A través de la Resolución 40/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte reemplazó el mecanismo que actualizaba de manera automática el aporte nacional a la Tarifa Social Federal cada vez que una provincia o municipio subía el boleto. En su lugar, impuso un esquema de «tarifas de referencia» congeladas al 30 de junio, que regirá hasta que el propio Gobierno decida actualizarlo.

La norma, firmada por el Secretario de Transporte de la Nación, Mariano Ignacio Plencovich, funcionario que responde al Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, no modifica el porcentaje de descuento que reciben más de 5.500.000 personas beneficiarias del atributo social de la tarjeta SUBE, entre ellas jubilados, pensionados y titulares de planes sociales. Lo que cambia es la base de cálculo: hasta ayer, el 55% se aplicaba sobre la tarifa real y vigente en cada jurisdicción; desde este miércoles, se calculará sobre un valor fijo que el Estado podrá dejar congelado indefinidamente.

Qué dice la letra chica de la Resolución 40/2026

Según el texto oficial, para los servicios de colectivos y trenes de jurisdicción provincial y municipal, la tarifa de referencia será la que estaba vigente al 30 de junio de 2026. Para el transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, se tomarán como base los cuadros tarifarios de la Resolución 27/2026, es decir, los valores de mayo, que ya quedaron desactualizados frente al aumento del 4,1% que empezó a regir este mismo miércoles en colectivos y trenes nacionales. En los hechos, el beneficio se calcula desde hoy sobre una tarifa atrasada, lo que reduce en términos reales el monto del descuento para los propios beneficiarios.

La resolución deroga y reemplaza un conjunto de normas dispersas vigentes desde 2012 y argumenta que la «marcada dispersión tarifaria» entre jurisdicciones generaba una expansión imprevisible del gasto nacional, dificultando la planificación presupuestaria del fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, de donde se financia el beneficio. En sus considerandos, el propio texto reconoce que buscó evitar que las subas tarifarias provinciales «impacten en forma directa, automática e imprevisible sobre las erogaciones del Tesoro Nacional».

El mismo mecanismo que el bono jubilatorio

El nuevo esquema reproduce una lógica que el Gobierno de Javier Milei ya utiliza con otros beneficios sociales: fijar un monto o una referencia en pesos y sostenerla congelada mientras la inflación y los aumentos reales le restan poder de compra. Así lo señaló Minuto Uno, que comparó el mecanismo con el del bono a los jubilados, congelado desde hace meses pese a la suba de precios. En este caso, la variable que se licúa no es un monto fijo en pesos sino el propio parámetro sobre el que se calcula el descuento del boleto, lo que produce el mismo efecto: un beneficio que nominalmente no se toca, pero que pierde valor real mes a mes hasta que el Estado decida, si decide, actualizarlo.

Hasta la sanción de esta resolución, el sistema funcionaba de manera inversa: cada suba de tarifa disparaba automáticamente un mayor desembolso del Tesoro Nacional para sostener el 55% de descuento. Ese automatismo es, precisamente, lo que el Ministerio de Economía decidió eliminar.

Quién termina pagando la diferencia

La resolución aclara que las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios conservan la facultad de fijar sus propios cuadros tarifarios y hasta de ofrecer descuentos mayores o gratuidades utilizando la infraestructura de la SUBE. Pero si una jurisdicción decide subir el boleto por encima de la tarifa de referencia congelada, o si quiere sostener el mismo nivel de descuento para sus beneficiarios, deberá financiar esa diferencia con recursos propios. El Estado nacional ya no acompañará ese costo de manera automática.

La implementación técnica quedó a cargo de Nación Servicios S.A., la empresa que administra el sistema SUBE, que deberá adecuar sus plataformas centrales para procesar el nuevo mecanismo de cálculo. Según trascendió, la compañía ya advirtió que no puede aplicar el esquema de forma inmediata y que utilizará reglas provisorias hasta terminar de adaptar el sistema.

Un ajuste más dentro del tarifazo de julio

La medida se suma a la ola de aumentos que ya rige desde este miércoles en distintos servicios esenciales: colectivos, subte, trenes, peajes, alquileres, prepagas y colegios privados actualizaron sus valores en simultáneo, en el marco del esquema de indexación mensual que sostiene el Gobierno desde el inicio de su gestión. En ese contexto, el recorte encubierto al valor real de la Tarifa Social profundiza el esquema de ajuste sobre los sectores de menores ingresos, justo en el rubro (transporte) que, según relevamientos del IIEP (UBA-CONICET), acumula algunas de las subas más pronunciadas desde diciembre de 2023.

Puntos clave

• La Resolución 40/2026 reemplaza la actualización automática del subsidio a la Tarifa Social por «tarifas de referencia» congeladas al 30 de junio de 2026.
• El descuento del 55% se mantiene nominalmente para más de 5.500.000 beneficiarios, pero se calculará sobre valores atrasados.
• Para el transporte nacional se toma como base la Resolución 27/2026, de mayo, que ya quedó desactualizada frente al aumento del 4,1% vigente desde este miércoles.
• Las provincias y municipios que quieran sostener el mismo nivel de descuento deberán financiar la diferencia con fondos propios.
• Nación Servicios S.A. deberá adecuar el sistema SUBE y aplicará reglas provisorias hasta completar la actualización técnica.