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¿Qué son las stablecoins?

Las stablecoins han sido una de las principales vía de acceso al mundo cripto en los últimos años, sobre todo de pequeños inversores, que buscan refugio de la inflación y no quieren arriesgarse a comprar otras como Bitcoin o Ethereum, por la volatilidad de sus cotizaciones.

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Más de US$ 130.000 millones están hoy invertidos en criptomonedas que guardan paridad con el dólar (stablecoins), un volumen que inquieta a instituciones económicas del mundo como el FMI y la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), que buscan limitar su circulación por considerarlas peligrosas para la estabilidad financiera.

Las stablecoins han sido una de las principales vía de acceso al mundo cripto en los últimos años, sobre todo de pequeños inversores, que buscan refugio de la inflación y no quieren arriesgarse a comprar otras como Bitcoin o Ethereum, por la volatilidad de sus cotizaciones.

Sin embargo, no han estado exentas de peligros, ya que varios proyectos han tenido problemas o incluso desaparecido en el último año, como el caso de Terra/USDT, que provocó la desaparición de cerca de US$ 20.000 millones en pocos días a principios de mayo de 2022.

Sobre este punto, el Directorio del FMI señaló días atrás su temor a que una amplia adopción de los criptoactivos «podría socavar la efectividad de la política monetaria, eludir las medidas de controles de capitales y exacerbar los riesgos fiscales, además de grandes implicaciones para el sistema monetario internacional a largo plazo”.

De allí que cobra cada vez más fuerza la idea de que se emita una CBDC (Moneda Digital de Bancos Centrales, por su siglas en inglés) que permita al gobierno estadounidense tener un dólar cripto.

Es que, a diferencia del dólar norteamericano, la emisión de stablecoins ligadas al dólar depende de decisiones de empresas -Tether, Circle o Maker- a través de la tecnología blockchain que, por más argumentos que expongan a favor de la seguridad y la transparencia de estas operaciones, no deja de ser una suerte de «emisión secundaria» de dólares que la FED no puede controlar a través de sus instrumentos de política monetaria.

«Si la regulación tarda en llegar y los criptoactivos se convierten en un mayor riesgo para los consumidores y un potencial para la estabilidad financiera, la opción de prohibirlos (las criptomonedas) no debe descartarse”, señaló la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en una entrevista reciente con Bloomberg.

La importancia de las stablecoins en la industria cripto responde a que, por un lado, son el medio de cambio a través del cual se compran o venden criptomonedas volátiles, como Bitcoin u otras, y, por otro, son el refugio ante escenarios de mucha incertidumbre en los precios, como viene ocurriendo desde hace un año y medio.

En ese sentido, a pesar del desplome del mercado cripto desde noviembre de 2021 -la capitalización total del mercado pasó de US$ 3 billones a cerca de US$ 1 billón actualmente (-66%)-, las stablecoins se mantuvieron con caídas mucho más acotadas.

«Aún sin recuperar los volúmenes de abril del año pasado, la capitalización del mercado global de stablecoins multiplica por 4 el volumen de hace dos años», dijo Juan Pablo Fridenberg, director de Asuntos Públicos de Lemon.

En la actualidad hay cuatro stablecoins que concentran el 98% del mercado: USDT (US$ 71.000 millones de capitalización), USDC (US$ 44.000 millones); BUSD (US$ 8.500 millones) y DAI (US$ 5.500 millones).

El caso de BUSD -la stablecoin de Binance, la mayor plataforma de intercambio cripto del mundo- tomó relevancia en las últimas semanas luego que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos forzara a la empresa (Paxos) que emitía los tokens en ese país a cesar su actividad, por vender BUSD como un «valor no registrado».

Esto provocó que más de US$ 10.000 millones huyeran de esa criptomoneda en las últimas dos semanas.

«Es normal la atención de los gobiernos y reguladores frente al dato objetivo de la adopción cada vez más creciente de criptoactivos en general; y de estables, en particular», aseguró Fridenberg, y admitió de que no hay que descartar un escenario de «hiper-regulación que tienda a redefinir o limitar algunos ecosistemas como el de las stablecoins».

Para Alejandro Rothamel, Chief Legal Officer de Ripio, la regulación de las stablecoins «es un tema en carpeta» desde hace varios años, aunque los episodios de «desmanejos y estafas de muchas grandes empresas» en 2022, como los casos de FTX, Celsius y otros, que dejaron a millones de usuarios damnificados en todo el mundo, hizo que cobraran más fuerza.

«El foco de la regulación tiene que estar puesto en la transparencia, la desintermediación y la protección al usuario», afirmó Rothamel, y añadió que son «optimistas» sobre la regulación en América Latina, ya los proyectos de ley sobre los que los han consultado en la región «son graduales y tienden a llenar vacíos en lugar de pretender regularlo todo de una vez y para siempre, lo que podría conducir a excesos».

En Argentina, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, aseguró días atrás que debería tratarse a los criptoactivos «como semejantes a los juegos de azar, y en ese sentido, nuestro objetivo debe ser aislar sus efectos del sistema financiero tradicional».

«Debemos focalizarnos en abordar los faltantes de datos para garantizar un monitoreo efectivo», sostuvo Pesce durante su participación en la primera reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, en India.

De todos modos, para Rothamel los volúmenes de negociación de stablecoins en la Argentina «son prácticamente insignificantes en comparación a los datos que se publican sobre negociación de moneda extranjera».

«El regulador lo sabe y creemos que las medidas que tomará están más cerca de la protección al usuario que de una prohibición», pronosticó Rothamel.

Buenos Aires

RIGI: Kicillof denuncia que solo se ejecutó el 3% de las inversiones prometidas

El gobernador bonaerense cuestionó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones y advirtió que el mercado interno «se está detonando». El mismo día, Caputo prometió un «Súper RIGI» con inversiones por USD 140.000 millones.

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#El espejismo de los u$s100.000 millones: el RIGI de Milei ejecutó apenas el 3%

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este lunes el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y afirmó que, de los aproximadamente USD 100.000 millones en inversiones que el Gobierno nacional anunció y «festejó», solo se ejecutó «algo así como el 3%«. La declaración llega en un contexto económico donde el ajuste fiscal sobre el gasto social y las tarifas de servicios públicos acumula impactos críticos sobre los ingresos populares.

«Un número diminuto»: el balance del RIGI según Kicillof

Desde su arribo al poder en diciembre de 2023, el Gobierno de Javier Milei promovió el RIGI como uno de los pilares de su promesa inversora, con exenciones impositivas y beneficios extraordinarios para grandes empresas. Sin embargo, los números que citó Kicillof revelan una brecha abismal entre el relato oficial y la realidad de la ejecución.

«De todo eso que se anunció y se festejó, solamente se realizaron algo así como el 3%», declaró el gobernador bonaerense, y calificó ese resultado como «un número diminuto». Además, Kicillof advirtió que el propio diseño del régimen fue distorsionado desde adentro: «Metieron dentro del régimen este, también a sectores que tienen una rentabilidad muy buena y que venían invirtiendo muy fuertemente», señaló, y concluyó que «ahí ya se desnaturalizó completamente».

El mercado interno, en caída libre

La crítica de Kicillof no se limitó a la inversión extranjera. El gobernador encadenó el fracaso del RIGI con la contracción del consumo doméstico, uno de los efectos más visibles del ajuste tarifario y salarial de la gestión libertaria.

«El mercado interno se está detonando. ¿Quién va a invertir si no vende? ¿Para qué vas a invertir si tenés la mitad de las máquinas en la Argentina paradas, con una lona encima?«, preguntó Kicillof. La imagen es elocuente: capacidad instalada ociosa, demanda retraída y una política de incentivos a la inversión que no logra despegar.

Estos señalamientos se corresponden con los datos del ajuste acumulado desde diciembre de 2023: el gasto primario total cayó un 31% en términos reales, los programas sociales se redujeron un 61% y las transferencias a provincias se desplomaron un 66%, según el documento publicado por el Foro Economía y Trabajo el 4 de mayo de 2026. En ese marco, la demanda interna difícilmente puede sostener el ritmo inversor que el RIGI prometía atraer.

Caputo anuncia el «Súper RIGI» mientras Adorni evita las preguntas

En simultáneo con las declaraciones de Kicillof, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compareció en una conferencia de prensa en Casa Rosada, en medio de la investigación judicial que avanza sobre su patrimonio por presunto enriquecimiento ilícito. Pese a la convocatoria, Adorni optó por no responder preguntas y cedió la palabra al ministro de Economía.

Luis Caputo anunció la creación del denominado «Súper RIGI» y prometió que ese nuevo instrumento atraería inversiones por USD 140.000 millones. El contraste con el balance que hizo Kicillof sobre el RIGI original, del cual solo se ejecutó el 3%, vuelve imprescindible una lectura crítica de los nuevos anuncios.

Caputo también deslizó una declaración de alto voltaje político al referirse al riesgo país: «El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque el mercado percibe que aunque haya una probabilidad baja, si bien es baja, el escenario que eso pase es literalmente el infierno». La frase, cargada de desdén hacia la oposición, confirma el estilo de confrontación que el Gobierno mantiene de manera sistemática, incluso en momentos de alta fragilidad institucional como la investigación judicial a su propio vocero.

Un régimen que no despega, en una economía que no recupera

El fracaso de ejecución del RIGI no ocurre en el vacío. La gestión Milei acumuló una suba del 525% en la canasta de servicios y transporte desde diciembre de 2023, con rubros como el transporte en alza del 912% y el gas del 748%, según datos del IIEP (UBA-CONICET). La Canasta Básica Alimentaria registró en marzo de 2026 una variación interanual del 32,8%, según el INDEC. Con ese deterioro del poder adquisitivo, la idea de que el mercado interno pueda traccionar desde la inversión privada sin una recomposición del salario real resulta, cuanto menos, inverosímil.

El escenario que describe Kicillof, máquinas paradas y consumo hundido, es también el escenario que emerge del diagnóstico fiscal del Foro Economía y Trabajo: un Estado que se retira del gasto social, una deuda con el FMI que ya alcanzó los USD 57.100 millones al cierre de 2025, y un esquema tributario regresivo donde el 70% de la recaudación recae sobre impuestos indirectos que golpean más fuerte a los sectores de menores ingresos.

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