DDHH
Casación confirmó la prisión preventiva de Brunello y Sánchez en causas de lesa humanidad
Los imputados permanecieron prófugos durante años y enfrentan acusaciones por delitos gravísimos.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la continuidad de las prisisiones preventivas del militar Roberto Carlos Brunello, juzgado en el megajuicio de Bahía Blanca, y del ex prefecto Gonzalo “Chispa” Sánchez, imputado en la megacausa ESMA. El tribunal sostuvo el estándar fijado por el precedente “Acosta”, en contraste con el reciente y cuestionado fallo “Castillo” de la Corte Suprema.
La decisión estuvo a cargo de los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, quienes respaldaron lo resuelto por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca y por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría entendió que persisten los riesgos procesales que justificaron el mantenimiento de las medidas cautelares.
Los imputados y la gravedad de los hechos
Brunello permaneció prófugo durante ocho años y enfrentó acusaciones por secuestros, torturas y abusos sexuales cometidos en el Batallón de Comunicaciones 181, dentro de la megacausa “Vto. Cuerpo del Ejército”, un proceso que superó las 150 audiencias y alcanzó a más de 300 víctimas.
Sánchez también eludió la Justicia durante catorce años hasta su captura y extradición desde Brasil. Fue juzgado como integrante del Grupo de Tareas 3.3.2 por 203 hechos de privación ilegal de la libertad agravada en el centro clandestino de detención más emblemático de la dictadura.
Fundamentos del fallo: riesgos procesales y deber reforzado del Estado
En el voto principal, Ángela Ledesma afirmó que las prórrogas se ajustaron a los parámetros del fallo “Acosta” y remarcó la gravedad y complejidad de los delitos en investigación. Sostuvo que la conducta previa de los imputados —ambos con largos períodos en la clandestinidad— evidenció un riesgo concreto de fuga, agravado por los recursos con los que contarían para evadir a la Justicia.
Alejandro Slokar señaló que los tribunales de juicio fundamentaron adecuadamente la continuidad de las prisiones preventivas y recordó que, en procesos de lesa humanidad, el Estado tiene un deber reforzado de garantizar la sujeción de los acusados para evitar escenarios de impunidad. El magistrado advirtió que un retroceso respecto de la doctrina consolidada podría comprometer internacionalmente al Estado argentino.
Slokar también rechazó cualquier intento de reinstalar criterios ya desestimados en precedentes como “Muiña”, sobre el beneficio del 2×1, o “Radice”, referido a medidas cautelares aplicadas a civiles imputados por su participación en la represión ilegal.
Un mensaje judicial sobre la política de Estado en materia de lesa humanidad
El fallo reafirmó que la continuidad de los procesos y de las medidas destinadas a asegurar la comparecencia de los imputados resulta indispensable para sostener la política de Estado en materia de memoria, verdad y justicia. Los magistrados subrayaron que las características estructurales de los crímenes investigados, su planificación sistemática y la prolongada impunidad que los rodeó justificaron el mantenimiento de las prisiones preventivas.
América Latina
Un periodista asesinado a balazos expone el avance del narco en Costa Rica
Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, fue atacado por dos hombres en moto sobre la ruta 32 y los peritos hallaron entre nueve y diez casquillos. Había denunciado amenazas de muerte y la Fiscalía incluyó sus denuncias entre las líneas de investigación.
Un periodista que denunciaba en redes sociales a abogados, empresarios y figuras de la política a quienes vinculaba con el narcotráfico fue asesinado a balazos en plena tarde, mientras conducía su camioneta.
El hecho ocurrió el lunes 16 de noviembre, pasadas las 15, sobre la ruta 32, en el distrito de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, unos 10 kilómetros al norte de San José. La víctima, Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, periodista y escritor, fue interceptado por dos hombres en motocicleta que dispararon y huyeron. Los peritos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hallaron entre nueve y diez casquillos en la escena, y el director de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, informó que se busca a los dos atacantes.
Las denuncias y las amenazas
Rodríguez había contado públicamente en abril que recibía amenazas de muerte tras difundir mensajes sobre el avance del narcotráfico y el crimen organizado. Después del homicidio se supo que había sido derivado a un programa de atención y protección para víctimas, pero no llegó a incorporarse.
El fiscal general, Carlo Díaz, anunció una investigación exhaustiva para identificar a los autores materiales e intelectuales, y señaló que las denuncias que formuló el periodista forman parte de las líneas de investigación.
El repudio y un contexto que no es lineal
La presidenta Laura Fernández expresó “indignación y repudio” por el crimen, ordenó a los cuerpos policiales colaborar con la investigación y lo definió como “una mancha contra la libertad de expresión”. El Colegio de Periodistas de Costa Rica exigió una investigación rápida y exhaustiva y pidió máxima prioridad para el caso.
El cuadro tiene matices que la propia crónica local registra: Fernández había denunciado penalmente a Rodríguez en febrero por mencionar supuestos vínculos de ella con el narcotráfico, acusaciones que la mandataria rechazó, y el periodista figuraba como imputado en una causa penal propia, según informó la prensa local. Ninguna de esas circunstancias cambia lo central: un periodista fue ejecutado y el Estado debe esclarecer quién lo mató y por qué.
Un país que dejó de ser la excepción
Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios, el tercer año más violento de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, según el OIJ. En ese escenario, la reforma constitucional de 2025 permitió por primera vez extraditar a ciudadanos costarricenses, y entre los primeros casos figura el de Celso Gamboa, exministro de Seguridad y exmagistrado detenido en junio de 2025 a pedido de la DEA y extraditado a Estados Unidos, donde la fiscalía lo acusa de ayudar a narcotraficantes internacionales a fabricar, distribuir y transportar cocaína.
Lo que tenés que saber
- El periodista Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, fue asesinado a balazos el lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia.
- Dos hombres en motocicleta lo atacaron y los peritos hallaron entre nueve y diez casquillos.
- Había denunciado amenazas de muerte en abril y no llegó a incorporarse a un programa de protección.
- El fiscal general Carlo Díaz anunció una investigación exhaustiva e incluyó las denuncias del periodista entre las líneas de trabajo.
- Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes.
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