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Sin acuerdo y por decreto el Gobierno fijó el Salario Mínimo, Vital y Móvil
A través de la resolución 9/2024 publicada en el Boletín Oficial y luego del fracaso en las negociaciones con sindicalistas y empresarios, el incremento será de 204 mil pesos a partir de mayo. Un 50% frente a una inflación del 107%.
La norma estableció que en abril el SMVM ascendía a 221.052 pesos, a partir de los 202.800 de marzo. Desde mayo, la cifra es 234.315,12 pesos. De esta manera, el monto mínimo de la Prestación por Desempleo quedó en 117.157,56$.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil que había recibido el Gobierno del presidente Javier Milei era de 156 mil pesos en diciembre de 2023 y luego, ya con la gestión libertaria, pasó a 180 mil en febrero. En lo que va del mandato de La Libertad Avanza, el SMVM tuvo un aumento del 50,2%, frente a una inflación del 107%.
La Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 116, establece que el Salario Mínimo, Vital y Móvil «es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión».
El aumento fue definido por el Gobierno luego de que no se llegara a un acuerdo en las reuniones con los representantes de los sindicatos y de las empresas.
«La representación de los trabajadores realizó tres propuestas relativas al monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil y, por su parte, la representación de los empleadores realizó una propuesta, no habiendo consenso al respecto. Luego de un cuarto intermedio, la representación de los trabajadores unificó las propuestas efectuadas en primer término; siendo rechazada por el sector representativo de los empleadores, motivo por el cual, no hubo consenso», se indicó en el texto oficial.
Ante ese escenario, la presidenta alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, Maria Liliana Acosta de Archimbal, se vio en la obligación de «emitir un laudo» y fijó así los nuevos números del salario básico.
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Millones de familias al límite: la morosidad se cuadruplica y marca el peor nivel en 20 años
La imposibilidad de afrontar créditos y tarjetas marcó en febrero un 11,2%, cifra no registrada desde 2004 y superior a los registros de la pandemia, en un escenario de ajuste sin precedentes sobre los ingresos populares.
Endeudamiento récord: la morosidad familiar llega al nivel más alto en dos décadas
★ El sistema financiero argentino expone con datos duros la fractura entre el relato oficial de estabilización macroeconómica y la realidad que atraviesan millones de familias. Según estadísticas del sistema financiero, la morosidad en el cumplimiento de préstamos y compromisos crediticios de los hogares trepó al 11,2% en febrero, encadenando 16 meses consecutivos de suba y superando incluso los registros de la pandemia de Covid-19. El indicador no alcanzaba ese nivel desde 2004, en plena salida de la crisis del colapso de la convertibilidad.
Un deterioro sostenido que no cede
Lejos de ser un fenómeno aislado, la tendencia se consolida con una profundidad que alerta a analistas y legisladores. El Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) acumula 10 meses consecutivos en alza, con un nivel de 5,1 puntos que ubica a los hogares argentinos dentro del rango técnico de «Fragilidad Familiar». Respecto de los valores mínimos registrados a fines de 2024, la morosidad se multiplicó por cuatro, lo que evidencia una aceleración sin precedentes en el proceso de endeudamiento de los sectores medios y populares.
El diputado nacional Nicolás Trotta, del bloque Primero La Patria, describió el fenómeno con precisión: «La morosidad récord muestra que cada vez más familias tienen dificultades para sostener sus gastos y cumplir con sus compromisos. Detrás de este dato hay hogares que hacen cuentas todos los días, que recortan gastos y que viven con más incertidumbre sobre cómo llegar a fin de mes.»
Los analistas sectoriales señalaron que las carteras irregulares avanzan principalmente en el segmento de financiamiento al consumo corriente y de montos menores, lo que revela que una porción creciente de la ciudadanía recurre al crédito para cubrir necesidades básicas e indispensables de subsistencia.
El ajuste como causa estructural
El contexto en el que se inscribe este dato no es aleatorio ni inexplicable. La gestión de Javier Milei recortó el gasto primario total un 31% en términos reales desde diciembre de 2023, mientras los programas sociales se desplomaron un 61% y las transferencias a provincias cayeron un 66%. En paralelo, los servicios públicos y el transporte acumularon subas de más del 525% desde el inicio de la gestión libertaria, y la Canasta Básica Alimentaria registró una variación interanual del 32,8% según datos del INDEC correspondientes a marzo de 2026.
En ese escenario de contracción sostenida del ingreso disponible, la deuda de las familias creció no por decisión propia sino por necesidad estructural: con salarios que perdieron contra la inflación acumulada y servicios que se multiplicaron por más de cinco veces, el crédito dejó de ser una herramienta de consumo para convertirse en un mecanismo de supervivencia.
La deuda pública como espejo de la deuda privada
El proceso de endeudamiento familiar no opera en un vacío político ni económico. El Foro Economía y Trabajo, integrado por economistas como Roberto Feletti, Noemí Brenta, Ricardo Aronskind y Felisa Miceli, entre una veintena de especialistas, publicó el 4 de mayo de 2026 un diagnóstico que denuncia que el sistema tributario argentino traslada la carga fiscal hacia los sectores de menores ingresos: aproximadamente el 70% de la recaudación proviene de impuestos indirectos, como el IVA, que golpea proporcionalmente con mayor fuerza a quienes menos ganan.
Mientras tanto, la deuda pública con el FMI acumula USD 57.100 millones al cierre de 2025, con vencimientos de capital e intereses que superarán los USD 13.400 millones entre 2026 y 2030, condicionando la política fiscal de los próximos dos gobiernos. El Foro advierte que el ajuste fiscal no es un fenómeno aislado sino la consecuencia directa del compromiso de cumplimiento de las metas acordadas con el organismo, cuyo nuevo programa de Servicio Ampliado, firmado en abril de 2025, comprometió USD 20.000 millones equivalentes al 479% de la cuota argentina.
La fotografía del 11,2% de morosidad es, en definitiva, el reverso doméstico de un modelo que prioriza los compromisos financieros internacionales sobre el bienestar cotidiano de la ciudadanía: el Estado ajusta el gasto social para cumplir las metas del Fondo, mientras las familias ajustan sus propios presupuestos endeudándose para llegar a fin de mes.
Puntos clave
- La morosidad de las familias argentinas alcanzó el 11,2% en febrero, el nivel más alto desde 2004 y superior a los registros de la pandemia.
- El indicador encadena 16 meses consecutivos de suba y se multiplicó por cuatro respecto de los mínimos de fines de 2024.
- El Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) llegó a 5,1 puntos tras 10 meses consecutivos en alza, dentro del rango de «Fragilidad Familiar».
- Las carteras irregulares crecen principalmente en créditos de consumo básico y montos menores, lo que revela uso del crédito para cubrir necesidades esenciales.
- El ajuste del gasto social del 61% y el tarifazo acumulado de más del 525% configuran el escenario estructural que explica el endeudamiento masivo de los hogares.
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