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Gremiales

ATE denuncia al Gobierno y va a la Justicia por despidos tras rechazo del DNU

ATE denuncia despidos en organismos públicos tras el rechazo parlamentario al DNU 462/25 y anuncia acciones judiciales y posibles medidas de fuerza.

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Lo que tenés que saber

  • El Gobierno dispuso 367 despidos tras el rechazo del DNU 462/25 en el Congreso
  • ATE denuncia que se violó una sentencia judicial y se ignoró la decisión legislativa
  • El sindicato afirma que la medida es una persecución a delegados sindicales
  • Rodolfo Aguiar advirtió que acudirán a la Justicia y podrían aplicar medidas de fuerza
  • Los despidos afectan al INTA, INV, INASE y la Agencia de Seguridad Vial

ATE denunciará en la Justicia el plan de Caputo para despedir trabajadores del Estado

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció este viernes 22 de agosto que presentará una demanda judicial contra el Gobierno Nacional tras la decisión del Ministerio de Economía de pasar a disponibilidad a 367 empleados públicos, pese a que el Congreso rechazó el Decreto 462/25, que intentaba reestructurar organismos del Estado.

Rechazo del DNU y despidos firmados una hora después

El Senado votó el rechazo al DNU a las 18:05 del jueves. Apenas una hora y 23 minutos más tarde, a las 19:28, el Ministerio de Economía firmó la Resolución 1240/25 que dispuso el pase a disponibilidad de 367 trabajadores de planta permanente: 286 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 49 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), 8 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y otros 97 en la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Rodolfo Aguiar: “Se fractura el Estado de Derecho”

“Esta decisión del Gobierno es muy grave. Desafía a dos poderes del Estado. Se desobedece una sentencia judicial y se incumple con lo decidido por el Congreso de la Nación. El Gobierno actúa al margen de la ley y fractura el Estado de Derecho. Es una medida que aumenta el deterioro democrático de nuestro país”, manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

Denuncia por persecución sindical y vicios administrativos

El gremio también alertó que entre los trabajadores cesanteados figuran delegados gremiales y empleados que participaron de movilizaciones frente al Congreso, lo que consideran una violación a la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales.

“Además se trata de una grave persecución sindical porque el listado de los agentes pasados a disponibilidad son casualmente los delegados sindicales y aquellos que participaron de los reclamos y se movilizaron al Congreso”, expresó Aguiar.

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Presentación judicial y posible plan de lucha

ATE confirmó que su equipo legal trabaja en una presentación judicial urgente para frenar los efectos de la resolución.

“Lo que hizo el Gobierno minutos después que se votara el rechazo al Decreto, es un acto administrativo viciado, es inaplicable porque se dictó violando la ley. Es evidente que hay mala fe y que el Gobierno actuó con malicia. Vamos a hacer una rápida presentación judicial y no descartamos definir nuevas medidas de fuerza”, concluyó Aguiar.

Cabe destacar que el miércoles la Justicia Federal había dictado una medida cautelar ordenando al Ejecutivo abstenerse de ejecutar actos derivados del DNU, incluyendo cualquier pase a disponibilidad.

Educación

Cuarta Marcha Federal Universitaria: reclamos, columnas y cortes en el centro porteño

El Consejo Interuniversitario Nacional, la FUA y el Frente Sindical convocaron para este martes a estudiantes, docentes y no docentes a marchar hacia Plaza de Mayo, en reclamo de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. La jornada se desarrolla un día después de que el Gobierno publicara un nuevo recorte de casi 79.000 millones de pesos en educación.

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Cuarta Marcha Federal Universitaria: movilización masiva en defensa de la educación pública

★ La cuarta Marcha Federal Universitaria concentra este martes a miles de personas en el centro porteño, con epicentro en Plaza de Mayo, en una jornada que promete ser multitudinaria y que vuelve a poner en el centro del debate el desfinanciamiento sistemático del sistema universitario público bajo la gestión de Javier Milei.

La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, y se extiende con movilizaciones simultáneas en distintas ciudades del país.

El reclamo: una ley votada, ratificada y sistemáticamente incumplida

El eje central de la protesta no varió desde la primera marcha del 23 de abril de 2024: exigir que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada por el Congreso Nacional en octubre de 2025 y ratificada con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras el 17 de septiembre de ese mismo año. La norma fue además respaldada en dos instancias judiciales: la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó su plena vigencia a fines de marzo de 2026.

La ley establece la actualización por inflación del presupuesto universitario, los salarios docentes y no docentes, y las becas estudiantiles. Sin embargo, el Gobierno no la implementó. Más aún: recurrió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario para evitar aplicar las actualizaciones salariales que dos fallos judiciales le ordenaron.

Los números del deterioro son contundentes. Según datos del sector universitario, las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Los salarios docentes cayeron un 34% en términos reales desde diciembre de 2023, ubicándose en los niveles más bajos de los últimos 23 años. Para recomponer ese deterioro, los haberes deberían aumentar un 50,6%, ya que la inflación acumuló un 293% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, mientras los sueldos solo subieron un 160% en el mismo período.

Un recorte en vísperas de la movilización

La víspera de la marcha trajo una nueva medida de ajuste. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, el Gobierno recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación. La medida incluye una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para obras de infraestructura que afecta a 13 universidades nacionales, y un recorte de $35.288.051.713 sobre el Plan Nacional de Alfabetización.

La comunidad universitaria interpretó el timing como una señal deliberada. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, convocó públicamente a acompañar la marcha y declaró en diálogo con Radio Mitre: «Confío que mañana sea una marcha pacífica, multitudinaria y que la gente apoye esto. No que apoye a la UBA, sino que apoye al país.» Gelpi advirtió que el ajuste «afecta directamente las cursadas, los salarios de docentes y no docentes, así como el funcionamiento de los hospitales universitarios» y que la pérdida de recursos humanos calificados ya genera consecuencias irreversibles: «Se está yendo la gente de las universidades y de los laboratorios, hay números.»

Los hospitales en crisis: deuda acumulada de 20.000 millones

La disputa se extendió en las últimas semanas a los hospitales universitarios. Autoridades de la UBA denunciaron en una conferencia de prensa del 5 de mayo en el Hospital de Clínicas que la gestión de Milei no transfirió los fondos operativos correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de 2026, lo que genera una deuda acumulada de aproximadamente 20.000 millones de pesos. Esos recursos, aprobados en el Presupuesto 2026, son imprescindibles para insumos, mantenimiento y servicios básicos. Los directores de hospitales alertaron que varios centros de salud podrían dejar de funcionar. Los hospitales universitarios de la UBA atienden aproximadamente 700.000 pacientes por año.

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, rechazó esas denuncias y las calificó de «falsas». Sostuvo que los fondos ordinarios ya fueron transferidos y que el reclamo corresponde a una partida «extraordinaria» aún no desembolsada. En paralelo, la misma cartera intimó a los rectores a «informar las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación» frente a los paros gremiales.

Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), su secretaria general Laura Carboni, respondió sin rodeos: «No tienen cara; el gobierno lleva 189 días de incumplimiento de una ley votada en cinco oportunidades en el Congreso y ratificada dos veces en la justicia.»

El mapa de la movilización en Buenos Aires

La marcha en la Ciudad de Buenos Aires se organiza en cuatro columnas que confluirán en Plaza de Mayo. La columna del sur y La Plata parte desde Constitución y avanza por Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. La columna de Ciencias Económicas, Medicina y facultades del área norte se concentra desde las 16 en Córdoba y Junín, para marchar por Callao, Rivadavia y Avenida de Mayo. La columna de Psicología, Filosofía y Letras ingresa por Entre Ríos y Rivadavia. La UTEP concentra desde las 14 en Belgrano y Diagonal Sur.

Entre los puntos de encuentro confirmados se destacan: la intersección de Avenida Callao y Bartolomé Mitre (Ciencias Exactas UBA, desde las 13), Plaza Houssay con convocatoria de ADUBA (Facultad de Medicina, 14 horas), la sede de la UTN en calle Medrano (14:30), y las intersecciones de Diagonal Sur y Bolívar con Avenida de Mayo y Tacuarí (CGT, CONADU y FEDUN, desde las 15).

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores concentran desde las 15 en Diagonal Norte y San Martín; CONADU Histórica junto a organizaciones del FreSU, desde las 15 en Piedras y Avenida de Mayo. La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) iniciará su protesta al mediodía en el campus de Bernal para sumarse luego a la columna central en Avenida de Mayo y Bernardo de Yrigoyen.

El acto central está previsto para las 17 horas en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. El perímetro del microcentro porteño estará afectado por cortes totales y parciales en Avenida de Mayo, Avenida Callao, Diagonal Norte, Diagonal Sur, Bernardo de Yrigoyen, Bartolomé Mitre, Bolívar, Tacuarí, Piedras y Salta, así como en los entornos de Plaza Houssay y calle Medrano. Se recomienda a los conductores evitar el área entre las 13 y las 19 horas.

Cuatro marchas, ninguna respuesta

La convocatoria de este martes es la cuarta de una serie que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se movilizaron en la Avenida de Mayo. La segunda tuvo lugar el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, en rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, el mismo día en que el Congreso ratificó la norma con mayoría agravada de dos tercios. En ninguno de esos tres casos el Gobierno modificó su postura.

El Ejecutivo insiste en que la ley no prevé en forma expresa su fuente de financiamiento y que su aplicación plena «afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país». Ante la nueva jornada de protesta, el Gobierno anunció que abrirá una instancia de diálogo con las universidades después de la marcha; desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que se analiza la creación de una comisión con rectores de universidades que cuentan con hospitales para discutir el esquema de distribución de recursos. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había acusado a los rectores de impulsar una «extorsión política». Gelpi lo rechazó: «Lo que estamos pidiendo para los estudiantes y para los hospitales es lo mismo que se pedía el año pasado.»

Puntos clave

  • La cuarta Marcha Federal Universitaria se realiza este martes con acto central en Plaza de Mayo a las 17 horas, convocada por el CIN, la FUA y el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
  • El reclamo central es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, votada y ratificada por el Congreso y avalada en dos instancias judiciales, que el Gobierno se niega a implementar.
  • El día anterior a la marcha, el Gobierno recortó $78.768 millones en educación mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por Adorni y Caputo.
  • Los salarios docentes universitarios acumulan una caída real del 34% desde diciembre de 2023, los más bajos en 23 años.
  • Los hospitales universitarios de la UBA denuncian una deuda de 20.000 millones de pesos en fondos operativos no transferidos desde enero de 2026.

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