Espionaje
Imputaron a Macri por montar un plan sistemático de espionaje ilegal
El fiscal federal Franco Picardi presentó un dictamen de más de 200 páginas en el que aseveró que está confirmada la participación de Arribas, Majdalani y otras dos personas de la AFI en los hechos investigados con la participación del ex presidente.
El fiscal federal Franco Picardi imputó al expresidente Mauricio Macri como supuesto responsable del armado de un «plan sistemático» de espionaje ilegal durante su gobierno que habría tenido entre las víctimas a personas en las que tenía interés personal como su principal opositora, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, y su hermana Florencia Macri.
Lo hizo al requerir elevación a juicio oral y público del caso en el que se investiga el supuesto espionaje ilegal desplegado en 2018 sobre el domicilio de la actual vicepresidenta y el Instituto Patria, por el que están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjefes de Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos.
El fiscal le presentó un dictamen de más de 200 páginas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que sostuvo que a su criterio está concluida la investigación sobre la participación de Arribas, Majdalani y otras dos personas de la AFI en los hechos investigados, por lo que postuló su elevación a juicio y a la vez pidió avanzar con la investigación de la posible responsabilidad de Macri, entre otros.
«Las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas; antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales -varias de las cuales se encuentran radicadas ante el Juzgado a su cargo por razones de conexidad- cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas» por agentes de la AFI entre 2016 y 2019, sostuvo el fiscal.
«Lo que tienen en común, a priori, es la sospecha de intervención de las máximas autoridades de la Agencia, en el marco de la planificación, coordinación y ejecución de tareas prohibidas por ley 25.520, con puntos de contacto que se refieren a las víctimas u objetivos de dichas acciones de inteligencia ilegal», señalo Picardi.
A párrafo seguido, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que esos «extremos podrían ser demostrativos del uso ilegal de herramientas de inteligencia como parte de planes sistemáticos orquestados desde el propio aparato estatal».
Más argumentos del fiscal
«Dichas circunstancias imponen profundizar las investigaciones desarrolladas hasta aquí en la dirección apuntada, mediante el análisis global y apropiado de las múltiples intervenciones judiciales existentes por hechos de las mismas características, reconducibles a la misma gestión de la AFI», sostuvo el fiscal antes de reclamar que se extrajeran testimonios para evaluar la posible participación de otras personas.
En una presentación aparte, en la que se refirió específicamente a esta pretendida «extracción de testimonios», el fiscal aseguró que en razón de la multiplicidad de causas abiertas por casos de supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos «se impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces Presidente de la Nación ingeniero Mauricio Macri».
También requirió indagar sobre el rol de las «personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal».
En ese contexto, señaló casos de supuesto espionaje en los que el expresidente podría tener personal interés como aquellos que tuvieron por víctima a su entonces principal opositora, la senadora Fernández de Kirchner; o los que tuvieron como espiados a su hermana Florencia Macri y su pareja Salvatore Pice o al periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon.
En el caso de Alconada Mon, el propio periodista referenció que las supuestas tareas de espionaje que lo tuvieron por víctima ocurrieron cuando investigaba al hermano de Macri, Gianfranco, por el caso conocido como Panamá Papers, y a su primo Ángel Calcaterra, por la causa del soterramiento del tren Sarmiento.
Por otra parte, al referirse al pedido de elevar a juicio la causa por el espionaje al domicilio de la Vicepresidenta y al edificio del Instituto Patria -sede política del kirchnerismo-, el fiscal sostuvo que ya no quedan pendientes medidas de prueba en relación a Arribas, Majdalani, al jefe de Operaciones Especiales de la Dirección Operacional de Contrainteligencia Alan Ruiz, y al titular de esa dirección, Martín Coste.
Arribas, Majdalani y Ruiz están procesados por supuesto espionaje ilegal y por falsedad ideológica por haber producido documentos con contenido presuntamente falso para intentar dotar de legalidad las maniobras de inteligencia prohibida mientras que Coste fue acusado solo por la producción de esos documentos.
Las actividades de inteligencia ilegal que se desplegaron en ese caso «se realizaron bajo dos modalidades en particular: por un lado, durante el día, los agentes de la AFI se apersonaban en los domicilios mencionados para realizar las observaciones, vigilancias, registros y almacenamientos y, por otro lado, durante la noche, se estacionaban autos de técnica (vehículos con cámaras no visibles que filman de modo continuado) en las inmediaciones de los domicilios en cuestión», sostuvo el fiscal.
«Teníamos que ir a instalar un servicio en un domicilio de Recoleta con un vehículo y determinar si había movimiento de personas o cajas o bolsos ingresando o saliendo del mismo», relató en esa causa un testigo de identidad reservada, según consta en el dictamen al que tuvo acceso Télam.
Esas maniobras intentaron ser justificadas ante la Comisión Bicameral de Inteligencia primero y ante la justicia después como tareas vinculadas a la posibilidad de que la entonces senadora fuera blanco de un ataque en el marco del la cumbre internacional de G20 llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires por aquellos días.
Arribas y Majdalani «crearon una Dirección de Operaciones Especiales inorgánica a la que le asignaron recursos, autos, oficina y nombraron como director allí a Alan Ruiz», sostuvo el fiscal, y luego aseveró que los exjefes de la AFI tenían una relación «directa y sin intermediarios» con ese funcionario, por lo que «no existían reglas escalafonarias en esta relación dentro de la AFI».
«Ruiz fungió como nexo entre la decisión de las máximas autoridades de la AFI de realizar tareas de inteligencia ilegal en contra de Cristina Fernández de Kirchner -Arribas y Majdalani- y la concreción de dichas tareas desplegadas por agentes de calle de la AFI de cargos jerárquicos inferiores. ¿Por qué? Porque era una persona de confianza de ambos, por sus vinculaciones previas» ya que «provenía del Ministerio de Seguridad de la Nación, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich», puntualizó el fiscal.
Picardi reseñó además que durante el gobierno de Macri se devolvió a los fondos de la AFI el carácter de reservados, lo que dotó de «opacidad» a ese organismo para, eventualmente, desplegar las maniobras investigadas.
La causa por espionaje data de 2020
La causa por el supuesto espionaje al Instituto Patria se inició el 20 de febrero del 2020 a partir de la denuncia articulada por la entonces Interventora de la AFI, Cristina Caamaño, la cual fue fundada en el hallazgo de documentos internos y manifestaciones puntuales de diversos agentes, quienes dieron cuenta de presuntos hechos de inteligencia ilegal.
El caso tramitó primero ante la justicia de Lomas de Zamora porque allí estaba radicado el expediente en el que se investigaba si había dirigentes políticos que pudieran ser blanco de ataques de supuestos grupos anarquistas ante la inminencia de la cumbre del G20.
Espionaje
Nuevo Plan Cóndor: Milei construye un “enemigo interno” con la SIDE, el FBI y los mismos métodos de la dictadura
Una investigación periodística reconstruye una arquitectura de vigilancia y propaganda que conecta Washington con Buenos Aires: contratos de lobby secretos firmados por la SIDE, un vuelo de carga con historial de transporte de armamento que aterrizó en Ezeiza desde Bakú, y un presidente que calificó de «terroristas» a estudiantes, periodistas y docentes con el mismo léxico que usó Jorge Rafael Videla durante la última dictadura cívico-militar.
El 16 y 17 de julio pasado, Washington fue escenario de la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, convocada por el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio. El contenido del encuentro y su resonancia inmediata en el discurso oficial argentino encienden una señal de alerta que el periodista Mauro Federico, de Data Clave, documentó con precisión quirúrgica: lo que empieza a tomar forma en 2026 tiene parecido de familia con el esquema que en 1975 se institucionalizó bajo el nombre de Plan Cóndor.
Rubio abrió la cumbre con una referencia al historial de violencia política latinoamericana de los años setenta, tupamaros, montoneros, FARC, ELN, Sendero Luminoso, para instalar desde ahí la idea de un «resurgimiento» de esa amenaza en el presente, sin precisar nunca contra quién ni dónde. El plan para combatirla, resumió, pasa por «desmantelar estas redes, ladrillo por ladrillo», con inteligencia compartida e «interrupción financiera». Por Argentina participaron el canciller Pablo Quirno, único extranjero invitado a disertar en el almuerzo oficial, y José Lago Rodríguez, subsecretario de la SIDE. En la sala también estaban el director del FBI, Kash Patel, y el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller.
El FBI en Buenos Aires y la caja negra del antiterrorismo
El 24 de julio, el subdirector del FBI, Andrew Bailey, viajó a Buenos Aires y se reunió con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, con el embajador norteamericano Peter Lamelas y con Michael Nader, el nuevo enlace del FBI en el país. La visita giró en torno al Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), creado por el Decreto 717/2025 el 7 de octubre de 2025, a dos años exactos del ataque de Hamás a Israel, e inaugurado el 16 de abril de 2026 también con presencia del FBI y de Lamelas.
El CNA depende directamente de la SIDE, se financia con fondos reservados del organismo (no sujetos a rendición de cuentas pública) y su función declarada es integrar y analizar información del «ciclo terrorista» junto a la UIF, ARCA, inteligencia criminal y militar y varios ministerios. El titular de la SIDE, Cristian Auguadra, lo definió como «la herramienta central del Estado argentino para prevenir el terrorismo» y «la única institución de sus características en América Latina». En paralelo a esa visita, el Gobierno sumó 7.500 millones de pesos a los fondos reservados del organismo.
No es el primer refuerzo. Desde diciembre de 2023, Milei engordó la caja de la SIDE en varias oportunidades: 100.000 millones de pesos en julio de 2024 (el Congreso los rechazó y en diciembre debió devolverlos), 1.600 millones más en marzo de 2025, otros 8.017 millones en mayo del mismo año, y los 7.500 millones de julio de 2026. La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, hoy presidida por Sebastián Pareja, es el único órgano con facultad de control, aunque en la práctica ese control es nominal: los gastos reservados son la única partida del Estado sin rendición de cuentas detallada ante ningún organismo externo.
«Terroristas disfrazados de periodistas»: Milei habla como Videla
El eco de Washington llegó al discurso presidencial con rapidez. El 28 de julio, en Perú, Milei acusó a la oposición de haber impulsado «siete pedidos de juicio político» y hasta un intento de golpe de Estado, y lo sintetizó con una frase: «sembraban el terror en las calles». Pero la declaración más grave llegó el 3 de agosto, en una entrevista con el periodista oficialista Luis Majul en LN+: «Usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores», dijo Milei. Majul le preguntó si venían «de Rusia, como parte de una conspiración internacional»; el Presidente respondió que no había conspiración, que simplemente estaba «describiendo lo que pasa».
La frase se conoció a días de cumplirse el 60º aniversario de la Noche de los Bastones Largos. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, la calificó como «el mismo discurso de Onganía y de Videla» y señaló que algo así «no pasó nunca en tiempos de democracia». La Facultad emitió un comunicado de repudio. La comparación no es antojadiza: en 2010, ante el tribunal que lo juzgaba en Córdoba por delitos de lesa humanidad, Jorge Rafael Videla apeló explícitamente a Antonio Gramsci para calificar al kirchnerismo como amenaza marxista. Milei usó exactamente la misma referencia teórica para señalar a los mismos sectores: universidades, prensa, cultura.
El mecanismo es el mismo que documentó el investigador Peter Kornbluh al estudiar la «fase psicológica» del Plan Cóndor original: tomar un caso puntual, real o construido, y estirarlo hasta convertirlo en una amenaza difusa que alcance a cualquiera que incomode. En abril de 2026 se conoció «La Compañía», una filtración que mostró que agentes rusos habían financiado artículos en un grupo acotado de sitios digitales argentinos. Milei lo calificó en X como «espionaje de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia» y sumó, sin evidencia nueva, que «los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son solo la punta del iceberg de algo mucho más grande». Esa frase, no la filtración en sí, fue la que habilitó señalar en bloque a periodistas críticos sin ningún vínculo comprobado con la operación documentada.
El contrato de lobby que la SIDE nunca pagó
El 12 de febrero de 2025, la SIDE firmó un contrato de 10.000 dólares mensuales con la consultora de lobby Tactic Global. Lo firmó por el lado argentino Sergio Neiffert, entonces titular del organismo. El objeto declarado: «asesoramiento estratégico» y coordinación de reuniones con contrapartes estadounidenses. En junio de 2026, Tactic dio de baja formalmente esa representación ante la Justicia norteamericana sin haber cobrado un solo dólar de los montos pactados, el mismo día en que también dejó de representar a la República Srpska, la entidad serbobosnia prorrusa dentro de Bosnia.
Los movimientos en torno al contrato, según la investigación de Data Clave, no fueron casuales ni aislados. El 24 de enero de 2025, el jet privado del empresario Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, aterrizó por primera vez en Buenos Aires; el 6 de febrero partió hacia Estados Unidos con Laura Arrieta, la «valijera» que semanas después llegó a Ezeiza con quince valijas que no pasaron por Aduana, y con Víctor Du Plooy, oficial de negocios de Tactic. El mismo día de la firma del contrato con la SIDE, Scatturice contrató a la consultora Forward Global de José Mallea para gestionar ante la FAA rutas de Flybondi hacia Estados Unidos, también por 10.000 dólares mensuales.
Tactic Global tiene un perfil peculiar. La crearon Scatturice y Barry Bennett, operador del círculo de Trump, junto a Matt y Mercedes Schlapp, dueños de la CPAC estadounidense; Maria Soledad Cedro, CEO de CPAC Argentina; Ryan Coyne; y Caroline Wren. Bennett llegó al acuerdo con Tactic con condena reciente: en enero de 2024 llegó a un «procesamiento diferido» con el Departamento de Justicia de Estados Unidos tras ser acusado de «falsificar, ocultar y encubrir» información para trabar una investigación vinculada a lobby extranjero no declarado para el gobierno de Catar. Pagó una multa de 100.000 dólares y se comprometió a no realizar actividad de lobby extranjero durante 18 meses. Con ese historial vigente, Bennett se reunió en Buenos Aires con legisladores como Miguel Ángel Pichetto, Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo. El nexo más directo con el Gobierno es Santiago Caputo, quien lo recibe en la Casa Rosada y le abre el despacho presidencial.
En 2026 apareció en Arlington, Virginia, una firma llamada CRB Global LLC que representa a los mismos clientes que Tactic (República Srpska, Serbia) con los mismos montos y el mismo ministro de contacto. No hay documento que confirme formalmente que CRB Global es Tactic con otro nombre, pero la coincidencia de cliente, monto, ministro y calendario resulta demasiado exacta para ser fortuita.
El vuelo que vino de Bakú: Silk Way y el historial de armas
El 31 de julio, un carguero Ilyushin Il-76TD-90VD con matrícula 4K-AZ101, de la aerolínea azerbaiyana Silk Way Airlines, aterrizó en Ezeiza tras un recorrido de siete tramos: Bakú, Leipzig, Casablanca, Dakar, Recife, São Paulo y finalmente Buenos Aires. Lo excepcional no es solo la ruta, cuatro continentes con una escala en Dakar sin explicación operativa evidente, sino el historial de la aeronave: opera casi exclusivamente en un corredor corto entre el Cáucaso, Medio Oriente y Europa. Sudamérica no figura en su patrón habitual, con un único antecedente un año antes, cuando hizo escala en Ecuador diez días después de que el presidente Daniel Noboa firmara un decreto reconociendo la «persistencia del conflicto armado interno» en ese país.
Silk Way no es una aerolínea convencional. Según la investigación de Data Clave, transporta armamento israelí hacia Azerbaiyán a través de la base militar de Ovda, con una exención especial firmada en 2013 y renovada en 2016. Sus picos de actividad preceden sistemáticamente a las ofensivas militares azerbaiyanas contra Armenia: antes de la ofensiva final sobre Nagorno-Karabaj en septiembre de 2023 se registraron al menos seis vuelos a Ovda en dos semanas. La Organized Crime and Corruption Reporting Project documentó que la aerolínea transportó armamento por más de 1.000 millones de dólares con subcontratistas estadounidenses. El Banco de Exportación e Importación (EXIM) del gobierno norteamericano le otorgó garantías y préstamos, incluida una nueva aprobación de 339 millones de dólares en abril de 2025, pese a ese historial documentado. El Gobierno argentino no dio ninguna explicación pública sobre el vuelo.
El antecedente del Plan Cóndor y la «fase psicológica»
El Plan Cóndor se formalizó el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, convocado por la DINA de Pinochet, y coordinó secuestros, torturas y asesinatos entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos. Los «Archivos del Terror» hallados en Paraguay en 1992 registran unos 50.000 asesinados, 30.000 desaparecidos y 400.000 detenidos en toda la región. Videla firmó personalmente el compromiso argentino de sostener el intercambio de inteligencia.
Uno de sus mecanismos menos conocidos fue lo que Kornbluh llamó la «fase psicológica»: insertar noticias falsas en la prensa para hacer creer que las víctimas habían muerto en enfrentamientos internos. El caso más documentado es el de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, secuestradas en 1977, torturadas en la ESMA y asesinadas en los vuelos de la muerte. Para encubrir el crimen, los militares las fotografiaron con una bandera de Montoneros y armaron una declaración falsa. Revistas de tirada masiva reprodujeron sin cuestionar la versión oficial. El operativo lo comandó, entre otros, el capitán Alfredo Astiz. La mentira está hoy probada judicialmente.
Un episodio reciente completa el cuadro. En mayo de 2026 se filtraron 37 audios atribuidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Nueva York e indultado luego por Trump, en los que explicaría un plan para crear «una célula» de noticias operada desde Estados Unidos para golpear mediáticamente a Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, y en los que habría mencionado que Javier Milei comprometió 350.000 dólares para esa operación. El mecanismo que describen esos audios, propaganda financiada de forma cruzada entre gobiernos aliados con el origen deliberadamente oculto, es estructuralmente idéntico al que el Plan Cóndor institucionalizó hace medio siglo.
Puntos clave:
- El 16 y 17 de julio, la Reunión Ministerial convocada por Marco Rubio en Washington instaló la idea de un «resurgimiento» del terrorismo de izquierda en América Latina sin identificar ninguna organización concreta actual.
- El 3 de agosto, Milei calificó de «terroristas» a estudiantes, periodistas, profesores e investigadores, en una construcción del enemigo interno que el decano de Exactas-UBA comparó explícitamente con el discurso de Videla y Onganía.
- La SIDE firmó un contrato de lobby por 10.000 dólares mensuales con Tactic Global en febrero de 2025; la consultora cerró esa representación en junio de 2026 sin haber cobrado un solo dólar, mientras los fondos reservados del organismo acumularon refuerzos por más de 100.000 millones de pesos desde 2024.
- El 31 de julio aterrizó en Ezeiza un carguero de Silk Way Airlines, aerolínea azerbaiyana con historial documentado de transporte de armamento israelí, proveniente de Bakú con escala en Dakar y sin explicación oficial.
- Audios filtrados atribuidos al expresidente hondureño Hernández describen un esquema de propaganda transnacional financiada entre gobiernos con mención de Milei; el mecanismo replica estructuralmente la «fase psicológica» del Plan Cóndor documentada por Peter Kornbluh.
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