Sociedad
¿Qué encontraron en el departamento de Sabbag?
El hombre que le alquilaba a Sabag dijo que encontró el departamento de su inquilino “muy revuelto y bastante sucio”.
El hombre que le alquilaba la vivienda en el barrio Villa Zagala, partido de San Martin, a Fernando André Sabag Montiel, el detenido por intentar asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo que encontró el departamento de su inquilino “muy revuelto y bastante sucio” y que “encontraron balas dentro de un armario”, en tanto que vecinos de la zona indicaron que era frecuente verlo caminar por el barrio y que “era poco simpático y muy retraído”.
“Le alquilo un PH, un monoambiente. Me parecía una persona normal. Teníamos un trato de inquilino con propietario. Después de todo lo que pasó encontramos su departamento muy revuelto y bastante sucio. Las balas que encontraron estaban dentro de un armario. Eran dos cajas de municiones”, señaló ante los medios de prensa Sergio Paroldi, quien indicó que Sabag Montiel (35) vivía hace 8 meses en el domicilio ubicado en la calle Uriburu al 729, del mencionado partido del conurbano bonaerense.
En ese sentido, Paroldi indicó que el brasileño llegó “recomendado” por otros inquilinos y que le había comentado que trabajaba en una empresa de la Capital Federal. A su vez, el hombre recordó cómo se enteró que su inquilino había sido quien atacó anoche a la vicepresidenta Cristina Fernández.
“Estaba comiendo, mirando la tele, y cuando veo la foto digo ‘es mi inquilino’, no sabía yo lo que estaba pasando. No lo podía creer”, relató.
En tanto, los vecinos del barrio, que esta tarde estaban shockeados ante la noticia y permanecían en las puertas de sus hogares observando a la gran cantidad de periodistas que rodeaban el domicilio, dijeron que Sabag Montiel era visto “frecuentemente” por la zona.
“Fernando no era de saludar mucho. Era muy retraído. Tenía una novia jovencita. Alquilaba ahí atrás”, expresó Jorge (81), vecino del barrio Villa Zagala, mientras sostenía a su perra de raza caniche toy, llamada “Reina”, apoyado en su Ford Falcon amarillo estacionado frente al lugar donde residía hasta ayer el brasileño Sabag Montiel.
Al respecto, Jorge contó que Paroldi, luego de ver el rostro de Sabag Montiel en la televisión, se dirigió a la comisaría del barrio y les entregó a los policías la llave.
“Les dijo a los policías que el agresor vivía ahí. No lo dudó ni un segundo. Ahí ellos vinieron e hicieron un gran despliegue”, contó el hombre de 81 años.
Por su parte, otro vecino, de apodo “Tano”, dio detalles de la vivienda y recordó lo sucedido anoche cuando se despertó por los “ruidos estruendosos” que causaron los oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) al irrumpir en el domicilio para realizar un allanamiento.
“Yo sentía a la madrugada un despiole en el barrio. Se sentían ruidos raros. Salgo y veo todos los patrulleros acá en frente. Fue una tormenta. Sergio fue a la comisaría, entregó la llave y dijo que ese hombre denunció ahí. Ahí vinieron e hicieron ese despliegue», rememoró.
Por otro lado, Ariel, observaba con atención la puerta negra con detalles dorados del domicilio en el que habitaba Sabag Montiel, a la vez que permanecía apoyado sobre la fachada de su casa junto a su madre y su hermana.
«En un lapso de 1 año lo vi 4 o 5 veces al pibe. Parecía tranquilo, siempre me trató muy bien. Lo recuerdo bien porque tenía un Peugeot 307 gris”, enunció Ariel, que agregó que anoche se fue a dormir temprano y que despertó ante “el ruido descontrolado de todos los patrulleros”.
“Me acosté temprano y me desperté con el ruido de todos los patrulleros. Pensé que le habían entrado a robar«, confesó el hombre que definió a Villa Zagala como “un barrio tranquilo” y que no es habitual ver este tipo de despliegues policiales.
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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