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Judiciales ⚖️

Procesaron a los responsables del incendio que afectó 10 mil hectáreas de bosque fueguino

El siniestro fue definido como uno de los mayores desastres ambientales de Tierra del Fuego.

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Por Gabriel Ramonet

A un año del incendio forestal que consumió 8200 hectáreas de bosque nativo y afectó un total de 10 mil hectáreas en el centro geográfico de Tierra del Fuego, la Justicia provincial procesó a dos personas como responsables del inicio del fuego, aunque los abogados de los acusados apelarán el fallo porque consideran que no se basa en pruebas concretas sino en especulaciones sin fundamento.

El que fue definido como uno de los mayores desastres ambientales de la isla fueguina, con un costo económico valuado en más de 500 millones de pesos, comenzó el 30 de noviembre de 2022 en la reserva natural Corazón de la Isla, a unos 40 kilómetros al oeste del municipio de Tolhuin.

Las llamas se esparcieron con gran facilidad por la zona boscosa debido a las condiciones climáticas, lo que derivó en un inédito operativo para combatir el incendio con cientos de brigadistas y recursos provinciales y nacionales, extendido durante meses y que concluyó al iniciar la temporada de invierno.

Los investigadores policiales determinaron como lugar de inicio del fuego a un fogón con parrillas ubicado en proximidades del Río Claro, cerca de la ex Estancia Carmen, hoy reconvertida en un refugio con fines turísticos.

Si bien el juez de Competencia Integral de Tolhuin, José Pellegrino, no halló pruebas directas, en una resolución dictada en los últimos días decidió procesar por el presunto delito de «incendio culposo» al administrador y al encargado del parador turístico.

Se trata de José Armando Ruiz, 72 años, y de Duvalier Anrronico Concha García, de 53, quienes además fueron embargados por 2.052.5000 de pesos cada uno.

Ruiz es el titular de la concesión del predio otorgada mediante decreto provincial en 2013, mientras que Concha García es un empleado suyo que cumple la función de encargado o supervisor de las tareas generales del establecimiento.

Los integrantes de la familia Ruiz fueron de los que más trabajaron para sofocar el fuego, e incluso formaron grupos de brigadistas voluntarios que se sumaron a las tareas con equipamiento y cuatriciclos de la propia estancia.

Sin embargo, al resolver el auto de procesamiento, el juez Pellegrino entendió que desde el parador turístico sale el único camino que comunica con el sitio donde empezó el fuego, y que para acceder a él se atraviesa una tranquera cuyo dominio completo le corresponde al administrador y al encargado del lugar.

«Por poseer el control de la entrada al lugar de origen del fuego, faltaron al deber de cuidado por omisión comisiva que debieron haber tenido para evitar el hecho que nos ocupa», escribió el magistrado en el pronunciamiento al que accedió Télam.

También mencionó que «el uso habitual del camino y tránsito por el foco del ígneo, en el que se encontraba armado un fogón protegido mediante una alcantarilla con parrilla y cuyo uso habitual se desprende de los informes periciales, dan cuenta del indudable conocimiento (que tenían los acusados de la situación)», fundamentó el juez.

En cambio, para la abogada María Florencia Pérez Reche, perteneciente al estudio jurídico que defiende a Ruiz y Concha García, la decisión judicial resulta «no solo prematura» sino también «equivocada».

«No estamos de acuerdo y por eso vamos a apelar. Por un lado, el fuego empezó fuera de los límites del predio concesionado a la familia Ruiz. Por otra parte, no es cierto que el único ingreso a la zona sea por el camino que atraviesa el establecimiento. El propio Gobierno tiene otra tranquera, y se puede acceder caminando por otros lugares», explicó Pérez Reche a Télam.

También dijo que sus clientes están «sorprendidos» porque «ellos cuidan el lugar más que nadie, y desde el primer momento de declarado el incendio se mostraron predispuestos a colaborar con la emergencia», señaló.

El desastre de Corazón de la Isla empezó el miércoles 30 de noviembre con la peor de las combinaciones: una temporada de sequía y una semana de vientos intensos de entre 60 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas de 100.

Ese contexto inicial impidió el ataque directo del fuego, y el uso de medios aéreos, que recién pudieron utilizarse varias jornadas después.

Las llamas se dispersaron con facilidad a través de un bosque virgen y antiguo, con árboles de 40 metros de altura y abundante material combustible en el suelo.

La topografía compleja de la zona, con pocos lugares de acceso y en medio de una sequía extrema, también complicó las acciones de contención.

La provincia pidió ayuda al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que envió unos 100 brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) desde distintos puntos del país.

Equipos de la Dirección Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios de Tolhuin, guardaparques provinciales, la brigada del Parque Nacional Tierra del Fuego y miembros de Defensa Civil Tolhuin y la Armada Argentina, se sumaron a las tareas.

Además, Tierra del Fuego contrató dos aviones hidrantes y la legislatura sancionó el 7 de diciembre de 2022 la ley provincial 1457, que declaró la emergencia ambiental por incendios forestales y determinó la prohibición total de encendido de fuego en zonas agrestes.

El operativo se extendió por varios meses, y en abril de este año todavía se registraban focos que terminaron de extinguirse con las primeras nevadas y la disminución de la temperatura propia del invierno austral.

En octubre pasado, el gobierno fueguino declaró abierta la temporada «de alto riesgo de incendio», con la prohibición de encender fuego todavía vigente y algunas muy pocas excepciones para el uso de garrafas de gas solo en sitios habilitados.

La reserva natural Corazón de la Isla posee «un valor escénico indiscutible» ya que «protege sectores de bosque, turbales y una pequeña porción ecotono, además de resguardar un complejo sistema de aguas comprendido por los lagos Chepelmut, Yehuin y Yakush que están interconectados, y por una porción argentina del lago Deseado», detallaron fuentes científicas de la Isla consultadas por Télam.

En el lugar hay una gran reserva de guanacos y allí habita el zorro colorado fueguino, único cánido nativo, actualmente escaso y con riesgo de desaparecer de Tierra del Fuego, además de una variada cantidad de especies de aves, mientras que entre la flora se destacan los bosques de lengas, ñires y guindos.

Un año después, el recuerdo de los días de máxima tensión y de incertidumbre por el avance de las llamas todavía perdura en la memoria de los fueguinos, mientras la Justicia intenta avanzar en las responsabilidades personales de un episodio que conmocionó a toda la provincia, y ocasionó daños irreparables en uno los lugares más prístinos del planeta.

Denuncia

“No hay delito”: el Gobierno da por cerrado el caso Bolsonaro antes de que la Justicia responda

Con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra todavía fresco, el oficialismo descuenta que la denuncia por la salida de Flávio Bolsonaro vía Puerto Iguazú no pasará de una etapa preliminar. La fiscal Paloma Ochoa, sin embargo, aún espera datos que podrían definir si hubo incumplimiento de funciones.

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El Argentino Diario-Santiago Caputo.
Fuga de Bolsonaro: qué medidas pidió la fiscal Ochoa y por qué el Gobierno cree que la causa no avanzará.

“No hay delito”, repiten en el oficialismo, aunque la Justicia todavía no respondió la pregunta central: si las autoridades argentinas sabían que Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil.

La frase resume el estado de ánimo de la Casa Rosada respecto de la denuncia que presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El expediente tramita en Comodoro Py, en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, y por ahora es solo una investigación preliminar, una instancia previa a una pesquisa formal. Según trascendió de operadores judiciales cercanos al Gobierno, en el oficialismo consideran que no existen posibilidades de que se abra una causa “real” sobre el ingreso y la salida de Bolsonaro.

El recorrido de Bolsonaro y las sospechas sobre el Gobierno

El senador y excandidato presidencial brasileño, que perdió el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, dejó su país el martes por la noche y cruzó a la Argentina por el puente internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, Misiones. Según confirmó la Cancillería argentina, ingresó por vía terrestre a las 22:50. Recorrió luego poco más de 20 kilómetros hasta el Aeropuerto Internacional Iguazú, donde abordó un vuelo privado de la empresa Baires Fly rumbo a Estados Unidos.

Las denuncias que llegaron a los tribunales recogen las sospechas que circularon en los medios en los últimos días: desde una supuesta cooperación política de Milei hasta menciones al asesor Santiago Caputo por una aparente colaboración operativa. También alcanzan a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), por los trámites migratorios y la presunta asistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El viernes, el diputado nacional Esteban Paulón amplió una presentación que había hecho en Comodoro Py y apuntó contra el titular de esa fuerza y contra integrantes del Ente Binacional Yacyretá, que habrían tenido alguna participación en la trama.

Los dos argumentos que sostienen la confianza oficial

El Gobierno se apoya en dos elementos. El primero es que la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú desestimó una denuncia por el ingreso del excandidato al país al concluir que no hubo irregularidades en el accionar migratorio, decisión que respaldó la Fiscalía de Revisión. El segundo es que en Buenos Aires todavía no existe una causa formal. La fiscal Ochoa no impulsó la investigación apenas recibió la denuncia: le sugirió a la jueza Capuchetti una serie de medidas preliminares para definir, a partir de sus resultados, si corresponde avanzar hacia una pesquisa más amplia sobre las eventuales responsabilidades de funcionarios.

Esas medidas incluyen un exhorto al Gobierno nacional para que preserve las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Iguazú de los días 27 y 28 de octubre, y pedidos de informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles al avión de Baires Fly en el que Bolsonaro viajó con su familia y sobre los pasajeros que abordaron.

La pregunta que todavía no tiene respuesta

Una de las medidas más importantes apunta a determinar si las autoridades argentinas recibieron algún exhorto o aviso sobre la situación judicial de Bolsonaro y la prohibición de abandonar el país que dispuso el juez Alexandre de Moraes. Ese dato es central para establecer un eventual incumplimiento de funciones por parte de funcionarios argentinos, y es justamente el que el oficialismo no explicó.

Por ahora, Migraciones sostuvo que no existía “ningún impedimento legal” para el ingreso, algo que el jueves ratificó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Del lado brasileño, la Policía Federal informó que no constan registros de la salida de Bolsonaro y su familia, a pesar de que De Moraes también había dispuesto insertar una alerta migratoria en el sistema Sonar, que se usa en ese país para controlar los desplazamientos internacionales.

Las autoridades brasileñas aclararon además, en un mismo comunicado, que una restricción vinculada con los documentos de viaje no alcanza por sí sola para considerar fugitivo a alguien ni para autorizar un arresto, una vigilancia permanente u otras medidas cautelares. Ese punto explicaría por qué Migraciones no encontró alertas ni impedimentos en la madrugada del miércoles, cuando Bolsonaro y su familia ya volaban rumbo a Miami.

Lo que viene en Comodoro Py

La semana próxima podría haber una definición sobre la denuncia de Solano. Una vez que llegue la información requerida, lo esperable es que Capuchetti se la remita a la fiscal Ochoa, quien deberá dictaminar si corresponde impulsar la investigación y, en ese caso, proponer medidas de prueba. La fiscal también puede pedir la desestimación de la denuncia si no encuentra elementos. Hasta entonces, la tranquilidad oficial descansa en una expectativa y no en una resolución judicial.

Lo que tenés que saber:

  • En el Gobierno aseguran que “no hay delito” y confían en que la denuncia de Gabriel Solano no prospere.
  • La fiscal Paloma Ochoa pidió medidas preliminares y todavía no impulsó una investigación formal.
  • La Fiscalía de Puerto Iguazú desestimó otra denuncia por falta de irregularidades migratorias, y la Fiscalía de Revisión respaldó esa decisión.
  • Una de las medidas clave busca saber si Argentina recibió aviso de la prohibición de salida dictada por Moraes.
  • La semana próxima podría haber una definición sobre si la causa avanza o se desestima.
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