★ La causa judicial por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmado durante la gestión de Mauricio Macri no quedará archivada sin más. La Sala I de la Cámara Federal deberá revisar el cierre del expediente después de que el fiscal ante ese tribunal, José Agüero Iturbe, respaldó la apelación presentada por su colega de primera instancia, Franco Picardi. La información fue publicada por la periodista Irina Hauser.

El respaldo de la Cámara al planteo fiscal

Agüero Iturbe se remitió al escrito de Picardi y lo hizo propio: «En el escrito impugnatorio se ha detallado acabadamente las conductas desplegadas, la participación de quienes considera responsables en el suceso investigado, como así también las pruebas que considera acreditan los hechos denunciados», según el dictamen al que accedió Hauser.

El fiscal de instrucción Picardi había presentado un dictamen de 85 páginas en la primera semana de febrero, tres días después de que Capuchetti dio por cerrado el caso. En ese documento, cuestionó con dureza la resolución de la magistrada y señaló que su decisión constituyó una «evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y las pruebas, así como del marco regulatorio» aplicable.

Picardi también calificó la decisión de «prematura» porque, según argumentó, quedan aspectos por profundizar en base a pruebas que la jueza omitió, y señaló que la resolución «vulnera el principio acusatorio» al ignorar parte de la hipótesis criminal planteada por la fiscalía frente a hechos de «una gran relevancia institucional y trascendencia comunitaria».

Los imputados: de Macri a funcionarios del gobierno actual

Entre los imputados en la causa no figura solo el expresidente Mauricio Macri. El dictamen de Picardi también apunta contra tres funcionarios del actual gobierno nacional: Luis Caputo (ministro de Economía), Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación) y Santiago Bausili (presidente del Banco Central de la República Argentina). Además están imputados el exministro de Economía Nicolás Dujovne, varios exfuncionarios del BCRA que integraron el Comité de Política Monetaria de la entidad, y Hernán Sandleris, también en su carácter de extitular del BCRA.

La deuda más grande de la historia argentina y del propio FMI

Según el dictamen fiscal, el gobierno de Cambiemos contrajo «una deuda estatal insostenible, que sabían de imposible repago, por la suma de 57.100 millones de dólares, vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público».

El primer préstamo acordado fue de 50.000 millones de dólares a ser pagados en 36 meses; cuatro meses después el FMI aprobó una ampliación de 7.100 millones de dólares adicionales. El monto total «superaba las reservas disponibles en el país» en ese momento, según consigna el dictamen.

«Como producto de este esquema defraudatorio, la República Argentina quedó posicionada como el principal deudor mundial ante el FMI, ya que la deuda tomada no solo fue la más grande de nuestra historia nacional, sino también del propio organismo internacional», afirmó Picardi en el escrito.

Los fondos, la fuga y los argumentos «falsos»

La fiscalía argumentó que la administración de Cambiemos esgrimió «argumentos falsos y engañosos» sobre los objetivos y usos de las divisas solicitadas. Los fines declarados incluían reducir la deuda pública, bajar la inflación, restaurar la confianza en el mercado, proteger a los sectores vulnerables y crear puestos de trabajo. Sin embargo, según el dictamen, «las sumas obtenidas no fueron utilizadas para cumplir con estos propósitos».

Por el contrario, a través de disposiciones del Ministerio de Hacienda y del BCRA, los fondos se destinaron a «la profundización de transferencias de capitales desde el Estado hacia un sector privado concentrado desde el cual se intensificó la masiva salida de divisas fuera del circuito financiero nacional».

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) cuantificó el perjuicio económico para el patrimonio público en 29.618 millones de dólares. A eso se suman, según Picardi, «otros daños de compleja estimación patrimonial» derivados de los efectos del endeudamiento y sus consecuencias.

Lo que la jueza ignoró: alertas del BCRA y los organismos de control

La causa se inició tras el primer acuerdo con el FMI firmado en junio de 2018. Capuchetti se tomó años para concluir que se trataba de una cuestión «no judiciable», es decir, una decisión de política económica que escapa al ámbito judicial.

Sin embargo, la investigación fiscal reveló que tanto el propio Banco Central como los organismos de control del Estado, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN), habían alertado sobre el incumplimiento de normas administrativas. Entre las irregularidades detectadas figuran: la falta de aprobación parlamentaria (prevista en el artículo 75 inciso 4 de la Constitución Nacional), la ausencia de dictamen de viabilidad del Ministerio de Economía, la inexistencia de autorización de la Jefatura de Gabinete para las negociaciones, la falta de informe del BCRA sobre la viabilidad jurídica y la ausencia de firma del Ministerio de Finanzas.

Según Picardi, «todo esto fue deliberadamente ignorado por la señora jueza al momento de archivar las actuaciones».

El retiro de la querella oficial y la composición de la Cámara

En forma simultánea con el fallo de Capuchetti, el gobierno nacional retiró su querella del caso, que era llevada adelante por la Procuración General del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado. Sin esa querella, el expediente continúa impulsado por la fiscalía.

La Sala I de la Cámara Federal que deberá revisar el caso está integrada por Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, dos jueces designados sin concurso por el gobierno de Macri mediante traslados desde un tribunal oral, y por Mariano Llorens, también designado durante esa gestión pero a través del proceso de concurso habitual.

Puntos clave

• La Cámara Federal revisará el archivo de la causa por el megaendeudamiento con el FMI después de que la fiscalía apeló la decisión de la jueza Capuchetti.
• El fiscal Picardi presentó un dictamen de 85 páginas en el que calificó la resolución de «parcial, sesgada y superficial».
• Entre los imputados figuran el expresidente Macri y tres funcionarios del actual gobierno: Caputo, Sturzenegger y Bausili.
• La SIGEN cuantificó el perjuicio para el patrimonio público en 29.618 millones de dólares.
• El gobierno retiró su querella del caso en forma simultánea con el fallo de archivo. ★