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El país apelará el fallo buitre de la justicia de EEUU por YPF

«La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación», aclara la defensa, que tiene un período de 30 días para realizar el pedido formal.

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La Argentina reafirmó su voluntad de cooperar de buena fe con los pedidos de la justicia de Estados Unidos de trabajar sobre de monto de la fórmula determinado en el juicio por la nacionalización de YPF, al tiempo que reiteró que se reserva su derecho de presentar la apelación de la sentencia final en el caso.

Así lo indicó la defensa del Estado argentino a cargo del estudio de abogados Sullivan & Cromwell, en un carta enviada a la jueza de Nueva York a cargo del caso, Loretta Preska, y a la que tuvo acceso Télam.

«La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación», aclara la defensa, que tiene un período de 30 días para realizar el pedido formal.

La misiva es en realidad una respuesta a una carta enviada por los representantes del grupo Petersen y Eton Park, del estudio Kellog, Hansen y asociados, quienes acusaron al país «de que se ha negado a conferir de buena fe con los demandantes para preparar un presentación conjunta», afirmó el abogado litigante Dereck Ho.

Ho se refirió a los últimos requerimientos de la jueza neoyorkina de darle un número final al monto de manera conjunta, en la misma orden judicial de la semana pasada cuando pronunció sobre la fórmula que debía aplicarse para calcular el monto de resarcimiento a los demandantes por la expropiación de YPF, y según el fallo de marzo de 2023 en contra de la Argentina.

«Eso no es cierto», retrucaron los abogados de la Argentina, quienes a su vez denunciaron que «unilateralmente» el estudio de abogados presentó sus cálculos ayer a la justicia de EEUU, al tiempo que expusieron su cooperación y los números aportados al caso.

Preska había ordenado la semana pasada a ambas partes a que se pongan a trabajar conjuntamente en la interpretación de «la formula D del profesor Fisher», que es la que la jueza eligió para calcular el monto final a pagar.

Dicha fórmula, surge en realidad del mismo estatuto de YPF, que data de los ’90 y que para la Argentina tiene una interpretación y para la contraparte otra diferente.

Y en ese tren de intentar hacer los cálculos que ordenó Preska es que ambas partes tampoco se pusieron de acuerdo para interpretar el monto final de la sentencia, que difiere en casi 1.000 millones de dólares.

Mientras que Petersen y Eton Park piden casi 16.000 millones de dólares, la Argentina difiere en el cálculo del eventual daño «en 800 millones de dólares», según precisaron los demantantes en el texto enviado a Preska.

Sin embargo, «esto no quiere decir que la Argentina esté de acuerdo con la sentencia ordenada por Preska ni con pagar 15.000 millones de dólares», explicó un abogado a Télam, que sigue muy de cerca el caso.

«Tampoco quiere decir que renunciaba a su derecho de apelación», continuó la fuente.

De hecho, en un pie de página de la carta de la defensa argentina reafirma su posición de apelar, que fue conocida ni bien se emitió el fallo.

Las mismas fuentes consultadas por Télam explicaron que lo único que hizo la Argentina con esta última carta fue puntualizar los montos de la sentencia, y cumplir con un paso procesal que nada tiene que ver con la opinión de la Argentina al respecto.

El problema, agregaron las fuentes, es que «acá tampoco se pusieron de acuerdo las partes con la aplicación de la fórmula y ahora la jueza deberá decidir a quién le da la razón», aunque no se trata de una cuestión de fondo sino «un tema procesal».

El pasado 8 de septiembre, apenas se conoció el fallo en contra del país sobre la fórmula para calcular el monto de la sentencia emitida en marzo de 2023, el Gobierno nacional anunció que iba a apelar «inmediatamente» el fallo emitido por Preska en una causa por la estatización de YPF.

El estudio de abogados Sullivan & Cromwell manifestó «su desacuerdo con la decisión sin precedentes y errónea de la corte de distrito» de Nueva York, y ratificó «la intención de apelar la sentencia».

Robert Giuffra, socio de la firma, aseguró que «la sentencia dictada en materia de daños y perjuicios refleja la incomprensión fundamental de la corte de distrito respecto del derecho argentino aplicable y exacerba otros errores graves de derecho argentino que la corte ya cometió en instancias anteriores del caso».

Catamarca

El triángulo del litio y la trampa libertaria: Milei celebra una planta coreana mientras se fugan recursos estratégicos

Karina Milei y Diego Santilli participaron de la apertura de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto. Con capacidad para 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, la iniciativa está en manos de la empresa surcoreana POSCO y plantea interrogantes sobre el modelo de extracción y el destino de las ganancias.

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El Argentino Diario-Karina Miley y Diego Santilli-Planta de litio.
Litio para exportar, soberanía en la cuerda floja: el Gobierno inaugura una planta coreana en la Puna.

El Salar del Hombre Muerto, en La Puna catamarqueña, fue el escenario elegido este martes por el Gobierno nacional para mostrar músculo en materia de inversiones. La Planta II del Proyecto Sal de Oro, propiedad de la empresa surcoreana POSCO Argentina, comenzó formalmente sus operaciones con una capacidad de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, sin que el acto oficial respondiera a la pregunta que más incomoda al modelo libertario: ¿cuánto de esa riqueza estratégica queda en el país?

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezaron el acto junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). También estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el embajador de Corea en Argentina, Lee Chong Hwa; el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa; el presidente de POSCO Argentina, Park Hyeon; y el director de Operaciones Industriales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sergio Lew. Durante el acto se firmó además un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del proyecto, que permitirían llevar la producción total a 100.000 toneladas anuales de productos de litio.

Un triángulo del litio que beneficia al exterior

Argentina integra junto a Bolivia y Chile el llamado «triángulo del litio», la zona con las mayores reservas del mineral en el mundo. Sin embargo, la mayor parte de la cadena de valor, el procesamiento, la fabricación de baterías y la captura de utilidades, se produce en el exterior. El modelo que el Gobierno de Milei profundiza es el de un país proveedor de materia prima con valor agregado mínimo, mientras las ganancias del negocio fluyen hacia capitales extranjeros. POSCO Holdings, el holding surcoreano que controla el proyecto, cotiza en las bolsas de Seúl y Nueva York; sus accionistas son los que se llevan la mayor porción de las rentas generadas en el Salar del Hombre Muerto.

La planta ya existente en el yacimiento, de hidróxido de litio, opera con una capacidad de 25.000 toneladas anuales. Con la Planta II de carbonato de litio en funcionamiento, la capacidad instalada trepa a 48.000 toneladas, con proyección de más que duplicarse una vez concretadas las etapas siguientes. El inicio de la operación comercial de la nueva planta estará acompañado por un período de aumento gradual durante 2027, mediante el cual POSCO llevará progresivamente las instalaciones hacia su capacidad de diseño.

5.000 puestos de trabajo y 270 proveedores locales: el escaparate social del acto

El Gobierno y la empresa destacaron que el Proyecto Sal de Oro contribuyó a la generación de más de 5.000 puestos de trabajo, incluidos más de 600 empleos directos en POSCO Argentina. La compañía trabaja junto a más de 270 proveedores locales y desarrolla iniciativas dirigidas a las comunidades locales y originarias de la región, entre ellas programas de capacitación en oficios, becas educativas, asistencia médica, visitas educativas y acciones de desarrollo comunitario. Estos datos, aunque reales, no alcanzan para responder si el esquema de explotación garantiza una distribución equitativa de los beneficios entre los pueblos que habitan esas tierras y el Estado argentino, una discusión que el acto inaugural eligió eludir.

Soberanía energética sin soberanía sobre los recursos

La presencia de Karina Milei en la Puna contrasta con la postura que La Libertad Avanza sostuvo históricamente sobre el rol del Estado en la economía. El mismo gobierno que desfinancia YPF, avanza sobre Nucleoeléctrica y apuesta por la privatización como dogma, celebra hoy la llegada de capitales extranjeros a uno de los recursos más estratégicos del país sin exigir participación estatal significativa en el negocio. La soberanía sobre el litio, en este esquema, queda reducida a la potestad de cobrar regalías y exhibir inauguraciones.

POSCO Argentina está presente en el país desde 2018 y desarrolla el Proyecto Sal de Oro en las provincias de Salta y Catamarca. El BID participa como financiador del proyecto a través de su División de Operaciones Industriales, lo que refuerza el esquema de endeudamiento y dependencia financiera que caracteriza a este tipo de emprendimientos mineros en la región.

Lo que tenés que saber

  • La Planta II del Proyecto Sal de Oro, ubicada en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca), fue inaugurada este martes con una capacidad de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
  • Karina Milei y Diego Santilli encabezaron el acto junto a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil.
  • Se firmó un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del proyecto, con proyección de llegar a 100.000 toneladas anuales de producción total.
  • El proyecto está en manos de la empresa surcoreana POSCO Argentina, presente en el país desde 2018, y cuenta con financiamiento del BID.
  • El modelo de explotación no contempla participación estatal significativa en las ganancias del negocio, en línea con la política de desregulación del Gobierno de Milei.
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