Investigación 🔎
El caso Propofest: cómo un fallo en los controles del sistema de salud derivó en dos muertes
Dos muertes bajo circunstancias similares, anestésicos robados de una institución de referencia nacional y versiones extraoficiales sobre reuniones privadas con fármacos de quirófano. La investigación judicial avanza con dos imputados en libertad y una pregunta central todavía sin respuesta: ¿cuán profundo llega el entramado?
★ Lo que empezó como un hallazgo policial en un departamento de Palermo el 20 de febrero pasado derivó en una de las causas más perturbadoras que sacuden al sistema de salud porteño en los últimos años. Con dos muertos, dos imputados en libertad, allanamientos con material incautado y versiones no confirmadas sobre un circuito clandestino de «viajes controlados» con anestésicos de uso quirúrgico, la Justicia intenta reconstruir una trama que podría ser mucho más amplia de lo que aparenta.
La primera muerte: el anestesista de Palermo
El 20 de febrero, efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron a un departamento de la calle Juncal al 4600, en Palermo, tras una denuncia de los familiares de Alejandro Zalazar, un anestesiólogo de 29 años que cumplía funciones en la guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y que había realizado su residencia en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. Al ingresar, lo encontraron sin vida.
No había indicios de violencia ni intervención de terceros. Lo que sí llamó la atención fue lo que rodeaba el cuerpo: elementos descartables para administración intravenosa y una vía conectada en uno de sus pies. La autopsia determinó que Zalazar murió por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, lesiones compatibles con sobredosis de propofol y remifentanilo, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud porteño.
La investigación cobró un nuevo rumbo cuando el análisis de trazabilidad del instrumental y los medicamentos hallados en el domicilio estableció que parte de los insumos pertenecía al Hospital Italiano de Buenos Aires, institución en la que Zalazar no trabajaba. El hospital presentó entonces una denuncia formal por el faltante de insumos quirúrgicos, detectado a partir de filmaciones de vigilancia interna, según confirmaron fuentes judiciales.
El Hospital Italiano bajo la lupa
A partir de ese hallazgo, la investigación se trasladó hacia el interior de la reconocida institución privada de Almagro. Dos profesionales del área de Anestesiología quedaron identificados como presuntos responsables del retiro y distribución de las sustancias: Hernán Boveri, médico anestesiólogo que ocupaba un cargo de jerarquía en esa área, y Delfina Lanusse, residente de tercer año.
Boveri renunció a su puesto tras conocerse la causa. Lanusse fue apartada con licencia forzosa. El Hospital Italiano abrió un sumario interno para determinar cómo salieron del establecimiento fármacos de uso controlado, aunque el área de prensa de la institución no respondió los pedidos de información periodística durante los primeros días del escándalo.
El 13 de marzo, la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad ejecutó tres allanamientos ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, dos en la Ciudad de Buenos Aires y uno en el partido de Tigre, según confirmaron fuentes judiciales consultadas por este medio. En uno de los domicilios se secuestraron pendrives, tablets, celulares y notebooks. En otro se halló una caja con tubos de anestesia clínica, jeringas, agujas y ampollas con sedantes quirúrgicos, elementos que habrían pertenecido al Hospital Italiano.
También se realizó un allanamiento en la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación, aunque los resultados de ese operativo no fueron informados públicamente.
Los imputados: declararon inocentes y no respondieron preguntas
Boveri y Lanusse fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera, a cargo de la causa, bajo la figura de hurto calificado de medicamentos. Ambos se encuentran en libertad; solo se les prohibió salir del país.
En sus indagatorias, los dos manifestaron ser inocentes y se negaron a responder preguntas, anunciando que presentarían un escrito. Sin embargo, las declaraciones del jefe y subjefe del área de Anestesiología del Hospital Italiano complicaron su situación procesal: según esos testimonios, incorporados a la causa, Lanusse reconoció tener problemas de consumo desde hacía dos años. Boveri, por su parte, admitió haber administrado sustancias anestésicas a la residente en tres o cuatro oportunidades, siempre con su consentimiento, y señaló que había sido ella quien sustrajo los medicamentos.
La jueza a cargo es Javier Sánchez Sarmiento, quien intenta reconstruir el recorrido de los fármacos sustraídos para establecer las responsabilidades penales.
Las «Propo fest»: versiones extraoficiales de un circuito clandestino
En paralelo a la investigación formal, circularon audios de WhatsApp y mensajes en chats de profesionales de la salud que describían la existencia de reuniones privadas denominadas «Propo fest» o «Fiesta del propofol», según reveló Infobae. Se trataría, de acuerdo a esos testimonios no validados judicialmente, de encuentros donde se usaban propofol y fentanilo con fines recreativos, pagados en dólares.
Según esas versiones extraoficiales, en algunos de esos encuentros había personas encargadas de brindar asistencia respiratoria en caso de que algún participante sufriera apnea, una depresión respiratoria que, sin intervención inmediata, puede resultar fatal. También se mencionó el uso de bombas de infusión para regular las dosis, herramientas que solo están disponibles en entornos hospitalarios. Otra línea apunta a la oferta de «viajes controlados»: experiencias pagas bajo supervisión médica informal.
Que Zalazar habría participado en alguno de esos encuentros es una versión que circuló en el ambiente médico, pero no cuenta con validación judicial hasta el momento. Los investigadores no descartaron ninguna hipótesis, según indicaron fuentes de la causa consultadas por este medio.
La segunda muerte: el enfermero de Entre Ríos
En las últimas horas previas al cierre de esta nota, una segunda muerte sumó una nueva dimensión al caso. Eduardo Bentancourt, enfermero de 44 años oriundo de Gualeguaychú que había llegado recientemente a Buenos Aires en busca de trabajo, fue hallado sin vida dentro de su departamento en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2428, también en Palermo, tras varios días sin contacto con su familia.
Al ingresar a la vivienda, los efectivos lo encontraron sentado en una silla del comedor, sin signos vitales. En el lugar se secuestraron más de 50 ampollas de medicamentos de uso hospitalario, entre ellos propofol, fentanilo, lidocaína, midazolam, diazepam, clonazepam, adrenalina y cloruro de potasio, además de jeringas, guantes de látex y teléfonos celulares. El cuerpo presentaba marcas de pinchazos en los brazos.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser, bajo la figura de averiguación de muerte dudosa. Los investigadores buscan determinar si Bentancourt se encontraba solo al momento de su fallecimiento y si existe conexión con la causa del Hospital Italiano.
Propofol y fentanilo: qué son y por qué su uso indebido puede ser letal
El propofol es un inductor anestésico de acción rápida utilizado en procedimientos quirúrgicos y endoscópicos. Debe ser administrado exclusivamente por anestesiólogos o profesionales entrenados, ya que su potencia y sus riesgos respiratorios hacen que cualquier sobredosis pueda derivar en apnea y muerte.
El fentanilo es un opioide sintético de alta potencia empleado para inducir y mantener la sedación y la analgesia durante cirugías. Al igual que el propofol, su administración fuera del entorno hospitalario puede generar adicción y depresión respiratoria severa. Sin ventilación asistida inmediata, una sobredosis de cualquiera de estas dos sustancias resulta fatal.
La causa expone, más allá de las versiones sobre reuniones clandestinas, una falla estructural grave en los controles del sistema de salud: la salida de medicamentos controlados de alta complejidad desde un hospital de referencia nacional sin que los mecanismos internos lo detectaran a tiempo.
Puntos clave:
- Alejandro Zalazar, anestesiólogo de 29 años del Hospital Gutiérrez, murió el 20 de febrero en Palermo por sobredosis de propofol y remifentanilo, con insumos del Hospital Italiano en su domicilio.
- Hernán Boveri y Delfina Lanusse, profesionales del Hospital Italiano, fueron imputados por hurto calificado de anestésicos y permanecen en libertad con prohibición de salida del país.
- El 13 de marzo se ejecutaron tres allanamientos con secuestro de material médico controlado, dispositivos electrónicos y ampollas con sedantes quirúrgicos.
- Eduardo Bentancourt, enfermero de 44 años, fue hallado muerto en Palermo rodeado de más de 50 ampollas de propofol y fentanilo; la causa tramita como muerte dudosa.
- Circulan versiones extraoficiales no confirmadas judicialmente sobre reuniones clandestinas con anestésicos de quirófano; los investigadores no descartan ninguna hipótesis.
Investigación 🔎
Escribanos sobre el caso Adorni: “Generalmente pedimos la destitución antes que la Justicia”
La presidenta del Colegio de Escribanos de CABA, Magdalena Tato, ratificó la obligación de reportar operaciones de funcionarios ante la Unidad de Información Financiera, en un contexto marcado por las sospechas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete.
Escribanos, bajo la lupa tras el caso Adorni
★ En medio de la creciente presión judicial sobre las finanzas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la titular del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, intentó deslindar responsabilidades sobre el rol notarial en las operaciones de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Durante una entrevista en Radio Rivadavia este viernes, la dirigente aseguró que los escribanos tienen el deber legal de informar de manera sistemática cualquier transacción realizada por funcionarios públicos ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
El reporte ante la UIF como única respuesta
Tato enfatizó que el control sobre los activos de los funcionarios no es discrecional, sino un requisito técnico automatizado. “Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”, sostuvo al referirse al procedimiento mensual de reporte. Ante las dudas sobre el origen de los fondos en las operaciones inmobiliarias del funcionario libertario, la escribana desestimó la frecuencia del Reporte de Operación Sospechosa (ROS), argumentando que, usualmente, las operaciones se frustran antes de que el profesional deba tomar una decisión de denuncia si comienza a solicitar documentación probatoria sobre el origen del dinero.
“Es muy raro que los escribanos hagamos ROS porque no llegás a autorizar el acto generalmente; cuando empezás a pedir cosas, se caen las operaciones”, explicó la presidenta de la institución. Sin embargo, aclaró que la obligación de reportar persiste si el escribano mantiene dudas tras la concreción de la operación.
Silencio institucional y control disciplinario
Sobre el caso específico de la escribana Adriana Nechevenko, cuya actuación es objeto de investigación judicial por las hipotecas sin interés pactadas en las propiedades de Adorni, Tato evitó realizar una defensa corporativa explícita. Confirmó que el Colegio de Escribanos sigue el expediente judicial y actúa como auxiliar de la Justicia, remitiendo la documentación requerida por los magistrados.
La dirigente hizo hincapié en el poder sancionatorio del ente que preside, mencionando que la entidad cuenta con facultades para iniciar expedientes disciplinarios que podrían derivar en la destitución del matriculado incluso antes de que la Justicia penal dicte sentencia. “Generalmente nosotros terminamos pidiendo la destitución del matriculado antes que llegue la justicia”, declaró ante los micrófonos.
La lupa sobre el origen de los fondos
A pesar de la defensa sobre el sistema de control, las palabras de la funcionaria notarial contrastan con la realidad del caso que involucra al jefe de Gabinete, cuya compra de un departamento por 230.000 dólares con préstamos de particulares sin interés mantiene en alerta a la fiscalía de Gerardo Pollicita. La exigencia de justificar ingresos, mencionada por Tato como una norma aplicable a todo cliente, se encuentra bajo revisión en los tribunales de Comodoro Py, donde se investiga si existieron omisiones o irregularidades en la declaración jurada y en los documentos notariales presentados.
Puntos clave:
- Magdalena Tato, titular del Colegio de Escribanos, afirmó que informar operaciones de PEP a la UIF es un trámite obligatorio y automático.
- La dirigente admitió que realizar un Reporte de Operación Sospechosa es inusual porque las operaciones suelen desistirse cuando se solicita el origen de fondos.
- El Colegio de Escribanos confirmó que sigue el expediente judicial por el caso Adorni y colabora con la entrega de documentación.
- La institución cuenta con facultades disciplinarias para destituir a matriculados ante faltas graves.
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