DDHH
Servini reiteró que el atentado a la PFA en 1976 no es delito de lesa humanidad
Servini rechazó por segunda vez reabrir la causa, en una decisión que ya fue apelada ante la Cámara Federal porteña.
La jueza federal María Servini reiteró que el atentado al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal el 2 de julio de 1976 atribuido a la organización Montoneros, no puede considerarse delito de lesa humanidad y ratificó así su negativa a reabrir la investigación.
La magistrada volvió a tomar una decisión en ese sentido luego que en junio del año pasado la Cámara Federal porteña declaró nula una decisión suya al respecto y le ordenó volver a analizar el tema, a pedido de un grupo de querellantes que se presentó en 2021, informaron fuentes judiciales.
Servini rechazó por segunda vez reabrir la causa, en una decisión que ya fue apelada ante la Cámara Federal porteña.
En su nueva resolución, la jueza ratificó que es «cosa juzgada» por jurisprudencia de tribunales superiores la decisión de no considerar de lesa humanidad a los hechos del 2 de julio de 1976, que se consideran prescriptos.
Se trata del atentado explosivo al comedor de Coordinación en la PFA en Moreno 1431 de la ciudad de Buenos Aires, que causó 24 muertos y al menos 60 heridos.
En su primer rechazo al planteo de reapertura, la magistrada había tomado esa decisión «in limine», es decir, sin analizar los argumentos de los querellantes y basada en la prescripción por no ser delito de lesa humanidad.
En esta nueva resolución analizó los argumentos por orden de la Cámara Federal y llegó a la misma conclusión.
El 10 de julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ya rechazado por «inadmisible» un recurso extraordinario contra un fallo que sobreseyó por prescripción a siete acusados.
Servini reiteró ahora que es «cosa juzgada» y que la discusión » acerca de la calificación de los delitos investigados se encuentra agotada», en sintonía con un dictamen fiscal que también rechazó reabrir la investigación.
“Fueron mis superiores, quienes ratificaron y concluyeron que el suceso criminal acontecido el 2 de julio de 1976 en la sede de la entonces Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina atribuido a la organización Montoneros no configuró un delito de lesa humanidad ni un crimen de guerra», puntualizó la jueza en el fallo.
Tampoco fue «un acto de terrorismo en los términos de la definición prevista en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, ni una grave violación a los derechos humanos», agregó.
DDHH
La Perla: identificaron los restos de un joven de 22 años secuestrado en 1976
El Equipo Argentino de Antropología Forense logró determinar la identidad de los restos hallados en la reserva natural militar La Calera. El joven fue secuestrado junto a su esposa, que estaba embarazada de dos meses.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de Alejandro Ernesto Jesús Jerez Boderau, quien permanecía desaparecido desde mayo de 1976 y fue encontrado en el área vinculada con el ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba.
Alejandro nació el 30 de julio de 1953 en la Ciudad de Buenos Aires. Tenía 22 años, trabajaba en IKA-Renault y esperaba el nacimiento de una niña cuando fue secuestrado.
Según publicó NA, el procedimiento ocurrió el 5 de mayo de 1976, en la pensión donde vivía en el barrio Alberdi de Córdoba. Junto con él también fue secuestrada su esposa, Susana Noemí Huarte Martínez.
El secuestro de Alejandro y su esposa
Al momento del secuestro, Susana tenía dos meses de embarazo. Además, estudiaba Medicina.
Desde aquel operativo continúa sin conocerse su paradero.
La identificación de Alejandro permite establecer qué ocurrió con sus restos a partir del trabajo desarrollado por el EAAF sobre material óseo recuperado en Córdoba.
Cómo fue identificado por el EAAF
El análisis se realizó en el Laboratorio de Genética Forense. Los especialistas compararon los restos óseos encontrados dentro de la reserva natural militar La Calera con muestras de referencia aportadas por familiares.
Para completar el estudio también se utilizaron perfiles genéticos suministrados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
El procedimiento permitió establecer la identidad de Alejandro Ernesto Jesús Jerez Boderau.
Ya son 30 las personas identificadas
El EAAF comunicó que la identificación de Alejandro eleva a 30 la cantidad de personas desaparecidas encontradas e identificadas en el marco de los trabajos realizados en el lugar.
La organización señaló además que todavía permanecen cinco víctimas por identificar.
El trabajo reúne a distintas instituciones. Participan el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Córdoba y el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.
El Gobierno de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba aportan logística y recursos para los estudios.
Las excavaciones en La Calera
Las tareas de excavación fueron ordenadas por el Juzgado Federal N.º 3, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja.
Los trabajos se desarrollan en la zona conocida como Loma de Torito, ubicada dentro del área de La Calera.
Los restos analizados por los especialistas fueron encontrados en la reserva natural militar La Calera.
La Perla y su historia
La Perla estuvo bajo la conducción del militar Luciano Benjamín Menéndez y fue uno de los centros clandestinos de detención de mayor tamaño durante la última dictadura.
Comenzó a funcionar en 1976, poco después del golpe de Estado contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Según la información proporcionada, se estima que unas 2.500 personas permanecieron retenidas allí de manera clandestina, en su mayoría desaparecidas.
El predio está ubicado en el kilómetro 12,5 de la Ruta 20 y actualmente funciona como un espacio dedicado a la memoria y la promoción de los Derechos Humanos.
Un nuevo paso en la identificación de desaparecidos
La identificación de Alejandro Jerez Boderau se suma a los trabajos realizados por el EAAF para establecer la identidad de las víctimas cuyos restos fueron recuperados en el área.
El análisis genético permitió vincular los restos encontrados con las muestras familiares y los perfiles del Banco Nacional de Datos Genéticos.
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