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Hallan Fosa común de integrantes de pueblos originarios

El hallazgo se produjo el pasado 27 de septiembre en el marco de los sondeos que el antropólogo Juan Nóbile del EAAF venía realizando desde marzo en esta localidad santafesina a pedido de la Fiscalía Federal de Reconquista.

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Antropólogos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificaron el lugar donde se presume que fueron enterradas las víctimas de la masacre de San Antonio de Obligado de 1887, en lo que constituye el primer hallazgo de una fosa común vinculada con una masacre indígena perpetrada por el Estado Argentino según informaron la abogada de las comunidades y el colectivo Guías que acompañaron las tareas.

El hallazgo de restos humanos se produjo el pasado 27 de septiembre en el marco de los sondeos que el antropólogo Juan Nóbile del EAAF venía realizando desde marzo en esta localidad santafesina a pedido de la Fiscalía Federal de Reconquista que está investigando los hechos de cara a la realización de un juicio por la verdad histórica, el primero por delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en el siglo XIX.

«Es histórico porque se trata del hallazgo de la primera fosa común de una masacre indígena llevada a cabo del Estado argentino», dijo el antropólogo Fernando Pepe, coordinador del Área de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y Protección de Sitios Sagrados del INAI, y estuvo presente en el descubrimiento realizado en la localidad santafesina de San Antonio de Obligado.

«En Argentina tenemos ubicada una fosa común más antigua en Mendoza, pero como parte del genocidio indígena cometido por los españoles, y el EAAF está en plena búsqueda de la fosas comunes de la masacre de Napalpí» que aún no fueron encontradas, explicó este miembro fundador del Colectivo Guías, organización que viene colaborando fuertemente con la producción de pruebas en la causa a través de la investigación y análisis de documentación histórica.

Cintia Chávez, la abogada que representa a las comunidades qom y mocoi descendientes de los indígenas fusilados en 1887, explicó que el hallazgo tuvo «una carga emotiva muy fuerte» ya que previo a los inicios de esa jornada de excavaciones se realizó una ceremonia para solicitar permiso «a nuestros ancestros que yacen en ese territorio» y bendecir la tarea de los investigadores, de la que participaron autoridades estatales, indígenas y el obispo José Ángel Masín.

«Pero, además, la primera palada para encontrar los restos la realizó (el cacique) Ariel Chará de la comunidad Qompi, que después nos contó la enorme emoción que le causó el haber encontrado a sus abuelos», dijo.

La aparición de un cráneo humano de un adulto o adulta joven fue lo que dio a los investigadores el primer indicio concreto de que allí están enterradas las víctimas de la masacre, pero no pudieron seguir adelante con las excavaciones porque la orden era detener los trabajos cuando se encontraran restos óseos y hasta tanto la justicia produzca una nueva solicitud, en este caso de exhumación y peritaje de todos los cuerpos que allí se encuentren.

«El 27 a la mañana el cacique Ariel Chará observó que a unos 45 centímetros de profundidad afloraba un cráneo, ahí intervino el antropólogo Juan Nobile junto con las arqueólogas de la UNLP, Laura Huehara y Melisa Sánchez, y determinaron que efectivamente se trataba de un cráneo humano», contó Pepe.

«Se siguió ese sondeo un poco más para confirmar que estaba in situ todo el esqueleto, y se frenó ahí la excavación porque se terminó la etapa de búsqueda, se cerró otra vez todo y estamos esperando que se apruebe el plan de extracción», agregó.

Para Pepe no hay dudas de que «hallamos la fosa», y ahora lo que queda por delante es «abrir todo el predio para retirar todos los cuerpos que suponemos que son los de los 14 hombres, el niño y la mujer fusilados el 11 de marzo de 1887 por el Ejército argentino».

El antropólogo explicó que los demás cuerpos «se supone que se encuentran debajo o alrededor de este primer cuerpo» hallado junto al monumento de La Cruz Alta y en el mismo lugar que indicaba la tradición oral que fue transmitiéndose de generación en generación.

Hacia 1884, cinco comunidades de los pueblos indígenas moqoit y qom de la zona del chaco santafesino accedieron a asentarse definitivamente en la reducción religiosa San Antonio de Padua de Obligado, que se creó en territorios cercanos a la Colonia Las Toscas, mediante un acuerdo con el Gobierno nacional, el cual les prometió escriturar a su nombre esas tierras a futuro.

Las negociaciones para conformar la reducción cuyo objetivo era convertir a los indígenas a la cultura occidental cristiana e introducirlos como mano de obra barata al capitalismo en su versión agroexportadora, habían sido encabezadas por el misionero franciscano y jefe espiritual de esa misión Ermete Constanzi.

Los indígenas no sólo debían trabajar en las tierras de la reducción sino también en los ingenios azucareros de localidades vecinas o para la guarnición militar de Las Toscas, cuyo comandante era Marcos Piedra.

Algunos años más tarde, las condiciones de vida en la misión comenzaron a empeorar con epidemias, abusos físicos, castigos de las autoridades militares y falta de alimentos.

La relación entró definitivamente en crisis durante el verano de 1887 cuando el Ejército nacional raptó una niña indígena para cumplir un pedido del gobernador del Territorio Nacional de Misiones y hermano del presidente Julio Argentino Roca, Rudecindo, que había solicitado le envíen «una chinita» para servidumbre.

La indignación derivó en la sublevación de una parte de los reducidos, quienes asesinaron a Piedra y a otro soldado antes de abandonar la misión para internarse en el monte.

En respuesta, el Ejército reprimió con dureza fusilando a 16 indígenas que no habían participado de la revuelta y permanecían en San Antonio. Durante los siguientes 10 días continuaron los asesinatos en un número indeterminado.

Sin embargo, la historia oficial diría luego que los indígenas fueron fusilados en represalia por haberle dado muerte al sacerdote Ermete Constanzi, quien en realidad murió 10 años después de la masacre, asesinado por un sicario a sueldo de los terratenientes a quienes molestaba su permanente reclamo en favor de los indígenas.

El anacronismo de esa historia inventada se evidencia ya en el hecho de que fue el propio Constanzi quien confeccionó de su puño y letra el acta parroquial de defunción de los masacrados en 1887 donde puede leerse que «fueron asesinados por las fuerzas militares que guarnecían en este punto», 14 hombres «más una mujer y un chico de poca edad» los cuales luego «fueron enterrados cerca de la proveeduría donde los soldados estaban acuartelados».

«Las comunidades están muy contentas por ser liberadas, finalmente, de las acusaciones de esa historia contada al revés que los señalaba como culpables», afirmó Chávez.

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Cristina lleva su condena al mundo: sumó al abogado de Lula y a ex juez de Tribunal Europeo

Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, uno de los defensores de Lula da Silva durante el Lava Jato, y al español Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para cuestionar su condena ante organismos internacionales. La estrategia apunta a denunciar violaciones a garantías fundamentales en la causa Vialidad, cuya sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025.

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El Argentino Diario-Cristina Fernández de Kirchner.
CFK sumó al abogado de Lula y al ex juez del Tribunal Europeo para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizó la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa para la etapa internacional de la causa Vialidad, según confirmaron fuentes cercanas a la expresidenta consultadas por distintos medios. La información fue publicada originalmente por los medios brasileños Folha de São Paulo y CNN Brasil, y luego ratificada por fuentes del entorno de CFK. Valim trabajará junto al jurista español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España.

El propio Valim anticipó los lineamientos de la estrategia al medio brasileño Metrópoles: «En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta». El jurista sostuvo además que está «firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto» que intentarán «revertir en los tribunales».

Una estrategia construida desde antes de la condena firme

El recurso a las instancias internacionales no es una novedad en la hoja de ruta de la defensa de CFK: la estrategia viene siendo elaborada desde mucho antes de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena, en junio de 2025. Durante el juicio oral en la causa Vialidad, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la falta de pruebas directas, la validez del informe técnico de Vialidad Nacional sobre el que se apoyó la acusación, y la aplicación de la figura de «asociación ilícita» al caso. La propia expresidenta calificó al tribunal como un «pelotón de fusilamiento» y acusó a los fiscales de prevaricato.

Ya en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, antes de que la sentencia quedara firme, la defensa advirtió que si el máximo tribunal lo rechazaba recurriría a instancias internacionales, argumentando que durante la investigación, la elevación a juicio y el debate se habían producido graves violaciones a las garantías convencionales, lo que podría comprometer al Estado argentino en el plano externo. Tras la confirmación de la condena, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Corte Penal Internacional una presunta persecución política, judicial y mediática, sosteniendo que existía una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria. En paralelo, se activó una vía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un plazo de seis meses para presentar una petición formal.

Quién es Rafael Valim: el jurista que convirtió el lawfare en doctrina

Valim es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), donde también ejerció como profesor. Fue docente visitante en la Universidad de Manchester (Reino Unido) y en la Université Le Havre Normandie (Francia). Su trayectoria incluye litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y ante organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del europeo.

En 2017, junto a Cristiano Zanin, actual magistrado de la Corte Suprema brasileña, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, cofundó el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare, presentado oficialmente en la SOAS University of London. Los tres conformaron además la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato, con presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Juntos escribieron el libro «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021), una referencia académica de consulta frecuente en los debates sobre persecución judicial a dirigentes políticos en América Latina. Valim es también socio del estudio Warde Advogados y editor en jefe de la editorial Contracorrente.

Borrego: el hombre que conoce los códigos de la justicia europea

El jurista español Javier Borrego completa un equipo de defensa internacional de peso inusual. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera ligada a los organismos europeos de protección de derechos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de España. Su incorporación al equipo de CFK amplía el alcance geográfico y jurídico de la estrategia, proyectándola también hacia el sistema europeo de derechos humanos.

La situación procesal: cuatro frentes y una condena firme

La expresidenta enfrenta actualmente uno de los momentos procesales más complejos de su historia judicial. La causa más avanzada es Vialidad, por la que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema confirmó esa sentencia en junio de 2025, lo que la dejó firme. En las últimas semanas, el máximo tribunal también ratificó la actualización del decomiso ordenado sobre bienes de los condenados, que pasó de 85.000 a 685.000 millones de pesos, alcanzando a 111 propiedades, un monto que la defensa cuestionó judicialmente sin éxito. Por esta causa, Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

A ese expediente se suman otros tres frentes elevados a juicio oral: la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga un presunto lavado de dinero a través del alquiler de propiedades de la familia Kirchner a empresarios contratistas del Estado; la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, que indaga si el acuerdo firmado durante su gobierno buscó garantizar impunidad a ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol por el atentado a la AMIA; y la causa Cuadernos, que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública.

El precedente Lula: cuando la justicia internacional torció el rumbo

La elección de Rafael Valim no es casual ni caprichosa. El mismo equipo que conformó junto a Zanin y Teixeira Zanin Martins logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera una resolución señalando violaciones al debido proceso en el caso Lula, lo que contribuyó al proceso que derivó en la anulación de las condenas contra el dirigente brasileño y en su posterior restitución de derechos políticos. Esa hoja de ruta, aplicada con éxito en Brasil, es ahora el modelo que la defensa de CFK busca replicar en el sistema internacional, denunciando lo que considera el lawfare más feroz de la historia judicial argentina.

Puntos clave

  • Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim y al español Javier Borrego para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales de derechos humanos.
  • Valim integró la defensa de Lula da Silva durante el Lava Jato y es coautor del libro académico «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021).
  • Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
  • La condena de CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025 por la Corte Suprema; la expresidenta cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
  • El equipo internacional anunció que en los próximos días presentará oficialmente en Buenos Aires la estrategia para la nueva fase judicial.
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