Santiago Dylan Santucho tenía apenas 17 años cuando fue asesinado a balazos por la agente de la Policía de la Ciudad, Romina Luján San Roque, quien argumentó que el adolescente intentó asaltarla cuando caminaba por las cercanías de la estación José C. Paz, pero sus dichos resultaron contradictorios, al igual que su posterior accionar tras cometer el crimen.

El hecho ocurrido, el 3 de mayo de 2020 cuando regía el aislamiento por la pandemia, llegó a juicio tras la lucha de la familia del chico, que siempre denunció que se trató de un caso de gatillo fácil. Y ahora, un Jurado Popular declaró culpable de la joven policía porteña y para este miércoles se espera por el dictado de la pena, a cargo del juez a cargo del debate en los Tribunales de San Martín.

De acuerdo a las constancias de la causa, la agente San Roque, que estaba franco de servicio y sin uniforme, efectuó cuatro disparos contra Santiago Santucho, a quien acusó de un intento de robo, del cual se defendió. Se comprobó que el chico no estaba armado y fundamentalmente, que la policía escapó del lugar, sin dar aviso de lo sucedido.

Sin cumplir el protocolo existente para las fuerzas de seguridad, no llamó al 911, tampoco convocó a una ambulancia una vez que el chico quedó herido de gravedad para que lo asistan y huyó. Solo, minutos más tarde, se presentó ante personal de Gendarmería Nacional, a cargo de la seguridad en la estación ferroviaria, para dar cuenta de su versión del hecho, para luego irse a su casa, desde donde, horas más tarde, comunicó lo ocurrido a sus superiores.

En principio, la hipótesis de la agente de la Policía de la Ciudad fue “aceptada” y se pretendió cerrar la causa como un homicidio en legítima defensa ante un robo en grado de tentativa. No obstante, las pericias y sobre todo que la víctima estaba desarmada, desbarataron el relato “oficial” y ante el reclamo de los padres del chico, se logró “dar vuelta” la situación y Romina San Roque quedó imputada por el homicidio calificado.

Su defensa apostó a que en Juicio por Jurados resultara absuelta, al actuar en legítima defensa, pero la querella, a cargo de abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), logró demostrar que se trató de una ejecución por la espalda, en una típica práctica de gatillo fácil, utilizando un arma reglamentaria estando fuera de servicio.

Ahora con el pronunciamiento como “culpable”, se aguarda por el fallo y en tal sentido, desde Correpi señalaron que “esperamos una condena efectiva y que este caso marque un precedente para que los integrantes de las fuerzas de seguridad tengan prohibido usar el arma reglamentaria fuera del horario de servicio y de civil, tal como venimos reclamando”.