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Amnistía Internacional denunció la violencia institucional del gobierno de Milei

Habló de represión excesiva en protestas y exige derogar el Protocolo Anti-piquetes de Patricia Bullrich.

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Lo que tenés que saber:

  • Amnistía Internacional presentó un informe sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte del gobierno de Javier Milei en las protestas de 2024.
  • Más de 1100 personas resultaron heridas, incluidas 50 periodistas atacados durante la cobertura de manifestaciones.
  • El informe documenta un patrón de represión y criminalización contra quienes se oponen a las políticas del gobierno.
  • La organización exige la derogación del Protocolo Anti-piquetes y reformas en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
  • Amnistía denuncia la afectación de derechos humanos, incluidos abusos con balas de goma y gases lacrimógenos.

Uso desproporcionado de la fuerza en protestas

Amnistía Internacional (sede Argentina) presentó un informe titulado “Disenso en riesgo”, en el que documenta las cifras alarmantes sobre la represión ejercida por el gobierno de Javier Milei contra las protestas en su contra a lo largo de 2024. El reporte revela que más de 1100 personas resultaron heridas durante manifestaciones, incluyendo 50 trabajadores de prensa que fueron agredidos mientras cubrían los hechos. Además, 73 personas fueron criminalizadas como resultado de su participación en las protestas.

El informe detalla un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, como el empleo de balas de goma, gases lacrimógenos, camiones hidrantes y golpes con bastones. La represión también afectó a personas vulnerables, incluidas “niños y niñas”, en un claro incumplimiento de los principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

Denuncia sobre el Protocolo Anti-piquetes

Amnistía Internacional subraya que el uso desproporcionado de la fuerza se ha convertido en una práctica habitual bajo el actual gobierno, especialmente tras la implementación del Protocolo Anti-piquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Este protocolo se ha utilizado para justificar la represión de manifestaciones y ha generado un patrón sistemático de criminalización de quienes ejercen su derecho a la protesta.

“El gobierno de Milei ha hecho del uso de la fuerza una norma”, indica Amnistía en su informe, denunciando que esto representa un intento de “silenciar las voces” que disienten con las políticas gubernamentales. El uso de la fuerza, en lugar de estar enfocado en el mantenimiento del orden público, se orienta hacia la supresión de la protesta social.

Restricción de la libertad de expresión

Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional, señaló en una entrevista que el informe refleja el “achicamiento del espacio cívico” y la restricción de la libertad de expresión en las calles. Según García Rey, el gobierno ha respondido con represión a un derecho fundamental: el derecho a manifestarse. Amnistía también denunció la falta de transparencia en el manejo de la información, destacando que el Ministerio de Seguridad de la Nación denegó muchos de los pedidos de acceso a información pública solicitados por la organización.

“La represión de las protestas no solo está dirigida a frenar el disenso, sino a crear un clima de miedo para inhibir la expresión pública”, advirtió García Rey.

Exigencias de medidas concretas

Amnistía Internacional instó al Gobierno argentino a adoptar medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos en las protestas sociales. Entre sus demandas, la organización solicita la derogación inmediata del Protocolo Anti-piquetes y la implementación de regulaciones policiales que respeten los estándares internacionales sobre el derecho a la reunión pacífica y el uso adecuado de la fuerza. Además, se requiere que las fuerzas de seguridad reciban capacitaciones específicas sobre cómo intervenir de forma respetuosa con los derechos humanos en contextos de protestas.

DDHH

“Muy pronto volveremos a encontrarnos”: la carta abierta de Cristina que desafía la proscripción

En una carta abierta publicada este miércoles en su sitio oficial, Cristina Fernández de Kirchner denunció que la condena de la Corte Suprema y su inhabilitación de por vida no persiguen la verdad jurídica sino eliminarla de la vida política. Señaló que lo que padece constituye graves violaciones a los derechos humanos con raíces en el machismo estructural del poder judicial y convocó al pueblo a no bajar los brazos.

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CFK denuncia machismo judicial y uso político de la justicia: la proscripción perpetua es "la pena principal" de la condena.

Con la serenidad de quien da una pelea de largo aliento, Cristina Fernández de Kirchner eligió las palabras con precisión quirúrgica. En la carta difundida este miércoles desde su sitio cfkargentina.com, la dos veces presidenta argentina afirmó que el ataque del que es víctima «no tiene como destinataria únicamente a una persona», sino a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino.

El documento, que circuló de inmediato en redes sociales y medios afines al kirchnerismo, representa el texto político más contundente que CFK firmó desde que se conoció su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La carta no es solo un descargo personal: es una declaración de principios sobre el uso de la justicia como instrumento de persecución política, un fenómeno que, advierte, no es exclusivo de la Argentina.

La proscripción como objetivo central

El núcleo político del documento es una distinción que CFK planteó con claridad: «La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es solo la accesoria». La frase condensa la lectura que el kirchnerismo hace del proceso judicial: no se trata de sancionar hechos de corrupción sino de cerrar el camino electoral a la principal figura de la oposición.

Kirchner fue la única mujer electa y reelecta presidenta de la República Argentina. Esa singularidad histórica la usó para plantear una pregunta que, en su formulación, lleva implícita la respuesta: «¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?» La pregunta no es retórica. Es la columna vertebral del argumento jurídico que, según anunció días atrás, ya fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Machismo estructural en la toga

Uno de los pasajes más resonantes de la carta es el que vincula su persecución judicial con el machismo estructural que, sostiene, persiste en sectores del sistema judicial argentino. «Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos», escribió.

La expresidenta fue más lejos al referir el atentado del 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre le apuntó con un arma en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. Para CFK, el nivel de estigmatización y arbitrariedad al que fue sometida funcionó como un incentivo para que atentaran contra su vida, lo que encuadra la persecución judicial dentro de una violación más amplia de los derechos humanos fundamentales.

Una ofensiva jurídica internacional con nombres propios

La carta también es un mapa de la estrategia jurídica que Kirchner despliega en el plano internacional. Convocó a dos abogados de reconocida trayectoria: el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el brasileño Rafael Valim, académico y jurista de referencia en el proceso de defensa del expresidente Lula Da Silva. Ambos integrarán el equipo que presentó la comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

CFK también recordó que en 2022, tras el atentado, un grupo de juristas internacionales de primer nivel ya había formulado una primera denuncia. Entre ellos, el exjuez de la Corte Suprema argentina y referente del derecho penal regional Raúl Zaffaroni, el ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire, el español Baltazar Garzón Real, el brasileño Juárez Tavares y juristas italianos de peso como Francesco Schiaffo, Sergio Moccia y Antonio Cavaliere. «Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos», afirmó la expresidenta.

Un fenómeno global, una respuesta democrática

La carta incorpora una lectura geopolítica del fenómeno. Kirchner advirtió que la utilización del sistema de justicia para neutralizar a dirigentes con respaldo popular no es una patología argentina. «En todos los continentes asistimos a la utilización creciente del sistema de justicia como un instrumento para neutralizar dirigentes políticos que cuentan con respaldo popular», escribió, y añadió que ese fenómeno «representa una de las mayores amenazas que enfrentan hoy las democracias constitucionales».

Frente a esa realidad, la expresidenta descartó responder «con odio» o «con violencia» y eligió la vía institucional: más derecho, más democracia y más verdad. El cierre de la carta fue un llamado directo a sus seguidores: «No bajen los brazos. No permitan que les roben la esperanza.» Y remató con una promesa: «Muy pronto volveremos a encontrarnos.»

Puntos clave

  • CFK publicó una carta abierta este miércoles en cfkargentina.com en la que afirmó que la proscripción perpetua es «la pena principal» y la prisión «solo la accesoria».
  • Denunció que su persecución judicial tiene raíces en el machismo estructural del poder judicial y que el nivel de estigmatización funcionó como un incentivo para el atentado del 1 de septiembre de 2022.
  • Convocó a los abogados internacionales Javier Borrego (España) y Rafael Valim (Brasil) para integrar su defensa ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
  • Señaló que el uso de la justicia como herramienta de persecución política es un fenómeno global que amenaza a las democracias constitucionales.
  • Cerró la carta con un llamado al pueblo a no bajar los brazos y una promesa de regreso a la vida pública.
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