Judiciales ⚖️
Caso Generación Zoe: la fiscalía pidió 14 años de prisión para Leonardo Cositorto
La acusación consideró probado que lideró una asociación ilícita que estafó a cientos de personas mediante un esquema Ponzi. Solo en Salta, el perjuicio económico superó los 776 millones de pesos.
La fiscalía penal de Salta solicitó una condena de 14 años de prisión efectiva para Leonardo Cositorto, fundador de la organización Generación Zoe, al considerarlo responsable de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador y estafas reiteradas en modalidad de delito continuado, en concurso real.
La fiscal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, fundamentó su pedido en los testimonios de más de 100 damnificados y en las pruebas reunidas durante el juicio oral y público. Según su alegato, el grupo estructuró una organización piramidal típica de un esquema Ponzi, donde los fondos de nuevos inversores eran utilizados para pagar a los anteriores, sin respaldo en ninguna actividad productiva real.
“El coaching ontológico fue una herramienta de manipulación. Las charlas de Cositorto funcionaban como anzuelo para instalar una falsa confianza y consolidar el engaño”, sostuvo Salinas Odorisio ante el tribunal. El perjuicio económico documentado en Salta asciende a 776.834.153 pesos, aunque se estima que el daño total de Generación Zoe, a nivel nacional, sería varias veces superior.
Condenas solicitadas para el resto de la cúpula
La fiscal también pidió condenas para otros cuatro imputados que, según se probó en el juicio, operaron como parte clave de la estructura ilegal:
Ricardo Gabriel Isaac Vilardel: 8 años de prisión.
Jorge Federico Vilardel: 6 años.
Ana Lucía de los Ángeles Vilardel: 4 años.
Vilma Griselda Albornoz: 3 años y 6 meses.
Todos están acusados de formar parte de la asociación ilícita y de cometer estafas reiteradas. La fiscal solicitó que los cinco implicados permanezcan detenidos bajo prisión preventiva mientras se dicta sentencia.
Además, pidió que se investigue por presunto falso testimonio a Daniel Flores Jiménez, otro de los testigos del juicio, a quien se le habría detectado inconsistencias intencionales en sus declaraciones.
El método Zoe: manipulación emocional y promesas de éxito
Durante el juicio se acreditó que las maniobras de Generación Zoe se desplegaron en oficinas ubicadas en Córdoba, Salta, Santa Fe y Buenos Aires, donde los llamados «captadores» ofrecían supuestas inversiones rentables con ganancias rápidas. Sin embargo, en realidad se trataba de un esquema piramidal sin respaldo legal ni financiero.
Uno de los ejes centrales del engaño fue el discurso motivacional y pseudoespiritual que Cositorto impulsaba a través del coaching ontológico, una práctica que utilizaba para generar dependencia emocional y fidelidad entre las víctimas.
Los hermanos Vilardel, según la acusación, fueron figuras claves del armado en Salta. Mantenían contacto directo con los clientes, facilitaban las inversiones y administraban los flujos de dinero sin ningún tipo de control formal.
Un caso emblemático de estafa piramidal en Argentina
La causa contra Generación Zoe se convirtió en uno de los casos más resonantes de estafa piramidal en el país en la última década. El propio Cositorto fue detenido en abril de 2022 en República Dominicana, tras varios meses prófugo, y desde entonces enfrenta múltiples causas penales en distintas jurisdicciones.
En paralelo al juicio en Salta, el empresario enfrenta procesos judiciales en Córdoba, CABA y otras provincias, todos con denuncias por estafas, captación ilegal de fondos y lavado de dinero.
La sentencia en esta causa aún no tiene fecha, pero de confirmarse los pedidos de la fiscalía, se trataría de una de las condenas más severas por delitos económicos en el país en los últimos años.
Judiciales ⚖️
Condenaron al Pity Álvarez a 12 años, pero con domiciliaria y tobillera
El Tribunal Oral 29 lo consideró culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero dispuso un arresto domiciliario provisional. Álvarez no escuchó el veredicto y la defensa de Javier Baños, que había calificado el juicio de ilegal, deberá designar el domicilio donde cumplirá la pena.
Pity Álvarez fue condenado a 12 años de prisión por el crimen de Cristian Díaz, aunque por ahora la cumplirá bajo arresto domiciliario y con tobillera electrónica. Lo resolvió este viernes el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, más de ocho años después del hecho.
Los jueces Gustavo Goerner (presidente), Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro consideraron a Cristian “Pity” Álvarez, ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz lo mataron el 12 de julio de 2018 en el complejo Cardenal Samoré, de Villa Lugano. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer más adelante.
Domiciliaria, tobillera y un domicilio por definir
Según se informó durante la lectura del veredicto, la defensa, encabezada por el abogado y ex fiscal Javier Baños, debe designar el domicilio donde Álvarez cumplirá la pena, bajo la modalidad de arresto domiciliario provisional y con tobillera electrónica. Si se registra una violación de la prisión domiciliaria, la condena puede hacerse efectiva en una cárcel.
La tobillera no es una novedad en el expediente: en marzo de 2023, cuando ratificó la suspensión del debate, el propio Tribunal había ordenado retirarle la que tenía colocada y dispuso que la Justicia civil supervisara su tratamiento de rehabilitación.
Una silla vacía en la lectura
Álvarez, que permanece internado de manera involuntaria en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, de Castelar, iba a presenciar el veredicto por videoconferencia, pero la transmisión solo mostró una silla vacía: no se conectó para escuchar la sentencia. Antes de que los jueces deliberaran había hablado por Zoom para sus últimas palabras: dijo que “me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal” y agregó que no tenía nada más para decir.
Una pena a la medida de la querella
La condena quedó a solo 10 meses del pedido de la querella y a 6 años y 6 meses del que formuló la Fiscalía. El fiscal Sandro Abraldes había reclamado 18 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que el abogado Fabián Améndola, que representa a la familia de la víctima junto a Fernando Burlando, pidió 11 años y 2 meses con arresto domiciliario. Burlando había asegurado que Álvarez sería condenado.
La defensa había pedido la absolución por legítima defensa y, de manera subsidiaria, una condena por exceso en la legítima defensa. Baños, que actúa junto a Sebastián Queijeiro, calificó el proceso de “un juicio en ausencia, ilegal al 100%” y planteó la nulidad, y durante las réplicas tuvo un fuerte cruce con el Tribunal, cuyo presidente, Goerner, lo interrumpió.
Lo que tenés que saber
- El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 condenó a Álvarez a 12 años de prisión por el homicidio agravado por arma de fuego de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018.
- La pena se cumplirá bajo arresto domiciliario provisional y con tobillera electrónica, en un domicilio que debe designar la defensa de Javier Baños; si se viola, la condena puede hacerse efectiva en una cárcel.
- Álvarez no escuchó el veredicto: la transmisión por videoconferencia solo mostró una silla vacía.
- El fiscal Abraldes había pedido 18 años y 6 meses de prisión; la querella, 11 años y 2 meses.
- Los fundamentos de la sentencia se conocerán más adelante.
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