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La casta libertaria se relanza: Milei promete “sacar el populismo” del Banco Central

En Casa Rosada, el Presidente reunió a los legisladores de La Libertad Avanza para intentar recomponer la agenda tras la salida de Manuel Adorni, envuelto en una causa por enriquecimiento ilícito, y anunció que avanzará con una reforma de la Carta Orgánica del BCRA que también reclama el FMI.

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El Argentino Diario-Javier Milei.
Entre el relanzamiento discursivo y el pedido del FMI: qué esconde la reforma del Banco Central.

En Casa Rosada, el Presidente reunió a los legisladores de La Libertad Avanza para intentar recomponer la agenda tras la salida de Manuel Adorni, envuelto en una causa por enriquecimiento ilícito, y anunció que avanzará con una reforma de la Carta Orgánica del BCRA que también reclama el FMI.

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles en Casa Rosada una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza, en la que anunció que trabaja en una propuesta para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo declarado de impedir que la entidad financie al Tesoro. El encuentro, convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se produjo un día después de la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que investiga el juez Ariel Lijo.

Una reforma que también pide el FMI

El anuncio sobre el BCRA no aparece en el vacío. En sus recomendaciones de mayo, el Fondo Monetario Internacional planteó como uno de los ejes para profundizar el programa económico argentino avanzar en una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que refuerce su independencia respecto del Poder Ejecutivo y consolide un esquema con mayor flexibilidad cambiaria. El organismo viene señalando esa reforma como un objetivo de mediano plazo en distintos informes de revisión del programa vigente con la Argentina, que a fines de 2025 acumulaba una deuda de 57.100 millones de dólares con el organismo.

Milei ya había adelantado la intención en junio, durante una disertación ante la Fundación Faro, cuando sostuvo que era necesario «analizar una reforma de la Carta Orgánica del BCRA para que los políticos no nos sigan estafando con la moneda». En esa oportunidad cuestionó puntualmente la reforma sancionada en 2012, cuando el Congreso convirtió en ley, con 42 votos a favor, la modificación impulsada durante la gestión de la entonces titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Aquella norma, la Ley 26.739, había ampliado el mandato del BCRA para incluir, además de la estabilidad monetaria, objetivos de estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social. Según pudo saber una fuente del oficialismo consultada por medios especializados, el planteo presidencial apunta ahora a remarcar la «independencia» del Central y «sacar todo el populismo» de la ley vigente, además de modificar el régimen de designación de directores.

Se trata, en los hechos, de volver a un esquema donde el Banco Central tenga como única función preservar el valor de la moneda, tal como establecía la norma original entre 1935 y 1992, despojando a la entidad de cualquier consideración sobre empleo o desarrollo productivo. Es la misma orientación que reclama el organismo de crédito internacional al que el Gobierno le debe explicaciones periódicas sobre el cumplimiento de metas de reservas.

Relanzamiento con la sombra de Adorni

El cónclave, que comenzó pasadas las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas, buscó poner en marcha una agenda legislativa que había quedado eclipsada durante semanas por la causa judicial que pesa sobre el ex vocero presidencial, hoy investigado por un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares, según consta en el expediente que instruye el juez Lijo junto al fiscal Gerardo Pollicita. Adorni no fue mencionado durante los discursos de apertura, pero su salida del Gabinete funcionó como telón de fondo de todo el encuentro.

Durante la apertura, Karina Milei presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión y señaló que los próximos tres grandes proyectos del oficialismo en el Congreso serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. La reforma política incluye, entre sus puntos centrales, la eliminación de las elecciones primarias (PASO), una iniciativa que Santilli había impulsado públicamente por su costo. El nuevo jefe de Gabinete, que asumió formalmente el martes por la tarde, participó del encuentro junto a los primos Eduardo «Lule» Menem y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

También asistieron los dos jefes de bloque del oficialismo en el Congreso, Gabriel Bornoroni y Patricia Bullrich, esta última ausente en la última ronda de encuentros que había integrado el saliente Adorni. La convocatoria, cursada por Karina Milei a los 93 diputados y 21 senadores de los bloques libertarios, se dio en medio de un fuerte operativo de seguridad que mantuvo vallada a la Casa Rosada e impidió la libre circulación de la prensa acreditada.

El discurso de la unidad

La senadora Nadia Márquez sostuvo, en la previa del encuentro, que el oficialismo apunta a «consolidar la agenda» y remarcó la tarea de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. «A veces nos tocan roles, funciones, misiones, pero el rumbo del gobierno es uno y ahí apuntamos todos. En este caso creemos que va a hacer una gran tarea», afirmó la legisladora desde Plaza de Mayo. El mensaje buscó proyectar una cohesión que, en los hechos, el propio Gobierno reconoció puesta a prueba: la reunión fue caracterizada por fuentes oficiales como un intento de recuperar la iniciativa parlamentaria tras semanas de parálisis vinculadas a la defensa política del desplazado Adorni.

El fondo de la escena resulta elocuente: mientras la Casa Rosada exhibe una foto de unidad y anuncia una reforma que reduciría al Banco Central a un rol de estabilidad monetaria sin atención al empleo, la salida del funcionario que hasta hace días coordinaba el Gabinete se explica por una causa de enriquecimiento ilícito que todavía no cerró. La agenda legislativa que hoy se presenta como prioridad, con la reforma del BCRA a la cabeza, avanza en sintonía con las condiciones que el FMI viene planteando para sostener el programa vigente, en momentos en que la deuda externa argentina con el organismo continúa condicionando el margen de maniobra fiscal y monetario del país.

Puntos clave

  • Milei anunció una reforma de la Carta Orgánica del BCRA para limitar su financiamiento al Tesoro, en línea con un pedido explícito del FMI.
  • El encuentro con legisladores de LLA se realizó un día después de la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete, tras la salida de Manuel Adorni.
  • Adorni continúa investigado por presunto enriquecimiento ilícito, con un patrimonio bajo sospecha superior a los 840.000 dólares.
  • Karina Milei fijó como prioridades legislativas la reforma política (con eliminación de las PASO), el régimen de Zona Fría y cambios en Inocencia Fiscal.
  • Participaron Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo «Lule» Menem y Diego Santilli, entre otros funcionarios y legisladores.

Legislativo

El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
Tienen la plata, pero no la voluntad: el Gobierno bloquea derechos de personas con discapacidad escudándose en un costo que ya está presupuestado.

Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.

El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.

Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan

El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».

En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.

La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía

El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.

El superávit como escudo político

La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.

Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.

Lo que tenés que saber:

  • La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
  • El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
  • El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
  • Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
  • El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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