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El país apelará el fallo buitre de la justicia de EEUU por YPF

«La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación», aclara la defensa, que tiene un período de 30 días para realizar el pedido formal.

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La Argentina reafirmó su voluntad de cooperar de buena fe con los pedidos de la justicia de Estados Unidos de trabajar sobre de monto de la fórmula determinado en el juicio por la nacionalización de YPF, al tiempo que reiteró que se reserva su derecho de presentar la apelación de la sentencia final en el caso.

Así lo indicó la defensa del Estado argentino a cargo del estudio de abogados Sullivan & Cromwell, en un carta enviada a la jueza de Nueva York a cargo del caso, Loretta Preska, y a la que tuvo acceso Télam.

«La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación», aclara la defensa, que tiene un período de 30 días para realizar el pedido formal.

La misiva es en realidad una respuesta a una carta enviada por los representantes del grupo Petersen y Eton Park, del estudio Kellog, Hansen y asociados, quienes acusaron al país «de que se ha negado a conferir de buena fe con los demandantes para preparar un presentación conjunta», afirmó el abogado litigante Dereck Ho.

Ho se refirió a los últimos requerimientos de la jueza neoyorkina de darle un número final al monto de manera conjunta, en la misma orden judicial de la semana pasada cuando pronunció sobre la fórmula que debía aplicarse para calcular el monto de resarcimiento a los demandantes por la expropiación de YPF, y según el fallo de marzo de 2023 en contra de la Argentina.

«Eso no es cierto», retrucaron los abogados de la Argentina, quienes a su vez denunciaron que «unilateralmente» el estudio de abogados presentó sus cálculos ayer a la justicia de EEUU, al tiempo que expusieron su cooperación y los números aportados al caso.

Preska había ordenado la semana pasada a ambas partes a que se pongan a trabajar conjuntamente en la interpretación de «la formula D del profesor Fisher», que es la que la jueza eligió para calcular el monto final a pagar.

Dicha fórmula, surge en realidad del mismo estatuto de YPF, que data de los ’90 y que para la Argentina tiene una interpretación y para la contraparte otra diferente.

Y en ese tren de intentar hacer los cálculos que ordenó Preska es que ambas partes tampoco se pusieron de acuerdo para interpretar el monto final de la sentencia, que difiere en casi 1.000 millones de dólares.

Mientras que Petersen y Eton Park piden casi 16.000 millones de dólares, la Argentina difiere en el cálculo del eventual daño «en 800 millones de dólares», según precisaron los demantantes en el texto enviado a Preska.

Sin embargo, «esto no quiere decir que la Argentina esté de acuerdo con la sentencia ordenada por Preska ni con pagar 15.000 millones de dólares», explicó un abogado a Télam, que sigue muy de cerca el caso.

«Tampoco quiere decir que renunciaba a su derecho de apelación», continuó la fuente.

De hecho, en un pie de página de la carta de la defensa argentina reafirma su posición de apelar, que fue conocida ni bien se emitió el fallo.

Las mismas fuentes consultadas por Télam explicaron que lo único que hizo la Argentina con esta última carta fue puntualizar los montos de la sentencia, y cumplir con un paso procesal que nada tiene que ver con la opinión de la Argentina al respecto.

El problema, agregaron las fuentes, es que «acá tampoco se pusieron de acuerdo las partes con la aplicación de la fórmula y ahora la jueza deberá decidir a quién le da la razón», aunque no se trata de una cuestión de fondo sino «un tema procesal».

El pasado 8 de septiembre, apenas se conoció el fallo en contra del país sobre la fórmula para calcular el monto de la sentencia emitida en marzo de 2023, el Gobierno nacional anunció que iba a apelar «inmediatamente» el fallo emitido por Preska en una causa por la estatización de YPF.

El estudio de abogados Sullivan & Cromwell manifestó «su desacuerdo con la decisión sin precedentes y errónea de la corte de distrito» de Nueva York, y ratificó «la intención de apelar la sentencia».

Robert Giuffra, socio de la firma, aseguró que «la sentencia dictada en materia de daños y perjuicios refleja la incomprensión fundamental de la corte de distrito respecto del derecho argentino aplicable y exacerba otros errores graves de derecho argentino que la corte ya cometió en instancias anteriores del caso».

Deuda externa

Caputo se reunió con Georgieva en el G20 y busca un encuentro con Bessent para un nuevo rescate electoral

El ministro de Economía se vio con la titular del FMI en el marco de las reuniones del G20 para exponer los resultados del programa económico. Lo acompañaron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza. También prevé un encuentro con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

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Caputo viaja a mostrar el ajuste como éxito: la otra cara son 57.000 millones de deuda y pobreza que no cede.

Luis Caputo se reunió este lunes con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el marco de la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del Grupo de los 20 (G20). El propio ministro lo confirmó en su cuenta de X: «Gran encuentro con Kristalina Georgieva en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento.»

Caputo estuvo acompañado por el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y por el secretario de Política Económica, José Luis Daza. La comitiva viajó a Estados Unidos con el objetivo de exponer ante representantes de las principales economías del mundo los lineamientos del programa económico del Gobierno de Javier Milei, en una presentación que el oficialismo construye como una puesta en escena del relato de la «estabilización» macroeconómica.

El G20 como vidriera

La participación del ministro en el G20 no es un hecho menor en términos de política exterior económica. Caputo tiene previsto exponer los avances del programa de ajuste en materia de equilibrio fiscal y estabilidad monetaria, en un foro donde participan las principales potencias del planeta. El Gobierno apuesta a que ese escenario le otorgue legitimidad internacional a una política económica que, de puertas adentro, mantiene a millones de argentinos bajo la línea de la pobreza, con tarifas acumulando aumentos superiores al 500% desde diciembre de 2023 y una Canasta Básica Alimentaria que, según datos del INDEC a marzo de 2026, registró una variación interanual del 32,8%.

En ese contexto, los temas que el G20 pondrá sobre la mesa, además del progreso macroeconómico global, incluyen deuda soberana, desequilibrios globales, educación financiera y prevención del fraude. Ejes que, paradójicamente, describen con precisión los principales flancos de vulnerabilidad del propio programa económico argentino: una deuda con el FMI que supera los 57.100 millones de dólares, desequilibrios distributivos que el propio organismo reconoció en su última revisión, y una arquitectura financiera que el Foro Economía y Trabajo calificó en mayo de 2026 como «regresiva por diseño».

La cita con Bessent y el respaldo de Washington

En paralelo a la agenda oficial del G20, Caputo también intentará concretar un encuentro con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. La relación entre Buenos Aires y Washington se consolidó como uno de los pilares del programa económico de Milei: el respaldo financiero y político del gobierno de Donald Trump resultó decisivo para que Argentina defendiera su posición cambiaria en momentos de tensión en los mercados durante 2025. Sin ese sostén externo, la fragilidad del esquema de bandas cambiarias hubiera sido mucho más difícil de sostener.

La búsqueda del encuentro con Bessent no es un detalle protocolar. Milei construyó buena parte de su credibilidad internacional sobre la base del alineamiento con Trump, una apuesta ideológica que, en términos financieros, se tradujo en respaldo concreto en momentos críticos. Que Caputo viaje a reforzar ese vínculo mientras el acuerdo con el FMI avanza hacia sus próximas revisiones revela cuál es la verdadera arquitectura de sustento del programa: más que en la economía argentina, el modelo descansa sobre garantías externas.

El vínculo con el FMI: entre el aval y la dependencia

La reunión con Georgieva se produce en el marco del Servicio Ampliado que el Gobierno suscribió en abril de 2025 por 20.000 millones de dólares, con un desembolso inicial inédito de 12.000 millones. En abril de 2026, una segunda revisión habilitó un desembolso adicional de 1.000 millones, a pesar de que Argentina registró incumplimientos previos en la meta de reservas netas. El FMI exigió, a cambio, acumular al menos 8.000 millones de dólares en reservas durante el año.

La cita de hoy no es la primera entre Caputo y Georgieva en lo que va del año. En julio de 2026, la directora gerente del FMI visitó Buenos Aires, se reunió con Milei y participó de una reunión de gabinete, en un gesto que analistas y economistas críticos describieron como una supervisión in situ del principal deudor del organismo. Lo que en julio fue una visita de Georgieva a territorio argentino, hoy se invierte: es Caputo quien viaja a rendir cuentas ante el foro que nuclea a las potencias que financian y condicionan el programa.

Puntos clave

  • Caputo se reunió con Georgieva en el marco del G20 y confirmó el encuentro en su cuenta de X.
  • Lo acompañaron el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza.
  • El ministro también prevé un encuentro con el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, para reforzar el respaldo político y financiero de Washington.
  • El acuerdo vigente con el FMI asciende a 20.000 millones de dólares; la deuda total argentina con el organismo superaba los 57.100 millones al cierre de 2025.
  • El viaje se enmarca en la estrategia oficial de presentar el ajuste como éxito macroeconómico ante las principales potencias, mientras la pobreza y el costo de vida siguen golpeando a los sectores populares.

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