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Judiciales ⚖️

Procesaron a los responsables del incendio que afectó 10 mil hectáreas de bosque fueguino

El siniestro fue definido como uno de los mayores desastres ambientales de Tierra del Fuego.

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Por Gabriel Ramonet

A un año del incendio forestal que consumió 8200 hectáreas de bosque nativo y afectó un total de 10 mil hectáreas en el centro geográfico de Tierra del Fuego, la Justicia provincial procesó a dos personas como responsables del inicio del fuego, aunque los abogados de los acusados apelarán el fallo porque consideran que no se basa en pruebas concretas sino en especulaciones sin fundamento.

El que fue definido como uno de los mayores desastres ambientales de la isla fueguina, con un costo económico valuado en más de 500 millones de pesos, comenzó el 30 de noviembre de 2022 en la reserva natural Corazón de la Isla, a unos 40 kilómetros al oeste del municipio de Tolhuin.

Las llamas se esparcieron con gran facilidad por la zona boscosa debido a las condiciones climáticas, lo que derivó en un inédito operativo para combatir el incendio con cientos de brigadistas y recursos provinciales y nacionales, extendido durante meses y que concluyó al iniciar la temporada de invierno.

Los investigadores policiales determinaron como lugar de inicio del fuego a un fogón con parrillas ubicado en proximidades del Río Claro, cerca de la ex Estancia Carmen, hoy reconvertida en un refugio con fines turísticos.

Si bien el juez de Competencia Integral de Tolhuin, José Pellegrino, no halló pruebas directas, en una resolución dictada en los últimos días decidió procesar por el presunto delito de «incendio culposo» al administrador y al encargado del parador turístico.

Se trata de José Armando Ruiz, 72 años, y de Duvalier Anrronico Concha García, de 53, quienes además fueron embargados por 2.052.5000 de pesos cada uno.

Ruiz es el titular de la concesión del predio otorgada mediante decreto provincial en 2013, mientras que Concha García es un empleado suyo que cumple la función de encargado o supervisor de las tareas generales del establecimiento.

Los integrantes de la familia Ruiz fueron de los que más trabajaron para sofocar el fuego, e incluso formaron grupos de brigadistas voluntarios que se sumaron a las tareas con equipamiento y cuatriciclos de la propia estancia.

Sin embargo, al resolver el auto de procesamiento, el juez Pellegrino entendió que desde el parador turístico sale el único camino que comunica con el sitio donde empezó el fuego, y que para acceder a él se atraviesa una tranquera cuyo dominio completo le corresponde al administrador y al encargado del lugar.

«Por poseer el control de la entrada al lugar de origen del fuego, faltaron al deber de cuidado por omisión comisiva que debieron haber tenido para evitar el hecho que nos ocupa», escribió el magistrado en el pronunciamiento al que accedió Télam.

También mencionó que «el uso habitual del camino y tránsito por el foco del ígneo, en el que se encontraba armado un fogón protegido mediante una alcantarilla con parrilla y cuyo uso habitual se desprende de los informes periciales, dan cuenta del indudable conocimiento (que tenían los acusados de la situación)», fundamentó el juez.

En cambio, para la abogada María Florencia Pérez Reche, perteneciente al estudio jurídico que defiende a Ruiz y Concha García, la decisión judicial resulta «no solo prematura» sino también «equivocada».

«No estamos de acuerdo y por eso vamos a apelar. Por un lado, el fuego empezó fuera de los límites del predio concesionado a la familia Ruiz. Por otra parte, no es cierto que el único ingreso a la zona sea por el camino que atraviesa el establecimiento. El propio Gobierno tiene otra tranquera, y se puede acceder caminando por otros lugares», explicó Pérez Reche a Télam.

También dijo que sus clientes están «sorprendidos» porque «ellos cuidan el lugar más que nadie, y desde el primer momento de declarado el incendio se mostraron predispuestos a colaborar con la emergencia», señaló.

El desastre de Corazón de la Isla empezó el miércoles 30 de noviembre con la peor de las combinaciones: una temporada de sequía y una semana de vientos intensos de entre 60 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas de 100.

Ese contexto inicial impidió el ataque directo del fuego, y el uso de medios aéreos, que recién pudieron utilizarse varias jornadas después.

Las llamas se dispersaron con facilidad a través de un bosque virgen y antiguo, con árboles de 40 metros de altura y abundante material combustible en el suelo.

La topografía compleja de la zona, con pocos lugares de acceso y en medio de una sequía extrema, también complicó las acciones de contención.

La provincia pidió ayuda al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que envió unos 100 brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) desde distintos puntos del país.

Equipos de la Dirección Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios de Tolhuin, guardaparques provinciales, la brigada del Parque Nacional Tierra del Fuego y miembros de Defensa Civil Tolhuin y la Armada Argentina, se sumaron a las tareas.

Además, Tierra del Fuego contrató dos aviones hidrantes y la legislatura sancionó el 7 de diciembre de 2022 la ley provincial 1457, que declaró la emergencia ambiental por incendios forestales y determinó la prohibición total de encendido de fuego en zonas agrestes.

El operativo se extendió por varios meses, y en abril de este año todavía se registraban focos que terminaron de extinguirse con las primeras nevadas y la disminución de la temperatura propia del invierno austral.

En octubre pasado, el gobierno fueguino declaró abierta la temporada «de alto riesgo de incendio», con la prohibición de encender fuego todavía vigente y algunas muy pocas excepciones para el uso de garrafas de gas solo en sitios habilitados.

La reserva natural Corazón de la Isla posee «un valor escénico indiscutible» ya que «protege sectores de bosque, turbales y una pequeña porción ecotono, además de resguardar un complejo sistema de aguas comprendido por los lagos Chepelmut, Yehuin y Yakush que están interconectados, y por una porción argentina del lago Deseado», detallaron fuentes científicas de la Isla consultadas por Télam.

En el lugar hay una gran reserva de guanacos y allí habita el zorro colorado fueguino, único cánido nativo, actualmente escaso y con riesgo de desaparecer de Tierra del Fuego, además de una variada cantidad de especies de aves, mientras que entre la flora se destacan los bosques de lengas, ñires y guindos.

Un año después, el recuerdo de los días de máxima tensión y de incertidumbre por el avance de las llamas todavía perdura en la memoria de los fueguinos, mientras la Justicia intenta avanzar en las responsabilidades personales de un episodio que conmocionó a toda la provincia, y ocasionó daños irreparables en uno los lugares más prístinos del planeta.

Judiciales ⚖️

ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión

La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.

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La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión

★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.

La nueva causa y el fiscal que la lleva

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.

En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».

Las cifras bajo la lupa fiscal

Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.

Una segunda causa que se monta sobre la primera

Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.

Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.

La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación

El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.

El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.

Doble estándar en la cima del fisco

La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.

Puntos clave:

– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.

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