Salud 🩺
Las 10 provincias que seguirán en la fase de aislamiento obligatorio
El detalle de cada una de las localidades a nivel nacional que seguirán en la etapa de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y cuáles avanzan al DISPO.
Algunas zonas de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego permanecerán en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), según anunció este viernes el presidente Alberto Fernández, mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasará a Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) hasta el 29 de noviembre próximo.
En la provincia de Buenos Aires, hay 45 distritos que se encuentran en etapa 3 por pertenecer al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o porque se produjo en ellos un brote o un aumento significativo y repentino aumento de contagios, o un incremento en la velocidad de transmisión.
Se trata de Almirante Brown, Avellaneda, Bahía Blanca, Balcarce, Berazategui, Berisso, Castelli, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Pueyrredón, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz y La Matanza.
También se encuentran en esa instancia los partidos de La Plata, Lanús, Laprida, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pila, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, Roque Pérez, San Cayetano, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, San Vicente, Tandil, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, según detalla la información oficial.
En Chubut, se registraron 1.333 nuevos contagios solo en los últimos tres días que llevan la cantidad total de casos a 16.545 desde el inicio de la pandemia, mientras que en esa provincia fallecieron 266 personas.
Por su parte, la ciudad neuquina de Chos Malal será aislada a partir del lunes próximo por el término de 72 horas debido al aumento de contagios de coronavirus registrado en las últimas horas, según lo dispuso el Gobierno de la provincia, distrito donde el nivel de ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) es de 93 por ciento, según estimaciones del Ministerio de Salud local.
En Neuquén, por su parte, este lunes médicos llegaron terapistas y profesionales del Sistema de Salud Público de la provincia de Buenos Aires para sumarse al hospital de la ciudad de Zapala, a través de los acuerdos de colaboración anunciados entre Nación y provincias para atender la creciente demanda en el contexto de la pandemia de coronavirus.
Desde el inicio de la pandemia, las camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en la provincia aumentaron 295 por ciento, aunque el sostenido crecimiento de la curva de contagios mantiene su ocupación hoy en el 98 por ciento.
También en la Patagonia, el Plan Federal Detectar se puso en marcha la semana pasada en Río Negro con la llegada de 12.000 test rápidos que en una primera etapa se aplicarán en las localidades que integran el Departamento de General Roca, «con el objetivo de fortalecer la búsqueda de Covid-19», informó el gobierno provincial.
El Ministro de Salud de Río Negro Fabián Zgaib remarcó que «se trata de una estrategia clave para este momento de la pandemia, para la identificación temprana y seguimiento de contactos estrechos, reforzando el trabajo intenso que realiza el equipo de salud en todos los hospitales».
La provincia de San Juan, por su parte, que desde el inicio de la pandemia reportó 101 fallecidos por Covid-19, vive desde hace dos semanas un aumento consecutivo de contagios de coronavirus, por lo que el gobierno elevó los controles en los lugares más problemáticos y amplió la cantidad de camas de cuidados intensivos.
El subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo, sintetizó la situación al señalar que «el sistema de salud tiene una contracción a la Fase 1», lo que implica que «no solo hay disminución de prácticas ambulatorias, sino también reasignación de personal».
También San Luis, con más de 10 mil contagios y 121 fallecidos, se enfrenta a los peores números desde el comienzo de la pandemia, por lo que especialistas de la Nación visitaron la provincia hace una semana para planificar estrategias locales.
El lunes, el gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció que «seguramente en horas vamos a llegar a los 10.000 casos», número que se superó el martes, y pidió a los vecinos de la localidad de Naschel que «se dejen cuidar» y participen de las campañas de testeos masivos que realiza la provincia.
La localidad del Naschel, ubicada a 110 kilómetros al norte de la capital, ha sido reacia a los testeos masivos, por lo que el intendente Marcos Bertola confirmó a Télam «que se han hecho todos los esfuerzos por informar y convencer a los ciudadanos, pero no hemos tenido el resultado esperado, los vecinos no se quieren hisopar».
En Santa Cruz, las autoridades sanitarias de Santa Cruz llevaron la semana pasada tranquilidad a la población, ya que si bien las salas de terapia intensivas en la provincia se encuentran al límite, «se dispone tanto en los hospitales públicos como privados de salas acondicionadas con respirador y monitores» para atender a pacientes de cuidados críticos en el marco de la pandemia, al tiempo que 9 profesionales llegarán esta semana desde Buenos Aires.
Santa Fe es una de las provincias que estaba más comprometida en las últimas semanas, pero los casos de coronavirus «comenzaron a descender», particularmente en Rosario, con lo cual «bajó la ocupación de camas», según explicó ayer la ministra de Salud del distrito, Sonia Martorano.
En Santiago del Estero, la semana pasada se amplió el horario de circulación en Capital y Banda, principales departamentos de la provincia, y a partir del miércoles pasado se habilitó la actividad de bares, restaurantes y heladerías con atención al público, solo en espacios abiertos y según protocolo autorizado por el Ministerio de Salud de la provincia.
Las modificaciones únicamente rigen para los departamentos Capital y Banda, mientras que «en el resto del interior provincial, tanto en sus actividades como horarios de circulación, seguirá sin modificaciones, salvo las restricciones temporarias que se puedan disponer en las propias comunas», detallaron las autoridades.
También se habilitaron actividades en Tierra del Fuego la semana pasada, como la práctica de tenis y pádel y la apertura de locales gastronómicos en la ciudad de Río Grande, mientras que en toda la provincia volverán a celebrarse matrimonios y uniones convivenciales que estaban interrumpidos por la pandemia de coronavirus.
A pesar de que la provincia sigue registrando un número sostenido de contagios y de internados por Covid-19, el gobernador Gustavo Mellela resolvió hace una semana flexibilizar un grupo de actividades que se encontraban vedadas o restringidas por la crisis sanitaria.
En Río Grande, la ciudad del norte provincial afectada por un rebrote de casos desde el 20 de julio, fueron rehabilitadas las canchas de tenis y pádel de 8 a 21, con un tope de 10 personas dentro de cada establecimiento.
Salud 🩺
PAMI al límite: el Gobierno niega la crisis pero clínicas suspenden turnos y amenazan con frenar cirugías
El sistema de salud que atiende a casi 7,3 millones de jubilados y pensionados en Argentina está al borde del colapso. Las cámaras de prestadores privados suspendieron la asignación de turnos en consultorios externos de todas las especialidades y amenazan con paralizar cirugías programadas, mientras el Gobierno libertario insiste en que «el cronograma de pagos se viene cumpliendo».
PAMI suspende turnos en todo el país: prestadores denuncian un atraso arancelario del 102%
La contradicción es flagrante: por un lado, las instituciones privadas denuncian un atraso arancelario del 102% y advierten que no pueden afrontar insumos ni salarios; por el otro, el oficialismo responde con aumentos del 1,9% para junio y 1,9% para julio, por debajo incluso de la última medición de inflación del INDEC. La brecha entre el discurso oficial y la realidad hospitalaria no podría ser más amplia.
El Gobierno dice que todo está bien
Fuentes del Gobierno libertario aseguraron que el PAMI «no tiene deuda acumulada con Clínicas y Sanatorios a nivel nacional» y que «lo que resta pagar durante el mes son gastos corrientes». El mensaje fue reforzado desde Casa Rosada, que confirmó los aumentos del 1,9% para junio y julio, y anticipó que volverán a convocar a los prestadores «para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa en este contexto de estrés presupuestario».
La frase «estrés presupuestario» dice más de lo que pretende ocultar. Se trata del eufemismo oficial para describir lo que el propio sistema de salud padece como una crisis estructural, directamente vinculada al ajuste fiscal impuesto por las metas del acuerdo con el FMI.
Lo que dicen los prestadores: 102% de atraso y colapso inminente
La Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) comunicó la suspensión del otorgamiento de nuevos turnos en consultorios externos de todas las especialidades y advirtió que las próximas medidas incluirán la paralización de cirugías y procedimientos programados no urgentes, manteniendo únicamente el seguimiento de pacientes con patologías crónicas críticas.
«Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales«, advirtió CAPRESS en un documento público. «Hacemos responsable al Estado nacional por el impacto sanitario que esta situación genera en los afiliados al PAMI», completaron.
Los números que el sector expone son contundentes: desde diciembre de 2023, los aranceles abonados por el PAMI a los prestadores aumentaron apenas un 130%, mientras que en el mismo período la inflación acumulada superó el 300%. Para equiparar ambas variables, los prestadores estiman que haría falta una recomposición de al menos el 75%; el Gobierno ofrece menos de un cuarto de eso.
La crisis lleva meses: desde Patagonia hasta todo el país
La situación no es nueva ni está circunscripta a una región. En febrero de 2026, más de 30 clínicas y sanatorios de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa ya habían suspendido prestaciones programadas y ambulatorias, luego de una nota enviada al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, en la que advertían que sin soluciones concretas la interrupción de servicios sería inevitable. El problema se repite: primero fue una advertencia; ahora es una medida de fuerza generalizada.
«No cubrimos costos y las brechas son insalvables», declaró Andrés Sabalette, administrador del Sanatorio Juan XXIII de Río Negro, según consignó el portal Noti-Río.
Los prestadores privados aportan más de la mitad de las camas de internación en todo el país, lo que convierte esta crisis en una amenaza directa para la capacidad del sistema sanitario argentino de responder a las necesidades de la tercera edad.
Un antecedente que el Gobierno ignoró: el fallo judicial de mayo
Esta crisis no irrumpió en el vacío. En mayo de 2026, este medio ya cubrió cómo un juez federal ordenó al PAMI y a Incluir Salud regularizar pagos a prestadores de discapacidad en 72 horas, calificando al Estado de «en mora» y advirtiendo sobre el «riesgo inminente» para las personas con discapacidad. El Gobierno apeló esa cautelar en lugar de cumplirla. El patrón se repite: la respuesta judicial; la respuesta oficial, una apelación.
Además, el propio Ejecutivo debió emitir Letras del Tesoro (LECAP) por $580.000 millones para asistir al PAMI en el marco de esa misma crisis, una medida que la propia normativa exige reembolsar dentro del mismo ejercicio fiscal.
El ajuste y los jubilados: un costo que siempre pagan los mismos
Para los trabajadores del sector, el reclamo de los prestadores es apenas la superficie de una crisis más profunda. Desde SUTEPA respaldaron las medidas de los prestadores y señalaron que el personal de planta y los profesionales de cabecera fueron los principales damnificados del ajuste económico en el sector de la salud.
El cuadro se enmarca en una política deliberada: el recorte del gasto primario acumulado desde 2023, que en el área de salud y seguridad social implicó reducciones de más del 60% en términos reales, según el diagnóstico del Foro Economía y Trabajo. Los jubilados que dependen del PAMI son, en ese contexto, los eslabones más débiles de una cadena de ajuste que los aprieta desde varios frentes simultáneamente: la erosión del poder adquisitivo de sus haberes, el encarecimiento de los servicios públicos, y ahora la amenaza de perder acceso a los turnos médicos.
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