Investigación 🔎
Coimas: quién el Daniel Garbellini, uno de los más involucrados y menos conocido
Garbellini promovió un contrato entre OSPSIP y Suizo Argentina en 2022. Ese acuerdo también terminó bajo sospecha por presuntos retornos. Garbellini ocupaba un cargo clave en la compra directa de medicamentos.
Lo que tenés que saber
- Daniel Garbellini promovió un contrato entre OSPSIP y Suizo Argentina en 2022.
- Ese acuerdo también terminó bajo sospecha por presuntos retornos.
- Garbellini ocupaba un cargo clave en la compra directa de medicamentos.
- Una auditoría detectó pagos sin respaldo por millones de dólares.
- El contrato cubría provisión y logística médica a nivel nacional.
El vínculo entre Daniel Garbellini y Suizo Argentina vuelve a quedar en evidencia
Un documento fechado el 9 de noviembre de 2022 vuelve a tomar relevancia en medio del escándalo de coimas que rodea a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se trata de un contrato entre la Obra Social del Sindicato de Seguridad Privada (OSPSIP) y el laboratorio Suizo Argentina, gestionado durante la intervención de la entidad. La figura de Daniel María Garbellini aparece nuevamente como facilitador de acuerdos con la firma, esta vez desde su rol anterior en la obra social.
Garbellini, ex Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, fue uno de los funcionarios desplazados junto a Diego Spagnuolo tras revelarse un presunto esquema de direccionamiento de compras. El acuerdo con Suizo Argentina, al que accedió InfoGremiales, estipula la provisión de “Productos Médicos” y “Logística” para OSPSIP en todo el ámbito geográfico de la República Argentina.

Sospechas en su gestión anterior en la OSPSIP
Durante su paso por la OSPSIP, Garbellini habría impulsado directamente la firma del contrato, en el marco de la intervención comandada por Sigifredo Jorge Banegas. Según fuentes del sector, el exfuncionario era visto como “un empleado del laboratorio”, en alusión a su cercanía con Suizo Argentina, empresa con fuerte presencia en el norte argentino y vínculos estrechos con Martín y Lule Menem.
Una auditoría realizada por Jorge Alonso, quien sucedió a Banegas en la intervención de la obra social, detectó que algunos pagos sin respaldo documental parecían diseñados para “generar un mecanismo circular con el único objetivo de retirar fondos de la obra social e ingresarlos al circuito financiero para beneficios espurios”.
Compras sin licitación y descuentos menores al promedio
En su último rol en la ANDIS, Garbellini manejaba una dirección clave que “se encarga de la compra de medicamentos de altos costos sin ningún proceso licitatorio”. Especialistas del sector explicaron que en ese esquema las compras se realizaban con descuentos del 5 al 10 por ciento sobre el precio de venta al público, mientras que en otros organismos esos descuentos pueden llegar hasta el 50 por ciento.
Esta metodología vuelve a poner bajo la lupa su papel en la gestión pública de fondos sanitarios, tanto en OSPSIP como en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Una auditoría detectó desvíos millonarios y gastos sin justificar
La auditoría sobre la gestión de Banegas no solo se enfocó en el contrato con Suizo Argentina. También reveló el destino de por lo menos tres millones de dólares a prestadores y fundaciones sin documentación respaldatoria. Entre ellos figura Modum Salud, una prepaga de la que proviene Claudio Stivelman, actual titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y cercano a Mario Lugones.
Asimismo, se detectaron gastos por al menos 5 millones de pesos en una joyería de Recoleta, entre otros movimientos financieros injustificados. Toda la documentación fue entregada a la Superintendencia de Servicios de Salud y motivó una causa que actualmente tramita ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional de Instrucción 59.
Investigación 🔎
“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA
La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.
Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones
★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.
«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.
«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.
«Pipo» y los nexos en el interior del sistema
Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.
En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.
El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.
La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
- Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
- El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
- Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
- Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.
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