Legislativo
Diputados busca frenar lo vetos de Milei contra el Garrahan y universidades
Tras la derrota electoral del oficialismo, bloques opositores preparan una sesión para insistir con la ley de emergencia del Hospital Garrahan y el aumento presupuestario para universidades, buscando dejar sin efecto los vetos de Javier Milei.
Lo que tenés que saber
- La oposición convocará a sesión la próxima semana para rechazar vetos de Milei.
- Las leyes vetadas incluyen la emergencia en el Hospital Garrahan y fondos para universidades.
- Unión por la Patria, la Coalición Cívica y otros bloques aseguran tener los dos tercios necesarios.
- También se tratará un proyecto que redistribuye el impuesto al combustible para beneficiar a las provincias.
- Legisladores acusan al Gobierno de «crueldad» y «desconexión con las necesidades sociales».
La oposición prepara una sesión en Diputados para reinstalar la Ley Garrahan y frenar los vetos de Milei
Diputados de la oposición trabajan para convocar una sesión especial el próximo miércoles con el objetivo de rechazar los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes clave: la que declara la emergencia del Hospital Pediátrico Garrahan y la que incrementa los recursos para las universidades nacionales. La intención es insistir con ambas normas y avanzar hacia su promulgación, desafiando abiertamente al Poder Ejecutivo.
La convocatoria será formalizada entre hoy y mañana por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, según confirmaron fuentes parlamentarias a Noticias Argentinas. Será la primera sesión tras la derrota del oficialismo en las elecciones del domingo pasado, en las que el peronismo obtuvo el 46% de los votos.
Apoyo mayoritario y acusaciones al Gobierno
Los legisladores opositores afirman contar con los dos tercios necesarios para insistir con la ley de emergencia del Garrahan, sancionada anteriormente con una amplia mayoría. Sostienen que, incluso, ahora cuentan con más votos que en su aprobación inicial. Si Diputados logra revertir los vetos, la ley pasará al Senado, donde también estarían asegurados los votos para dejarla firme.
Además de la ley Garrahan y los fondos para las universidades, se incluirá en la sesión un proyecto promovido por gobernadores que propone modificar la distribución del impuesto al combustible, a fin de recuperar recursos perdidos por la eliminación de los fondos fiduciarios para obras públicas.
La decisión del Gobierno de vetar estas iniciativas provocó un fuerte rechazo de la mayoría de los bloques. El presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (UxP), calificó el veto a la ley pediátrica como «un acto de crueldad que no se sustenta en ninguna evidencia financiera» y aseguró que “el Poder Ejecutivo lleva dos años sin resolver la problemática del Hospital”.
Legisladores: “Vamos a frenar a Milei cada vez que incumpla”
Desde el peronismo, la diputada Blanca Osuna aseguró que los vetos “son dañinos frente a la responsabilidad que el Presidente tiene ante los derechos de Educación y Salud”, y advirtió: “Vamos a frenar a Milei, una y cada vez que elija incumplir las necesidades de la Argentina”.
En el mismo tono, Pablo Juliano (Democracia Para Siempre) criticó la “visión ideológica” del Gobierno, al sostener que “sus trabas ideológicas no pueden cercenar el futuro de los argentinos”. Además, citó datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que estiman un impacto fiscal de $65.573 millones para la ley del Garrahan entre julio y diciembre.
Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, también se sumó a los cuestionamientos: “Gobernar un país no se trata de un número en el Excel, sino de garantizar la atención pediátrica y la formación de quienes salvan vidas todos los días”. Subrayó que “la salud de nuestros niños no se ajusta, se defiende”.
Una estrategia sostenida en el Congreso
La embestida parlamentaria contra los vetos de Milei no es nueva. La semana pasada, el Senado ya ratificó por amplia mayoría la ley de emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, desoyendo también un veto presidencial. La oposición busca ahora sostener ese impulso y avanzar con otras leyes sensibles que el Ejecutivo decidió bloquear.
La sesión del próximo miércoles podría marcar un nuevo punto de tensión entre el Congreso y el Gobierno nacional, en un escenario donde la capacidad del Ejecutivo para frenar normas por decreto comienza a resquebrajarse frente a una oposición unificada y fortalecida tras las urnas.
Legislativo
Tierras sin límite: avanza el proyecto que pone en jaque nuestra soberanía territorial
El oficialismo impulsa la derogación de los topes a la extranjerización mientras la Patagonia sigue bajo fuego; la iniciativa genera fuertes cruces con los bloques aliados en el Congreso por el control de recursos estratégicos.
Soberanía en remate: el impacto de la reforma que libera el mercado el territorio argentino
★ El bloque de La Libertad Avanza profundizó esta semana su ofensiva legislativa para eliminar las restricciones a la venta de campos a ciudadanos de otros países; una medida que busca derogar la Ley de Tierras Rurales (26.737). La iniciativa; que apunta a borrar el límite del 15 por ciento de titularidad foránea sobre el territorio nacional; provocó una fractura expuesta con sectores de la oposición aliada que advierten sobre el riesgo de entregar el control de reservorios de agua y zonas de seguridad de fronteras.
El fin de la protección territorial
La propuesta oficialista pretende desmantelar el andamiaje legal que desde 2011 regula la concentración de tierras en manos extranjeras. Según confirmaron fuentes legislativas consultadas por este medio; el proyecto elimina no solo los topes provinciales y municipales; sino también la prohibición de que personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad superen el 30 por ciento del total de las hectáreas permitidas. Esta desregulación total se presenta bajo la premisa de atraer inversiones (una retórica que choca con la realidad de los recursos estratégicos en disputa).
Un escenario de cenizas y especulación
El debate parlamentario ocurre en un contexto crítico para el sur argentino. Mientras los legisladores discuten la propiedad privada; la Patagonia atraviesa una emergencia por incendios que ya afectaron más de 3.500 hectáreas en zonas como Puerto Patriada y El Hoyo. Investigaciones previas documentaron que la devaluación de las tierras quemadas facilita su adquisición por capitales concentrados; un patrón que se repite en áreas linderas a los glaciares y nacientes de ríos. La fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer confirmó en peritajes recientes el hallazgo de combustibles en los focos; lo que ratifica la intencionalidad en el inicio del fuego.
El agua en el centro de la disputa
La preocupación central de las organizaciones sociales y los especialistas en soberanía territorial radica en el control del agua dulce. La derogación de la Ley 26.737 permitiría que enclaves estratégicos (como el ya paradigmático caso de Lago Escondido controlado por el magnate Joe Lewis) se multipliquen sin fiscalización estatal. Al privatizar la tierra en zonas de cordillera; se privatiza de hecho el acceso a los recursos hídricos; vitales para la supervivencia humana y el desarrollo productivo local.
Divisiones en el bloque aliado
No todo es consenso para el Poder Ejecutivo. Algunos sectores del PRO y bloques provinciales manifestaron su resistencia a una apertura irrestricta. El punto de conflicto principal es la Zona de Seguridad de Fronteras; donde la presencia de capitales extranjeros genera suspicacias en términos de seguridad nacional. Según trascendidos de las últimas reuniones de comisión; los aliados exigen mantener salvaguardas mínimas para evitar que áreas sensibles queden bajo control de potencias externas o fondos de inversión opacos.
Puntos clave:
- El oficialismo busca derogar la ley que limita la venta de tierras a extranjeros.
- La medida elimina el tope del 15 por ciento de territorio nacional en manos foráneas.
- El debate coincide con incendios intencionales en zonas estratégicas de la Patagonia.
- Hay fuertes cruces con aliados por la seguridad en zonas de frontera y recursos hídricos.
- Organizaciones sociales denuncian un modelo de saqueo y especulación inmobiliaria.
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