Judiciales ⚖️
La Iglesia salió a marcar límites al punitivismo de Milei
“Si se concreta la baja de la edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores?”: alguna de las preguntas sin respuesta oficial a la iglesia.
En pleno debate por la baja de la edad de imputabilidad, la Conferencia Episcopal Argentina difundió este sábado un comunicado en el que cuestionó que el Estado concentre la discusión “casi exclusivamente” en la pena y reclamó una mirada más amplia, centrada en el cuidado, la educación y el acompañamiento de niños y adolescentes.
“El desafío es más amplio: pensar caminos que cuiden, eduquen y acompañen y no solo respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho”, advirtieron los obispos, en un mensaje que se desmarca de la lógica punitiva impulsada por el Gobierno y vuelve a poner el foco en las responsabilidades estructurales del Estado.
“Una realidad mucho más compleja”
El texto, titulado “Para los jóvenes, más educación, más comunidad” y firmado por arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro, reconoce el dolor de las víctimas y sus familias, pero alerta sobre el riesgo de simplificar el problema.
“Insistimos en que una discusión centrada únicamente en la edad de los menores involucrados corre el riesgo de reducir una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado”, señalaron.
La Iglesia remarcó que la violencia juvenil no puede analizarse aislada de los procesos de exclusión, abandono y desprotección que atraviesan a amplios sectores sociales, especialmente en contextos de ajuste y recorte de políticas públicas.
Un debate atravesado por la conmoción social
La discusión por la modificación del Régimen Penal Juvenil (que propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años—)fue incluida por el Gobierno en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, en un clima social marcado por el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe por otros jóvenes.
En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a defender públicamente la iniciativa oficial, reforzando una narrativa que la Iglesia cuestiona por reducir el problema a una respuesta penal.
Las preguntas que incomodan
El comunicado recupera además un pronunciamiento de la Pastoral Social de marzo de 2025 y plantea una serie de interrogantes que el oficialismo evita responder:
“Si se concreta la baja de la edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias? ¿Qué alternativas reales tenemos para educarlos y reinsertarlos socialmente? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución?”
Para la Iglesia, sin políticas integrales de educación, inclusión y cuidado, la baja de imputabilidad solo consolida un sistema que llega tarde, cuando el daño ya está consumado.
“Una mirada humana y abierta a la esperanza”
El documento cierra con una definición política clara: “Es imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza”.
En un escenario dominado por discursos de mano dura y soluciones rápidas, la intervención de la Iglesia vuelve a correr el eje del debate y expone una pregunta incómoda para el poder: qué hizo, y qué dejó de hacer, el Estado antes de que esos pibes llegaran al sistema penal.
Denuncia
La casta hipotecada: el Banco Nación y el festival de créditos a legisladores y militantes de LLA
Bajo la sombra de la banca pública, legisladores oficialistas accedieron a préstamos millonarios en momentos clave de su alineamiento político, mientras el Gobierno insiste con el ajuste y las privatizaciones.
★ El escándalo por el otorgamiento de créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación (BNA) a legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y aliados forzó las primeras reacciones de los beneficiarios, quienes ensayaron defensas que, lejos de aclarar la situación, profundizaron las sospechas sobre un trato preferencial. Los diputados Alejandro Bongiovanni y Mariano Campero confirmaron haber accedido a los fondos de la entidad que el Ejecutivo intentó privatizar, justo en coincidencia con giros políticos determinantes en sus respectivas carreras legislativas.
El «salto» de Bongiovanni y los 255 millones
El diputado santafesino Alejandro Bongiovanni, quien abandonó la bancada del PRO para sumarse formalmente al oficialismo en noviembre pasado, confirmó que recibió un préstamo de 255 millones de pesos. A través de sus redes sociales, el legislador calificó como «insólito» que se vincule una deuda hipotecaria con un acto delictivo y aseguró que el trámite inició en junio, durante lo que denominó el «boom de los créditos hipotecarios».
Sin embargo, las dudas persisten sobre la celeridad del proceso y la elección de la banca pública nacional por sobre entidades privadas o de su propia provincia. El legislador Esteban Paulón presentó pedidos de informes ante el Banco Nación, el Banco Central y el Poder Ejecutivo para determinar si el directorio del banco, liderado en ese entonces por Daniel Tillard, dictó resoluciones excepcionales para aprobar carpetas que tenían dictámenes técnicos desfavorables en las áreas de riesgo.
Campero y la Comisión Libra
Por su parte, el tucumano Mariano Campero, uno de los radicales que garantizó con su voto el blindaje a los vetos presidenciales contra jubilados y universidades, también defendió su acceso al crédito. Campero desestimó que la adjudicación de los fondos en mayo de 2025 estuviera ligada a la creación de la Comisión Libra que integra. El diputado sostuvo que se trata de su primera vivienda y atribuyó las críticas a una supuesta persecución del peronismo, aunque no precisó por qué los tiempos administrativos del banco coincidieron con su distanciamiento de los principios históricos de la UCR para transformarse en un aliado incondicional de Javier Milei.
Una lista que se expande
El beneficio del Banco Nación no se limitó a estos dos nombres. La nómina de legisladores que accedieron a créditos UVA bajo condiciones que se investigan incluye al bonaerense Santiago Santurio, la rionegrina Lorena Villaverde (quien ya afronta complicaciones judiciales por otras causas) y diversos funcionarios de la estructura oficialista.
La paradoja política resulta evidente; mientras el discurso oficial promueve el desmantelamiento del Estado y la eficiencia del mercado, sus representantes utilizan la estructura de la banca pública para resolver sus necesidades habitacionales con montos inaccesibles para el grueso de la población trabajadora. La Central de Deudores del Banco Central refleja estas obligaciones financieras que, en el caso de los legisladores, se dan en un marco de confrontación constante del Gobierno contra los sectores que defienden el rol de las instituciones públicas.
Puntos clave
- Los diputados Alejandro Bongiovanni y Mariano Campero confirmaron la recepción de créditos UVA del Banco Nación.
- Se investiga si existieron dictámenes de riesgo negativos que fueron ignorados por el directorio del banco para favorecer a los legisladores.
- El diputado Esteban Paulón solicitó informes oficiales para transparentar el proceso de adjudicación de estos préstamos millonarios.
- Los beneficiarios aseguran que las condiciones fueron las mismas que para cualquier cliente, pese a la coincidencia con sus cambios de postura política.
- El Banco Nación continúa en el centro del debate tras los intentos de privatización impulsados por el Poder Ejecutivo. ★
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