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Estado de “emergencia” en el sector pyme ante las políticas del Gobierno

“Hay una incertidumbre muy grande”, manifestó este lunes el vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Alejandro Bartalini.

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Distintas agrupaciones y entidades de la pequeña y mediana industria (pymes) expresaron “incertidumbre” y hasta declararon un estado de “emergencia” en el sector ante las políticas adoptadas por el Gobierno nacional a poco de cumplirse el cuarto mes de mandato.

“Hay una incertidumbre muy grande”, manifestó este lunes el vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Alejandro Bartalini, en declaraciones a Radio 10, tras lo cual remarcó que “esta es una crisis que se va a profundizar en los próximos meses”.

A su criterio, esa profundización “va a ser muy rápida porque así son las medidas que toma el Gobierno, rápidas y que no tienen una visión de lo que puede suceder dentro de la sociedad”.

En esta línea, el dirigente industrial consideró que éste “es un momento muy parecido al de los 90 (Menemismo), donde la caída de la producción justamente produce la caída del empleo y eso termina afectando a todos porque se pierde la paz social”.

Bartalini afirmó que desde esa entidad pidieron a principios de la administración una reunión con el ministerio de Economía, Luis Caputo, “para hacer un planteo lógico de lo que están sufriendo hoy las pymes y el camino, fundamentalmente, saber si el camino es el déficit cero a costa de todos o si existe una visión de la microeconomía, que es sostener la fuente de empleo”, pero “todavía no” hubo recepción por parte del titular del Palacio de Hacienda.

Los números de la caída
Otra entidad del sector, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), detalló que la industria manufacturera pyme viene de registrar un retroceso de 9,9% en febrero frente al mismo mes del año pasado, a precios constantes.

Se trata del tercer mes consecutivo en que la actividad fabril cae, aunque aminoró la tasa luego de haberse retraído entre 27% y 30% en diciembre y enero, respectivamente.

En la comparación mensual, desestacionalizada, también se registró un descenso de 7,7% y en el acumulado del año la actividad cae 21,7%, precisó la entidad en un comunicado.

A su vez, detalló que las empresas operaron en febrero con 70,9% de su capacidad instalada, manteniendo los niveles de enero (70,8%), al tiempo que contempló que “si bien el 32,7% de las industrias siguen reportando problemas para la reposición de stock, son dificultades de mucha menor escala que meses anteriores”.

Además, enumeró que “lo que más preocupó en febrero fueron las subas de costos, especialmente en servicios y combustibles”; “las industrias manifestaron las dificultades que conlleva trasladar a precios esos incrementos en el contexto actual”; y “hay incertidumbre por el impacto que pudiera tener la apertura de importaciones en algunos sectores”.

Por rubros, los más afectados en cuanto variación anual acumulada fueron Químicos y plásticos (-31,2%), Metal, maquinaria y equipo, y material de transporte (-27,9%), Papel e impresiones (-26%), Madera y muebles (-24,6%), Alimentos y bebidas (14,6%) y Textiles e indumentaria (-1,3%).

“Apertura indiscriminada”
En tanto, la última semana, el presidente de IPA, Daniel Rosato, cuestionó al Gobierno por la “apertura indiscriminada” de importaciones y advirtió por el cierre de “miles” de pymes.

“Las medidas que lleva adelante el Gobierno plantean una competencia desleal para las pymes, son muy injustas”, puntualizó Rosato al presentar el tercer informe del Observatorio IPA “Las PyMEs industriales en los primeros 100 días de Milei”.

En este sentido, sostuvo: “Tenemos hoy algunas empresas que trabajan al 25% de su capacidad instalada, por eso entendemos que tiene que haber una alternativa para darle más igualdad a la competitividad”.

Para el dirigente industrial, la Argentina “tiene que salir adelante con la producción y no con el fomento a las importaciones, porque el esfuerzo que pide el Gobierno está recayendo sobre las pymes y sobre los trabajadores”, lo cual instó a “que se modifique”.

Seguidamente, Rosato subrayó que los trabajadores “no tienen recomposición salarial; el mercado interno se achica y las pymes y la industria comienzan a bajar los precios porque cae la demanda”.

Como consecuencia, “se produce menos” y, “así, las empresas empiezan a ajustar por todos lados y dejan de lado las inversiones”, aseveró.

Tras explayar este panorama, el titular de IPA reclamó tanto a Milei como a Caputo que reciban a las pymes “así como recibieron la semana pasada a las grandes empresas del ‘Grupo de los 6’”, dijo, en referencia al bloque empresarial conformado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Cámara de la Construcción, Sociedad Rural, Asociación de Bancos Argentinos, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Unión Industrial Argentina.

Durante la presentación del informe del Observatorio IPA, el economista Martín Kalos también advirtió por las “reglas de juego desiguales” para las pymes industriales, al advertir “abren las importaciones a los productos terminados y no para que las empresas locales compren insumos”.

Así, explicó Kalos, “no dejan que las pymes argentinas produzcan para competir en el mercado local”, y enfatizó que “el Gobierno cambia las reglas de juego sin previo aviso y termina perjudicando a la producción nacional”.

Según el economista, en 2023 “había récord en la cantidad de pymes en el país, con buenos indicadores”; sin embargo, “eso es lo que ahora está comenzando a deteriorarse y ya se está viendo en las vacaciones adelantadas, en recorte de horas extras, en suspensiones, entre otras decisiones empresarias”, concluyó Kalos, director de la consultora EPyCA.

“Emergencia Mipyme”
En tanto, desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) impulsaron la declaración de la “Emergencia Mipyme”.

A través de un comunicado, el titular de la entidad, Julián Moreno, expresó que “lamentablemente está fuera del proyecto oficial el conjunto del entramado productivo nacional, compuesto en un 99% por pymes urbanas y rurales, cooperativas y emprendimientos autogestionados”.

En esta línea, indicó que en este marco “de recesión con inflación”, las pymes “no han podido entablar ningún tipo de interlocución con instancias oficiales”, mientras que “los organismos pertinentes quedaron vacantes, comenzando por la falta de un subsecretario Pyme”.

Asimismo, Apyme alertó que “en las últimas horas se ha informado que está en cero la ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a los programas de apoyo vigentes por parte la Subsecretaría, incluso las correspondientes a los financiados por organismos multilaterales”.

“No se trata de un hecho aislado en un proceso de desintegración de los resortes activos del Estado, que privilegia en cambio a grandes grupos multinacionales y especulativos”, contempló la entidad, sino que “en el horizonte sólo se ve una Argentina privatizada, condenada a la reconversión importadora, la primarización productiva y la pérdida de soberanía”.

En este sentido, Moreno sostuvo que “es urgente frenar el DNU que habilita el ‘sálvese quien pueda’, articular acciones en el ámbito legislativo para declarar la ‘Emergencia Mipyme’, exigiendo medidas paliativas del daño a la producción y el trabajo, e impulsar como eje del debate una agenda de desarrollo nacional”.

CAME se reunió con funcionarios
CAME, por su parte, se reunió la semana pasada con funcionarios del Ministerio de Economía, a quienes manifestaron las “principales problemáticas que afectan a la economía real de todos los sectores de la producción pyme” y les entregaron un documento con propuestas de medidas “para el sostenimiento de la actividad de las pymes”, según un comunicado de la entidad.

“Las pymes buscamos alivio de la carga tributaria y de los costos laborales no salariales, acceso al mercado de cambios, un apuntalamiento del mercado interno, transparencia en las comisiones de las tarjetas de crédito y débito y un nuevo acuerdo fiscal”, sostuvo el presidente de CAME, Alfredo González, ante el secretario de Economía del Conocimiento, Marcos Ayerra, y el jefe de Gabinete de la cartera económica, Miguel Schmukler.

Según el documento entregado por CAME a los funcionarios, se solicitaron medidas tendientes al incremento y extensión del pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios a cuenta de contribuciones patronales; modificar el régimen de exclusión del regímenes de retención, percepción y/o de pagos a cuenta de IVA; régimen de facilidades de pago para la regularización de deudas ante la AFIP y actualización de los mínimos no imponibles para el pago de contribuciones laborales.

A su vez, lineamientos que apunten al acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones; impulso del “Programa Compre en pymes”; acceso a línea de créditos para impulsar el consumo para complementar el Programa Cuota Simple; actualización de escalas del monotributo; y transparentar las comisiones que hoy está obligado a soportar el comerciante, utilizando distintas plataformas para poder realizar y/o cobrar sus ventas.

Otro aspecto puntualizado por CAME es que a través de los ministerios de Economía y del Interior se impulse un nuevo acuerdo fiscal que tienda a reducir/eliminar los regímenes de retención y percepción del impuesto a los ingresos brutos, “que genera saldos a favor de imposible recupero por ser extraña jurisdicción”, indicó la entidad.

Energía

El frío llegó antes y el sistema energético ya muestra sus grietas

Las distribuidoras suspendieron el suministro a usuarios con contratos interrumpibles para priorizar los hogares, mientras el Gobierno acaba de dar marcha atrás en su intento de privatizar la importación de gas licuado.

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Cortan el gas a industrias y estaciones de servicio ante el frío temprano

★ Las distribuidoras de gas natural suspendieron el suministro a estaciones de servicio de GNC e industrias ante la caída anticipada de las temperaturas registrada en los últimos días, que disparó la demanda residencial por encima de los niveles esperados para fines de abril. La medida afecta exclusivamente a los servicios con contratos interrumpibles, que por definición contemplan la posibilidad de cortes cuando el sistema necesita administrar su capacidad, según fuentes del sector.

Un problema que se repite cada invierno

El mecanismo de corte escalonado es una práctica habitual en el sistema energético argentino: primero se interrumpe el suministro a los usuarios con contratos interrumpibles (los que pagan tarifas más bajas a cambio de asumir ese riesgo), y en casos de mayor presión sobre el sistema se puede avanzar hacia contratos firmes y, como último recurso, hacia los usuarios residenciales. En este caso, el frío llegó con más fuerza que lo habitual para fin de abril, lo que adelantó la activación del protocolo.

Las mismas fuentes remarcaron que, si bien la Argentina avanza en su perfil exportador de gas gracias al desarrollo de Vaca Muerta, la red de infraestructura de transporte y regasificación todavía no está en condiciones de absorber los picos de demanda invernal sin apelar a estos cortes preventivos.

La marcha atrás del Gobierno con la privatización del GNL

El episodio se produce días después de que el Gobierno de Javier Milei diera marcha atrás en uno de sus anuncios energéticos más resonantes: la privatización de la importación de gas natural licuado (GNL). El Estado, a través de Enarsa, seguirá a cargo de las compras de GNL para el invierno, en lugar de transferir esa función al sector privado como estaba previsto.

La licitación había avanzado durante semanas con dos oferentes, Trafigura y Naturgy, pero ninguna de las propuestas convenció al Ejecutivo. La razón oficial fue la suba del precio internacional del GNL, que pasó de alrededor de 10 dólares por millón de BTU a principios de año a una banda de entre 17 y 20 dólares, impulsada por el conflicto en Medio Oriente. Según el analista Juan José Carbajales, el cambio de escenario podría implicar un extracosto de alrededor de 700 millones de dólares respecto de los valores que se manejaban en febrero.

La contradición es evidente: un gobierno que hizo de la privatización de funciones estatales su principal bandera ideológica se vio obligado a mantener al Estado en el rol de comprador de gas en el exterior, precisamente para evitar un nuevo salto tarifario que complicara sus metas de inflación.

Infraestructura pendiente y vulnerabilidad estructural

La dependencia estacional de importaciones de GNL es una consecuencia directa de una brecha estructural que ningún gobierno ha logrado cerrar del todo: mientras la demanda residencial en invierno puede superar los 90 millones de metros cúbicos diarios, la infraestructura de transporte existente no alcanza para canalizar todo el gas disponible desde Vaca Muerta hacia los centros de consumo. Las obras clave para reducir esa brecha, entre ellas la segunda etapa del gasoducto Perito Moreno y la reversión del Gasoducto Norte, siguen demoradas.

El Gobierno argentino viene vendiendo la narrativa del boom energético y la futura exportación masiva de gas, pero cada invierno el sistema quiebra donde siempre quiebra: en la infraestructura de transporte y en la capacidad de gestionar los picos de demanda. La pregunta que queda sin responder es cuánto más se puede postergar la inversión en esa infraestructura mientras se prioriza el relato exportador.

Puntos clave:

  • Las distribuidoras cortaron el gas a usuarios con contratos interrumpibles (industrias y estaciones de GNC) por el frío anticipado de fines de abril.
  • La medida prioriza el abastecimiento residencial, según confirmaron fuentes del sector.
  • Argentina aún no tiene la infraestructura necesaria para cubrir los picos de demanda invernal sin apelar a importaciones o cortes.
  • El Gobierno de Milei dio marcha atrás en su plan de privatizar la importación de GNL; Enarsa seguirá a cargo de las compras este invierno.
  • La suba del precio internacional del GNL, impulsada por el conflicto en Medio Oriente, encareció el escenario en unos 700 millones de dólares respecto de las proyecciones de febrero.

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