DDHH
Casación confirmó la prisión preventiva de Brunello y Sánchez en causas de lesa humanidad
Los imputados permanecieron prófugos durante años y enfrentan acusaciones por delitos gravísimos.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la continuidad de las prisisiones preventivas del militar Roberto Carlos Brunello, juzgado en el megajuicio de Bahía Blanca, y del ex prefecto Gonzalo “Chispa” Sánchez, imputado en la megacausa ESMA. El tribunal sostuvo el estándar fijado por el precedente “Acosta”, en contraste con el reciente y cuestionado fallo “Castillo” de la Corte Suprema.
La decisión estuvo a cargo de los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, quienes respaldaron lo resuelto por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca y por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría entendió que persisten los riesgos procesales que justificaron el mantenimiento de las medidas cautelares.
Los imputados y la gravedad de los hechos
Brunello permaneció prófugo durante ocho años y enfrentó acusaciones por secuestros, torturas y abusos sexuales cometidos en el Batallón de Comunicaciones 181, dentro de la megacausa “Vto. Cuerpo del Ejército”, un proceso que superó las 150 audiencias y alcanzó a más de 300 víctimas.
Sánchez también eludió la Justicia durante catorce años hasta su captura y extradición desde Brasil. Fue juzgado como integrante del Grupo de Tareas 3.3.2 por 203 hechos de privación ilegal de la libertad agravada en el centro clandestino de detención más emblemático de la dictadura.
Fundamentos del fallo: riesgos procesales y deber reforzado del Estado
En el voto principal, Ángela Ledesma afirmó que las prórrogas se ajustaron a los parámetros del fallo “Acosta” y remarcó la gravedad y complejidad de los delitos en investigación. Sostuvo que la conducta previa de los imputados —ambos con largos períodos en la clandestinidad— evidenció un riesgo concreto de fuga, agravado por los recursos con los que contarían para evadir a la Justicia.
Alejandro Slokar señaló que los tribunales de juicio fundamentaron adecuadamente la continuidad de las prisiones preventivas y recordó que, en procesos de lesa humanidad, el Estado tiene un deber reforzado de garantizar la sujeción de los acusados para evitar escenarios de impunidad. El magistrado advirtió que un retroceso respecto de la doctrina consolidada podría comprometer internacionalmente al Estado argentino.
Slokar también rechazó cualquier intento de reinstalar criterios ya desestimados en precedentes como “Muiña”, sobre el beneficio del 2×1, o “Radice”, referido a medidas cautelares aplicadas a civiles imputados por su participación en la represión ilegal.
Un mensaje judicial sobre la política de Estado en materia de lesa humanidad
El fallo reafirmó que la continuidad de los procesos y de las medidas destinadas a asegurar la comparecencia de los imputados resulta indispensable para sostener la política de Estado en materia de memoria, verdad y justicia. Los magistrados subrayaron que las características estructurales de los crímenes investigados, su planificación sistemática y la prolongada impunidad que los rodeó justificaron el mantenimiento de las prisiones preventivas.
DDHH
La Perla: identificaron los restos de un joven de 22 años secuestrado en 1976
El Equipo Argentino de Antropología Forense logró determinar la identidad de los restos hallados en la reserva natural militar La Calera. El joven fue secuestrado junto a su esposa, que estaba embarazada de dos meses.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de Alejandro Ernesto Jesús Jerez Boderau, quien permanecía desaparecido desde mayo de 1976 y fue encontrado en el área vinculada con el ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba.
Alejandro nació el 30 de julio de 1953 en la Ciudad de Buenos Aires. Tenía 22 años, trabajaba en IKA-Renault y esperaba el nacimiento de una niña cuando fue secuestrado.
Según publicó NA, el procedimiento ocurrió el 5 de mayo de 1976, en la pensión donde vivía en el barrio Alberdi de Córdoba. Junto con él también fue secuestrada su esposa, Susana Noemí Huarte Martínez.
El secuestro de Alejandro y su esposa
Al momento del secuestro, Susana tenía dos meses de embarazo. Además, estudiaba Medicina.
Desde aquel operativo continúa sin conocerse su paradero.
La identificación de Alejandro permite establecer qué ocurrió con sus restos a partir del trabajo desarrollado por el EAAF sobre material óseo recuperado en Córdoba.
Cómo fue identificado por el EAAF
El análisis se realizó en el Laboratorio de Genética Forense. Los especialistas compararon los restos óseos encontrados dentro de la reserva natural militar La Calera con muestras de referencia aportadas por familiares.
Para completar el estudio también se utilizaron perfiles genéticos suministrados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
El procedimiento permitió establecer la identidad de Alejandro Ernesto Jesús Jerez Boderau.
Ya son 30 las personas identificadas
El EAAF comunicó que la identificación de Alejandro eleva a 30 la cantidad de personas desaparecidas encontradas e identificadas en el marco de los trabajos realizados en el lugar.
La organización señaló además que todavía permanecen cinco víctimas por identificar.
El trabajo reúne a distintas instituciones. Participan el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Córdoba y el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.
El Gobierno de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba aportan logística y recursos para los estudios.
Las excavaciones en La Calera
Las tareas de excavación fueron ordenadas por el Juzgado Federal N.º 3, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja.
Los trabajos se desarrollan en la zona conocida como Loma de Torito, ubicada dentro del área de La Calera.
Los restos analizados por los especialistas fueron encontrados en la reserva natural militar La Calera.
La Perla y su historia
La Perla estuvo bajo la conducción del militar Luciano Benjamín Menéndez y fue uno de los centros clandestinos de detención de mayor tamaño durante la última dictadura.
Comenzó a funcionar en 1976, poco después del golpe de Estado contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Según la información proporcionada, se estima que unas 2.500 personas permanecieron retenidas allí de manera clandestina, en su mayoría desaparecidas.
El predio está ubicado en el kilómetro 12,5 de la Ruta 20 y actualmente funciona como un espacio dedicado a la memoria y la promoción de los Derechos Humanos.
Un nuevo paso en la identificación de desaparecidos
La identificación de Alejandro Jerez Boderau se suma a los trabajos realizados por el EAAF para establecer la identidad de las víctimas cuyos restos fueron recuperados en el área.
El análisis genético permitió vincular los restos encontrados con las muestras familiares y los perfiles del Banco Nacional de Datos Genéticos.
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