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Judiciales ⚖️

Testigos implicaron a los violadores de Palermo

Una joven cuya identidad fue reservada declaró que sintió que la chica «estaba en peligro» con el grupo de los imputados.

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Una joven que horas antes de la violación grupal ocurrida en febrero del 2021 en Palermo conoció y estuvo con la víctima en un boliche y en una plaza de la zona, declaró este lunes como testigo en el juicio oral que ella sintió que la chica «estaba en peligro» con el grupo de los imputados, informaron hoy fuentes judiciales.

En lo que fue la tercera jornada del debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 14, declararon seis testigos, la mayoría de manera remota.

Voceros judiciales indicaron que la testigo más relevante para la acusación, que está en manos del fiscal de juicio Fernando Klappenbach y de los abogados querellantes Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro, fue una joven apodada «Charly» -su identidad se resguarda-, quien aquel 28 de febrero de 2021 por la mañana conoció y estuvo con la víctima en el boliche «Espacio Ro Techno Bar», situado en Thames 1625, de Palermo, el mismo after donde estuvieron algunos de los acusados previo al abuso.

La testigo contó que a la salida del boliche se fue con un par de conocidos, la víctima y el grupo de imputados a la llamada plaza ferroviaria de la calle Soler, entre Godoy Cruz y Juan B. Justo, donde, según la investigación, estuvieron aproximadamente dos horas, entre las 9 y las 11 de la mañana, bebiendo cerveza y algunos consumiendo marihuana.

«Yo quería que se fuera conmigo, porque sentía que estaba en peligro», declaró la testigo ante los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri, dando a entender el estado en el que estaba la chica y a que los acusados no le inspiraban mucha confianza.

Es que la testigo y su grupo de conocidos se separó del de la víctima y los imputados, que a esa hora partieron rumbo a Plaza Serrano.

Otro testigo de la jornada fue Jonathan Luciano, el empleado del kiosco «Curiosity», situado en Serrano 1514, donde tres de los acusados -Alexis Steven Cuzzoni (21), Thomas Fabián «TH» Domínguez (22) y Ángel Pascual Ramos (24)-, quedaron filmados por las cámaras del local besando o manoseando a la joven de ahora 22 años.

Este testigo llegó al TOC 14 trasladado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), ya que está preso en el marco de una causa penal de la que las fuentes no dieron detalles.

Según fuentes que presenciaron su testimonio, Luciano dijo que no recordaba nada y se limitó a decir que a la chica la vio alterada y que Cuzzoni, que fue quien el primero que llegó con ella al kiosco, estaba en «buenas condiciones».

Luego, solo ratificó algunas frases de su declaración en instrucción en la medida que se las iban leyendo.

En esa declaración, el kiosquero dijo que la chica se «tambaleaba», que «le patinaban las palabras», que dio la impresión de que no formaba parte del grupo de varones pero que ellos se turnaban para no dejarla sola y que le llamó la atención fue que «en un momento un muchacho la estaba besando y al rato otro» (Cuzzoni y Domínguez).

Los otros cuatro testigos de la jornada también se refirieron a los momentos en los que el grupo estuvo con la víctima entre la salida del boliche y la estadía en Plaza Serrano.

El viernes pasado, la víctima declaró en el juicio y afirmó que «le arruinaron la vida» y que nunca dio el consentimiento para tener relaciones sexuales con los imputados.

«Nunca hubiera prestado consentimiento para estar con un hombre, no es mi inclinación sexual», agregó la joven al descartar, tal como ya lo había hecho en su declaración durante la instrucción, que las relaciones sexuales que tuvo con algunos de los imputados hayan sido consensuadas.

La chica, cuya identidad se reserva para preservarla y que tenía 21 años al momento del hecho, es estudiante y sigue bajo tratamiento psicológico por lo sucedido, le contó a los jueces las consecuencias y traumas que aún afronta por lo vivido aquel 28 de febrero de 2021.

«Me da miedo salir a la calle, que la gente me reconozca», dijo la denunciante y agregó: «Tengo pesadillas, siento que me voy a morir. Sueño que me secuestran, que me llevan en un auto a un lugar muy oscuro».

En relación a lo que pasó aquella mañana, la joven, que según los estudios toxicológicos ese día tenía alcohol, marihuana y anfetaminas en su organismo, reiteró en varios tramos de su relato que no se acuerda «de nada».

El juicio comenzó el lunes pasado y aparte de los ya nombrados Ramos, Domínguez y Cuzzoni, los otros tres imputados son Dante Ciongo Pasotti (25), Franco Jesús Lykan (24), e Ignacio Retondo (24), todos con prisión preventiva.

Los seis acusados llegaron al debate como presuntos coautores de un «abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas» -que prevé una pena de 8 a 20 años de cárcel-, en concurso real con «lesiones leves» -de un mes a un año de prisión-, producidas al testigo Luis Riveros Espínola, a quien agredieron antes de que todo el grupo fuera detenido por la Policía de la Ciudad.

La clave del juicio está centrada en si se mantendrá la acusación que durante la instrucción formularon y sostuvieron el fiscal Eduardo Rosende y el juez Marcos Fernández, en la que, pese a que no todos llegaron a abusar de la víctima, les atribuían a los seis el mismo grado de responsabilidad en el marco de una «coautoría funcional» con división de roles, o si alguno de los imputados es beneficiado con una calificación más leve.

Para el fiscal y el juez que elevaron a juicio la causa, los seis concretaron un «ataque sexual masivo» y actuaron en grupo para «satisfacer sus deseos libidinosos».

La cronología del hecho

El hecho ocurrió el feriado de carnaval del 28 de febrero de 2022, en la calle Serrano al 1300, en la zona de Palermo Soho, donde una pareja de panaderos y otro vecino intervinieron al ver que dentro de un auto Volkswagen Gol estacionado junto a la vereda abusaban en grupo de una chica.

Las claves del caso fueron los múltiples videos de cámaras de seguridad que registraron todo el derrotero del grupo con la víctima durante nueve horas.

Según la reconstrucción del hecho, la joven fue captada a las 6 de la madrugada por algunos de los imputados en el boliche «Espacio Ro Techno Bar» de la calle Thames 1625, de allí fueron a una plaza de Soler y Godoy Cruz y luego a un kiosco de plaza Serrano donde fue manoseada, hasta que pasadas las 15 fueron caminando hasta el auto estacionado frente a una panadería de la calle Serrano al 1300, de donde fue rescatada.

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Buenos Aires

LLA bonaerense va por el juicio político de la jueza que frenó la ley penal juvenil

La conducción de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires anunció que impulsará la destitución de la magistrada Marta Elba Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. La ofensiva política apunta a la jueza, pero también al gobernador Kicillof, a quien los legisladores libertarios acusan de ser el verdadero articulador de la medida judicial.

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Pareja va por la jueza Pascual: LLA convierte una cautelar judicial en una guerra política contra Kicillof.

Una jueza de Lomas de Zamora suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y desató una reacción en cadena dentro de La Libertad Avanza bonaerense que va mucho más allá del debate jurídico: el partido ya anunció que pedirá el juicio político de la magistrada y abrió una mesa de trabajo para definir el mecanismo concreto de destitución.

La jueza Marta Elba Pascual dictó la medida cautelar que pone en suspenso la norma aprobada por el Congreso de la Nación, al entender que su aplicación inmediata generaría un daño irreparable. La decisión fue inmediatamente rechazada por Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza bonaerense, quien convocó a sus equipos técnicos y políticos para diseñar los pasos legales que permitan destituirla.

La respuesta política: juicio político como herramienta de presión

Pareja no escatimó en calificaciones hacia la magistrada. «Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama», sostuvo. El titular de LLA bonaerense también afirmó que «siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes» y acusó al peronismo de haber actuado del mismo modo durante la pandemia.

La embestida contra la jueza incluyó además una acusación directa contra el gobernador Axel Kicillof. Según Pareja, Pascual «actúa como un peón» del mandatario provincial y «no cumple con las características básicas» que debe reunir un magistrado, porque «no puede anteponer una mirada política» a una ley «demandada por la gente». La operación política de LLA convierte así una decisión judicial técnica en un frente de batalla contra el gobierno de Kicillof.

La voz de los bloques legislativos

El presidente del bloque de senadores bonaerenses de LLA, Carlos Curestis, fue en la misma dirección y afirmó que la decisión judicial «deja más que en claro de qué lado están», acusando a la jueza de defender a «delincuentes». «La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes. Los vecinos de la Provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien», añadió.

El jefe del bloque de Diputados provinciales de LLA, Juan Osaba, fue quien cerró la postura de manera más contundente: «Es inadmisible que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil dándole la espalda a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad. Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión».

El trasfondo: una ley con resistencias judiciales y sociales

El nuevo Régimen Penal Juvenil, aprobado por el Congreso en febrero de 2026, establece la imputabilidad de menores a partir de los 13 años en casos de delitos graves, en una reforma que el oficialismo nacional presentó como una respuesta a la inseguridad. Desde su sanción, la norma enfrentó cuestionamientos de organismos de derechos humanos, colegios de abogados, defensorías y sectores académicos, que advirtieron sobre su incompatibilidad con estándares internacionales de derechos de la niñez.

La propia jueza Pascual, al fundamentar la suspensión, expresó que la aplicación apresurada de la norma «no va a crear más seguridad», señalando que la problemática de la delincuencia juvenil requiere abordajes integrales que la ley no contempla. El argumento judicial choca de frente con la narrativa de LLA, que reduce el debate a una dicotomía entre víctimas y delincuentes, ignorando la complejidad social del fenómeno.

El anuncio del juicio político a una magistrada por dictar una medida cautelar en el marco de sus atribuciones constitucionales abre un interrogante sobre los límites entre la crítica legítima a las decisiones judiciales y la presión institucional sobre el Poder Judicial. En Argentina, la independencia judicial frente a las presiones del poder político es una discusión histórica; que un partido de gobierno la protagonice en nombre de la «voluntad popular» añade una capa de ironía a un espacio que construyó parte de su identidad en la denuncia del lawfare.

Puntos clave

  • La Libertad Avanza bonaerense anunció el juicio político de la jueza Marta Elba Pascual por suspender la aplicación del Régimen Penal Juvenil durante 60 días.
  • Sebastián Pareja, titular de LLA bonaerense, convocó una mesa técnico-política para definir el mecanismo de destitución de la magistrada.
  • Pareja acusó a la jueza de actuar como «un peón» del gobernador Axel Kicillof y de anteponer intereses políticos a una ley votada en el Congreso.
  • Los bloques de senadores y diputados bonaerenses de LLA respaldaron la iniciativa con declaraciones que calificaron la decisión judicial de «garantista de la impunidad».
  • La jueza Pascual justificó la suspensión al señalar que la aplicación apresurada de la norma «no va a crear más seguridad».
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