DDHH
Operación fallida de Cúneo Libarona y fuerte respuesta de organismos de DDHH
El Gobierno suspende fondos a la ex-ESMA, lo que pone en peligro los salarios de los trabajadores. Organismos de derechos humanos responden al ataque del Ministerio de Justicia.
Lo que tenés que saber:
- El Ministerio de Justicia de Cúneo Libarona congeló los fondos destinados a la ex-ESMA, afectando los salarios de los trabajadores.
- Organismos de derechos humanos recordaron que los fondos cuentan con la supervisión de Alberto Baños, secretario de DD.HH.
- El Ente Público tripartito, que administra la ex-ESMA, incluye a la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y los organismos de DD.HH.
- Los fondos suspendidos corresponden principalmente a los salarios de los 176 trabajadores del espacio de memoria.
- Los ajustes del Gobierno incluyen despidos masivos y la suspensión de políticas relacionadas con la memoria histórica.
El Gobierno paraliza la ex-ESMA y enfrenta el rechazo de organismos de derechos humanos
El Ministerio de Justicia de la Nación, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, ha generado gran polémica al suspender los fondos destinados a la ex-ESMA, un espacio de memoria y derechos humanos. Cúneo Libarona denunció una “caja millonaria” que sería administrada sin control, acusando a los organismos de derechos humanos de gestionar un fondo de más de $3.000 millones anuales, con gastos elevados, como los $16.000.000 mensuales para el mantenimiento del predio. En su tuit, el ministro también anunció la suspensión de los pagos hasta que se realicen las rendiciones de cuentas.
Sin embargo, los organismos de derechos humanos respondieron rápidamente, aclarando que la administración de los fondos no solo depende de ellos, sino que cuenta con el aval del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños. El Directorio de Organismos de Derechos Humanos destacó que los fondos suspendidos corresponden principalmente a los salarios de los 176 trabajadores que sostienen las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en el espacio de memoria.
El Ente Público tripartito: la estructura que gestiona la ex-ESMA
La ex-ESMA no está gestionada exclusivamente por los organismos de derechos humanos. Existen tres partes involucradas en la administración: la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y los propios organismos. Este ente tripartito fue creado por la ley 26.415 y se encarga de las actividades relacionadas con el predio, tales como visitas guiadas, promoción, comunicación y seguridad.
Es importante destacar que para tomar decisiones sobre el predio se necesita el voto de dos de las tres partes involucradas. Esto deja claro que no se trata de una administración unilateral por parte de los organismos de derechos humanos.
Cuando cortan los ñoquis de Adorni?
— La Mirabal 🦋 (@Niobe_sub0) April 3, 2025
Ah no! Cierto q ese es chupapija de Milei pic.twitter.com/TDLH3Zxlif
El impacto de la suspensión de fondos
La suspensión de fondos afecta directamente a los salarios de los trabajadores que sostienen las actividades del Espacio Memoria y Derechos Humanos en la ex-ESMA. Desde la retención de los fondos, el ente cuenta con solo 267.000 pesos en su cuenta, una suma insuficiente para cubrir los sueldos de los empleados. Esto llevó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a declarar un paro por tiempo indefinido.
El contexto del ajuste: despidos y políticas de memoria en cuestión
Este conflicto se suma a otras decisiones tomadas por el Gobierno que afectan la memoria histórica. En los últimos meses, el Gobierno cerró el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y despidió a 405 empleados de la Secretaría de Derechos Humanos. Además, se implementaron medidas que incluyen la suspensión de indemnizaciones y la censura de eventos culturales, como el recital de Milo J., que fue cancelado por una cautelar judicial.
Los organismos de derechos humanos han señalado que estos ajustes afectan la preservación de la memoria histórica y las políticas de justicia y reparación a las víctimas del terrorismo de Estado.
El futuro incierto de la ex-ESMA y los derechos humanos
La situación económica y política que enfrenta el Espacio de Memoria está lejos de resolverse. Los organismos de derechos humanos esperan que la situación presupuestaria se normalice lo antes posible para garantizar el pago de los sueldos y la continuidad de las políticas de memoria. Sin embargo, las decisiones recientes del Ministerio de Justicia generan incertidumbre sobre el futuro de este espacio clave en la preservación de la memoria histórica de Argentina.
Buenos Aires
A 20 años de la desaparición de López, la recompensa sube pero la impunidad sigue intacta
El Gobierno bonaerense duplicó a $10 millones la recompensa por información sobre el paradero de Jorge Julio López, sobreviviente del «circuito Camps» que desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua a su torturador, Miguel Etchecolatz. Dos décadas después, la causa permanece sin resolución y sin responsables identificados.
Dos décadas sin respuestas, sin culpables y sin el cuerpo de un sobreviviente que se atrevió a dar testimonio. A 20 años exactos de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue siendo la herida abierta más incómoda de la democracia argentina: un hombre que sobrevivió la dictadura para ser borrado en plena institucionalidad, el mismo día en que la Justicia condenaba a su torturador.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso este viernes elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quien aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López. El hombre, albañil y militante platense, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 cuando salía de su vivienda en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Hoy tendría 96 años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata bajo el expediente FLP N° 509/2008, caratulado como «López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas».
El testigo que incomodaba al poder
La historia de López es la de una doble persecución. El 27 de octubre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, fue secuestrado y sometido a un periplo de terror por varios centros clandestinos de detención del denominado «circuito Camps», el entramado represivo montado en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del general Ramón Camps. Permaneció detenido y fue sometido a torturas sistemáticas hasta su liberación en 1979, sin que mediara explicación alguna ni proceso judicial.
Décadas después, cuando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad puso en el banquillo a los represores, López se convirtió en un testigo clave. Su testimonio fue determinante para que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera identificado como uno de sus torturadores y condenado como responsable de delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y una de las figuras más siniestras del aparato represivo de la provincia.
La desaparición en democracia
El 18 de septiembre de 2006 es una fecha que resume toda la brutalidad del caso. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata leía los alegatos y el veredicto que condenaba a Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. López había prestado declaración en ese juicio. Pero no llegó a escuchar la condena: desapareció antes de que terminara la jornada.
Lo que ocurrió ese día no fue solo una desaparición: fue una señal de advertencia dirigida a quienes se atrevieran a testimoniar contra los perpetradores del terrorismo de Estado. La democracia argentina no pudo, o no quiso, proteger al hombre que más la había necesitado. Desde entonces, ningún gobierno logró esclarecer qué pasó con López ni identificar a los responsables de su segunda desaparición.
Veinte años, cero respuestas
La causa acumula dos décadas de investigación sin resultados concretos. El incremento de la recompensa anunciado este viernes por el Gobierno provincial es un gesto simbólico que, al mismo tiempo, deja en evidencia la magnitud del fracaso institucional: si después de 20 años el único recurso disponible es duplicar el monto de una recompensa, el Estado reconoce implícitamente que no tiene respuestas propias.
Las organizaciones de derechos humanos llevan dos décadas sosteniendo que la desaparición de López en democracia no fue un hecho aislado sino parte de una lógica de amedrentamiento a testigos que nunca fue desarticulada del todo. La impunidad en este caso es, también, un mensaje: los engranajes que hicieron posible la represión durante la dictadura no fueron completamente desmantelados.
Lo que tenés que saber
- El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.
- Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien López había señalado como su torturador.
- Sobreviviente del «circuito Camps», López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en centros clandestinos de La Plata hasta 1979.
- La causa tramita como «desaparición forzada de personas» en la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008).
- A 20 años de su desaparición en democracia, la causa no tiene responsables identificados ni se logró determinar su paradero.
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