Lo que tenés que saber

• El Sindicato Municipal de San Nicolás denunció al intendente Santiago Passaglia por pagos irregulares a concejales de su bloque y discriminación laboral hacia empleados municipales.
• Aseguran que un grupo de trabajadores fue excluido de beneficios salariales sin justificación.
• La denuncia incluye una queja ante el Tribunal de Cuentas provincial.
• Las acusaciones surgen tras el escándalo por los «premios ilegales» otorgados a ediles oficialistas.
• A pesar de las denuncias, el Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2024 con el apoyo de JxC y dos concejales libertarios.
• El conflicto se enmarca en un contexto de aumento del desempleo local y conflictos laborales en el sector siderúrgico.

Escándalo por pagos irregulares

El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Nicolás, encabezado por Rodolfo Cecchi, presentó una denuncia penal contra el intendente Santiago Passaglia. La acusación se refiere a pagos irregulares realizados a concejales del bloque oficialista y a la exclusión arbitraria de ciertos trabajadores municipales de beneficios salariales sin justificación. Esta denuncia fue acompañada por una queja formal ante el Tribunal de Cuentas de la provincia.

El conflicto explotó semanas después de que se conociera la noticia sobre los «premios ilegales» otorgados por el Poder Ejecutivo de San Nicolás a los ediles oficialistas. La presidenta del bloque peronista, Cecilia Comerio, solicitó explicaciones públicas, exigiendo saber si estos pagos tuvieron alguna contraprestación política. Sin embargo, el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Luchelli, no respondió a las inquietudes planteadas.

El presupuesto 2024 y la oposición interna

A pesar de las denuncias, el Concejo Deliberante aprobó el presupuesto para el año 2024 con el apoyo de los once concejales de Juntos por el Cambio (JxC) y dos libertarios cercanos al oficialismo. Entre los concejales presentes en la sesión se encontraba Sol Arance, quien es hija de un dirigente sindical minoritario cercano a Passaglia.

Sin embargo, las tensiones internas dentro del oficialismo también se hicieron notar. El radical Agustín Barba, alineado con sectores opositores internos encabezados por Martín Lousteau, rompió públicamente con Passaglia en señal de disconformidad con las prácticas del Ejecutivo local.

Los concejales peronistas se abstuvieron de votar el presupuesto, denunciando medidas como el régimen de retiros voluntarios, que resultó en la salida de 150 empleados municipales bajo condiciones laborales que consideran cuestionables.

Desempleo y descontento social

El escándalo por los pagos irregulares y las decisiones del gobierno local ocurren en un contexto de creciente tensión social y económica. El desempleo en San Nicolás, que según el INDEC subió del 6,5 % al 7,2 % en el último trimestre, se combina con conflictos laborales en empresas siderúrgicas que agravan la crisis en la región.

Los trabajadores monotributistas, que reciben salarios precarios de 390 mil pesos por jornadas de 12 horas, también se han manifestado en contra del Ejecutivo, denunciando que no han recibido el aguinaldo correspondiente al mes de diciembre.

Represalias laborales y la gestión Passaglia

El líder sindical Rodolfo Cecchi, principal impulsor de las denuncias, sufrió represalias directas. Su salario de enero fue depositado con tres días de retraso luego de que realizara una intimación legal al Ejecutivo. Las prácticas del gobierno municipal, que lidera la familia Passaglia desde hace tres generaciones, continúan siendo cuestionadas por distintos sectores.

Desde un artificio administrativo para reducir artificialmente las dietas de los concejales hasta el uso discrecional de fondos municipales, la gestión de Passaglia ha sido acusada de anteponer intereses partidarios a las necesidades de los ciudadanos.

El sindicato insiste en la necesidad de una investigación exhaustiva sobre los pagos ilegales y señala que estos «premios» podrían haberse otorgado con la intención de asegurar lealtades políticas dentro del Concejo Deliberante. Mientras tanto, el malestar social sigue creciendo en la ciudad, que aún enfrenta las secuelas económicas de la privatización de Somisa en los años noventa.