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Combustibles: aumentaron cerca del 27%

Los aumentos fueron ordenados por la mayoría de las firmas en horas de la madrugada incluidas Axion, Shell y Puma, en tanto YPF se sumó por la mañana con un incremento promedio del 26% en todo el país.

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Las compañías petroleras aplicaron este miércoles un aumento de los combustibles de alrededor del 27%, que se suma a los incrementos de 30% y 37% dispuestos el mes pasado.

Los aumentos fueron ordenados por la mayoría de las firmas en horas de la madrugada incluidas Axion, Shell y Puma, en tanto YPF se sumó por la mañana con un incremento promedio del 26% en todo el país.

En promedio, los nuevos precios en Ciudad de Buenos Aires pasaron a ser de $ 702 para la nafta súper, $ 868 para la nafta premium, diésel común a $ 750 y diésel euro o premium a $ 944, según informaron fuentes del sector.

El mes pasado, la nafta tuvo dos aumentos: uno de hasta el 30% el pasado 8 de diciembre, y otro de entre 30% y 37% el 13 de diciembre, tras la devaluación en la cotización del dólar oficial.

El aumento de hoy se da días después de que la Secretaría de Energía autorizara el pasado jueves aumentos de 34,44% para el precio de adquisición del biodiesel, 33,65% para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, y 28,45% para el elaborado en base a maíz.

El presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, afirmó que el Gobierno nacional apunta a «llevar el precio de los combustibles a la paridad de importación», es decir a lo que cuesta a nivel internacional.

Si bien dijo que los costos dependen de la cotización del tipo de cambio y el valor del petróleo, Castellanos también señaló que la política gubernamental influye pues indicó que la «pauta actual es la libertad de precios».

«Se debe apuntar a una fluctuación libre, sin el control indirecto que hoy ejerce el Gobierno en el mercado a través de YPF», afirmó el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en una entrevista al portal especializado Surtidores, antes de la asunción del presidente Javier Milei.

«Ya se había anunciado que iba a haber un incremento de importancia pero no sabíamos la fecha ni el porcentaje, con lo cual nos llamó la atención que fuera un porcentaje bastante alto», expresó Castellanos en declaraciones a radio La Red.

En este sentido, remarcó que el sector estaba esperando que se recuperara el atraso que tiene el precio de los combustibles, porque sus costos siguen a la inflación y sus ingresos al precio.

«Pero esto ya ocurrió en diciembre y con el último aumento de ese mes desapareció ese atraso que había en el precio, y ahora apareció este otro aumento que tendrá que ver con algunas de las variables que manejan las refinerías, como tipo de cambio, valor del crudo», añadió.

Consultado sobre el precio que podría tomar el combustible, graficó que podría ser «1,80 o 1,70 de dólar, como está en España», lo cual consideró «una locura» porque en Argentina se traduciría en «$ 1.200 o $ 1.300 la nafta súper».

Asimismo, sostuvo que «relacionar el precio de la nafta con el dólar parece tirado de los pelos porque cada país tiene su carga impositiva, costos de elaboración y algunos tienen que importar todo», por lo que estimó que «el costo razonable sería el de elaboración del producto más la rentabilidad lógica de las refinerías».

También recordó que «en 2023, los combustibles subieron 260%» y que «los impuestos que gravan los combustibles por Ley se tienen que ajustar cada tres meses, según el costo de vida, y eso no ocurre hace dos años, y en algún momento va a haber que recuperar ese valor de los impuestos».

La fecha para ello «sería el 1 de febrero, a no ser que se prorrogue nuevamente, y el impacto sobre el precio de venta va a ser también de 25% o 28%», anticipó.Por su parte, el economista y director de la consultora Energía y Economía, Nicolás Arceo, consideró que la liberalización de los precios de los combustibles y la paridad entre los precios internos y de exportación «garantiza mayores niveles de inversión», al tiempo que se mostró contrario a una privatización de YPF.

«El objetivo es llegar a un ´export parity´(paridad entre precios internos y de exportación) relativamente rápido, que, en definitiva, garantiza mayores niveles de inversión», comentó Arceo en diálogo con Radio con Vos.Para llegar a esa paridad -comentó- falta aún un «20% más o menos de incremento a lo largo de los próximos meses», más allá de la inflación acumulada.

En tanto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, afirmó en diálogo con Télam Radio, que el último aumento del 27 % que aplicaron las petroleras sobre los combustibles «sumado a un total que hace el 76 por ciento en un mes», significa para todo el sector productivo «un problema muy grave».

En esa línea, argumentó que se trata de «una distorsión que se genera en los precios debido a estos aumentos consecutivos», y alertó que «sin ninguna duda, va a afectar al comercio, a la industria, a los trabajadores y donde más se ve, en forma inmediatamente reflejado, es en las góndolas».

Por último, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, aseguró que «no hubo campaña del miedo» cuando Sergio Massa advirtió en la campaña electoral que Milei subiría el precio del combustible, y dijo que «miedo dan las consecuencias» de las políticas del actual Gobierno.

«La libertad que profesa Milei es la libertad de los poderosos. Liberó los precios de los combustibles y el litro de nafta se fue a $1.000, tal como lo advirtió Sergio Massa», dijo el ministro provincial en sus redes.

Impuestos

Las PyMEs argentinas enfrentan 62 obligaciones tributarias y administrativas por año

Un relevamiento del IARAF y la CAC contabilizó 34 gravámenes y 28 regímenes de percepción, retención e información para una empresa representativa. Aunque hubo una reducción respecto del año anterior, persisten los costos administrativos y los fondos inmovilizados.

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Las pequeñas y medianas empresas argentinas deben afrontar una estructura de obligaciones que comprende impuestos nacionales, provinciales y municipales, además de distintos procedimientos administrativos. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el relevamiento de 2026 identificó 34 tributos y 28 regímenes de percepción, retención e información.

El documento, denominado Vademécum tributario argentino de PyMES 2026, citado por NA, contabiliza un total de 62 obligaciones entre gravámenes y trámites formales. Aunque las cifras muestran una reducción respecto del año anterior, el estudio advierte sobre los costos de cumplimiento y la acumulación de saldos a favor que pueden afectar los recursos de las empresas.

El informe identificó 34 tributos para las PyMEs argentinas

De acuerdo con el relevamiento del IARAF y la CAC, los tributos identificados se distribuyen entre los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal.

En el ámbito nacional se contabilizaron 16 tributos. Entre ellos figuran el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias para sociedades, el Impuesto al Cheque, los derechos de importación y exportación, y las contribuciones patronales.

En el nivel provincial, el estudio identificó ocho tributos. Los principales ejemplos son el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), el Impuesto Inmobiliario provincial, el Impuesto del Automotor y el Impuesto de Sellos.

Por su parte, el ámbito municipal reúne diez tributos, entre los que se encuentran la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), el Derecho de Publicidad y Propaganda y distintas tasas inmobiliarias y automotrices.

La cantidad de tributos disminuyó respecto del relevamiento anterior

El informe registró una reducción en la cantidad de tributos contemplados en comparación con el año previo: pasaron de 37 a 34.

Según el documento, la variación responde a la eliminación de los impuestos internos que gravaban los seguros y la telefonía celular, además de un cambio metodológico que excluyó la Tasa de Ocupación de Espacios Públicos por corresponder a actividades específicas.

También se redujo la cantidad de regímenes de percepción, retención e información, que pasó de 30 a 28.

Sin embargo, el estudio precisó que solo una de esas bajas representó una reducción efectiva de alcance generalizado: la eliminación del régimen vinculado al Impuesto PAIS. La otra correspondió a la supresión de un mecanismo exclusivo del sector de escribanías.

Qué empresa se tomó como referencia para calcular las obligaciones

Para elaborar el vademécum, la investigación definió un modelo de PyME constituida como sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.), con características operativas que permiten contemplar distintas obligaciones fiscales.

La empresa representativa cuenta con establecimiento propio, empleados en relación de dependencia, flota de vehículos y equipamiento tecnológico. Además, opera con cuentas bancarias, importa insumos y exporta parte de su producción.

El cálculo también considera los impuestos directos e indirectos incorporados en las facturas de servicios básicos, como electricidad, gas natural, agua, telefonía celular e internet.

De esta manera, el relevamiento contempla tanto los tributos vinculados directamente con la actividad empresarial como aquellos que inciden en los costos de funcionamiento.

Retenciones y percepciones: los costos administrativos que señala el estudio

El informe identifica dos obstáculos principales asociados a los 28 regímenes de percepción, retención e información.

El primero es la carga administrativa que deben afrontar las empresas para cumplir con presentaciones periódicas y otros procedimientos formales. Estas tareas requieren recursos operativos y exponen a las PyMEs al riesgo de sanciones o multas ante eventuales incumplimientos.

El segundo problema es la acumulación de saldos a favor, generada por la proliferación de retenciones y percepciones. Según el documento, la lentitud y la burocracia de los procedimientos de devolución dificultan la recuperación de esos fondos.

La situación puede provocar que parte de los recursos de las empresas quede inmovilizada mientras se tramitan las devoluciones correspondientes.

Los saldos a favor pueden representar fondos inmovilizados para las empresas

El vademécum advierte que los importes retenidos o percibidos en exceso pueden convertirse en un problema financiero cuando las empresas no consiguen recuperarlos con rapidez.

El informe sostiene que, ante las demoras administrativas, esos fondos inmovilizados se transforman en la práctica en un incremento encubierto de las alícuotas tributarias.

El relevamiento del IARAF y la CAC plantea así dos dimensiones de la carga que enfrentan las PyMEs argentinas: el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas, por un lado, y las dificultades para disponer de recursos propios que quedan acumulados como saldos a favor, por el otro.

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