En pleno debate por la baja de la edad de imputabilidad, la Conferencia Episcopal Argentina difundió este sábado un comunicado en el que cuestionó que el Estado concentre la discusión “casi exclusivamente” en la pena y reclamó una mirada más amplia, centrada en el cuidado, la educación y el acompañamiento de niños y adolescentes.

“El desafío es más amplio: pensar caminos que cuiden, eduquen y acompañen y no solo respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho”, advirtieron los obispos, en un mensaje que se desmarca de la lógica punitiva impulsada por el Gobierno y vuelve a poner el foco en las responsabilidades estructurales del Estado.

“Una realidad mucho más compleja”

El texto, titulado “Para los jóvenes, más educación, más comunidad” y firmado por arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro, reconoce el dolor de las víctimas y sus familias, pero alerta sobre el riesgo de simplificar el problema.

“Insistimos en que una discusión centrada únicamente en la edad de los menores involucrados corre el riesgo de reducir una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado”, señalaron.

La Iglesia remarcó que la violencia juvenil no puede analizarse aislada de los procesos de exclusión, abandono y desprotección que atraviesan a amplios sectores sociales, especialmente en contextos de ajuste y recorte de políticas públicas.

Un debate atravesado por la conmoción social

La discusión por la modificación del Régimen Penal Juvenil (que propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años—)fue incluida por el Gobierno en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, en un clima social marcado por el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe por otros jóvenes.

En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a defender públicamente la iniciativa oficial, reforzando una narrativa que la Iglesia cuestiona por reducir el problema a una respuesta penal.

Las preguntas que incomodan

El comunicado recupera además un pronunciamiento de la Pastoral Social de marzo de 2025 y plantea una serie de interrogantes que el oficialismo evita responder:

“Si se concreta la baja de la edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias? ¿Qué alternativas reales tenemos para educarlos y reinsertarlos socialmente? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución?”

Para la Iglesia, sin políticas integrales de educación, inclusión y cuidado, la baja de imputabilidad solo consolida un sistema que llega tarde, cuando el daño ya está consumado.

“Una mirada humana y abierta a la esperanza”

El documento cierra con una definición política clara: “Es imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza”.

En un escenario dominado por discursos de mano dura y soluciones rápidas, la intervención de la Iglesia vuelve a correr el eje del debate y expone una pregunta incómoda para el poder: qué hizo, y qué dejó de hacer, el Estado antes de que esos pibes llegaran al sistema penal.