Chubut
Con más de 20 mil hectáreas arrasadas, exigen al Gobierno que declare la emergencia nacional
Desde la agrupación Alerta Roja Ambiental solicitaron de manera urgente, tanto al gobierno nacional como a los gobernadores provinciales, que garanticen de manera inmediata, todos los recursos necesarios para combatir el fuego.
Los incendios forestales en la Patagonia Andina ya arrasaron con más de 20 000 hectáreas desde diciembre a la fecha y aún no han terminado. Hay focos activos en tres provincias: Neuquén, Chubut y Río Negro. La situación es desesperante, con un fallecido, cientos de evacuados y familias que perdieron todo en El Bolsón. Lo mismo sucedió en Epuyén en enero.
Los y las brigadistas combaten el fuego con los escasos recursos que tienen a disposición pero no dan abasto. Los ajustes presupuestarios llevaron a un vaciamiento de los organismos de prevención y combate de incendios forestales. Gobierno tras gobierno se precariza a los y las brigadistas que hoy están en primera línea con pésimas condiciones laborales, sin las herramientas para hacer frente a esta grave situación.
En 2024, el gobierno del negacionista Javier Milei puso el Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Nación y redujo las partidas destinadas a Ambiente y Parques Nacionales en un 65,4%. No solo se ajustaron los programas destinados a la lucha contra los incendios sino también aquellos de prevención, fundamentales para reducir los daños causados por el fuego. Pero en esta política no hay grieta: peronistas, radicales, pro y libertarianos están de acuerdo en desfinanciar los sistemas de lucha contra el fuego en pos de honrar la deuda externa. Los gobiernos provinciales acompañaron estos ajustes y fomentaron los negocios inmobiliarios. No les importó ni la previsión de la temporada de sequía que aumentaba la probabilidad de incendios con tal de cumplir los lineamientos del “déficit cero”.
Los incendios tienen causas estructurales y el Estado es responsable
Los incendios forestales suelen iniciarse por la acción humana pero sus causas son estructurales y se agravan año a año. Factores que favorecen y promueven los incendios y su propagación son: la acumulación de combustible forestal promovida por monocultivos de pino en reemplazo de bosque nativo y otros negocios forestales e inmobiliarios que provocan la pérdida de biodiversidad; esto se ve agravado por el calentamiento global y sus consecuencias: el aumento de las temperaturas medias globales, vientos más fuertes y sequías extremas. A su vez, esta crisis climática y ecológica es producida en gran medida por la quema de combustibles fósiles y negocios extractivistas, que en Argentina son promovidos por Milei y los gobernadores con enormes beneficios como los otorgados con el RIGI a empresas transnacionales.
Este combo explosivo empeora la amplitud y voracidad de los incendios forestales en los últimos años, no solo en la Patagonia sino en distintos lugares del mundo. Norteamérica y Sudamérica sufrieron incendios forestales especialmente intensos a lo largo de 2024. En Sudamérica se produjeron más de 365.000 incendios forestales en 2024 según los datos del Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS). Dos ejemplos recientes son el incendio que arrasó parte de la ciudad de Los Ángeles en EE.UU. o los incendios forestales en Bolivia que destruyeron más de 10,1 millones de hectáreas.
En la región patagónica en los últimos 25 años se produjeron cuatro de los incendios más grandes desde que se tiene registro (en 1999, 2015, 2021 y 2022), que representaron el 3,35% de la superficie con bosques, de la cual se quemó más del 50%.
Cuando se inició el primer incendio de magnitud en diciembre de 2024 en el Parque Nacional Nahuel Huapi, el gobierno nacional pasó a través de un decreto el SNMF a la órbita de la cartera del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich (junto con el secretario Daniel Scioli como responsable del área de Ambiente).
Para Bullrich la responsabilidad de todos los incendios pasó a ser de desconocidos incendiarios a los cuales “les va a caer todo el peso de la ley”, discurso repetido por los gobernadores Ignacio Torres en Chubut y Alberto Weretelinek en Río Negro que incluso llegaron a plantear, sin ninguna prueba, que las y los Mapuche son los responsables de estos incendios. Cargados de racismo, siguen señalando a las comunidades originarias que cuidan los territorios para ocultar las verdaderas responsabilidades.
Nada dicen de las millones de hectáreas que se forestaron en la Patagonia con un pino que es exótico para nuestras tierras, el Pino Oregón, propio de los países de América del Norte, y que fue implantado hace décadas por empresas transnacionales para la producción y exportación de madera. Esta especie de pino es pirofila, altamente inflamable y requiere fuego para su reproducción. Además, produce cambios negativos en la biodiversidad y sistemas ecológicos, expandiéndose con enorme facilidad en la Patagonia y reemplazando especies arbóreas y flora propias del lugar. El grupo Benetton es una de las empresas que viene desarrollando este modelo de negocios con la forestación de pinos, en una parte de las millones de hectáreas que se apropió, junto con otros grupos extranjeros que en total poseen más de 14 millones de hectáreas en nuestro país.
Otra especie exótica, el Pino Ponderosa, cuya madera es poco apta para la industria maderera, ha proliferado descontroladamente asociado a la especulación de bonos “verdes” en el mercado financiero de carbono. Con estos bonos, las empresas europeas hacen su greenwashing, se pintan de verde, diciendo que absorben CO2 de la atmósfera a cambio de continuar emitiendo todo tipo de gases de efecto invernadero en sus fábricas relocalizadas. Claro que los incendios que provocan no entran en su contabilidad creativa de emisiones. Y en este negocio encontramos una vez más a Benetton, quien también apuesta a generar pasta de celulosa una vez cumplido el ciclo de absorción de CO2 de sus plantaciones.
Por otro lado, la urbanización sin planificación de los gobiernos provinciales y el fomento del turismo como “industria” le abre la puerta a la especulación inmobiliaria. Si bien el suelo forestal está protegido por leyes provinciales y nacionales, la quema habilita que se cambien los usos del suelo en los hechos para emprendimientos inmobiliarios. Esto ya se vio en incendios anteriores; como dicen las poblaciones locales “donde hubo fuego, negocios quedan».
Los incendios destruyen bosque nativo
En 2021, el gobierno de Rio Negro aprobó una nueva ley de promoción de fotestaciones con coníferas, justo dos meses antes del incendio en Cuesta del Ternero, paraje rural cercano a Bolsón donde se quemaron más de 14.000 has en total cuando confluyó con otro incendio proveniente de El Maitén y Las Golondrinas en Chubut. Lo hicieron sabiendo el crecimiento descontrolado de las forestaciones promovidas por la propia empresa forestal provincial IFONA en la zona andina. La situación no puede más que empeorar cuando Torres, el gobernador de Chubut, anuncia planes de crédito para forestación. El Plan 2030, que promocionaba todo estos negocios, impulsado por el gobierno de los Fernández y el inefable Ministro de Ambiente Cabandié, tiene continuidad en la política de estos gobernadores en alianza con Scioli y Milei.
Chubut
Quedó sola en el fondo del mar: imputaron al instructor de buceo por la muerte de Sofía Devries
La Justicia de Chubut formalizó este lunes la imputación contra Thiago Nahuel Pocovi, el instructor de la empresa Freediving Patagonia que guiaba la inmersión en la que murió Sofía Devries, de 23 años, en febrero pasado en Puerto Madryn. La Fiscalía sostiene que continuó la actividad pese a condiciones de visibilidad extremadamente reducidas y que la joven quedó sin supervisión directa en el fondo del mar.
La causa por la muerte de Sofía Devries, la joven de 23 años que falleció el 16 de febrero durante una salida de buceo de aguas profundas en Puerto Madryn, dio un giro decisivo a casi cinco meses del hecho. El Ministerio Público Fiscal de Chubut imputó por el delito de homicidio culposo a Thiago Nahuel Pocovi (26), el instructor de la empresa Freediving Patagonia que estaba a cargo de la embarcación autorizada desde la que se realizó la inmersión.
La audiencia de apertura de la investigación comenzó a las 10:30 y fue presidida por la jueza penal Marcela Alejandra Pérez Bogado. El imputado participó de manera virtual, ya que está radicado en la Ciudad de Buenos Aires, hizo uso de su derecho a no declarar y su defensa, a cargo del abogado Adrián Peroy, no se opuso al pedido de apertura formal de la investigación.
La hipótesis fiscal: una inmersión que nunca debió continuar
La imputación presentada por el fiscal jefe Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos sostiene que la actuación del instructor fue contraria a los protocolos y normas de seguridad que regulan la actividad de los instructores de buceo. Conforme a la investigación formal, Pocovi, en su carácter de instructor certificado por la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI), conducía un grupo de siete buceadores hacia el parque subacuático del ex buque Hu Shun Yu, el pesquero hundido de manera programada que funciona como arrecife artificial en la zona de Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo.
Según la hipótesis fiscal, al iniciar la inmersión las condiciones de visibilidad eran extremadamente reducidas, circunstancia que impedía ejercer una supervisión directa sobre todo el grupo. Pese a ello, la inmersión continuó, destaca el escrito del Ministerio Público Fiscal.
En ese contexto, Devries y su pareja, ambos de la provincia de Buenos Aires, quedaron sin supervisión directa al llegar al fondo. Allí la víctima comenzó a manifestar signos de malestar, se retiró el regulador y, durante el intento de asistencia por parte de su compañero, quedó sin suministro de aire y falleció por ahogamiento.
La autopsia confirmó que no hubo intervención de terceros y que la joven murió por asfixia por sumersión. Su cuerpo fue encontrado días después, tras intensos operativos de búsqueda de la Prefectura Naval Argentina en la zona de Punta Cuevas.
Una certificación básica para una salida de aguas profundas
Sofía Devries era oriunda de la localidad bonaerense de Moreno, estudiaba Comunicación y Administración y creaba contenido en redes sociales sobre viajes y estilo de vida. Había viajado a Puerto Madryn junto a su pareja durante el fin de semana largo de carnaval para certificar un curso internacional de buceo. Según fuentes de la Fiscalía de Puerto Madryn citadas por ADNSUR, el grupo había realizado apenas el día anterior el curso Open Water, una certificación básica que habilita descensos de hasta 18 metros, un dato que expone la distancia entre la experiencia real de los buceadores y las condiciones de la salida en la que la joven perdió la vida.
La figura de homicidio culposo, prevista en el artículo 84 del Código Penal, alcanza a quien causa la muerte de otra persona por imprudencia, negligencia, impericia o por no observar los deberes de cuidado a su cargo. La calificación es provisoria y podrá ajustarse a medida que avance la investigación.
Lo que viene: peritajes y protocolos bajo la lupa
Con la apertura formal de la investigación penal preparatoria, la Fiscalía profundizará la recolección de pruebas con miras a una eventual acusación y posterior juicio oral. En los próximos meses se prevén nuevas declaraciones testimoniales, peritajes técnicos sobre las condiciones de la inmersión y el análisis de los protocolos internos de la empresa organizadora. La Fiscalía ya solicitó los manuales de PADI y las normativas de la Prefectura Naval para cotejar la actuación del instructor con los estándares que rigen la actividad.
El caso, que conmocionó a la comunidad de Puerto Madryn y al ámbito del buceo deportivo, vuelve a poner en discusión los controles estatales sobre las actividades turísticas de riesgo: quién verifica que las salidas comerciales respeten los niveles de certificación de los clientes, en qué condiciones se autoriza una inmersión y qué responsabilidad les cabe a las empresas que lucran con estas prácticas cuando la seguridad queda subordinada al negocio.
Puntos clave
- Thiago Nahuel Pocovi, instructor de Freediving Patagonia, fue imputado por homicidio culposo por la muerte de Sofía Devries.
- La audiencia fue presidida por la jueza Marcela Alejandra Pérez Bogado; el imputado participó de forma virtual y no declaró.
- La Fiscalía sostiene que la inmersión continuó pese a una visibilidad extremadamente reducida y que la víctima quedó sin supervisión directa en el fondo.
- La autopsia determinó asfixia por sumersión, sin intervención de terceros; el cuerpo fue hallado días después por la Prefectura Naval.
- Se abre la etapa de investigación penal preparatoria, con peritajes técnicos y análisis de los protocolos de seguridad de la empresa.
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