La Argentina reafirmó su voluntad de cooperar de buena fe con los pedidos de la justicia de Estados Unidos de trabajar sobre de monto de la fórmula determinado en el juicio por la nacionalización de YPF, al tiempo que reiteró que se reserva su derecho de presentar la apelación de la sentencia final en el caso.

Así lo indicó la defensa del Estado argentino a cargo del estudio de abogados Sullivan & Cromwell, en un carta enviada a la jueza de Nueva York a cargo del caso, Loretta Preska, y a la que tuvo acceso Télam.

«La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación», aclara la defensa, que tiene un período de 30 días para realizar el pedido formal.

La misiva es en realidad una respuesta a una carta enviada por los representantes del grupo Petersen y Eton Park, del estudio Kellog, Hansen y asociados, quienes acusaron al país «de que se ha negado a conferir de buena fe con los demandantes para preparar un presentación conjunta», afirmó el abogado litigante Dereck Ho.

Ho se refirió a los últimos requerimientos de la jueza neoyorkina de darle un número final al monto de manera conjunta, en la misma orden judicial de la semana pasada cuando pronunció sobre la fórmula que debía aplicarse para calcular el monto de resarcimiento a los demandantes por la expropiación de YPF, y según el fallo de marzo de 2023 en contra de la Argentina.

«Eso no es cierto», retrucaron los abogados de la Argentina, quienes a su vez denunciaron que «unilateralmente» el estudio de abogados presentó sus cálculos ayer a la justicia de EEUU, al tiempo que expusieron su cooperación y los números aportados al caso.

Preska había ordenado la semana pasada a ambas partes a que se pongan a trabajar conjuntamente en la interpretación de «la formula D del profesor Fisher», que es la que la jueza eligió para calcular el monto final a pagar.

Dicha fórmula, surge en realidad del mismo estatuto de YPF, que data de los ’90 y que para la Argentina tiene una interpretación y para la contraparte otra diferente.

Y en ese tren de intentar hacer los cálculos que ordenó Preska es que ambas partes tampoco se pusieron de acuerdo para interpretar el monto final de la sentencia, que difiere en casi 1.000 millones de dólares.

Mientras que Petersen y Eton Park piden casi 16.000 millones de dólares, la Argentina difiere en el cálculo del eventual daño «en 800 millones de dólares», según precisaron los demantantes en el texto enviado a Preska.

Sin embargo, «esto no quiere decir que la Argentina esté de acuerdo con la sentencia ordenada por Preska ni con pagar 15.000 millones de dólares», explicó un abogado a Télam, que sigue muy de cerca el caso.

«Tampoco quiere decir que renunciaba a su derecho de apelación», continuó la fuente.

De hecho, en un pie de página de la carta de la defensa argentina reafirma su posición de apelar, que fue conocida ni bien se emitió el fallo.

Las mismas fuentes consultadas por Télam explicaron que lo único que hizo la Argentina con esta última carta fue puntualizar los montos de la sentencia, y cumplir con un paso procesal que nada tiene que ver con la opinión de la Argentina al respecto.

El problema, agregaron las fuentes, es que «acá tampoco se pusieron de acuerdo las partes con la aplicación de la fórmula y ahora la jueza deberá decidir a quién le da la razón», aunque no se trata de una cuestión de fondo sino «un tema procesal».

El pasado 8 de septiembre, apenas se conoció el fallo en contra del país sobre la fórmula para calcular el monto de la sentencia emitida en marzo de 2023, el Gobierno nacional anunció que iba a apelar «inmediatamente» el fallo emitido por Preska en una causa por la estatización de YPF.

El estudio de abogados Sullivan & Cromwell manifestó «su desacuerdo con la decisión sin precedentes y errónea de la corte de distrito» de Nueva York, y ratificó «la intención de apelar la sentencia».

Robert Giuffra, socio de la firma, aseguró que «la sentencia dictada en materia de daños y perjuicios refleja la incomprensión fundamental de la corte de distrito respecto del derecho argentino aplicable y exacerba otros errores graves de derecho argentino que la corte ya cometió en instancias anteriores del caso».