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El desempleo en la Argentina roza el 14%, pero el Indec de Milei oculta los datos

Un informe del Instituto Argentina Grande revela que el desempleo real casi duplica el dato oficial del INDEC. Mientras el Gobierno celebra números que no resisten el análisis, la precarización laboral se profundiza y los jubilados son el sector más golpeado.

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El Argentino Diario-Javier Milei.

★ Javier Milei aseguró durante la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso que «bajamos el desempleo y creció el empleo». El dato oficial del INDEC lo desmiente: cuando Milei asumió, la tasa de desocupación era del 5,7%; en la actualidad trepa al 6,6%. Pero ese número, señalan desde el Instituto Argentina Grande (IAG), apenas raspa la superficie de una crisis laboral que afecta a casi uno de cada siete argentinos que busca trabajo de forma activa.

El número que el INDEC no muestra

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que el INDEC publica de manera trimestral, considera que una persona no está desempleada si trabajó al menos una hora durante la última semana y recibió algún tipo de pago por ello. El criterio, aunque estándar a nivel internacional y útil para comparaciones globales, deja afuera a un universo enorme de trabajadores que están en una situación de alta vulnerabilidad.

«Es necesario ampliar ese estudio. Si bien el criterio de una hora de trabajo es universal y sirve para comparar internacionalmente, se puede mantener el dato e identificar otros factores», señaló Candelaria Rueda, investigadora del mercado laboral en el IAG.

El indicador desarrollado por el IAG a partir de los propios datos del INDEC incorpora a un grupo de personas que reúnen tres características simultáneas: buscan más trabajo; trabajaron ninguna o muy pocas horas en la última semana; y esas pocas horas se desarrollaron en una actividad desprotegida y de alta precariedad (sin registro formal, sin antigüedad reconocida y sin capital propio para trabajar).

Ese universo, que el IAG denomina «desempleo ampliado», alcanza al 7,2% adicional de la población económicamente activa. Sumado al 6,6% oficial, la tasa real de desempleo llega al 13,8%.

La changa como síntoma

La investigadora del IAG aclaró que el concepto de precariedad tiene límites bien definidos: una persona que trabaja con su propio auto o moto en plataformas como Uber o PedidosYa no queda comprendida dentro de este universo. «Con precario estamos hablando de la clásica changa», resumió Rueda.

El quiebre histórico, según el análisis del IAG, se produjo durante la pandemia. Hasta 2021, el desempleo medido por el INDEC era más alto que el que arrojaba la metodología del IAG. Después, las tendencias se invirtieron. «El mercado laboral se reconfiguró de manera más precaria, se fragmentó mucho. La búsqueda de trabajo ya no es solo la fábrica, crecieron mucho las changas», explicó.

290 mil empleos formales menos

El cuadro general es contundente: en los últimos dos años se perdieron 290 mil puestos de trabajo formales, según el informe del IAG. Esa sangría fue amortiguada, en parte, por el avance del empleo no registrado, con más de 120 mil nuevos monotributistas a la cabeza, una figura que en muchos casos encubre relaciones laborales de dependencia sin los derechos correspondientes.

En ese contexto, el dato que el Gobierno eligió para celebrar, el crecimiento del empleo, se sostiene en buena medida sobre la expansión de ese sector informal y precarizado, no sobre la generación de trabajo de calidad con derechos garantizados.

El Gobierno bloqueó la transparencia

Un elemento que profundiza la opacidad de los datos oficiales surgió con la salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC. Según trascendidos periodísticos que circularon en ese momento, uno de los motivos del alejamiento del exdirector fue precisamente su intención de comenzar a diferenciar el empleo registrado del informal en los reportes del organismo; una distinción que el Gobierno no habría permitido instrumentar, ya que blanquearía la magnitud real de la precarización del mercado laboral.

Los jubilados, el sector más devastado

El sector de la población más afectado por el crecimiento del desempleo encubierto es el de mayores de 66 años, con un 34% de incidencia. Los últimos datos disponibles corresponden al tercer trimestre de 2025 y revelan que, comparado con el mismo período de 2023, la cantidad de jubilados en esta situación crítica se multiplicó por 2,5, según el informe del IAG.

Se trata de un dato que refleja el impacto directo del deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones sobre la necesidad de los adultos mayores de salir a buscar ingresos complementarios en condiciones de alta precariedad.

Puntos clave

  • Milei afirmó que bajó el desempleo, pero el dato del INDEC subió del 5,7% al 6,6% desde su asunción.
  • El IAG calcula que el desempleo real alcanza el 13,8% si se incorporan trabajadores precarizados que buscan más empleo.
  • En dos años se perdieron 290 mil puestos formales, compensados parcialmente por empleo informal.
  • El ex director del INDEC Marco Lavagna habría dejado el organismo, en parte, por la negativa del Gobierno a visibilizar el empleo informal.
  • Los jubilados mayores de 66 años son el sector más golpeado: la precariedad entre ellos se multiplicó por 2,5 desde 2023. ★

Desregulación

AySA privatizada: el agua del AMBA ya tiene nuevo dueño

El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, en el que participa el empresario Mauricio Filiberti, se quedó con el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos por US$340,2 millones, monto que quedó por debajo de los US$500 millones que pretendía el Gobierno. La operación, amparada en la Ley Bases, consumó la segunda privatización de la empresa que brinda agua potable y saneamiento a 14 millones de personas en la Ciudad y el conurbano.

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De proveedor a dueño del agua: Filiberti se queda con AySA y consolida un negocio sin competencia real.

El agua que beben 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense quedó, a partir de este 8 de octubre de 2026, bajo control privado por primera vez en dos décadas. El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX superó en la licitación al grupo Roggio y se quedó con el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$340,2 millones, casi un 20% más que la oferta rival de US$285 millones, pero muy lejos de los US$500 millones que el Ministerio de Economía esperaba recaudar.

El proceso, encuadrado en la Resolución 704/2026, se inició con la Ley Bases 27.742 aprobada en 2024, que incluyó a AySA en el listado de empresas sujetas a privatización. El 10% restante de las acciones permanecerá en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada, cuyo referente sindical es Omar Lingeri. La adjudicación definitiva aún aguarda la revisión final de la Comisión de Evaluación.

Un proveedor que ahora será el dueño

El consorcio ganador está encabezado por Rowing S.A., firma de ingeniería e infraestructura fundada por Walter Román, cuyas empresas aportaron $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza en 2023. Lo integran también Transclor, del empresario Mauricio Filiberti; la brasileña Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav; y el fondo de inversión PHX AQUA AR BV, con sede en los Países Bajos. Arcos opera agua y cloacas en 15 estados y más de 890 municipios de Brasil, y fue designada como Operador Técnico de la concesión.

La figura de Filiberti merece una lectura aparte. Transclor es proveedora exclusiva de AySA desde 2009 del policloruro de aluminio, el insumo más importante para la potabilización del agua. Al ganar la concesión, Filiberti pasa de proveedor a controlante de la misma empresa a la que le vende su principal insumo. Además, es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor, distribuidora eléctrica que tiene a AySA entre sus mayores clientes. El encadenamiento de negocios regulados en torno a un mismo grupo concentrado no es un detalle menor: es la radiografía de cómo funciona el llamado «círculo rojo» empresarial cuando el Estado decide soltar activos estratégicos.

Historia de ida y vuelta: de Menem a Kirchner, de Kirchner a Milei

AySA no siempre se llamó así ni siempre fue estatal. Su historia condensa cinco décadas de disputas sobre quién debe controlar el agua. La empresa se llamó Obras Sanitarias de la Nación (OSN), fundada en 1912, hasta que Carlos Menem la privatizó en 1993 y la concesionó al consorcio Aguas Argentinas, operado mayoritariamente por el grupo francés Suez. Ese proceso judicial derivó en la determinación de que la empresa había sido vendida a menos de una quinta parte de su valor real.

En 2006, Néstor Kirchner rescindió el contrato con Suez por incumplimientos en las inversiones de infraestructura comprometidas, creó AySA y colocó el 90% del capital bajo control estatal. Desde entonces y hasta 2022, la cobertura de agua potable en el área original de concesión subió del 76% al 85%, y la de cloacas del 57% al 72,6%, según datos de Chequeado. El Gobierno de Milei eligió destacar otro ángulo: desde la reestatización, la empresa requirió aportes del Tesoro por más de US$13.400 millones.

El contrato y los compromisos de inversión

El holding ganador confirmó un compromiso de inversión de US$1.940 millones en los primeros cinco años de concesión y de US$15.040 millones a lo largo de los 30 años del contrato. El nuevo pliego establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El programa contempla aproximadamente $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones destinados a la operación.

Las metas de cobertura también quedaron fijadas: para 2031 se prevé alcanzar el 75,3% en agua y el 63,9% en cloacas; al finalizar el período inicial de concesión, los pisos suben al 90% y 75% respectivamente. El Gobierno asumió además la deuda de la empresa por US$70 millones, que será transferida a los adjudicatarios. Los que paguen las tarifas también pagarán esa deuda.

Un negocio que sale debajo del precio de reserva

La oferta ganadora de US$340,2 millones equivale, considerando el 10% en manos del sindicato, a un precio implícito de US$378 millones por el 100% de la empresa. El Ministerio de Economía había proyectado recaudar US$500 millones. La diferencia de US$160 millones entre lo esperado y lo obtenido es la brecha entre el discurso de eficiencia del mercado y la realidad de una licitación con apenas dos oferentes, de un proceso que comenzó con 17 grupos interesados y terminó con solo dos dispuestos a presentarse.

Así funciona la privatización de servicios esenciales en mercados cautivos: sin competencia real, el precio lo pone el comprador. Los 14 millones de usuarios no eligieron al nuevo concesionario ni votaron la Ley Bases que lo habilitó.

Lo que tenés que saber:

  • El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX se adjudicó el 90% de AySA por US$340,2 millones, por debajo de los US$500 millones esperados por el Gobierno.
  • Mauricio Filiberti, a través de Transclor, era el proveedor exclusivo de cloro para potabilización de AySA desde 2009 y ahora pasará a ser parte del grupo controlante.
  • La empresa brinda agua potable y saneamiento a 14 millones de personas en CABA y 26 municipios del conurbano.
  • AySA fue creada en 2006 por Néstor Kirchner tras rescindir el contrato con el grupo francés Suez; su privatización es la segunda en la historia de la empresa.
  • El grupo controlante asumirá una deuda de US$70 millones de la empresa y se comprometió a invertir US$15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión.
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