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Combustibles: aumentaron cerca del 27%
Los aumentos fueron ordenados por la mayoría de las firmas en horas de la madrugada incluidas Axion, Shell y Puma, en tanto YPF se sumó por la mañana con un incremento promedio del 26% en todo el país.
Las compañías petroleras aplicaron este miércoles un aumento de los combustibles de alrededor del 27%, que se suma a los incrementos de 30% y 37% dispuestos el mes pasado.
Los aumentos fueron ordenados por la mayoría de las firmas en horas de la madrugada incluidas Axion, Shell y Puma, en tanto YPF se sumó por la mañana con un incremento promedio del 26% en todo el país.
En promedio, los nuevos precios en Ciudad de Buenos Aires pasaron a ser de $ 702 para la nafta súper, $ 868 para la nafta premium, diésel común a $ 750 y diésel euro o premium a $ 944, según informaron fuentes del sector.
El mes pasado, la nafta tuvo dos aumentos: uno de hasta el 30% el pasado 8 de diciembre, y otro de entre 30% y 37% el 13 de diciembre, tras la devaluación en la cotización del dólar oficial.
El aumento de hoy se da días después de que la Secretaría de Energía autorizara el pasado jueves aumentos de 34,44% para el precio de adquisición del biodiesel, 33,65% para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, y 28,45% para el elaborado en base a maíz.
El presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, afirmó que el Gobierno nacional apunta a «llevar el precio de los combustibles a la paridad de importación», es decir a lo que cuesta a nivel internacional.
Si bien dijo que los costos dependen de la cotización del tipo de cambio y el valor del petróleo, Castellanos también señaló que la política gubernamental influye pues indicó que la «pauta actual es la libertad de precios».
«Se debe apuntar a una fluctuación libre, sin el control indirecto que hoy ejerce el Gobierno en el mercado a través de YPF», afirmó el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en una entrevista al portal especializado Surtidores, antes de la asunción del presidente Javier Milei.
«Ya se había anunciado que iba a haber un incremento de importancia pero no sabíamos la fecha ni el porcentaje, con lo cual nos llamó la atención que fuera un porcentaje bastante alto», expresó Castellanos en declaraciones a radio La Red.
En este sentido, remarcó que el sector estaba esperando que se recuperara el atraso que tiene el precio de los combustibles, porque sus costos siguen a la inflación y sus ingresos al precio.
«Pero esto ya ocurrió en diciembre y con el último aumento de ese mes desapareció ese atraso que había en el precio, y ahora apareció este otro aumento que tendrá que ver con algunas de las variables que manejan las refinerías, como tipo de cambio, valor del crudo», añadió.
Consultado sobre el precio que podría tomar el combustible, graficó que podría ser «1,80 o 1,70 de dólar, como está en España», lo cual consideró «una locura» porque en Argentina se traduciría en «$ 1.200 o $ 1.300 la nafta súper».
Asimismo, sostuvo que «relacionar el precio de la nafta con el dólar parece tirado de los pelos porque cada país tiene su carga impositiva, costos de elaboración y algunos tienen que importar todo», por lo que estimó que «el costo razonable sería el de elaboración del producto más la rentabilidad lógica de las refinerías».
También recordó que «en 2023, los combustibles subieron 260%» y que «los impuestos que gravan los combustibles por Ley se tienen que ajustar cada tres meses, según el costo de vida, y eso no ocurre hace dos años, y en algún momento va a haber que recuperar ese valor de los impuestos».
La fecha para ello «sería el 1 de febrero, a no ser que se prorrogue nuevamente, y el impacto sobre el precio de venta va a ser también de 25% o 28%», anticipó.Por su parte, el economista y director de la consultora Energía y Economía, Nicolás Arceo, consideró que la liberalización de los precios de los combustibles y la paridad entre los precios internos y de exportación «garantiza mayores niveles de inversión», al tiempo que se mostró contrario a una privatización de YPF.
«El objetivo es llegar a un ´export parity´(paridad entre precios internos y de exportación) relativamente rápido, que, en definitiva, garantiza mayores niveles de inversión», comentó Arceo en diálogo con Radio con Vos.Para llegar a esa paridad -comentó- falta aún un «20% más o menos de incremento a lo largo de los próximos meses», más allá de la inflación acumulada.
En tanto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, afirmó en diálogo con Télam Radio, que el último aumento del 27 % que aplicaron las petroleras sobre los combustibles «sumado a un total que hace el 76 por ciento en un mes», significa para todo el sector productivo «un problema muy grave».
En esa línea, argumentó que se trata de «una distorsión que se genera en los precios debido a estos aumentos consecutivos», y alertó que «sin ninguna duda, va a afectar al comercio, a la industria, a los trabajadores y donde más se ve, en forma inmediatamente reflejado, es en las góndolas».
Por último, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, aseguró que «no hubo campaña del miedo» cuando Sergio Massa advirtió en la campaña electoral que Milei subiría el precio del combustible, y dijo que «miedo dan las consecuencias» de las políticas del actual Gobierno.
«La libertad que profesa Milei es la libertad de los poderosos. Liberó los precios de los combustibles y el litro de nafta se fue a $1.000, tal como lo advirtió Sergio Massa», dijo el ministro provincial en sus redes.
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Está cara la nafta: Caputo hace fiesta por el Superávit que se logra con rutas rotas y el saqueo del impuesto al combustible
El Ministerio de Economía anunció un resultado financiero positivo de $268.103 millones en abril. Pero detrás de los números que el Gobierno festeja como «disciplina fiscal», se esconde un mecanismo regresivo: el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que los consumidores pagan cada vez que cargan nafta, financia el equilibrio de las cuentas mientras las rutas nacionales se desmoronan y la inversión en obras públicas acumula un derrumbe del 86% desde diciembre de 2023.
Caputo festeja el superávit de abril gracias al saqueo USD 3.000 M del impuesto al combustible que por ley se debe destinar a rutas
★ El Ministerio de Economía informó este lunes que el Sector Público Nacional (SPN) registró en abril un resultado financiero superavitario de $268.103 millones, producto de un resultado primario de $632.844 millones y un pago neto de intereses de deuda pública de $364.741 millones. El acumulado del primer cuatrimestre alcanzó el 0,2% del PIB (con un superávit primario de 0,5%).
«El superávit fiscal es consistente con una estricta administración del gasto público, que permite asegurar el orden en las cuentas públicas mientras se continúan devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos», afirmó el ministro Luis Caputo.
Los ingresos totales del SPN crecieron un 29,6% interanual, impulsados principalmente por Débitos y Créditos (+35,1% i.a.), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+28,4% i.a.) e IVA neto (+28,1% i.a.). En el otro extremo, los Derechos de Exportación cayeron un 17,4% interanual, lo que significa que los grandes exportadores aportaron menos al fisco mientras los consumidores, a través de impuestos indirectos, sostuvieron la recaudación.
El impuesto que pagan todos pero no vuelve a las rutas
Entre los ingresos que alimentan el equilibrio fiscal se encuentra el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), un tributo que cada ciudadano abona cada vez que carga nafta o gasoil. La Ley 23.966 establece que una porción significativa de lo recaudado, el 28,58%, debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para financiar Vialidad Nacional y obras de infraestructura. Sin embargo, en la práctica del gobierno de Javier Milei, ese mandato legal se incumple sistemáticamente.
Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entre enero y noviembre de 2025 la recaudación del ICL y el Impuesto al Dióxido de Carbono alcanzó los $4.231.130 millones de pesos, equivalentes a casi USD 3.000 millones, un incremento del 104% respecto al mismo período de 2024. Pese a esa recaudación récord, el Gobierno ejecutó menos del 25% del presupuesto asignado para obras públicas, según el Informe número 141 presentado por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso.
El ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, denunció en abril de 2026 que el Ministerio de Economía recaudó 6 billones de pesos a través del impuesto a los combustibles en dos años de gestión libertaria, sin volcar un solo centavo a las rutas e infraestructura hídrica que ese tributo debe financiar por ley.
Un mecanismo que sostiene el ajuste
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que el 24,2% del ajuste fiscal acumulado durante la gestión de Milei se explica directamente por la poda del gasto en obra pública. El dato no es menor: según el informe del Foro Economía y Trabajo publicado el 4 de mayo de 2026, el gasto de capital del Estado nacional registró una caída real acumulada del 86% desde diciembre de 2023.
Ricardo Lasca, referente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (COPNADUV), advirtió a fines de abril de 2026 que el gobierno nacional «busca disolver la Dirección Nacional de Vialidad» mientras continúa desviando los fondos del ICL, «unos 3.000 millones de dólares por año que se recaudan y deberían asignarse a la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales».
Los gremios viales denunciaron en documentos presentados ante la Defensoría del Pueblo de Formosa que esos fondos «son retenidos indebidamente por el Ministerio de Economía» para engrosar el superávit fiscal. El deterioro progresivo de la red vial, advierten, «no solo genera un incremento de la siniestralidad, sino que perjudica la actividad comercial y turística de todo el país».
La estructura regresiva detrás del equilibrio
El cuadro se completa con la lógica distributiva del ajuste. Mientras los Derechos de Exportación cayeron un 17,4% interanual en abril, beneficiando a los grandes exportadores agropecuarios, los impuestos indirectos que paga el conjunto de la población sostuvieron la recaudación. El IVA creció un 28,1% interanual, los impuestos a Débitos y Créditos un 35,1%.
Este esquema se enmarca en lo que el Foro Economía y Trabajo describió como un sistema tributario «regresivo por diseño»: aproximadamente el 70% de la recaudación argentina proviene de impuestos indirectos que recaen proporcionalmente con más fuerza sobre los sectores de menores ingresos. El ICL es parte de ese universo: todos pagan lo mismo por litro, pero quienes más distancia recorren por necesidad laboral o quienes no tienen acceso al transporte público soportan una carga efectiva mayor.
Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios y transporte público acumuló una suba superior al 525%, con el transporte liderando los aumentos con casi el 912%, según informes del IIEP (UBA-CONICET). La paradoja es brutal: los argentinos pagan más por el combustible, más por el transporte, y el dinero recaudado no regresa en la forma de rutas seguras ni infraestructura reparada, sino en el equilibrio contable que Caputo festeja.
«Un hecho inédito» que no cierra para todos
Caputo celebró la posibilidad de «alcanzar en 2026 tres años consecutivos de superávit financiero disminuyendo impuestos y honrando la totalidad de los compromisos del Sector Público Nacional, un hecho inédito en la historia argentina».
Lo que el ministro omitió es el costo concreto de ese equilibrio: transferencias a provincias recortadas un 66% en términos reales, programas sociales podados un 61%, salarios públicos erosionados un 29% y un gasto de capital desplomado un 86%, todo desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo. Las rutas deterioradas, los hospitales sin mantenimiento y las universidades desfinanciadas son la otra cara del número que el oficialismo muestra como trofeo.
Puntos clave:
- El Gobierno anunció un superávit financiero de $268.103 millones en abril de 2026, con un acumulado cuatrimestral de 0,2% del PIB.
- El ICL recaudó casi USD 3.000 millones entre enero y noviembre de 2025, pero el Gobierno ejecutó menos del 25% del presupuesto vial asignado.
- La Ley 23.966 obliga a destinar el 28,58% del ICL a infraestructura vial; el mandato se incumple sistemáticamente según denuncias de gremios y funcionarios provinciales.
- Los Derechos de Exportación cayeron 17,4% interanual en abril, mientras el IVA (consumidores) creció 28,1%.
- El gasto de capital acumula una caída real del 86% desde diciembre de 2023, según el Foro Economía y Trabajo.
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