Lo que tenés que saber

• El BCRA activó una veda de 90 días para comprar dólar MEP tras operar en el oficial
• La decisión apunta a frenar el “rulo” cambiario que dejaba grandes ganancias
• La medida se formalizó mediante la Comunicación «A» 8336
• Usuarios accedían al MULC y revendían en el MEP con diferencia de precio
• Familias enteras podían ganar hasta $1.000.000 con esta operatoria

Caputo reinstala el cepo al dólar: buscan frenar el “rulo” con el MEP

El equipo económico liderado por Luis Caputo dispuso una nueva restricción cambiaria para contener una maniobra que, en pocas semanas, se popularizó entre ahorristas y generaba una importante fuga de divisas. El Banco Central publicó hoy la Comunicación «A» 8336, que establece una espera obligatoria de 90 días para operar dólar MEP luego de acceder al dólar oficial.

La medida reactiva una de las regulaciones más representativas del cepo cambiario, y llega en respuesta al incremento del llamado «rulo» o «puré», una operatoria que permitía obtener una ganancia rápida gracias a la diferencia entre el valor del dólar oficial y el de los dólares financieros o paralelos.

Cómo funcionaba el “rulo” cambiario

El esquema consistía en comprar dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) al precio oficial —que el martes marcaba $1.385— y luego revenderlos en el mercado MEP o paralelo, donde la cotización alcanzaba los $1.410. La diferencia generaba una ganancia de $25 por cada dólar comprado.

A modo de ejemplo, por una compra de USD 1.000, el beneficio era de $25.000. Para quienes accedían al cupo de USD 10.000, la utilidad escalaba hasta $250.000. Según un informe citado por iProfesional, una familia de cuatro personas podía acumular entre $600.000 y $1.000.000 repitiendo esta maniobra.

Qué dice la nueva norma del BCRA

A partir de esta decisión, quienes compren divisas en el mercado oficial deberán completar una declaración jurada donde se comprometen a «no concertar (…) compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera» durante los 90 días posteriores.

El objetivo oficial es cortar el acceso legal al circuito de arbitraje financiero, que funcionaba dentro del marco normativo pero con resultados contrarios a la política cambiaria del Gobierno.