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Investigación 🔎

Causa $LIBRA: el cierre a favor de Milei aún puede caerse por dos vías

El juez Martínez de Giorgi sobreseyó el 23 de octubre a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados, pero la PIA pidió asumir la acción penal y Casación aceptó revisar el apartamiento de dos querellantes.

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El cierre de la causa $LIBRA todavía puede revertirse por dos caminos judiciales que siguen abiertos. El 23 de octubre, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a once imputados, entre ellos el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano.

La causa investiga el lanzamiento y el derrumbe de la criptomoneda $LIBRA, que Milei promocionó en la red X el 14 de febrero de 2025. El titular del Juzgado Federal 8 consideró que los hechos no constituían delito y que esa publicación presidencial fue a título personal. Entre los sobreseídos también figuran Mauricio Novelli, Hayden Davis y Manuel Terrones Godoy. Quedaron cerrados así los tres delitos que se investigaban, entre ellos la estafa, y los imputados no llegaron a ser llamados a indagatoria.

Primera vía: la PIA quiere asumir la acción penal

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce el fiscal Sergio Rodríguez, se presentó en el expediente a pedido de las organizaciones CIPCE e INECIP, que intervienen como amigos del tribunal. Asumió el ejercicio de la acción penal que había dejado de lado Taiano y apeló los sobreseimientos. En un escrito presentado a fines de octubre ante el Juzgado Federal 8, sostuvo que el cierre fue «prematuro», porque «la investigación del caso no se encuentra agotada».

Para la PIA, los indicios reunidos hasta ahora muestran «señales de una concertación defraudatoria». El organismo propuso reconstruir la trazabilidad de los fondos, analizar comunicaciones y posibles acuerdos comerciales y realizar peritajes sobre dispositivos electrónicos. También cuestionó que los indicios se hayan valorado de forma aislada y planteó examinar la conducta del Presidente como posibles negociaciones incompatibles con la función pública.

El juez Daniel Rafecas, que estuvo a cargo del juzgado durante la licencia de Martínez de Giorgi, le dio vista a Taiano. El fiscal respondió el 11 de noviembre: cuestionó el pedido para asumir la investigación y sostuvo los sobreseimientos que había solicitado. Consideró que la conclusión de Rodríguez es «desacertada», porque no debió tener acceso a los pormenores del expediente, y calificó sus fundamentos como «afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente». El pedido de la PIA queda ahora en manos del titular del juzgado.

Segunda vía: los inversores apartados

La causa quedó sin querellantes desde el 3 de julio, cuando Martínez de Giorgi apartó a cinco inversores afectados (entre ellos el grupo encabezado por Martín Romeo) a pedido de la defensa de Novelli. La Sala I de la Cámara Federal confirmó esa decisión el 4 de septiembre. Sin acusación autónoma, Taiano pidió cerrar la causa y el juez lo hizo.

El 4 de noviembre, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió un recurso para revisar si dos damnificados extranjeros, Vladislav Lapchenko y Sviatlana Krasutskaya, pueden ser tenidos como querellantes. Votaron a favor Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, y Guillermo Yacobucci votó en disidencia. La resolución no reabre la causa ni anula los sobreseimientos: solo abre la posibilidad de que los damnificados vuelvan al expediente y cuestionen el cierre.

Lo que tenés que saber

  • El juez Martínez de Giorgi sobreseyó el 23 de octubre a once imputados, entre ellos Javier y Karina Milei, a pedido del fiscal Taiano.
  • La PIA pidió asumir la acción penal, apeló los sobreseimientos y sostuvo que la investigación «no se encuentra agotada».
  • Taiano rechazó el planteo de la PIA y mantuvo su posición a favor de los sobreseimientos.
  • Casación aceptó el 4 de noviembre revisar si dos damnificados pueden ser querellantes, sin reabrir la causa.
  • El pedido de la PIA debe ser resuelto por el titular del Juzgado Federal 8, Marcelo Martínez de Giorgi.

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Campana ya no es refugio: el fallo de la Corte rompe la estrategia de la AFA

Durante casi un año, las defensas de la conducción de la AFA empujaron para concentrar sus causas en el juzgado federal de Campana. La Corte habló de una «grosera» violación de las reglas de competencia y devolvió a Rafecas la causa de la mansión de Pilar, aunque el juez podría irse pronto a Casación.

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Sede de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema no solo cambió de juez la causa por la mansión de Pilar: le puso nombre a lo que pasó durante casi un año. Los supremos dijeron que el traslado del expediente a Campana afectó «de manera severa e inequívoca» la garantía del juez natural y lo calificaron como una «grosera» violación de las reglas de competencia. Con esa frase se cayó la pieza central de una estrategia que la conducción de la AFA venía empujando desde fines de 2025: reunir sus causas en un solo juzgado, lejos de los tribunales porteños especializados en delitos económicos.

El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a la queja del fiscal ante Casación Mario Villar y dejó sin efecto la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que en agosto había enviado la investigación al juzgado de Adrián González Charvay con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y la disidencia de Alejandro Slokar. La Corte les reprochó, además, no haber analizado los argumentos de Villar. El expediente vuelve al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, de Daniel Rafecas.

El juzgado que querían los acusados

La pelea por la competencia nunca fue un tecnicismo. El 30 de diciembre de 2025, último día hábil del año, González Charvay pidió quedarse con la causa que tramitaba el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que ya venía avanzando con medidas de prueba, y lo hizo pese a la opinión contraria de un fiscal. Con ese movimiento, la instancia de revisión pasaba a ser la Cámara Federal de San Martín. Según reconstruyó el diario La Nación, el juez de Campana tuvo después el expediente de la mansión durante seis meses sin avanzar sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

En paralelo, Campana fue absorbiendo otras causas sensibles para la entidad: la que había abierto el juez federal Luis Armella, que allanó a la empresa de Javier Faroni y las sedes de la AFA, y la de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había pedido la detención de Tapia y Toviggino. En esta última, en octubre, González Charvay sobreseyó a familiares y socios del tesorero porque no quedaba ningún fiscal impulsando la acusación, sin analizar la prueba reunida. La unificación en Campana era la estrategia de las defensas, resistida una y otra vez por fiscales y querellantes.

El propio juez la defendió en público: sostuvo que no pueden existir tres o cuatro magistrados investigando los mismos hechos. Pero no todos le dieron la razón. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que procesó a Tapia y a Toviggino por la retención de aportes, rechazó un pedido de González Charvay para quedarse con otra causa por lavado y consideró «prematura» esa unificación.

Por qué la causa es porteña

El argumento para llevar todo a Campana era que la quinta está en Villa Rosa, partido de Pilar. La Corte lo desarmó: sostuvo que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos a través de sociedades, cambios societarios y operaciones con bienes, no solo la compra de un inmueble, y que Pilar «no era en modo alguno el centro de dirección» de esa actividad. Varias de las sociedades tenían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde también está la sede de la AFA, sobre la calle Viamonte. El tribunal mencionó además una presunta red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025.

La causa se inició con una denuncia de la Coalición Cívica en diciembre de 2025 y busca determinar si fondos de la AFA se desviaron para comprar la quinta, atribuida a Toviggino, y si Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares registrales a través de Real Central SRL, actuaron como testaferros. En el allanamiento del 12 de diciembre de 2025 se secuestraron 54 vehículos de alta gama y de colección. La tasación judicial valuó la propiedad, de unos 105.000 metros cuadrados, en US$ 16.954.000 y los autos en US$ 3.861.100.

Un regreso con fecha de vencimiento

Rafecas, el juez que ordenó aquel allanamiento, retoma ahora la investigación sobre el origen de los fondos y la titularidad real de los bienes. Pero su permanencia no está garantizada: el presidente Javier Milei envió al Senado su pliego para un cargo en la Cámara Nacional de Casación Penal y, si lo aprueban, la causa quedará en manos de un juez subrogante. Después de casi un año de idas y vueltas, el expediente vuelve al punto de partida con el riesgo de cambiar de manos otra vez.

Lo que tenés que saber

  • La Corte anuló el fallo de la Sala I de Casación (Borinsky y Barroetaveña, con disidencia de Slokar) que había enviado la causa a Campana.
  • Calificó el traslado como una «grosera» violación de las reglas de competencia que afectó la garantía del juez natural.
  • El juzgado de Campana había absorbido otras causas de la AFA, como la de Santiago del Estero y la que allanó a Faroni.
  • La tasación judicial valuó la quinta en US$ 16.954.000 y los 54 autos secuestrados en US$ 3.861.100.
  • Rafecas retoma la causa, pero Milei lo propuso para la Casación Nacional y podría dejar el juzgado.
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