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Reforma laboral: qué recursos judiciales pueden frenar la ley en tribunales

Especialistas analizan los caminos legales que podrían activarse tras la promulgación de la nueva normativa laboral.

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Lo que tenés que saber

  • CGT y CTA confirmaron que acudirán a la Justicia tras la sanción.
  • Se evalúan amparos colectivos y planteos individuales de inconstitucionalidad.
  • El eje jurídico apunta al artículo 14 bis y a tratados internacionales.
  • La discusión podría tramitar en el fuero laboral o en el Contencioso Administrativo.
  • Expertos advierten que la Corte podría llevar el debate al “caso por caso”.

Judicialización inminente tras la sanción

La reforma laboral impulsada por Javier Milei se encamina a su aprobación definitiva en el Senado. Apenas sea promulgada, las centrales obreras anticiparon que activarán presentaciones judiciales para cuestionar su constitucionalidad.

Desde la CGT, su secretario general Jorge Sola confirmó que avanzarán “en el escenario de la judicialización de la ley en su totalidad y de algunos artículos en particular”. En paralelo, las dos vertientes de la CTA, una de ellas conducida por Hugo Yasky, trabajan en planteos conjuntos junto al Foro para la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social.

Qué artículos se cuestionan

Según los especialistas consultados, los ejes del planteo se centrarán en la presunta vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el principio de no regresividad de los derechos sociales.

La denominada “Ley de Modernización Laboral” habilita la extensión de la jornada a 12 horas mediante banco de horas, el fraccionamiento de vacaciones, el pago de indemnizaciones en cuotas y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral. También introduce cambios en materia de protesta y huelga.

Sola sostuvo que la norma afecta el “principio protectorio del derecho del trabajo” y el de “no regresividad de los derechos sociales”.

¿Amparo colectivo o demandas individuales?

Una de las discusiones centrales gira en torno al tipo de acción judicial. Se evalúa la presentación de un amparo colectivo en la Justicia Nacional del Trabajo. Sin embargo, también podría intervenir el fuero Contencioso Administrativo.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó que los cuestionamientos podrían tramitar en las justicias provinciales cuando exista un caso concreto de aplicación de la norma. Según su análisis, el recorrido judicial incluiría primera instancia, cámara, corte provincial y eventualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El especialista advirtió que, si los tribunales exigen afectación directa y concreta, la discusión podría resolverse “caso por caso”, con efectos limitados a cada trabajador demandante.

En línea similar, el abogado Daniel Llermanos señaló que los planteos probablemente se vinculen a situaciones puntuales, como la liquidación de una indemnización bajo las nuevas reglas.

El antecedente del decreto 70/2023

El debate remite a lo ocurrido con el decreto 70/2023, cuya constitucionalidad laboral fue cuestionada en tribunales. Una reciente decisión en el caso Levinas modificó el esquema de revisión de la Cámara Nacional del Trabajo, al establecer que el Tribunal Superior de Justicia porteño intervenga como instancia revisora antes de la Corte nacional.

Este antecedente genera interrogantes sobre el recorrido procesal que podría tener la reforma laboral y el alcance de eventuales fallos.

Posibles planteos sectoriales

Algunos sindicatos analizan impugnaciones específicas. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) prepara una presentación ante la Justicia del Trabajo por la derogación del Estatuto del Periodista, con argumentos de “regresividad” e “irrazonabilidad”, además de afectación a derechos colectivos como negociación y huelga.

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Marcha Federal por la Salud: trabajadores, gremios y organizaciones le dicen basta a Milei

Bajo el lema «La salud no puede esperar», la movilización central partió desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo. El presupuesto del área cayó un 40% desde que asumió Javier Milei y el Programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3.

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Remediar sin remedios, PAMI sin presupuesto: el mapa del desfinanciamiento sanitario bajo Milei

★ Miles de trabajadores de la salud, sindicatos, organizaciones sociales y colectivos de pacientes se movilizaron este miércoles en la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, convocada por el Foro por el Derecho a la Salud bajo la consigna «La salud no puede esperar». La columna central partió a las 13 horas desde el Ministerio de Salud de la Nación, en Avenida 9 de Julio y Moreno, por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo. La protesta se replicó de manera simultánea en Jujuy, Chaco, Rosario, Córdoba y otras provincias del país.

Un sistema sanitario bajo la motosierra

Los datos que motorizaron la movilización son contundentes. Según cifras difundidas por los propios convocantes y reportadas por diversos medios, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40%. A ese retroceso acumulado se sumó, para el ejercicio 2026, un recorte adicional de más de 63.000 millones de pesos en las partidas del área sanitaria.

Las consecuencias son concretas e inmediatas. El Programa Remediar, que históricamente distribuyó 79 medicamentos gratuitos, quedó reducido a solo 3, dejando sin acceso a más de 20 millones de personas. El presupuesto del PAMI fue recortado un 40%, con deudas que superan los 500.000 millones de pesos a prestadores, lo que se traduce en jubilados y jubiladas sin turnos ni atención. Según datos difundidos por los organizadores, más de 742.000 personas perdieron su cobertura médica y un millón de familias quedaron sin respuestas frente a un sistema que se retira.

El médico Manuel Fonseca, referente del Foro por el Derecho a la Salud, describió la situación con precisión: «El ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento.» Por su parte, el médico sanitarista Leonel Tesler advirtió, en la previa a la movilización, que «el sistema estatal está en una crisis sin pandemia», mientras los hospitales públicos operan con una ocupación cercana al 90% y el personal trabaja desgastado y sin refuerzos.

Los reclamos del sector

La convocatoria articulada por el Foro sintetizó una agenda de reclamos precisos:

  • No al cierre o desfinanciamiento del Programa Remediar.
  • No al desfinanciamiento del PAMI ni a la imposición de topes en coberturas.
  • No al desguace del Programa Nacional de Inmunizaciones, exigiendo la provisión de vacunas para personas mayores de 65 años, embarazadas, niños y niñas.
  • No al retroceso en políticas de Salud Mental.

Los organizadores también señalaron que el 80% de las obras sociales no logra cubrir con su recaudación el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que se traduce en una reducción de prestaciones y mayores dificultades para acceder a tratamientos. Además, advirtieron que uno de cada cuatro jubilados no puede acceder a los medicamentos que necesita.

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras) declaró un paro nacional en el sector para acompañar la jornada de protesta. Su secretario general, Pablo Maciel, afirmó que la jornada tendría «carácter federal» y que el gobierno de Milei «avanza en la eliminación del principio de la salud como derecho universal, reemplazando el rol del Estado como garante del acceso sanitario por una lógica mercantil y excluyente.» También adhirieron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA), la CICOP y numerosas agrupaciones de residentes y estudiantes.

La posición oficial y las acusaciones cruzadas

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, rechazó el encuadre de la protesta. Argumentó que «el financiamiento de los programas que impulsa el Ministerio de Salud está garantizado» y atribuyó los ahorros a «un sistema de compras más ordenado, eficiente y libre de intermediarios». Desde La Libertad Avanza, funcionarios y legisladores del oficialismo apuntaron al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, a quienes acusaron de operar como «promotores activos» de la movilización a través de redes sociales. La provincia de Buenos Aires fue además la única jurisdicción que no participó de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) del lunes 18 de mayo, donde los ministros provinciales acordaron un comunicado conjunto sobre reglas y responsabilidades entre Nación y provincias.

El contexto de un ajuste en cadena

La marcha federal del sector salud llega pocas semanas después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que sacudió al país en rechazo al ajuste en educación. La repetición del formato no es casual: los mismos mecanismos de desfinanciamiento que vaciaron las universidades nacionales, con recortes reales que según datos del Foro Economía y Trabajo superan el 20% desde 2023, se aplican ahora con igual o mayor intensidad sobre el sistema sanitario. El patrón es el mismo: achicamiento del Estado, transferencia de responsabilidades a las provincias sin transferir recursos, y una lógica de ajuste que recae sobre los sectores que más dependen del sistema público, aquellos que no pueden pagar una prepaga ni costear un medicamento en una farmacia.

Puntos clave:

  • El presupuesto del Ministerio de Salud cayó un 40% desde diciembre de 2023.
  • Un recorte adicional de 63.000 millones de pesos se aplicó para el ejercicio 2026.
  • El Programa Remediar pasó de 79 medicamentos gratuitos a solo 3, afectando a más de 20 millones de personas.
  • Fesintras declaró paro nacional y movilizaciones simultáneas en varias provincias.
  • Un millón de familias quedaron sin cobertura médica según los convocantes.

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