DDHH
Amnistía Internacional denunció la violencia institucional del gobierno de Milei
Habló de represión excesiva en protestas y exige derogar el Protocolo Anti-piquetes de Patricia Bullrich.
Lo que tenés que saber:
- Amnistía Internacional presentó un informe sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte del gobierno de Javier Milei en las protestas de 2024.
- Más de 1100 personas resultaron heridas, incluidas 50 periodistas atacados durante la cobertura de manifestaciones.
- El informe documenta un patrón de represión y criminalización contra quienes se oponen a las políticas del gobierno.
- La organización exige la derogación del Protocolo Anti-piquetes y reformas en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
- Amnistía denuncia la afectación de derechos humanos, incluidos abusos con balas de goma y gases lacrimógenos.
Uso desproporcionado de la fuerza en protestas
Amnistía Internacional (sede Argentina) presentó un informe titulado “Disenso en riesgo”, en el que documenta las cifras alarmantes sobre la represión ejercida por el gobierno de Javier Milei contra las protestas en su contra a lo largo de 2024. El reporte revela que más de 1100 personas resultaron heridas durante manifestaciones, incluyendo 50 trabajadores de prensa que fueron agredidos mientras cubrían los hechos. Además, 73 personas fueron criminalizadas como resultado de su participación en las protestas.
El informe detalla un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, como el empleo de balas de goma, gases lacrimógenos, camiones hidrantes y golpes con bastones. La represión también afectó a personas vulnerables, incluidas “niños y niñas”, en un claro incumplimiento de los principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
Denuncia sobre el Protocolo Anti-piquetes
Amnistía Internacional subraya que el uso desproporcionado de la fuerza se ha convertido en una práctica habitual bajo el actual gobierno, especialmente tras la implementación del Protocolo Anti-piquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Este protocolo se ha utilizado para justificar la represión de manifestaciones y ha generado un patrón sistemático de criminalización de quienes ejercen su derecho a la protesta.
“El gobierno de Milei ha hecho del uso de la fuerza una norma”, indica Amnistía en su informe, denunciando que esto representa un intento de “silenciar las voces” que disienten con las políticas gubernamentales. El uso de la fuerza, en lugar de estar enfocado en el mantenimiento del orden público, se orienta hacia la supresión de la protesta social.
Restricción de la libertad de expresión
Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional, señaló en una entrevista que el informe refleja el “achicamiento del espacio cívico” y la restricción de la libertad de expresión en las calles. Según García Rey, el gobierno ha respondido con represión a un derecho fundamental: el derecho a manifestarse. Amnistía también denunció la falta de transparencia en el manejo de la información, destacando que el Ministerio de Seguridad de la Nación denegó muchos de los pedidos de acceso a información pública solicitados por la organización.
“La represión de las protestas no solo está dirigida a frenar el disenso, sino a crear un clima de miedo para inhibir la expresión pública”, advirtió García Rey.
Exigencias de medidas concretas
Amnistía Internacional instó al Gobierno argentino a adoptar medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos en las protestas sociales. Entre sus demandas, la organización solicita la derogación inmediata del Protocolo Anti-piquetes y la implementación de regulaciones policiales que respeten los estándares internacionales sobre el derecho a la reunión pacífica y el uso adecuado de la fuerza. Además, se requiere que las fuerzas de seguridad reciban capacitaciones específicas sobre cómo intervenir de forma respetuosa con los derechos humanos en contextos de protestas.
DDHH
«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump
Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.
Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump
El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.
El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse
Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.
La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.
El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».
Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»
El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.
La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.
El caso argentino que expuso la crisis humanitaria
Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.
La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.
El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.
La lógica del miedo y sus límites
El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.
Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.
-
Goles! ⚽7 díasScaloni eligió a sus 55: sorpresas, caras nuevas y la gran ausencia que sacude al fútbol argentino
-
Deportes ⚽4 díasCentral eliminó a Racing con polémico arbitraje y pasó a semifinales del Apertura
-
Judiciales ⚖️3 díasAutopsia de Benjamín Scerra: revelan que recibió más de 20 puñaladas
-
Política 📢7 díasEl Gobierno que no quiere Ficha Limpia: la interna que expone el doble discurso anticorrupción de LLA
-
Fútbol & Goles!3 díasEscándalo total: Malcorra fue a buscar a Gustavo López a la salida de la radio y casi terminan a las piñas
-
Goles! ⚽4 díasEl fútbol argentino en llamas por la eliminación de Racing: entre rojas, insultos y acusaciones de robo
-
Política 📢5 díasMilei usó datos reales para construir una mentira: lo que no dijo al comparar su sueldo con el de rectores
-
Desregulación4 díasSindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil
