★ La Corte Suprema de Justicia inició formalmente el proceso de incorporación al Estado de más de 60 millones de dólares y bienes inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín en la causa conocida como «la ruta del dinero K». El director general de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal, Sergio Romero, envió un oficio al juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, notificando la disposición del decomiso y la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos por subastas, además de la inscripción registral de los inmuebles bajo titularidad de la Corte.

Los montos decomisados

Según la sentencia dictada por el TOF 4 en abril de 2021, y confirmada por la Cámara de Casación en 2023, los montos decomisados alcanzan un total de USD 61.130.860,86, además de $4.174.697, cifra esta última ajustable según el índice de precios del consumidor del INDEC. En el oficio dirigido al tribunal oral, Romero solicitó la transferencia del dinero a dos cuentas del máximo tribunal y la remisión de toda la documentación relacionada con las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14.

Firme tras el rechazo de la Corte

El proceso de ejecución efectiva de los bienes se habilitó el 29 de mayo de 2025, cuando la Corte Suprema, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisibles los recursos de la defensa, dejando firmes las condenas y los decomisos. Esta decisión marcó el punto de inflexión para que el Estado pudiera avanzar en la apropiación definitiva de los activos incautados al empresario patagónico y su hijo.

La disputa por la administración de los bienes

En paralelo a la decisión judicial, el Poder Ejecutivo había creado por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para administrar estos activos. Sin embargo, en octubre de 2024, el juez Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que frenó su aplicación, por considerar que la norma afecta la independencia judicial.

El fallo del magistrado sostuvo que el decreto «altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito» e impacta directamente en la estructura del Poder Judicial, vulnerando su autonomía y la autarquía presupuestaria. Esta resolución mantiene vigente el sistema tradicional de administración de bienes decomisados, según el cual es la propia Corte Suprema quien dispone de ellos.

Con esta notificación formal, la Corte avanza en la ejecución de uno de los decomisos más importantes de los últimos años en causas de corrupción, mientras continúa la discusión sobre quién debe administrar estos recursos recuperados por el Estado.

Puntos clave:

• La Corte Suprema notificó al TOF 4 el inicio formal de la transferencia de más de USD 60 millones decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín

• Los montos incluyen USD 61.130.860,86 y $4.174.697 ajustables por inflación, según la sentencia del TOF 4 de 2021 confirmada por Casación en 2023

• El máximo tribunal declaró inadmisibles los recursos de la defensa en mayo de 2025, dejando firmes las condenas y habilitando la ejecución de los bienes

• Una cautelar dictada por el juez Cayssials en octubre de 2024 mantiene frenado el decreto que creó el Consejo de Bienes Recuperados por vulnerar la autonomía judicial

• La Corte solicitó la transferencia del dinero a dos cuentas propias y la documentación completa de las subastas realizadas en el expediente