distribuir y transportar cocaína.

Lo que tenés que saber

  • El periodista Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, fue asesinado a balazos el lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia.
  • Dos hombres en motocicleta lo atacaron y los peritos hallaron entre nueve y diez casquillos.
  • Había denunciado amenazas de muerte en abril y no llegó a incorporarse a un programa de protección.
  • El fiscal general Carlo Díaz anunció una investigación exhaustiva e incluyó las denuncias del periodista entre las líneas de trabajo.
  • Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes.
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